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CONCEPTO 8310 DE 2003

(Abril 9)

<Archivo: Superintendencia Bancaria>

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

 8202

  

Bogotá, D. C.,

Señor

LEONARDO FIERRO

fierrol@ohsu.edu

lfierrop@yahoo.com>

Referencia: 2003008310-0

115 - Consultas

39 - Respuesta Final

Sin anexos

Apreciado señor:

En atención a su comunicación del 14 de febrero del año en curso, remitida por Internet y radicada en esta Superintendencia el día 17 del mismo mes y año con el número citado al rubro, mediante la cual consulta si es legal que un banco cobre una cantidad de 3 millones 120 mil por estudiar un crédito, me permito efectuar los siguientes comentarios:


Sobre el particular es del caso precisar que los establecimientos bancarios se encuentran facultados para determinar los requisitos y condiciones a los cuales deberán sujetarse quienes soliciten el otorgamiento de un crédito, los que están incorporados en los manuales y reglamentos internos expedidos por cada entidad.

Ahora bien, las personas interesadas en acceder a los servicios financieros -como por ejemplo a la adquisición de un crédito- pueden decidir libremente si acoge las condiciones fijadas previamente por una determinada entidad. Lo anterior en virtud del presupuesto de la autonomía de la voluntad privada, por la cual los particulares gozan de la potestad y el libre albedrío de obligarse con otra, o de abstenerse de ello y de escoger la contraparte en sus transacciones comerciales.

Así las cosas, los usuarios del sistema financiero deben conocer los requerimientos exigidos por la entidad financiera respectiva a fin de establecer si los aceptan o si, por el contrario, se abstienen de tomarlos, gozando de la opción de acudir a otra institución financiera que le ofrezca sus servicios en las condiciones que le sean más favorables.

En cuanto a las tarifas de los servicios prestados por una entidad financiera “... La Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 2 de mayo de 1968 con ponencia del magistrado Guillermo Ospina Fernández, declaró inexequible el Decreto 1988 de 1996 que autorizaba a la Asociación Bancaria de Colombia para unificar las tarifas de cobro de comisiones por la prestación de los servicios bancarios y, a su vez, facultaba a la Superintendencia Bancaria a efectos de que aprobara dichas tarifas y vigilara el cumplimiento que las entidades les daban, so pena de imponer las sanciones legalmente previstas. Esta sentencia en uno de sus apartes afirma '(...) es así que no existe ley alguna que autorice al Gobierno o a la Superintendencia Bancaria para fijar las tarifas de los bancos para los servicios que prestan (...)'.


“En este orden de ideas, las entidades financieras tienen plena autonomía para fijar las tarifas que cobran por concepto de los servicios que prestan a sus clientes, siempre que éstas les hayan sido previamente informadas, y de la misma manera, estos últimos tienen libertad para decidir sí aceptan las condiciones -por tratarse de contratos de adhesión- o desistir de convenir con la institución que les ofrece el servicio para acudir a otra de las alternativas que existen en el sector financiero”[1

Sin embargo, es del caso aclarar que la suma cobrada por el estudio del crédito eventualmente podría reputarse como intereses.


En efecto, para determinar cuales sumas cobradas por el acreedor a su deudor en obligaciones dinerarias se reputan intereses es preciso acudir a lo señalado en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, cuya preceptiva indica:


“(...) Para todos los efectos legales se reputarán intereses las sumas que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aun cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. Así mismo, se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en exceso de las sumas que señale el reglamento“ (se resalta).


Para el entendimiento de la norma anterior por parte de las instituciones vigiladas por este organismo, se han proferido perentorias instrucciones contenidas en la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)[2 www.superbancaria.gov.co, en cuyo Título Segundo, Numeral 1o, subnumeral 1.1.1., literal f), se ha dispuesto:


“De otra parte, debe tenerse en cuenta que los intereses son los réditos de un capital, debiéndose entender incluido en ellos tanto lo que se cobra por ceder el beneficio de hacer uso del dinero, como por asumir el riesgo que ello representa y, en general, todas las cargas de tipo accesorio que se derivan para el acreedor respectivo, con excepción de los impuestos directos que se causen, como podrían ser los estudios de crédito y los costos de control y cobranza normal u ordinaria, resultando así remunerada con tales réditos, y en su integridad, la operación financiera.


“En estos términos, para efectos del control que corresponde efectuar a este Despacho sobre lo dispuesto por el artículo 1168 del Código de Comercio, ineludiblemente tendrá que entenderse dentro del concepto de interés todas las sumas que se carguen o reciban directamente o por interpuesta persona, teniendo como causa la entrega de dinero, a título de depósito o de mutuo '…aún cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios comisiones u otras semejantes'.

“Así mismo, se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en exceso de las sumas que señale el reglamento'. Tales conceptos se integrarán al de los intereses, propiamente así denominados, para luego deducir su equivalencia en términos reales o efectivos, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la ley 45 de 1990” (se subraya).

Ahora bien, conforme a la normatividad expuesta se observa la inexistencia de una enumeración taxativa para determinar cuáles sumas cobradas por entidades de crédito se reputan o no intereses, siendo importante para dicho efecto acudir al criterio expuesto en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, esto es, el que debe incluirse o reputarse como intereses “(...) todas aquellas sumas que se paguen por hacer uso del dinero, así como cualquier cobro adicional que efectúe la entidad a sus clientes como consecuencia directa o indirecta del préstamo, como por ejemplo comisiones, estudio de crédito y en general todas aquellas sumas cuya causa no sea otra que el otorgamiento del crédito” (Superbancaria, concepto 91058052-2 de junio 19 de 1992) (se subraya).

En consecuencia, los establecimientos bancarios tienen la atribución de cobrar por los servicios que presten una cantidad de dinero que la misma fije. No obstante, tal suma podría considerarse como intereses, tal como lo señalan las disposiciones antes señaladas.

En estos términos dejamos atendida su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ROBERTO HIGUERA RODRIGUEZ

Coordinador Grupo de Consultas Dos (E )

1 Superintendencia Bancaria. Concepto radicación No. 98014285-2 del 6 de abril de 1998.

2 El texto completo de esta circular puede consultarse en nuestra página Internet: www.szuperbancaria.gov.co en el icono Normatividad.

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