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CONCEPTO 6393 DE 2003

(Marzo 21)

<Archivo: Superintendencia Bancaria>

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8202

Bogotá, D. C.,

Señora

JANET PILAR RODRÍGUEZ GUERRERO

gigio150700@hotmail.com

Calle 45 A No. 9-46

Ciudad


Referencia. 2003006393-0

115 – Consultas

39 – Respuesta Final

Sin anexos


Apreciada señora:


En atención a su comunicación del 5 de febrero del año en curso, remitida por correo electrónico y radicada en esta Superintendencia el día 7 del mismo mes y año con el número indicado al rubro, mediante la cual consulta ”…si existe alguna norma que establezca la posibilidad de que las Entidades Financieras refinancien los créditos hipotecarios hasta 30 años, en especial en aquellos casos en que la obligación se encuentra en mora?” respecto de un crédito de vivienda, me permito efectuar los siguientes comentarios:

Sobre el particular y bajo el entendido que las expresiones refinanciación y reestructuración son palabras sinónimas, es de observar que existen algunas posibilidades a las cuales puede acceder el deudor, cuando por alguna circunstancia le es imposible satisfacer la obligación de la manera prevista inicialmente en el contrato celebrado, que igualmente se encuentran sujetas al acuerdo que realice con su acreedor y a la aceptación por parte de éste, tal como la refinanciación o reestructuración del crédito, sobre a cual proceden los siguientes comentarios:


Se entiende por reestructuración del crédito “…cualquier mecanismo instrumentado mediante la celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación....“ (Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera -Circular Externa 100 de 1995-)

Así, el deudor podrá pactar con la entidad financiera acreedora una reestructuración del crédito, modificando las condiciones inicialmente pactadas, figura que puede solicitarse y acordarse en cualquier momento durante la vida de la obligación.


Una variante a la anterior figura se encuentra en la reestructuración de la obligación hipotecaria de vivienda, prevista en el artículo 20 de la Ley 546 de 1999 que consagró esa alternativa como una forma de ayudar a los deudores para que de conformidad con la información que remite el establecimiento de crédito acreedor del comportamiento de su obligación, solicite ajustes al plan de amortización pactado, atendiendo las condiciones particulares de cada uno.


En efecto, el mencionado artículo 20 establece la reestructuración de créditos de vivienda a largo plazo, en los siguientes términos:

“(...)

“Durante el primer mes de cada año calendario, los establecimientos de crédito enviarán a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda una información clara y comprensible, que incluya como mínimo una proyección de lo que serían los intereses a pagar en el próximo año y los que se cobrarán con las cuotas mensuales en el mismo período, todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia Bancaria. Dicha proyección se acompañará de los supuestos que se tuvieron en cuenta para efectuarla y en ella se indicará de manera expresa, que los cambios en tales supuestos, implicarán necesariamente modificaciones en los montos proyectados. Con base en dicha información los deudores podrán solicitar a los establecimientos de crédito acreedores, durante los dos primeros meses de cada año calendario, la reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de amortización a su real capacidad de pago, pudiéndose, de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para
su cancelación total”
(se resalta).


En desarrollo de esta disposición, la Superintendencia Bancaria de Colombia en el numeral 12 del Capítulo IV del Título Tercero de la Circular Básica Jurídica, instruyó respecto de unas condiciones que deberán ser objeto de verificación por parte de la institución financiera al momento de estudiar la solicitud de reestructuración antes comentada, las cuales se relacionan a continuación:

“a) Que la primera cuota del crédito una vez reestructurado, que esté dispuesto a pagar el deudor, en ningún caso represente más del treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares, de conformidad con el Decreto 145 de 2000.

“b) Que el saldo de la obligación a la fecha de solicitud de la reestructuración no exceda el setenta por ciento (70%) del valor del inmueble o el ochenta por ciento (80%) tratándose de vivienda de interés social.


El valor del inmueble se establecerá mediante avalúo técnico realizado por profesionales, personas naturales o jurídicas, inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores conformado por la lista de las entidades autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con Decreto 422
de  2000.

“c) Que el plazo contemplado para reestructurar la obligación no supere treinta (30) años, contados a partir de la fecha del desembolso del crédito.

 ”(…)[1

 “e) Que la entidad no haya presentado demanda ejecutiva en contra del deudor por la obligación respecto de la cual se solicita la reestructuración.

“f) Que no existan embargos sobre la garantía a la fecha de solicitud de la reestructuración.


“g) Que el deudor no se encuentre tramitando un proceso concursal.


“h) Que la solicitud de reestructuración del crédito sea presentada dentro de los dos primeros meses de cada año calendario y sea suscrita por todos los obligados, así como los documentos a través de los cuales se instrumente la obligación.

 
“Lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad acreedora de acordar con sus deudores reestructuraciones de un crédito en cualquier momento, de acuerdo con la percepción de riesgo que en cada caso se tenga”
(se resalta).


Bajo tal escenario, se podrá solicitar a la entidad financiera la reestructuración del crédito, la cual analizará las condiciones individuales de cada deudor bajo las instrucciones señaladas en el mencionado instructivo, y sólo en caso de presentarse controversia entre el deudor y el acreedor esta Superintendencia se encontraría facultada para establecer si se presentan condiciones objetivas que hagan necesaria la reestructuración del mismo, según el fallo de la Honorable Corte Constitucional C-955 del 2000[2, cuyo aparte pertinente señaló:


“Es justamente ese último propósito el que aparece claramente complementado por la posibilidad, destacada en el artículo, de que, debidamente informados, los deudores puedan solicitar y obtener la reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de amortización a su real capacidad de pago.

 
“Eso significa, por una parte, que los planes de amortización no son inmodificables durante la vida del crédito, y, por la otra, que la oportunidad de reestructuración, llamada a hacer posible y efectivo el pago de la obligación, se tendrá periódicamente -dentro de los dos primeros meses de cada año calendario-, evitando situaciones insalvables e irreversibles desde el punto do vista financiero, que conduzcan a las circunstancias de incumplimiento forzado, que constituyeron una de las causas primordiales de la crisis que mediante la Ley 546 de 1999 se ha pretendido conjurar.


“La Corte encuentra también exequible el aludido aparte del artículo, aunque considera necesario condicionar su exequibilidad a que, conocidas por la institución financiera las condiciones objetivas, acepte y efectúe la reestructuración solicitada. Desde luego -como ya se dijo-, la controversia en torno a si existen o no esas situaciones objetivas debe ser solucionada por la Superintendencia Bancaria, en ejercicio de sus funciones”
(se resalta).

En conclusión, la reestructuración puede solicitarse y acordarse en cualquier momento durante la vida del crédito, pero puede ser obligatoria para la entidad acreedora si se requiere en virtud del artículo 20 de la Ley 546 de 1999, siempre y cuando se verifiquen los parámetros contenidos en el Capítulo IV, Título Tercero de la Circular Básica Jurídica y se solicite con el propósito de ajustar el sistema de amortización acordado a la actual capacidad de pago del deudor, pudiendo para el efecto ampliar el plazo de la obligación, el cual en todo caso no será mayor de 30 años.


Así, la figura por medio de la cual se puede presentar la ampliación del plazo de la obligación hipotecaria de vivienda es la reestructuración, ya sea voluntaria -en cualquier momento del crédito- o la prevista en la Ley 546 de 1999, pero en todo caso debe responder a un acuerdo mutuo entre las partes, esto es, entre el deudor y la entidad financiera acreedora.


En consecuencia, legalmente se contempla la ampliación del plazo para los créditos de vivienda, dentro de la reestructuración de los mismos prevista en el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, según los requisitos y condiciones antes señalados.

En estos términos dejamos atendida su solicitud, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ROBERTO HIGUERA RODRIGUEZ

Coordinador Grupo de Consultas Dos ( E)

1 EI literal d) que originalmente estaba contemplado en el numeral 13, subnumeral 5 de la Circular 085 del 2000, sustituido por el numeral 12, literal e) de la Circular Externa 002 del 2001 y posteriormente incorporado a la Circular Básica Jurídica fue declarado nulo, mediante Sentencia del Consejo de Estado del 27 de noviembre del 2002, Consejero Ponente López Díaz.

2 Sentencia C-995 del 26 de julio del 2000, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo, Expedientes D-2823 y D-2828.

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