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CONCEPTO 11245 DE 2000

(marzo 23)

Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8200

Señor

JOSE MARTIN RIVERA

Carrera 44 No. 12A-59

Ciudad

Referencia: 2000011245-0

115 Consultas

39 Respuesta Final

Sin anexos

Apreciado Señor:

En atención a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número citado en referencia, mediante la cual formula algunas inquietudes en torno al parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 546 de 1999, me permito manifestarle lo siguiente:

1. Alcance de la norma

Tanto los abonos de las reliquidaciones de los créditos consagrados en los artículos 41 y 42 de la Ley 546 de 1999, como la opción de readquisición de vivienda y el subsidio que otorgará el Estado en este caso -artículo 46-, son beneficios que se contemplaron únicamente para deudores individuales de créditos hipotecarios, es decir para personas naturales titulares de obligaciones que se hubieren adquirido con el propósito de financiar vivienda.

En concordancia con lo anterior, el parágrafo segundo del artículo 39 de la misma disposición contempla la posibilidad de subrogación para aquellos créditos que no obstante haberse otorgado a una persona natural o jurídica en realidad han sido atendidos por otro individuo -persona natural-. Así las cosas, cuando el crédito fue otorgado originalmente a una persona jurídica la norma busca beneficiar con el abono a la persona natural que ha efectuado los pagos, alivio que no se aplicaría en tratándose de obligaciones a nombre de sociedades o personas jurídicas.

Ahora bien, cuando el crédito ha sido otorgado a una persona natural, pero quien cumple con las obligaciones derivadas del contrato es otra persona natural, la disposición pretende aliviar la situación de quien haya efectuado los pagos y que en un momento dado podría perder el beneficio legal, como por ejemplo cuando el crédito está a nombre de una persona que a su vez tiene a cargo otras obligaciones hipotecarias y que en caso de escoger el crédito sobre el cual desea que se haga el abono, seleccione uno distinto al del deudor que puede solicitar la subrogación.

No obstante, en estos casos la subrogación opera bajo el entendido de que la persona que atiende el crédito presente la solicitud de subrogación dentro de término de tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley, es decir hasta el 23 de marzo inclusive.

2. Porcentaje de subrogación

Sobre el particular, es evidente que la disposición requiere la subrogación por el 100% del saldo de la obligación hipotecaria, para lo cual los establecimientos de crédito pueden hacer los requerimientos que consideren adecuados para que el solicitante demuestre tener la capacidad de pago adecuada. En este caso y sólo después de obtener la sustitución indicada, el crédito hipotecario podrá ser objeto de los abonos previstos en la ley.

3. Tarifas en estas operaciones

Teniendo en cuenta que el artículo 23 citado en su comunicación es una norma aplicable a los derechos notariales y gastos de registro que se causen con ocasión de la constitución o modificación de gravámenes hipotecarios, resulta pertinente en el caso que nos ocupa distinguir si ante la solicitud de sustitución de deudor se requiere o no modificar el gravamen constituido sobre el bien garantía de la obligación. Así las cosas, si como parte de la subrogación consagrada en el parágrafo del artículo 39 de la Ley 546 de 1999 se requiere cambiar la titularidad de la garantía con las implicaciones correspondientes -escritura, registro, etc.-, ello constituiría una modificación al gravamen hipotecario y deben aplicarse las tarifas definidas en el citado artículo 23; pero si el trámite de subrogación de deudor no afecta el derecho de dominio del bien hipotecado sino el contrato sustancial de mutuo que generó el gravamen, no es viable la aplicación de dicha disposición y en consecuencia las tarifas aplicables por concepto de derechos notariales y gastos de registro serían las establecidas en las disposiciones generales.

De esta forma hemos dado curso a solicitud, en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ROY GONZALO RIOS CHACON

Subdirector de Regulación y Consulta (E)

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