CONCEPTO 10192 DE 2002
(abril 3)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá, D. C.,
Doctor
RODRIGO ARANGO PÉREZ
Calle 49 F No. 81 A-37
Medellín – Antioquia
REFERENCIA: 2002010192-0
454 Solicitud de Información Esp.
39 Respuesta Final
Sin Anexos
Apreciado doctor:
Me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número indicado al rubro, mediante la cual luego de efectuar algunas acotaciones sobre intereses y la sanción por extemporaneidad, solicita se le informe si “... la sanción puede, por voluntad de una de las partes, asimilarse a intereses y tratarse en la misma forma que éstos o, por el contrario, la sanción debe manejarse de manera diferente y, en este evento, cuál sería el procedimiento a seguir”.
Al respecto, es conveniente precisar que la Superintendencia Bancaria de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), modificado por la Ley 510 de 1999, es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al que le corresponde ejercer funciones en su condición de máxima autoridad de vigilancia y control de las entidades que integran los sistemas financiero, asegurador y previsional del país.
Ahora bien, conforme al artículo 121 de la Constitución Política, las autoridades solo tienen competencia en relación con las materias a su cargo y con sujeción a las funciones a ellas asignadas que, en el caso de la Superintendencia Bancaria, se refieren únicamente a las instituciones bajo su vigilancia determinadas en el numeral 2º del artículo 325 ibídem, concordante con lo señalado por el subliteral a), literal D, numeral 2°, del artículo 330 del mismo ordenamiento (modificado por el numeral 4.3 del artículo 4º del decreto 2489 de 1999).
Por otra parte, conforme al artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, las consultas a las autoridades deben tener “relación con las materias a su cargo”, y dentro de las funciones contempladas en el literal e) del numeral 3º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero le compete a la Superintendencia Bancaria “Absolver las consultas que se le formulen relativas a las instituciones bajo su vigilancia (...)“, instituciones que son las determinadas en el numeral 2º del artículo 325 del citado Estatuto, con sus modificaciones y adiciones.
Teniendo en cuenta lo expuesto, y por cuanto en su solicitud no se hace referencia ni a la personalidad jurídica ni a la actividad de una de las instituciones vigiladas, a título meramente ilustrativo efectuamos las siguientes apreciaciones:
Sobre la materia de su inquietud y en relación con los asuntos del resorte de este organismo tenemos que el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 45 de 1990 establece que “Toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación”.
En relación con el tema de las sumas que se reputan como intereses, se ha pronunciado esta Superintendencia en diferentes oportunidades, una de ellas a través del concepto emitido mediante oficio 91058052-2 del 19 de junio de 1992, cuyo aparte pertinente se trate a colación por tener aplicación en el caso que nos ocupa:
“El artículo 68 de la Ley 45 de 1990 dispone que '... para todos los efectos legales se reputarán intereses las sumas que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aun cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. Así mismo, se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en exceso de las sumas que señale el reglamento' (Destacamos)
“Para los fines de esta disposición debe entenderse incluido dentro de los intereses '... tanto lo que se cobra por ceder el beneficio de hacer uso del dinero, como por asumir el riesgo que ello representa y, en general, todas las cargas de tipo accesorio que se derivan por el acreedor respectivo, con excepción de los impuestos directos que se causen, como podrían ser los estudios de crédito y los costos de su contabilización, control y cobranza normal y ordinaria, resultando así remunerada con tales créditos, y en su integridad, la operación financiera.
“...En estos términos,...ineludiblemente tendrá que entenderse dentro del concepto de interés todas las sumas que se carguen o reciban directamente o por interpuesta persona, teniendo como causa la entrega del dinero, a título de depósito o de mutuo, así se intente disfrazar tal remuneración o parte de ella bajo denominaciones, cualquiera que ellas sean, tales como las de 'honorarios', 'comisiones', 'reembolsos de gastos', etc. Tales conceptos se integran al de los intereses, propiamente así denominados, para luego deducir su equivalencia en términos reales efectivos' (Superintendencia Bancaria, Circular Externa OJ-078 de 1984). (Destacamos)“.
Bajo este contexto, se tiene que si la suma cobrada como sanción, según los términos de su comunicación, obedece a una de aquellas que se reciben sin contraprestación al crédito otorgado o se enmarca dentro del supuesto contenido en el artículo 65 de la Ley 45 de 1990, la misma queda comprendida dentro de la definición de la figura de intereses de mora y, por tanto, debe ser objeto del tratamiento que legalmente le corresponde a esta tasa de interés.
Para mayor ilustración, en lo que al tema de los límites a las tasas de interés intereses se refiere y con ocasión del concepto rendido el 5 de julio de 2000 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con este tema, esta Superintendencia expidió la Circular 051 del 12 de julio de ese mismo año, mediante la cual este organismo efectuó algunas precisiones en relación con la materia.
En la citada circular y en relación con la tasa máxima que pueden cobrar las instituciones financieras tanto para los intereses de plazo o remuneratorios como de mora, se expuso lo siguiente:
“...2. De acuerdo con lo indicado por dicha Corporación, por virtud de lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, sustituido por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, el interés moratorio no podrá sobrepasar el equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por esta Superintendencia(1).
“3. Las tasas máximas del interés remuneratorio que los establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar a su clientela sobre todas las operaciones activas y pasivas, únicamente puede señalarlas la Junta Directiva del Banco de la República, por ser una función exclusiva y permanente que le está asignada por el literal e) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, en el texto que quedó vigente después de la declaratoria de inexequibilidad parcial contenida en la Sentencia C-208 del 1º de marzo del 2000, proferida por la Corte Constitucional.
“4. En tanto la autoridad monetaria no señale tales tasas máximas remuneratorias, las mismas responderán a los requerimientos del mercado, teniendo en cuenta en todo caso que, como precisó el Consejo de Estado, “No se pueden cobrar o recibir intereses que excedan la tasa constitutiva del delito de usura“.
“5. Las modificaciones que presenten las tasas de interés durante la vida de préstamos pactados con instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria deben traducirse en la correspondiente reducción de los montos convenidos al tiempo de la celebración de los contratos, cuando quiera que al momento de la causación de los réditos aquellos sobrepasen los límites establecidos en normas que, dado su carácter de disposiciones de orden público, priman sobre cualquier acuerdo de voluntades. En este sentido destacó el máximo Tribunal de lo contencioso administrativo que no puede predicarse la existencia de derechos adquiridos en relación con intereses pactados en contratos de mutuo que contravengan tales preceptos” (se resalta).
Por otra parte, el artículo 305 del Código Penal -Ley 599 de 2000(2) estableció el delito de usura en los siguientes términos: “El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
De lo antes transcrito, proceden las siguientes conclusiones:
- El interés remuneratorio que se pacte en las operaciones celebradas por las instituciones vigiladas es libre y responde a los requerimientos del mercado mientras la Junta Directiva del Banco de la República no establezca límites.
- El límite del interés moratorio que pueden cobrar las entidades financieras en sus operaciones no puede sobrepasar el equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por esta Superintendencia.
- De conformidad con el artículo 305 del Código Penal, el delito de usura se tipifica cuando se cobran intereses superiores a una y media veces el interés bancario corriente que certifica la Superintendencia Bancaria.
- Tanto la tasa de interés remuneratorio como moratorio deben respetar los límites legales.
En otro escenario y con el fin de complementar la respuesta a su inquietud, debe tenerse presente que existen regímenes especiales como el del Impuesto a la Renta y Complementarios, que al referirse a los diferentes tipos de sanciones (por mora en el pago de impuestos, en la consignación de valores recaudados, por extemporaneidad en la presentación de declaraciones tributarias, por no declarar, por correcciones, por inexactitud, etc.) que generan los incumplimientos en esta materia, hacen alusión expresamente a los intereses moratorios.
Así, por ejemplo, el artículo 634 en su inciso primero señala: “Sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones. Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, incluidos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago”.
“Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con base en la tasa de interés vigente en el momento del respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente. Esta tasa se aplicará por cada mes o fracción de mes calendario de retardo.
“Los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones, determinados por la administración de impuestos en las liquidaciones oficiales, causarán intereses de mora, a partir del vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable al que se refiera la liquidación oficial” (subrayado extratextual).
Los aspectos tributarios señalados con anterioridad resultan aplicables al sistema general de pensiones por virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, el cual al referirse a la sanción moratoria, prescribe que los aportes que no se consignen dentro de los plazos pertinentes, generarán un interés moratorio a cargo del empleador.
En los anteriores términos dejamos atendida su solicitud, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinador Grupo de Consultas Dos
1. Debe advertirse que hasta el 3 de agosto de 1999, fecha de entrada en vigencia de la Ley 510, mediante la cual se modificó el artículo 884 del Código de Comercio, el interés moratorio no podía sobrepasar el doble del interés bancario corriente.
2. El artículo 305 de la Ley 599 de 2000, modificó el artículo 235 del Código Penal el cual disponía: “El que reciba o cobre, directa o indirectamente, de una o varias personas, en el término de un año, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazos, utilidad o ven tala que exceda en la mitad del interés que para el período correspondiente estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años y en multa de un mil a cincuenta mil pesos”.