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CONCEPTO 18236 DE 2002

(abril 4)

Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8201

Bogotá D. C.,

Señor

MAURICIO GUERRERO R

E-mail: mauricio_tn@telenarino.com.co

Referencia. 2002018236-0

115 Consultas

39 Respuesta Final

Sin anexos

Apreciado señor:

De manera atenta me refiero a su comunicación enviada por correo electrónico, radicada en esta Superintendencia el día 3 de abril de 2002 bajo el número citado, mediante la cual consulta sobre el sustento legal del cobro prejurídico que hace una entidad financiera.

Sobre el particular, procede manifestar que una de las obligaciones que se deriva del contrato de mutuo celebrado entre una institución financiera y el usuario de crédito y que debe cumplir este último, es la de pagar cumplidamente la obligación. Por tanto, la mora o retardo en la atención de la misma legitima a la entidad prestamista para hacer efectivo el pago a través de los medios establecidos por la ley para el efecto, tales como el cobro prejurídico o la iniciación del proceso judicial correspondiente.

En ese orden de ideas, las gestiones para el recaudo de la obligación y “los honorarios profesionales que se pagan a los abogados o sociedades de cobranza tienen como causa directa el incumplimiento del crédito otorgado ya que tal circunstancia ha obligado a la entidad acreedora a trasladar dicho crédito a cobro jurídico o prejurídico. Los costos en que se incurre por la cobranza, desde luego han de estar a cargo del deudor, como quiera que su conducta ocasionó el incumplimiento de la obligación y por consiguiente, los gastos que su cobranza representa.

“Es claro además, que el incumplimiento en la obligación ocasiona mora, situación que implica para el deudor el resarcimiento o la indemnización de perjuicios frente al acreedor, ya que su deber de acuerdo con los términos de la obligación, es reparar el daño causado por efecto del retraso en el pago.

“Las anteriores consideraciones han llevado a este Despacho a concluir que los honorarios procesales y extraprocesales, así como las costas y gastos del proceso pueden ser de cargo del deudor. No obstante, debe advertirse que frente a la disposición que sobre intereses establece la Ley 45 de 1990 los mismos no deben tenerse en cuenta y computarse a efectos de liquidar la tasa de interés que se cobra a éste por concepto de la mora, se considera que estas sumas no suponen una retribución para las entidades otorgantes del crédito, sino que, por el contrario, han significado una carga producto del comportamiento irregular del deudor(1).

En tal sentido, el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 45 de 1990 establece que “Toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación”.

Bajo el anterior contexto, con el propósito de determinar si las sumas que por concepto de “honorarios profesionales de abogado” debe pagar el deudor incumplido de un crédito adquirido con una institución financiera constituyen o no intereses, resulta pertinente hacer referencia al pronunciamiento(2) que sobre el particular ha efectuado esta Superintendencia en varias oportunidades, diferenciándose dos situaciones:

“a. Si el profesional del derecho a quien se le encomienda la gestión de recaudo del valor de la obligación incumplida se halla subordinado laboralmente a la respectiva institución financiera, en caso de arreglo directo o pago en la etapa prejudicial, (...) las sumas de dinero que se cobren y pague el deudor por concepto de 'honorarios profesionales' se reputarán como intereses, pues al ostentar la institución la calidad de patrono está obligada a pagar a su dependiente -abogado- un salario como retribución por sus servicios, siendo evidente que en este caso tales honorarios no tendrían contraprestación distinta al crédito otorgado.

“b. Si por el contrario, no existe subordinación laboral entre el profesional del derecho y la institución financiera, los honorarios que debe pagar el deudor no se incluirán dentro del concepto de intereses, como quiera que las sumas por tal concepto no las recibe el acreedor amen de que se causan por razones distintas al otorgamiento del crédito, como lo es el incumplimiento de la obligación”.

De esta manera dejamos atendida su petición, pronunciamiento que se efectúa con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

JEANNETTE SANTACRUZ DE LA ROSA

Coordinadora Grupo de Consultas Uno

1. Superintendencia Bancaria. Concepto No. 91012688-2 de 14 de agosto de 1991.

2. Superintendencia Bancaria. Concepto No. 91016043 del 10 de septiembre de 1991.

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