CONCEPTO 25368 DE 2000
(agosto 3)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8200
Doctor
SERGIO E. HURTADO TRUJILLO
Representante Legal
INVERSIONES HURTADO TRUJILLO LTDA.
Carrera 10 No. 26-71 Interior 103
Fax 318-6280
Ciudad
Referencia: 2000025368-0
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Sin Anexos
Apreciado doctor:
Damos respuesta a su comunicación radicada con el número citado en la referencia, en la cual consulta si los cánones cobrados en el contrato de leasing celebrado por la Compañía que usted representa y La Fortaleza C.F.C. especializada en Leasing, hoy en liquidación, cuyo texto adjunta, deben sujetarse a los límites de la tasa de usura, de conformidad con los requisitos y términos señalados en concepto que sobre esta materia le dirigiera la Superintendencia Bancaria en anterior oportunidad.
Agrega que el plan de pagos elaborado por la compañía Leasing en el mencionado contrato si bien no señala de manera explícita la tasa de interés remuneratoria, al aplicar las matemáticas financieras se encuentra que existe una tasa única del 3.4% mensual que comparada con la tasa de interés de usura origina un porcentaje en exceso que viene cobrándole la entidad financiera, que aduce para el efecto sujetarse a lo pactado y no encontrarse bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria dado su estado de liquidación.
Sobre el particular, sea lo primero precisar que como quiera que la consulta pretende establecer la responsabilidad de la entidad financiera en una situación concreta, esta Superintendencia conforme a las facultades que le asigna la ley (Decreto 663 de 1993 y demás normas concordantes) no resulta en esta instancia competente para dirimir dicho conflicto, atribuido al resorte de la jurisdicción ordinaria. No obstante y sin que el presente pronunciamiento signifique el asumir una posición específica de esta Superintendencia para resolver conflicto alguno, ni autorización especial en relación con la ejecución del aludido contrato de leasing, se efectúan los siguientes comentarios a título meramente ilustrativo y con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo:
1.- En primer lugar debe indicarse que al analizar las operaciones que conforme al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero pueden desarrollar las compañías de financiamiento comercial (artículos 2º, numeral 5º, y 24), se observa que las mismas no sólo consisten en la realización de actividades de captación y colocación de recursos para facilitar la comercialización de bienes y servicios sino también en la ejecución de operaciones de arrendamiento financiero o leasing.
2.- Ahora bien, la operación de leasing o arrendamiento financiero se define en el artículo 2º del Decreto 913 de 1993 en los siguientes términos:
“Entiendese por operación de arrendamiento financiero la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto, financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del período una opción de compra.
En consecuencia, el bien deberá ser de propiedad de la compañía arrendadora, derecho de dominio que conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. Así mismo, debe entenderse que el costo del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el término de duración del contrato, generando la respectiva utilidad” (se subraya).
Se tiene, entonces, que en el contrato de leasing o arrendamiento financiero la entidad financiera autorizada (compañía de financiamiento comercial especializada en leasing) incorpora a su patrimonio un bien previamente seleccionado por su cliente adquiriendo la obligación de concederle al usuario su uso y goce por un plazo determinado, usualmente irrevocable, quien a su vez como tomador se obliga a pagar como contraprestación a favor de la entidad financiera una suma de dinero en cuotas periódicas o cánones quedando facultado, al final del período contractual, para ejercer una opción de compra (compra del bien por un valor residual), proceder a su devolución o acordar con la entidad arrendadora una prórroga del contrato.
En este sentido es claro que la suma de dinero que paga el usuario del bien objeto del leasing a la entidad financiera arrendadora, denominado canon, se efectúa esencialmente como contraprestación por su uso y goce sin que se entienda que ello supone la realización de una operación de crédito en sentido estricto, en tanto el contrato leasing sirve de instrumento auxiliar al tráfico mercantil y al desarrollo de la actividad empresarial(1)'.
Respecto de la naturaleza jurídica del contrato leasing y de su carácter no crediticio, esta Superintendencia expresó en concepto 90073839-2 del 10-01-91 lo siguiente:
“Concurren en el contrato leasing una serie de derechos y obligaciones, de cuya ejecución la doctrina ha querido encontrar, por la vía de la analogía, su naturaleza, asimilándolo a figuras como el arrendamiento - bajo la modalidad de especial o con opción de compra -' la venta condicionada o como tipo contractual mixto.
Sin entrar a analizar los fallidos intentos, de asimilar la figura a otros tipos contractuales, consideramos la operación de leasing como una modalidad de aquellos contratos atípicos que han venido reclamando, por su importancia, un lugar adecuado dentro de la legislación; aspecto en el cual ya se han dado algunos pasos a través de las disposiciones legales citadas. En síntesis, el contrato de leasing reúne en sí mismo un acto jurídico de administración y uno de disposición, como realidades jurídicas no simuladas y que en esencia, es lo que lo distingue de las demás figuras jurídicas a las que se le ha querido asimilar como la compraventa con reserva de dominio, el arrendamiento con opción de venta o la compraventa a plazos.
No obstante, para efectos de su aplicación práctica, es claro que debe acudirse a las normas que regulan situaciones análogas a las figuras jurídicas involucradas, como son las de la compraventa, el arrendamiento o el mandato.
Su naturaleza, no puede establecerse como esencialmente crediticia, en cuanto no desarrolla operaciones de crédito en sentido estricto, entendido como la transferencia de dinero o de bienes, que realiza su titular a favor de un tercero, durante un plazo, obligándose éste a su restitución, cancelando adicionalmente una suma de dinero por su utilización o venta.
De esta forma la actividad de las sociedades de leasing debe comprenderse dentro de la órbita de los servicios financieros auxiliares del crédito; calificación que es acogida por el artículo 1º de la Ley 45 de 1990” (se subraya).
Así mismo, los pagos periódicos realizados en el contrato de leasing difieren en cuanto a su naturaleza, origen y finalidad respecto de aquellos efectuados en operaciones crediticias, en especial cuando los instalamentos se generan como consecuencia de la existencia de un contrato de mutuo. Al respecto la Superintendencia en concepto 94049 172-1 de septiembre 20 de 1994 precisó:
“De acuerdo con lo anterior, encontramos que la remuneración periódica que paga el cliente o el deudor, corresponde a la contraprestación por el uso y goce del bien fruto de la estipulación contractual correspondiente, mientras que en el contrato de mutuo, definido por el artículo 2221 del Código Civil como el contrato '(...) en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad (...)', los pagos se realizan incluyendo dentro de los mismos, si se estipularon en cuotas, tantos los conceptos por intereses y demás emolumentos propios de este tipo de contrato, como el de capital que constituye la restitución de la cosa fungible entregada.
Así, encontramos que si bien las cuotas periódicas en ambos contratos representan pagos, el origen o causa de los mismos es a todas luces distinto, pues uno radica en un contrato de mutuo y el otro en un contrato de leasing.
Una de las obligaciones del usuario o tomador del contrato de leasing consiste en pagar el precio o cánones de leasing. Esta es la obligación esencial del usuario, que a su vez es el fin del negocio jurídico para la sociedad financiera que realiza esta clase de contratos en desarrollo de su objeto social. El precio se integra por factores como e '(...) costo del bien o importe de la inversión, remuneración de este capital, gastos generales de administración y un margen de utilidad o beneficio para la sociedad de leasing. Este valor se paga durante la vigencia del contrato y se divide en cánones periódicos, lo más usual es que sean exigibles mensualmente, término en el cual deben ser cubiertos so pena de incumplimiento del contrato por mora' (Escobar Gil, Rodrigo, opus cit., pág 78).
Ahora bien, en caso de presentarse mora en el pago de un canon, sin perjuicio de la consecuencia correspondiente consistente en la terminación del contrato de leasing por mora, y se realiza un pago, se aplicará la regla general respecto del pago a la que nos hemos referido con anterioridad, es decir, primero se abonará a intereses y otros conceptos, para después abonar al monto o costo de la inversión” (subrayamos).
Igualmente, conforme al artículo 884(2) del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, en cuanto estipula que en todos aquellos negocios mercantiles en donde deban pagarse réditos(3) de un capital, se hace referencia a todos aquellos actos o contratos de naturaleza crediticia en los cuales, conforme a lo convenido, es inmanente la generación y pago de intereses, como una de las obligaciones principales o accesorias del mismo, prestación que no es propia del contrato de leasing por cuanto allí el cumplimiento de la obligación del arrendatario se dirige esencialmente al pago de una suma de dinero como contraprestación del uso del bien dado en leasing o arrendamiento financiero, de la que no puede derivarse o entenderse el haber pactado el pago de intereses como rédito de un capital.
3.- No obstante lo expuesto, resulta pertinente diferenciar los componentes que integran el canon de arrendamiento y que por ende influyen en su fijación o determinación. Así, acudiendo a lo preceptuado por el citado artículo 2º del Decreto 913 de 1993 encontramos que el canon básicamente se integra a partir de dos conceptos: la suma de dinero destinada a la amortización del costo del activo dado en arrendamiento y aquella que se contabiliza como la utilidad originada en la inversión en la adquisición del activo objeto del leasing. Esta utilidad no es otra que el interés que el arrendador cobra al arrendatario en leasing derivado de la citada inversión, por lo cual tal componente está igualmente sometido a los límites legales en materia de las tasas de interés.
Al respecto, ya el Consejo de Estado al estudiar la naturaleza del contrato de leasing precisó que los intereses hacen parte integrante del canon de arrendamiento. En efecto la citada corporación (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero Ponente: Dr. José Ignacio Narváez García), en sentencia del 14 de diciembre de 1988 al negar la nulidad del artículo 19 del Decreto 570 de 1984 (norma que establecía, en ese entonces, la base gravable en los contratos de arrendamiento financiero leasing), señaló:
“Es pertinente agregar que en la fijación del canon la compañía arrendadora siempre toma en cuenta factores de índole financiera y técnica, que inclusive fiscalmente inciden estas consideraciones. 1. Los bienes objeto del leasing constituyen para ella un activo fijo ya que los adquiere para arrendarlos y obtener ingresos por el arriendo, pues aunque a la expiración de este eventualmente los enajene, la evidencia es la incertidumbre de esa compraventa ya que depende de que el cliente ejerza el derecho de opción; 2. Como consecuencia, tales bienes productores de renta para la compañía leasing son depreciados por esa durante el término de la vida útil que les señala la ley, por cualquiera de los sistemas legalmente permitidos; 3. En el término del arriendo, el usuario paga los cánones por el uso o disfrute del equipo o maquinaria y asume los gastos de mantenimiento, los cuales cancela al fabricante o proveedor o el taller autorizado, para los beneficios de la garantía de fabricación los recibe el arrendatario.
“(…)
“Tanto en el arrendamiento tradicional que confiere al arrendatario el uso, goce o disfrute de una cosa como en el leasing, cuya finalidad específica es financiar la utilización de determinados bienes productivos, el canon que fija o conviene el arrendador incluye todos los cargos adicionales en la adquisición tales como gastos de instalación, de inspección de consultoría, intereses, fletes, etc., así como cualquier otro indirecto que incida para determinar el valor del servicio. En el leasing se pone más de relieve esa situación ya que por consistir básicamente en una técnica financiera que permite realizar cierta inversión amortizable con la renta que produce la explotación económica de un bien, es lógico que el canon comprenda esa inversión que hace el arrendador, menos un valor residual, y además un interés calculado mensual o anualmente y las erogaciones propias de la operación (accesorios, acarreos, instalaciones, etc.). Aunque conviene advertir que el arrendatario soporta siempre los gastos de mantenimiento, reparaciones, seguros y, en general, todos los riesgos técnicos (...)“ (se subraya).
Es claro entonces, que uno de los componentes esenciales del canon de arrendamiento en el contrato de leasing lo constituyen los intereses, que son cobrados por la entidad financiera al arrendatario del mismo, los cuales en su carácter de remuneratorios deberán sujetarse a los límites máximos establecidos en la ley, de conformidad con lo expuesto por esta Superintendencia a través de Circular Externa 051 del año en curso.
En armonía con el criterio esbozado el artículo 88 de la Ley 223 de 1995, que adiciona el artículo 127-1 del Estatuto Tributario, indica que los cánones de arrendamiento causados en los contratos de leasing deben descomponerse en la parte que corresponda a abono a capital y la atinente a intereses o costo financiero, señalamiento que si bien se efectúa para efectos tributarios y contables(4) si denota claramente cómo uno de los componentes del mismo necesariamente debe calificarse dentro del concepto de intereses. En efecto, la citada disposición en sus apartes pertinentes precisa:
“ARTICULO 88. Contratos leasing. Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
'Artículo 127-1. Contratos de leasing. Los contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción de compra, que se celebren a partir del 10 de enero de 1996, se regirán para efectos contables y tributarios por las siguientes reglas:
'(…)
'2. Los contratos de arrendamiento financiero de inmuebles, en la parte que corresponda a terreno, cualquiera que sea su plazo; los contratos de lease back o retroarriendo, cualquiera que sea el activo fijo objeto de arrendamiento y el plazo de los mismos; y los contratos de arrendamiento financiero que versen sobre los bienes mencionados en el numeral anterior, pero cuyos plazos sean inferiores a los allí establecidos; tendrán para efectos contables y tributarios, el siguiente tratamiento:
'(…)
'c) Los cánones de arrendamiento causados a cargo del arrendatario deberán descomponerse en la parte que corresponda a abono a capital y la parte que corresponda a intereses o costo financiero. La parte correspondiente a abonos de capital, se cargará directamente contra el pasivo registrado por el arrendatario, como un menor valor de éste. La parte de cada canon correspondiente a intereses o costo financiero será un gasto deducible para arrendatario (sic).
'3. Para el arrendador, en cualquiera de los casos aquí contemplados, los activos dados en leasing tendrán la naturaleza de activos monetarios. El arrendador deberá incluir en sus declaraciones de renta la totalidad de los ingresos generados por los contratos de arrendamiento. Para tal efecto, se entiende por ingresos generados por el contrato de arrendamiento la parte de los cánones que corresponda a intereses o ingresos financieros, así como los demás ingresos que se deriven del contrato.
'(…)
'5. Los registros contables y fiscales a que se refiere el presente artículo en nada afectan la propiedad jurídica y económica de los bienes arrendados, la cual hasta tanto se ejerza la opción de compra pactada, seguirá siendo del arrendador (...)“ (subrayamos).
4.- De otra parte, si el arrendatario no cumple en los términos y plazos convenidos con el pago del canon como contraprestación por el uso y goce del bien dado en leasing resulta viable el pacto de intereses por mora (tal como se pactó para el contrato anexo a la consulta), los cuales deberán sujetarse permanentemente a los límites legales en esta materia, so pena de la aplicación de las consecuencias legales a las cuales se refirió esta Entidad en concepto que en anterior oportunidad le fuera a usted dirigido.
Al respecto, cabe recordar que recientemente la Superintendencia Bancaria declaró como práctica no autorizada e insegura la causación o el cobro de intereses remuneratorios o moratorios en exceso de la tasa de interés de usura. En efecto, la Circular Externa 051 de julio 12 de 2000 dirigida a las entidades vigiladas, perentoriamente señaló:
“Como es de público conocimiento, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado rindió con fecha julio 5 del año en curso el concepto que le fuera solicitado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a instancias de la Superintendencia Bancaria, en relación con lo cual se considera del caso efectuar las siguientes precisiones:
1. En Colombia las tasas de interés son libres, es decir, que las partes pueden acordarlas en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, con sujeción a los límites legales.
2. De acuerdo con lo indicado por dicha Corporación, por virtud de lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, sustituido por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, el interés moratorio no podrá sobrepasar el equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por esta Superintendencia.
3. Las tasas máximas del interés remuneratorio que los establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar a su clientela sobre todas las operaciones activas y pasivas, únicamente puede señalarlas la Junta Directiva del Banco de la República, por ser una función exclusiva y permanente que le está asignada por el literal e) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, en el texto que quedó vigente después de la declaratoria de inexequibilidad parcial contenida en la Sentencia C-208 del 1º de marzo del 2000, proferida por la Corte Constitucional.
4. En tanto la autoridad monetaria no señale tales tasas máximas remuneratorias, las mismas responderán a los requerimientos del mercado, teniendo en cuenta en todo caso que, como precisó el Consejo de Estado, 'No se pueden cobrar o recibir intereses que excedan la tasa constitutiva del delito de usura'.
5. Las modificaciones que presenten las tasas de interés durante la vida de préstamos pactados con instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria deben traducirse en la correspondiente reducción de los montos convenidos al tiempo de la celebración de los contratos, cuando quiera que al momento de la causación de los réditos aquellos sobrepasen los límites establecidos en normas que, dado su carácter de disposiciones de orden público, priman sobre cualquier acuerdo de voluntades. En este sentido destacó el máximo Tribunal de lo contencioso administrativo que no puede predicarse la existencia de derechos adquiridos en relación con intereses pactados en contratos de mutuo que contravengan tales preceptos.
6. Precisó también el Consejo de Estado que la expresión 'en el término de un año' contenida en el artículo 235 del Código Penal significa que para la tipificación del delito de usura se requiere que la conducta descrita en la norma penal se realice en un plazo de por lo menos un (1) año, por lo que no resulta procedente 'anualizar' la tasa de interés.
7. El acuerdo de voluntades en el sentido de que habrá lugar a reajustar unilateralmente la tasa fija pactada cuando se autoricen tasas más altas, quebranta el principio de buena fe y equidad, así como la característica de literalidad en los títulos valores.
8. Dentro de las funciones ordinarias de vigilancia que corresponden a la Superintendencia Bancaria no se encuentra la de ordenar la reducción de la prestación debida cuando las tasas de interés cobradas por una institución financiera sobrepasen los límites legales, como sí la de velar por que se haga efectiva la entrega de las sumas que la entidad acreedora esté obligada a devolver por mandato judicial. Cabe agregar que de manera excepcional esta Superintendencia puede conocer de asuntos contenciosos suscitados entre las entidades vigiladas y sus usuarios, en los términos previstos en los artículos 146 a 148 de la Ley 446 de 1998.
En consecuencia, y como quiera que el percibir intereses remuneratorios y moratorios en exceso del límite previsto en el artículo 235 del Código Penal expone a las entidades vigiladas a las sanciones contempladas por el artículo 884 del Código de Comercio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, de conformidad con lo previsto en el artículo 326, numeral 5 letra a), del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se califica como práctica no autorizada e insegura la causación o el cobro de réditos que sobrepasen la tasa máxima prevista para el delito de usura” (se subraya).
5.- De otra parte, dado que el contrato de leasing tiene como una de sus características la ejecución sucesiva de las obligaciones allí convenidas (el pago del canon se efectúa durante el plazo previamente pactado), puede acudirse a la aplicación de lo previsto en el artículo 868 del Código de Comercio en materia de revisión del convenio cuando quiera que, por circunstancias imprevistas o imprevisibles, se haya alterado o agravado el cumplimiento futuro de la obligación a cargo de una de las partes, para lo cual es necesario interponer las acciones legales pertinentes. En efecto, dicha disposición señala:
“Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión.
El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato.
Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea” (subrayas fuera del texto).
6.- Por lo expuesto, se concluye que los cánones cobrados en un contrato leasing celebrado con una entidad financiera autorizada para realizar esta clase de operaciones (compañías de financiamiento comercial especializadas o no en leasing), en cuanto a su componente de intereses, deben sujetarse a los límites de la tasa de usura, de conformidad con los requisitos y términos señalados por disposiciones de obligatoria observancia, en especial en lo recientemente señalado por la Circular Externa 051 del 12 de julio de 2000 proferida por la Superintendencia Bancaria.
De esta forma hemos dado curso a su petición, pronunciamiento que se efectúa con el alcance inicialmente señalado.
Cordialmente,
ROY GONZALO RIOS CHACON
Subdirector de Regulación y Consulta
1. Al respecto esta Superintendencia en concepto 90073839-2 del 10-01-91 expresó en relación con las características funcionales del leasing financiero, lo siguiente: “a. Financiero. Su función primordial radica en poner al alcance de las empresas bienes de capital o de equipo, sin que ello entrañe inmovilización de capital o esfuerzos financieros que pudieren afectar el equilibrio del cliente tomador' (Eduardo J. Boneo Villegas - Eduardo A. Barreira Delfino, Contratos Bancarios Modernos, Editorial Abeledo Perrot, pág 110, Buenos Aires 1984)”.
2. Esta disposición señala: “Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente (...)“.
3. Conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Vigésimo primera edición, rédito significa: “Renta, utilidad o beneficio renovable que rinde un capital”.
4. De acuerdo con el PUC del Sector Financiero (Resolución 3600 de 1988 proferida por la Superintendencia Bancaria) regulatorio del registro contable de las entidades vigiladas, la contabilización de los cánones de arrendamiento de bienes dados en leasing se efectúa, como cuenta por cobrar, en la cuenta 1627 “Cánones de bienes dados en leasing”, teniendo como contrapartidas la cuenta del activo 1861 “Bienes dados en leasing” en la cual se amortiza una suma como menor valor del bien dado en leasing y la cuenta de resultados 4196 “Ingresos operacionales leasing” en donde se registra el saldo del canon que constituye un ingreso o utilidad derivado del citado contrato.