CONCEPTO 8936 DE 2000
(marzo 29)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8200
Señora
MARIA ALCIRA CASTRO
Calle 24 Cra. 2 Sur
Barrio las Ferias Fábrica de Licores del Tolima
Ibagué – Tolima
Radicación: 2000008936-0
115 Consultas
39 Respuesta final
Sin anexos
Estimada señora:
Damos respuesta a su comunicación radicada bajo el número de la referencia, mediante la cual consulta sobre la procedencia de la reliquidación de su crédito hipotecario según lo establece la Ley 546 de 1999.
Sobre el particular debemos hacer las siguientes precisiones:
1. Ámbito de aplicación de la ley.
El artículo primero de la Ley 546 determina al ámbito de aplicación de la misma señalando:
“Esta ley establece las normas generales y señala los criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo, ligado al índice de precios al consumidor y para determinar condiciones especiales para la vivienda de interés social urbana y rural.
PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, las entidades del sector solidario, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras, los fondos de empleados, el Fondo Nacional del Ahorro y cualesquiera otra entidad diferente de los establecimientos de crédito, podrán otorgar créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana o en Unidades de Valor Real - UVR-, con las características y condiciones que aprueben sus respectivos órganos de dirección, siempre que los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses, ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales” (negrillas fuera del texto).
Como se observa, la ley determina las condiciones generales a las cuales debe ceñirse el Gobierno Nacional para regular el crédito de vivienda a largo plazo. Así mismo, de la lectura del parágrafo anteriormente citado queda claro que las disposiciones de la ley van dirigidas a Establecimientos de Crédito aunque las entidades de carácter solidario - las cooperativas por ejemplo - puedan otorgar créditos de vivienda denominados en UVR, en los términos señalados.
2. Reliquidación de Créditos Hipotecarios
En cuanto al tema conviene retomar el texto del artículo 40 de la Ley 546 de 1999, en el que se dispone:
“Con el fin de contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda, el Estado invertirá las sumas previstas en los artículos siguientes para abonar a las obligaciones vigentes que hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la financiación de vivienda individual a largo plazo (...)“ (negrilla fuera del texto).
Frente a los abonos en los créditos sujetos a reliquidación el artículo 41 de la Ley citada consagra:
“Los abonos a que se refiere el articulo anterior se harán sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999, de los préstamos otorgados por los establecimientos de crédito para la financiación de vivienda a largo plazo (...)” (se resalta).
Como se observa en los artículos citados, la ley toma como supuesto necesario para que proceda la reliquidación del crédito que este haya sido contratado con un establecimiento de crédito, condición que no se cumple en su caso como quiera que la obligación fue adquirida con COOPERAMOS, entidad de naturaleza cooperativa que de acuerdo con la estructura del sistema financiero definido en el artículo 1º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) no tiene el carácter de establecimiento de crédito al tiempo que no estaba vigilado por este organismo, para la época de los hechos.
Por lo tanto es menester concluir que su crédito hipotecario no goza de los beneficios previstos en la Ley 546 de 1999 y por consiguiente no procede la reliquidación del mismo.
En todo caso la entidad en la liquidación mensual de su crédito deberá respetar los límites a las tasas de interés. Sobre el tema esta Superintendencia ha dicho(1):
“(...) debe anotarse en primer lugar que en los términos del Título II, Capítulo Primero, letra f., de la Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996, esta Superintendencia instruyó a las entidades vigiladas en cuanto tiene que ver con el tema de los límites o tasas máximas a cobrar tanto durante el plazo como en la mora, advirtiendo expresamente que “se califica como práctica no autorizada o insegura cualquier pacto que exceda un interés legal”.
Expresado de otra forma, está vedado a las entidades financieras pactar con los usuarios de sus servicios tasas de interés, remuneratorias o moratorias, que excedan los límites establecidos por la ley para cada caso, teniendo en cuenta que si bien tal instrucción está dirigida a las entidades vigiladas por esta Superintendencia, los límites de que allí se habla operan igualmente en materia comercial pues, como señaló el Consejo de Estado en sentencia de septiembre 18 de 1998, '(...)ha sido uniforme la jurisprudencia de las altas Corporaciones judiciales al sostener que se debe reducir el monto de los intereses que se causen por cualquier naturaleza, al limite establecido por el artículo 235 del Código Penal” (exp. 8531, Consejero Ponente Dr. Germán Ayala Mantilla).
En ese sentido precisó la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de mayo de 1996, con ponencia del Magistrado doctor Carlos Esteban Jaramillo Schloss, exp. 4602, lo siguiente:
“Así, siguiendo rigurosamente el método descrito, la liquidación arrojaría un total de (...) el cual, sin embargo, tiene que ser reducido por ser excesivo frente al límite para determinar la tasa que, en punto de sancionar el delito de usura, según el artículo 235 del C. P., la ley penal admite como legítima, de suerte que si el doble del interés bancario corriente resulta superior al interés que por los créditos ordinarios, incrementado en una mitad, cobran los establecimientos bancarios, en sus operaciones ordinarias, este último tope es el llamado a prevalecer porque así imponen entenderlo criterios de simple lógica, acogidos por cierto por la Corte Constitucional.. “(cf. Jurisprudencia y Doctrina, T. XXV, Legis Editores S.A., Bogotá, pág 788).
(...)
“Ahora que Frente al ajuste de las tasas máximas de interés inicialmente pactadas “a los máximos autorizados por la autoridad competente”, es menester tener en cuenta que tanto si se acuerda una tasa fija como una variable, las mismas no deben ser superiores en la fecha del convenio a los límites establecidos para el respectivo período.
(...)
Si en los períodos subsiguientes el límite se desplaza hacia arriba el acreedor no podrá ajustar unilateralmente la tasa convenida pues ello implicaría una modificación del contrato que, como se sabe, requiere del consentimiento de ambas partes, además de violación a lo dispuesto por el artículo 868 del Código de Comercio para el caso en que la prestación resulte excesivamente onerosa para alguno de los contratantes, norma que atribuye al resorte del juez la facultad de “examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique”.
En cambio, si la variación se produce hacia abajo, el cobro respectivo deberá respetar el nuevo límite, aspecto sobre el cual se ha precisado ya que si bien es cierto que al tenor de lo señalado por el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 “En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”, no lo es menos que en este evento estamos en presencia de normas de orden público de imperativo cumplimiento que subyugan los acuerdos válidamente celebrados entre particulares” (negrillas fuera del texto).
Para mayor ilustración, le informo que la tasa máxima de interés remuneratorio o moratorio que puede cobrarse para el mes de marzo es del 26.175% efectivo anual.
En los anteriores términos hemos atendido su petición, en el entendido de que el presente concepto no compromete la responsabilidad de la Superintendencia Bancaria ni es de obligatorio cumplimiento o ejecución, conforme a lo previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ROY GONZALO RIOS CHACON
Subdirector de Regulación y Consulta (E)
1. Concepto No. 1999058437-1 del 28 de septiembre de 1999