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CONCEPTO 23118 de 2001

(junio 11)

Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8201

Bogotá, D. C.,

Doctor

MAURICIO PARRA ACHURY

Carrera 18 A No. 18-53

Ciudad

Referencia: 2001023118-0

115 Consultas

39 Respuesta final

Sin anexos

Apreciado doctor:

Con todo gusto damos respuesta a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número citado al rubro, mediante la cual formula algunas inquietudes en torno a la financiación de proyectos de vivienda de interés social por parte de firmas constructoras.

Sobre el particular, se considera conveniente reiterar lo expresado por esta Entidad con ocasión de una consulta similar a la expuesta, cuyo texto es del siguiente tenor:

“Al respecto, resulta pertinente recordar que la operación de colocación, es decir el otorgamiento de crédito, esta Superintendencia se ha pronunciado en diversas oportunidades en los siguientes términos:

“No es, pues, ilícito colocar dineros propios (no del público) sin autorización de la Superintendencia Bancaria...

'(….) para efectuar únicamente colocación de recursos así se haga en forma masiva y profesional, no es necesaria la autorización de esta Superintendencia si no están disponiendo de dineros provenientes del público o ahorro privado.

“Puede, entonces, una compañía que tenga como objeto social principal efectuar operaciones de mutuo en forma habitual, desarrollar dicha actividad sin obtener el permiso de esta Superintendencia, siempre y cuando que en la ejecución de su objeto social no realice operaciones de captación..(1)

'Así las cosas, es totalmente procedente la realización de operaciones consistentes en el otorgamiento de créditos, siempre que los préstamos se realicen con recursos propios del acreedor o prestamista. De no procederse de esta manera se podría incurrir en el delito de captación masiva y habitual de dineros del público, conducta predicable tanto de personas jurídicas como naturales, sancionada por el artículo 208, numeral 3º del Decreto 663 de 1993 con pena de prisión de dos (2) a seis (6) años y tipificada por el artículo 1º del Decreto 1981 de 1998...”(2)

“En este orden de ideas y frente a su consulta, es viable que ese establecimiento financie directamente la adquisición de la vivienda como quiera que ello constituye una operación permitida a cualquier persona o entidad en el supuesto examinado, sin perjuicio de que atendiendo los principios y fines del nuevo sistema de financiación de vivienda a largo plazo consagrado en la Ley 546 de 1999, los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses ni se impongan sanciones por prepagos parciales o totales de las obligaciones y siempre que tratándose de créditos denominados en moneda legal colombiana se pacten a una tasa fija durante toda la vigencia de los mismos.

“Lo anterior de conformidad con el parágrafo del artículo 1 de la Ley 546 de 1999 el cual seña la que 'cualesquiera otra entidad diferente de los establecimientos de crédito' puede otorgar créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana o en Unidades de Valor Real, UVR, con las características y condiciones que aprueben sus respectivos órganos de dirección, siempre que los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses, ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales, razón por la cual en el caso por usted planteado dichas condiciones podrán ser acordadas con el beneficiario en cuanto hace a plazo, monto y garantías, dependiendo la situación particular de cada uno.

“Así mismo, el parágrafo del artículo 17 de la misma reglamentación confirma el hecho de que entidades distintas a los establecimientos de crédito puedan conceder '(...) créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana, siempre que tales operaciones de crédito se otorguen con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y se acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación en cualquier momento sin penalidad alguna'(subrayado extratextual).

“En conclusión y sin que corresponda al ámbito de nuestra competencia la supervisión de la entidad por usted representada, este Despacho considera que los créditos otorgados por entidades diferentes a los establecimientos de crédito, a pesar de no requerir aprobación de la Superintendencia Bancaria, pues aún no existe una reglamentación que le asigne expresamente tal función, deben adecuar las condiciones y características de los mismos a lo que autoricen sus órganos de dirección, cumpliendo en todo caso con los requisitos establecidos en las normas antes transcritas.

“De otra parte, respecto de la tasa de interés para los créditos destinados a financiar vivienda de interés social, el parágrafo del artículo 28 de la Ley 546 de 1999 señaló: 'Para toda la vivienda de interés social la tasa de interés remuneratoria no podrá exceder de once (11%) puntos durante el año siguiente a la vigencia de la presente ley' (se subraya).

“De acuerdo con el citado artículo, por mandato del legislador todos los créditos otorgados para financiar vivienda de interés social sin excepción alguna, debían ajustarse a dicha tasa, esto es al once por ciento 11% sobre la UVR, durante el período comprendido entre el 23 de diciembre de 1999 y el 23 de diciembre de 2000.

“Ahora bien, en punto a la exequibilidad de la norma en mención, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-955 de 2000 señaló:

'Será declarado exequible el parágrafo que se examina, aunque, como establece un límite temporal -un año que pronto culminará-, la exequibilidad debe condicionarse para dejar en claro que de la tasa prevista (11%) deberá deducirse la inflación y que, en lo sucesivo, cuando ya el tope señalado pierda vigencia, será la Junta Directiva del Banco de la República, de conformidad con sus facultades constitucionales y legales, la autoridad competente para los efectos de fijar las condiciones de financiación de créditos de vivienda de interés social, las cuales deben ser las más adecuadas y favorables, a fin de que consulten la capacidad de pago de los deudores y protejan su patrimonio familiar, también bajo el entendido de que la tasa real de interés remuneratorio no comprenderá la inflación y será inferior a la vigente para los demás créditos de vivienda'.

“En desarrollo de lo anterior, la Junta Directiva del Banco de la República mediante Resolución Externa No. 020 de 2000 señaló que para los créditos denominados en pesos a tasa nominal fija destinados a financiar la construcción, mejoramiento y adquisición de vivienda de interés social, la tasa máxima de interés remuneratoria será equivalente a once (11) puntos porcentuales, adicionados con la variación de la UVR de los últimos 12 meses vigente al perfeccionamiento del contrato(3).

En este orden de ideas, y dado que en la actualidad el Gobierno Nacional no se ha determinado el procedimiento ni la autoridad a la cual acudir en el caso en que se presenten situaciones como las descritas por usted, sin perjuicio de las acciones que proceda adelantar ante la justicia ordinaria en caso de considerarse pertinentes, puede dirigirse al Consejo Superior de Vivienda, que a voces del numeral 4 del artículo 7º de la Ley 546 de 1999 tiene a su cargo, entre otras, la función de “Velar por el cumplimiento de los objetivos y criterios del sistema especializado de financiación de vivienda de largo plazo”.

.

De esta forma hemos dado curso a su solicitud, en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

JEANNETTE SANTACRUZ DE LA ROSA

Coordinadora Grupo de Consultas Uno

1. Concepto radicado bajo el número 91061961-1 del 19 de diciembre de 1991.

2. Concepto radicado bajo el número 97037138-1 del 22 de octubre de 1997.

3. Oficio No. 2001006993-2 de marzo 21 de 2001

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