CONCEPTO 17051 DE 2003
(Mayo 8)
<Archivo: Superintendencia Bancaria>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá, D.C.,
Señor
JULIÁN SÁNCHEZ PRIETO
Constructora Las Galias S.A.
E-mail: qalias@telesat.com.co
Edificio Banco Ganadero P. 9
Manizales- Caldas
Referencia: 2003017051-0
115 Consultas
39 Respuesta final
Sin anexos
Apreciado señor:
De manera atenta me refiero a su comunicación enviada por medio de correo electrónico, radicada en esta Superintendencia bajo el número citado al rubro, en la que consulta sobre la viabilidad de que los constructores financien vivienda y, en tal caso, si deben estar sometidos a inspección y vigilancia de esta Entidad.
En torno al tema objeto de consulta, esta Superintendencia se ha pronunciado en reiteradas oportunidades en los siguientes términos:
“(...) sea lo primero aclarar que en Sentencia C-955 de 2000 la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo 1o de la Ley 546 de 1999 señaló:
“'Declarase EXEQUIBLE el artículo 1 de la Ley 546 de 1999, pero en el entendido de que las entidades que otorguen créditos de vivienda deben hallarse sometidas al control, vigilancia e intervención por el Estado, y de que en los préstamos que otorguen debe garantizarse la democratización del crédito y la efectividad del derecho a una vivienda digna mediante sistemas adecuados de financiación a largo plazo (...)'.
“Con base en lo anterior, no se puede afirmar válidamente que todas las entidades que otorguen crédito para la financiación de vivienda deben ser autorizadas por la Superintendencia Bancaria tal como lo sostiene en su consulta, pues la Honorable Corte señaló expresamente que dichas entidades deben estar sometidas al control, vigilancia e inspección del Estado, conforme ocurre con las empresas constructoras las cuales en virtud del artículo 228 de la Ley 222 de 1995 y el numeral 5 del artículo 2o del Decreto Extraordinario 1080 de 1996, se encuentran sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades.
“En este mismo sentido, cabe indicar que la actividad de captación, manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público está catalogada como de interés público por la Constitución Política. Con el fin de proteger esos recursos, las personas interesadas en el ejercicio de las actividades financiera, bursátil y aseguradora de acuerdo con la Constitución y las leyes deberán presentar una solicitud de constitución en los términos del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ante esta Superintendencia y obtener el certificado un autorización correspondiente.
“En esa línea, la actividad de captación de recursos del público está restringida en tratándose de entidades vigiladas por esta Superintendencia a los establecimientos de crédito, y respecto de las organizaciones de carácter solidario a los entes expresamente autorizados de conformidad con el Título IV de la Ley 454 de 1998. Cualquier operación de recaudo de dinero del público sin una contraprestación determinada constituye el ejercicio de una actividad ilegal que además de conllevar consecuencias administrativas como la suspensión inmediata de la misma, la disolución de la persona jurídica y la liquidación de las operaciones señaladas, constituye un delito dentro del régimen penal colombiano.
“Respecto de la operación de colocación, es decir el otorgamiento de crédito, esta Superintendencia se ha pronunciado en diversas oportunidades en los siguientes términos:
”'No es, pues, ilícito colocar dineros propios (no del público) sin autorización de la Superintendencia Bancaria...“'(...) para efectuar únicamente colocación de recursos así se haga en forma masiva y profesional, no es necesaria la autorización de esta Superintendencia si no están disponiendo de dineros provenientes del público o ahorro privado.
2'Puede, entonces, una compañía que tenga como objeto social principal efectuar operaciones de mutuo en forma habitual, desarrollar dicha actividad sin obtener el permiso de esta Superintendencia, siempre y cuando que en la ejecución de su objeto social no realice operaciones de captación...”[1
“'Así las cosas, es totalmente procedente la realización de operaciones consistentes en el otorgamiento de créditos, siempre que los préstamos se realicen con recursos propios del acreedor o prestamista. De no procederse de esta manera se podría incurrir en el delito de captación masiva y habitual de dineros del público, conducta predicable tanto de personas jurídicas como naturales, sancionada por el artículo 208, numeral 3o del Decreto 663 de 1993 con pena de prisión de dos (2) a seis (6) años y tipificada por el artículo 1o del Decreto 1981 de 1998….'.[2
“En este orden de ideas y frente a su consulta, se tiene que las sociedades constructoras pueden financiar directamente la adquisición de la vivienda como quiera que ello constituye una operación permitida a cualquier persona o entidad en el supuesto examinado, y las condiciones de dicho financiamiento deberán ser acordadas entre las partes en cuanto hace a plazo, monto y garantías, sin perjuicio de que atendiendo los principios y fines del nuevo sistema de financiación de vivienda a largo plazo consagrado en la Ley 546 de 1999, los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses (Subrayado extratextual).
“Lo anterior de conformidad con el parágrafo del artículo primero de la Ley 546 de 1999 el cual señala que “cualesquiera otra entidad diferente de los establecimientos de crédito”, puede otorgar créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana o en Unidades de Valor Real, UVR, con las características y condiciones que aprueben sus respectivos órganos de dirección, siempre que los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses, ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales.
“Así mismo, el parágrafo del artículo 17 de la misma reglamentación confirma el hecho de que entidades distintas a los establecimientos de crédito puedan conceder '(...) créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana, siempre que tales opera clones de crédito se otorguen con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y se acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación en cualquier momento sin penalidad alguna' (subrayado extratextual).
“Bajo tal perspectiva, esta Superintendencia considera que los créditos otorgados por entidades diferentes a los establecimientos de crédito, a pesar de no requerir aprobación de nuestra parte, deben adecuar las condiciones y características de los mismos a lo que autoricen sus órganos de dirección, cumpliendo en todo caso con los requisitos establecidos en las normas antes transcritas”.
Finalmente, cabe agregar que hasta tanto el Gobierno Nacional expida la reglamentación correspondiente, no es viable que este Ente de supervisión ejerza el control y vigilancia sobre todas las entidades autorizadas por artículo 1o de la Ley 546 de 1999, para otorgar créditos de vivienda.
De esta forma hemos dado curso a su solicitud, en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ROBERTO HIGUERA RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo de Consultas Dos (E)
1 Concepto radicado bajo el número 9106961-1 del 19 de diciembre de 1991.
2 Concepto radicado bajo el número 97037138-1 del 22 de octubre de 1997-