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CONCEPTO 18748 DE 2002

(mayo 22)

Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8201

Bogotá D. C.,

Señor

LENIN FRANCISCO SAAVEDRA SAAVEDRA

Calle 18 No. 6-56 Oficina 606

Ciudad.-

Referencia: 2002018748-0

115 Consultas

39 Respuesta Final

Sin anexos

Apreciado señor:

Damos respuesta a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número citado, mediante la cual formula una consulta relacionada con el cobro de honorarios por el recaudo de cartera por parte de una entidad financiera.

Sobre el particular, es preciso realizar las siguientes consideraciones:

En primer término, resulta necesario manifestar que una de las obligaciones que se deriva del contrato de mutuo celebrado entre una institución financiera y el usuario de crédito y que debe cumplir este último, es la de pagar cumplidamente la obligación. Por tanto, la mora o retardo en la atención de la misma legitima a la entidad prestamista para hacer efectivo el pago a través de los medios establecidos por la ley para el efecto, tales como el cobro prejurídico o la iniciación del proceso judicial correspondiente.

En ese orden de ideas, “los honorarios profesionales que se pagan a los abogados o sociedades de cobranza tienen como causa directa el incumplimiento del crédito otorgado ya que tal circunstancia ha obligado a la entidad acreedora a trasladar dicho crédito a cobro jurídico o prejurídico. Los costos en que se incurre por la cobranza, desde luego han de estar a cargo del deudor, como quiera que su conducta ocasionó el incumplimiento de la obligación y por consiguiente, los gastos que su cobranza representa.

'Es claro además, que el incumplimiento en la obligación ocasiona la mora, situación que implica para el deudor el resarcimiento o la indemnización de perjuicios frente al acreedor, ya que su deber de acuerdo con los términos de la obligación, es reparar el daño causado por efecto del retraso en el pago.

“Las anteriores consideraciones han llevado a este Despacho a concluir que los honorarios procesales y extraprocesales, así como las costas y gastos del proceso pueden ser de cargo del deudor. No obstante, debe advertirse que frente a la disposición que sobre intereses establece la Ley 45 de 1990 los mismos no deben tenerse en cuenta y computarse a efectos de liquidar la tasa de interés que se cobra a éste por concepto de la mora, si se considera que estas sumas no suponen un retribución para las entidades otorgantes del crédito, sino que, por el contrario, han significado una carga producto del comportamiento irregular del deudor(1).

En tal sentido, el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 45 de 1990 establece que “Toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación”.

Bajo el anterior contexto, con el propósito de determinar si las sumas que por concepto de “honorarios profesionales de abogado” debe pagar el deudor incumplido de un crédito adquirido con una institución financiera constituyen o no intereses, resulta pertinente hacer referencia al pronunciamiento(2) que sobre el particular ha efectuado esta Superintendencia en varias oportunidades, diferenciándose dos situaciones:

“a. Si el profesional del derecho a quien se le encomienda la gestión de recaudo del valor de la obligación incumplida se halla subordinado laboralmente a la respectiva institución financiera, en caso de arreglo directo o pago en la etapa prejudicial, (...) las sumas de dinero que se cobren y pague el deudor por concepto de 'honorarios profesionales' se reputarán como intereses, pues al ostentar la institución la calidad de patrono está obligada a pagar a su dependiente -abogado- un salario como retribución por sus servicios, siendo evidente que en este caso tales honorarios no tendrían contraprestación distinta al crédito otorgado.

“b. Si por el contrario, no existe subordinación laboral entre el profesional del derecho y la institución financiera, los honorarios que debe pagar el deudor no se incluirán dentro del concepto de intereses, como quiera que las sumas por tal concepto no las recibe el acreedor, amén de que se causan por razones distintas al otorgamiento del crédito, como lo es el incumplimiento de la obligación”.

Así mismo, “(...) consideramos de importancia precisar que el cobro de honorarios debidos como consecuencia de haberse tenido que acudir a una o ambas instancias en precedencia para el cobro de una suma dinero adeudada, a juicio de esta Superintendencia debe obedecer al real despliegue de una actividad por parte del acreedor o su apoderado encaminada a tales fines.

“En efecto, en concepto de este Despacho la causación y exigibilidad de una suma de dinero a título de honorarios profesionales como consecuencia de un cobro prejurídico derivado de la morosidad, no debe obedecer a su sola y objetiva previsión contractual, ni al hecho de encontrarse per se en tal situación de anormalidad, sino que es necesario que el acreedor haya desplegado alguna actividad orientada a su cobro(3) (subrayado textual).

Con fundamento en lo expuesto, es claro que el cobro de honorarios profesionales debe corresponder a una labor efectivamente desplegada, ya sea dentro de un proceso judicial o fuera de él, que sirva de causa a esa erogación. Al efecto debe distinguirse, si la gestión fue desarrollada por personas vinculadas laboralmente a la entidad financiera lo cual se considera intereses en los términos del artículo 65 de la Ley 45 de 1990 y por ende debe sujetarse a los límites legales, a cuando fue efectuada por profesionales independientes lo cual constituye un cobro diferente al servicio del crédito, el cual se denomina gastos de cobranza. Así las cosas, uno y otro pueden incluirse en la liquidación del crédito aunque obedezcan a conceptos diferentes.

Ahora bien, en punto a su inquietud en el sentido de si es legítimo que del abono a un crédito hipotecario la entidad financiera descuente una parte por concepto de honorarios sin que exista proceso judicial, valga precisar que no obstante que existen créditos que están respaldados con hipoteca éstos no necesariamente se califican como créditos para financiación de vivienda.

Bajo esta perspectiva, cabe destacar que de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2331 de 1998 y el numeral 2.1.3 de la Circular Externa 085 de 2000 de esta Superintendencia Bancaria, en los documentos contentivos de los créditos individuales de vivienda y sus garantías no se podrá, en ningún caso, constituir para el deudor la obligación de asumir los gastos correspondientes a labores de cobranza, mientras no se haya presentado demanda judicial.

Así pues, en tratándose de créditos individuales de vivienda los gastos de cobranza en la etapa prejurídica corren por cuenta de la respectiva institución financiera.

En consecuencia, si la entidad le está cobrando por este concepto en un crédito individual de vivienda, puede presentar la queja, adjuntando los respectivos soportes, a la Subdirección de Resolución de Conflictos, Quejas y Atención al Usuario de esta Superintendencia Bancaria a fin de que se adelante la investigación administrativa del caso.

En los anteriores términos dejamos atendida su consulta, con el alcance establecido para esta clase de pronunciamientos por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

PILAR CABRERA PORTILLA

Coordinadora Grupo de Consultas Dos

1. Superintendencia Bancaria, concepto No. 91012688-2 del 14 de agosto de 1991.

2. Superintendencia Bancaria, concepto No. 91016043 del 10 de septiembre de 1991.

3. Superintendencia Bancaria, concepto No. 96026142 del 9 de agosto de 1996.

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