CONCEPTO 16682 DE 2002
(mayo 2)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8201
Bogotá, D. C.,
Señor
OSCAR VILLAMIZAR C.
E-MAIL: osvica@hotmail.com
Referencia: 2002016682-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin anexos
Apreciado señor:
Me refiero a su comunicación enviada por correo electrónico, radicada en esta Entidad con el número citado al rubro, mediante la cual efectúa una consulta relacionada con los gastos de cobranza.
Sobre el particular, con el propósito de atender los aspectos de su petición se considera oportuno traer a colación un pronunciamiento reciente efectuado por esta Superintendencia que recoge la posición sobre el tema en cuestión, en el siguiente sentido:
“En primer término, resulta necesario manifestar que una de las obligaciones que se deriva del contrato de mutuo celebrado entre una institución financiera y el usuario de crédito y que debe cumplir este último, es la de pagar cumplidamente la obligación. Por tanto, la mora o retardo en la atención de la misma legítima a la entidad prestamista para hacer efectivo el pago a través de los medios establecidos por la ley para el efecto, tales como el cobro prejurídico o la iniciación del proceso judicial correspondiente.
“En ese orden de ideas, 'los honorarios profesionales que se pagan a los abogados o sociedades de cobranza tienen como causa directa el incumplimiento del crédito otorgado ya que tal circunstancia ha obligado a la entidad acreedora a trasladar dicho crédito a cobro jurídico o prejurídico. Los costos en que se incurre por la cobranza, desde luego han de estar a cargo del deudor, como quiera que su conducta ocasionó el incumplimiento de la obligación y por consiguiente, los gastos que su cobranza representa.
“Es claro además, que el incumplimiento en la obligación ocasiona mora, situación que implica para el deudor el resarcimiento o la indemnización de perjuicios frente al acreedor, ya que su deber de acuerdo con los términos de la obligación, es reparar el daño causado por efecto del retraso en el pago.
“Las anteriores consideraciones han llevado a este Despacho a concluir que los honorarios procesales y extraprocesales, así como las costas y gastos del proceso pueden ser de cargo del deudor. No obstante, debe advertirse que frente a la disposición que sobre intereses establece la Ley 45 de 1990 los mismos no deben tenerse en cuenta y computarse a efectos de liquidar la tasa de interés que se cobra a éste por concepto de la mora, se considera que estas sumas no suponen un retribución para las entidades otorgantes del crédito, sino que, por el contrario, han significado una carga producto del comportamiento irregular del deudor(1).
“En tal sentido, el inciso segundo del articulo 65 de la Ley 45 de 1990 establece que 'Toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación'.
“Bajo el anterior contexto, con el propósito de determinar si las sumas que por concepto de 'honorarios profesionales de abogado' debe pagar el deudor incumplido de un crédito adquirido con una institución financiera constituyen o no intereses, resulta pertinente hacer referencia al pronunciamiento(2) que sobre el particular ha efectuado esta Superintendencia en varias oportunidades, diferenciándose dos situaciones:
“a. Si el profesional del derecho a quien se le encomienda la gestión de recaudo del valor de la obligación incumplida se halla subordinado laboralmente a la respectiva institución financiera, en caso de arreglo directo o pago en la etapa prejudicial, (...) las sumas de dinero que se cobren y pague el deudor por concepto de 'honorarios profesionales' se reputarán como intereses, pues al ostentar la institución la calidad de patrono está obligada a pagar a su dependiente -abogado- un salario como retribución por sus servicios, siendo evidente que en este caso tales honorarios no tendrían contraprestación distinta al crédito otorgado.
“b. Si por el contrario, no existe subordinación laboral entre el profesional del derecho y la institución financiera, los honorarios que debe pagar el deudor no se incluirán dentro del concepto de intereses, como quiera que las sumas por tal concepto no las recibe el acreedor amen de que se causan por razones distintas al otorgamiento del crédito, como lo es el incumplimiento de la obligación'.
De otra parte, en cuanto al porcentaje de los honorarios por el recaudo de cuotas atrasadas procede manifestar que no existe disposición legal que regule la materia ni se encuentra dentro de las facultades de esta Superintendencia impartir instrucciones sobre dicho aspecto.
“Así las cosas, es claro entonces que la regulación de aspectos como el que es materia de consulta queda involucrada en el escenario de las relaciones contractuales surgidas entre una entidad financiera y sus clientes, las cuales (...) se determinan con base en el principio de la autonomía de la voluntad, principio según el cual las partes contratantes pueden válida y libremente acordar los términos y condiciones del convenio, hasta el punto de afirmarse que el contrato es ley para las partes, no existiendo para ellos más limitación que la impuesta por la ley positiva y las buenas costumbres.
“Significa lo anterior que en desarrollo de un contrato de mutuo, la entidad financiera prestamista y el cliente han debido contemplar aspectos como el que nos ocupa, esto es, señalar la forma o el procedimiento a utilizarse para efectos de fijar o determinar el monto o porcentaje de los honorarios profesionales que eventualmente lleguen a causarse con ocasión del cobro, prejudicial o judicial, derivado de la mora en que incurra el deudor.
“Así las cosas y conforme a lo expuesto, al considerarse que las estipulaciones contractuales obligan a quienes las han acordado es imperioso, para efectos de dilucidar el aspecto por usted consultado, remitirnos al contenido del contrato celebrado con la respectiva entidad financiera, en la cual ha debido preverse la situación que nos ocupa.
“Ahora, en el evento de no contemplarse dentro del contrato la situación referente al monto o porcentaje de los honorarios profesionales, y como quiera que el acreedor al desplegar la actividad encaminada a obtener el pago de lo debido debe incurrir en gastos, es obvio que los mismos sean a cargo del deudor, quien ha sido el causante de la situación que motiva dichos gastos.
“Aunado a lo anterior, consideramos de importancia precisar que el cobro de honorarios debidos como consecuencia de haberse tenido que acudir a una o ambas instancias en precedencia para el cobro de una suma dinero adeudada, a juicio de esta Superintendencia debe obedecer al real despliegue de una actividad por parte del acreedor o su apoderado encaminada a tales fines.
“En efecto, en concepto de este Despacho la causación y exigibilidad de una suma de dinero a título de honorarios profesionales como consecuencia de un cobro prejurídico derivado de la morosidad, no debe obedecer a su sola y objetiva previsión contractual, ni al hecho de encontrarse per se en tal situación de anormalidad, sino que es necesario que el acreedor haya desplegado alguna actividad orientada a su cobro(3) (subrayado textual)(4)
Teniendo en cuenta lo expuesto y en aras de atender los puntos consultados, importa destacar, en torno al primer aspecto, que no exista norma que establezca un porcentaje determinado de los gastos de cobranza sobre una obligación en mora, sino que cada entidad los señala de acuerdo con su políticas internas, los cuales por regla general son estipulados en los contratos celebrados con sus clientes.
En relación con segundo aspecto, esto es, si el monto de los honorarios por la cobranza se calcula sobre las cuotas adeudadas o sobre el total del crédito, cabe manifestar que es usual que las instituciones vigiladas pacten en los convenidos con los usuarios la denominada cláusula aceleratoria, que consiste en la posibilidad de que en obligaciones donde se haya pactado el pago mediante cuotas periódicas, la simple mora en el deudor en la cancelación de las mismas da derecho al acreedor a exigir la devolución del crédito en la totalidad. Por ello, cuando el acreedor hace uso de dicha cláusula es factible que el valor de los gastos de cobranza se apliquen sobre el saldo total de la obligación.
Sin embargo, pese a haberse pactado la cláusula aceleratoria, es posible que el acreedor restituya nuevamente el plazo, caso en el cual se considera que el valor de los gastos de cobranza debe aplicarse sobre las cuotas vencidas y no pagadas mas no sobre el valor total del crédito.
Respecto del tercer ítem referente a que si no existe “ni siquiera un telefonema, aplica el cobro de una gestión que no se realiza”, valga señalar que, conforme a lo expuesto en el concepto transcrito, para que se genere el pago por gastos de cobranza se requiere un despliegue de la actividad, ya sea del acreedor o de su apoderado, que tenga por finalidad el recaudo de la obligación. El tal sentido si dicha gestión no se da no es factible el cobro por tal concepto.
En los anteriores términos hemos dado curso a su solicitud, con el alcance que a esta clase de pronunciamientos otorga el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
JEANNETTE SANTACRUZ DE LA ROSA
Coordinadora Grupo de Consultas Uno
1. Superintendencia Bancaria. Concepto No. 91012688-2 del 14 de agosto de 1991.
2. Superintendencia Bancaria. Concepto No. 91016043 del 10 de septiembre de 1991.
3. Superintendencia Bancaria. Concepto radicación No. 97041752-1 del 16 de octubre de 1997
4. Superintendencia Bancaria. Concepto radicación No. 2000040061-1 del 29 de enero de 2002.