CONCEPTO 6480 DE 2002
(abril 5)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá D. C.,
Doctores
CARLOS ARLANTT MINDIOLA
IVONNE FERRER R.
ANGÉLICA ROCÍO VARGAS MORENO
Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa II
Personería de Bogotá, D. C.
Carrera 7 No. 21-24 Piso 5º
Ciudad
REFERENCIA: 2002006480-0 y 2002006481-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin anexos
Ref.: I. D. Expediente No. 5122-2000
Apreciados doctores:
De manera atenta me refiero a sus comunicaciones PDVA Nos. 233 y 244 radicadas bajo los números citados al rubro, mediante las cuales solicitan a esta Superintendencia “emitir concepto acerca de si tienen significado legal específico las expresiones 'Proceso Concordatario', 'Proceso Liquidatorio' y 'Cesación de Pagos a Terceros' y 'sí para su ocurrencia debe haber decisión judicial que así lo decrete”.
En primer lugar, debe aclararse que los conceptos objeto de consulta se encuentran incorporados en el régimen mercantil o Código de Comercio y resultan aplicables a aquellas sociedades de carácter mercantil que no estén sujetas a un régimen especial diferente del allí consagrado; tal es el caso de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, a las cuales por razón de su naturaleza no les resultan aplicables tales procedimientos, así como tampoco se predica de ellas dicho marco conceptual.
Precisado lo anterior, es de advertir que las entidades sometidas a la vigilancia de esta Entidad(1), tienen un régimen de naturaleza especial en materia concursal contenido en los artículos 114 a 116, 290 a 302 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993 modificado por la Ley 510 de 1999) y en el Decreto 2418 de 1999 los cuales de un lado, señalan que corresponde a la Superintendencia Bancaria adelantar los procesos de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de las entidades bajo su control y vigilancia, en razón a la actividad que realizan dichas entidades y a la naturaleza de los recursos que manejan y, de otro, establecen el proceso de liquidación forzosa administrativa.
Por lo tanto, una vez se den las causales previstas en la ley(2), corresponde a la Superintendencia Bancaria adelantar el proceso administrativo de toma de posesión tendiente a establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para que los depositantes, ahorradores o inversionistas puedan obtener el pago parcial o total de sus acreencias. Surtido este trámite deberá en un término de dos meses decidirse si es necesario adelantar un proceso de liquidación forzosa administrativa, el cual constituye un proceso especial, concursal y universal(3), de competencia única y exclusiva del liquidador designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 'Fogafín', de conformidad con el artículo 19 de la Ley 35 de 1993.
Ahora bien, dentro de las causales previstas en la ley para llevar a cabo la toma de posesión se encuentra el que la entidad haya “suspendido el pago de sus obligaciones” (lit. a), num. 1 del art. del 114 E.O.S.F.), entendiéndose por tal situación aquella en la cual la entidad ha dejado de pagar en forma oportuna las obligaciones adquiridas con sus acreedores, ya sean estos ahorradores, inversionistas o depositantes. Una vez presentada dicha causal, debe ser analizada por la Superintendencia Bancaria en cada caso en particular a fin de establecer en qué momento se adopta la medida, previo concepto del Consejo Asesor y con la aprobación del Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Efectuada la anterior precisión, valga la pena anotar que según el artículo 90 de la Ley 222 de 1995, frente las demás personas jurídicas “...llámense sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación” la Superintendencia de Sociedades es la entidad competente para tramitar de manera privativa los procesos concursales de dichas sociedades. A este respecto, resulta necesario señalar que por disposición del artículo 66 de la Ley 550 de 1999, durante el término de vigencia de la citada ley, esto es cinco años, no se podrá adelantar ningún proceso concursal.
Ahora bien, a partir de la reforma introducida por la Ley 222 de 1995, el artículo 89 dispuso que: “El trámite concursal podrá consistir en:
“1. Un concordato o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor, o
“2. Un concurso liquidatorio respecto de los bienes que conforman el patrimonio del deudor”.
Acorde con lo anterior el artículo 91 de la citada ley, señaló como requisito para admitir la solicitud de trámite concursal -en cualquiera de las dos modalidades previstas en la ley- el que el deudor se encuentre en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de las obligaciones o tema razonablemente llegar a la situación anterior(4). Así mismo, la ley señala que corresponde a la Superintendencia de Sociedades admitir la solicitud de concordato dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación(5).
Para el caso objeto de su consulta, las disposiciones legales que se refieren concretamente a las anteriores figuras son los artículos 94 y 95 de la Ley 222 de 1995, los cuales señalan:
“Art. 94. Objeto del concordato. El concordato tendrá por objeto la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, así como la protección adecuada del crédito”.
“Art. 95. Objeto de la liquidación obligatoria: Mediante la liquidación obligatoria se realizarán los bienes del deudor, para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo”.
Respecto al concepto de “cesación de pagos a terceros” la única referencia legal que trae actual el estatuto mercantil es la consagrada en el artículo 224 que señala: “Cuando la sociedad se encuentre en estado de cesación en los pagos, los administradores se abstendrán de iniciar nuevas operaciones y convocarán de inmediato a los asociados para informarlos completa y documentadamente de dicha situación... “.
No obstante, valga la pena señalar que en los anteriores artículos 1937 y siguientes(6) relacionados con el proceso de quiebra del Código de Comercio se referían al tema en los siguientes términos:
“Art. 1937. Se considerará en estado de quiebra el comerciante que sobresea en el pago corriente de dos o más de sus obligaciones comerciales.
“La muerte del deudor o su retiro del comercio hallándose en cesación de pagos, no impedirán la declaratoria de quiebra...”
“Art. 1942. Para declarar la quiebra deberá acreditarse plenamente la calidad de comerciante del deudor y la cesación en los pagos.
“La calidad de comerciante puede comprobarse con certificado de inscripción en el registro mercantil o con cualquier otro medio probatorio; la cesación de los pagos con título que preste mérito ejecutivo o con certificado de juez en que conste la existencia de uno o más procesos de ejecución can base en dos o más obligaciones mercantiles exigibles.
“Se presumirá la cesación de pagos cuando el comerciante se oculte o ausente, o cierre sus oficinas o establecimientos de comercio sin dejar persona que legalmente pueda atender sus negocios y cumplir sus compromisos (...) “.
Ahora bien, respecto a la anterior causal y con ocasión de la reforma introducida con la Ley 222 de 1995, la doctrina ha señalado: “El cambio de mentalidad también ha llevado a que en materia de presupuestos de apertura del concurso, se pase del concepto de cesación de pagos, basado en el incumplimiento en el pago de un número determinado de obligaciones por un tiempo también determinado, al de la crisis empresarial, basado en el temor, las dificultades o la imposibilidad para pagar las obligaciones a cargo (La Reforma al Código de Comercio- Ley 222 de 1995, Cámara de Comercio de Bogotá y Colegio de Abogados Comercialistas, Saúl Sotomonte Sotomonte, Ponencia “Ideas Fundamentales del Nuevo Régimen Concursal”, Pág. 495).
En tal sentido, si resulta de su interés obtener una mayor información y doctrina autorizada en los temas objeto de consulta, le sugiero dirigirse a la Superintendencia de Sociedades, pues tal y como ya se expresó, es dicha entidad administrativa la competente para conocer y adelantar dichos procesos concursales, así como para interpretar la normatividad que los rige.
En estos términos queda atendida su consulta, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinadora Grupo de Consultas Dos
1. Las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria se encuentran señaladas en el numeral 2, artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
2. Dichas causales son las señaladas en el artículo 114 del Decreto 663 de 1993 (modif. por la Ley 510 de 1999).
3. Sentencias C-248 del 26 de mayo de 1994 y T-065 del 27 de enero de 2000 de la H. Corte Constitucional.
4. Es de anotar que el texto del artículo 91 presenta graves inconsistencias, ya que en su redacción original tenía tres numerales, uno de los cuales -el primero- fue objetado por inconveniente por el Presidente de la República y los demás numerales no se ajustaron al cambio y fueron aprobados así. El numeral primero del proyecto decía “por el incumplimiento de dos o más obligaciones mercantiles de contenido patrimonial por un plazo mayor a 180 días. Así que queda a la libre interpretación el alcance de la norma citada.
5. Señala el artículo 93 de la Ley 222 de 1995 que contra la providencia que ordene la apertura del trámite concursal no procede ningún recurso y contra la que lo niegue solamente procede recurso de reposición.
6. Tales artículos fueron derogados expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.