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CONCEPTO 24069 DE 2004

(agosto 20)

Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8202

Bogotá, D. C.

Doctora

LAURA MARÍA CIFUENTES MUÑOZ

Representante Legal

Banco del Estado

Calle 72 No. 8 – 56 Piso 6

Ciudad

Referencia: 2004024069-0

115 – Consultas

39 – Respuesta Final

Sin anexos

Apreciada doctora:

Me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia con el número indicado al rubro, mediante la cual plantea unos interrogantes relacionados con la “... redenominación de créditos hipotecarios a largo plazo para vivienda que a 31 de diciembre de 1999 se encontraban denominados en pesos moneda legal, con tasas variables de interés, DTF, y que fueron convertidos a UVR a raíz de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999.

Al respecto, es del caso precisar que para este ente de control ha sido claro que a partir de la expedición de la mencionada ley y por ministerio de ésta, todas las obligaciones de crédito individual de vivienda vigentes a esa fecha -23 de diciembre de 1999, debían redenominarse en UVR, de conformidad con el segundo inciso del artículo 39:

”No obstante lo anterior, los pagarés mediante los cuales se instrumenten las deudas así como las garantías de las mismas, cuando estuvieren expresadas en UPAC o en pesos, se entenderán por su equivalencia, en UVR, por ministerio de la presente ley” (se resalta).

En ese sentido, el artículo 17 de la misma disposición señala que “... el Gobierno Nacional establecerá las condiciones de /os créditos de vivienda individual a largo plazo, que tendrán que estar denominados exclusivamente en UVR…” (se resalta).

Sin embargo, y dado que el parágrafo del mencionado artículo también prevé que “...a solicitud del deudor, las obligaciones establecidas en UPAC por los establecimientos de crédito (...) podrán redenominarse en moneda legal colombiana....“ se ha interpretado que el principio general de acuerdo con el cual todas las obligaciones de vivienda debían redenominarse a UVR tiene una excepción en esta disposición siempre que tales operaciones de crédito se otorguen con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y se acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación sin penalidad alguna.

Al respecto, es preciso reiterar lo resaltado en su comunicación, en el sentido de que, en desarrollo de lo dispuesto en la ley antes mencionada, esta Superintendencia expidió la Circular Externa 007 del 2000, la cual sobre el tema precisa que “En cuanto a los créditos pactados en moneda legal colombiana, por ministerio de la ley, éstos se entenderán por su equivalencia en UVR. Sin embargo, si así lo convienen las partes, estos créditos se podrán mantener, excepcionalmente, en la denominación inicial. En este caso, si tuvieren condiciones distintas a las previstas por la ley, deberán adecuarse para darle cumplimiento. La nueva ley sólo autoriza créditos en pesos con tasa fija, sistemas de amortización que no capitalicen intereses y posibilidad de prepago sin penalidad alguna. Tasa fija quiere decir que no está referida a ningún indicador, sino que se conozca desde el inicio y no pueda tener cambios. Tasa fija es por ejemplo, a 10%, a 15%, a 20%, etc. y no el DTF, a IPC, etc. [1

“Dado que la ley no distingue entre qué parte de la tasa de interés está destinada al mantenimiento del valor del préstamo y cuál remunera el capital, ninguna parte de la tasa puede capitalizarse. Esta decisión implica desde luego, que las primeras cuotas de los créditos denominados en pesos puedan resultar altas y fue esta la razón para que la ley sólo autorizara, excepcionalmente, créditos en moneda legal. De lo contrario deberán pasarse, por su equivalente, a UVR” (se resalta y subraya).

De esta forma, en criterio de esta Superintendencia, todos los créditos que estuvieren pactados tanto en UPAC como en pesos debieron redenominarse en UVR, por ministerio de la Ley 546 de 1999, dentro de los 3 meses siguientes a su vigencia. No obstante, los préstamos pactados en pesos podrán continuar en esta misma moneda, previo acuerdo de las partes, y siempre que tales operaciones de crédito tengan con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y se acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación sin sanción alguna.

En efecto, sólo por acuerdo de las partes, previa solicitud del deudor y siempre que la entidad ofrezca un sistema de amortización en pesos, es dable que las obligaciones desembolsadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley de vivienda puedan continuar expresadas en moneda legal, cumpliendo en todo caso las condiciones antes descritas.

Por lo demás, en cuanto a las inquietudes derivadas del cobro jurídico a través de un proceso judicial es preciso esgrimirlas ante el juez del conocimiento con fundamento en las disposiciones de procedimiento civil, ya que esos interrogantes escapan a la órbita de competencia de esta Entidad.

En estos términos dejamos atendida su solicitud, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

SEGISMUNDO MENDEZ MENDEZ

Director Jurídico

1. Vale la pena señalar que mediante sentencias del 27 de noviembre de 2002, Consejera Ponente: Ligia López Díaz y del 27 de febrero de 2003, Consejera Ponente: María Inés Ortiz Barbosa, ambas del Consejo de Estado, se declaró la legalidad de la circular Externa No. 007 de 2000 citada, en lo relativo a la redenominación de los créditos de vivienda. Solamente se declaró la nulidad de los numerales 1 y 2 relacionados con la reliquidación de créditos de vivienda.

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