CONCEPTO 25371 DE 2003
(Agosto 21)
<Archivo: Superintendencia Bancaria>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
6400
Bogotá, D. C.,
Señora
MARIA VIRGINIA PRIETO GÓMEZ
Diagonal 22 A No. 44 B 36, Apartamento 601
Ciudad
Referencia: 2003025371-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin Anexos
Apreciada señora:
De manera atenta nos referimos a su comunicación radicada con el número citado al rubro, mediante la cual, previa la descripción de las actuaciones que ha adelantado ante el Instituto de Seguros Sociales y el resultado que estas han ofrecido, consulta sobre la procedencia de la pensión de sobrevivencia a la que considera tener derecho junto con su hija con ocasión de la muerte del señor Luis Ernesto Arroyo Castillo el 11 de julio de 2000.
Según expone en su escrito, el señor Arroyo Castillo estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales del 5 de febrero de 1974 al 16 de enero de 1975, posteriormente se vinculó a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL, del 1 de febrero de 1978 hasta el 17 de septiembre de 1980, para luego regresar al ISS, al parecer desde 1980 hasta el momento de su deceso.
De igual manera indica que el último empleador el día del fallecimiento del señor Arroyo canceló los aportes respecto de los cuales se encontraba en mora y que al solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al Instituto de Seguros Sociales ésta les fue negada bajo el argumento que “al momento de su fallecimiento no estaba cotizando al sistema, y acredita aportes durante 833 semanas de las cuales 0 fueron cotizadas en su último año de vida”, concediéndole una indemnización sustitutiva, acto administrativo respecto del cual ya agotó la vía gubernativa.
Agrega que dentro de la decisión que adoptó el ISS no se tomaron en cuenta las semanas cotizadas ante Cajanal ni las que efectivamente pagó el empleador, las cuales en su totalidad suman alrededor de 1026 semanas, reiterando tener derecho a la pensión de sobrevivientes.
Sobre el particular, resultan pertinentes los siguiente comentarios:
En primera instancia debemos advertir que las decisiones adoptadas por el ISS tomaron en cuenta las disposiciones vigentes al momento en que ocurrió el deceso del señor Arroyo (11 de julio de 2000), principalmente los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados posteriormente por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 respectivamente, razón por la cual nos referiremos al contenido de estos artículos sin tomar en cuenta su reciente modificación.
Según se señalaba en referido artículo 46 de la Ley 100 de 1993 los requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes son:
”a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte.
“b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte”.
Por su parte, en la Circular Externa 007 de 1996 (Circular Básica Jurídica) expedida por este Organismo, en el numeral 1.4 del Capítulo Segundo del Título Sexto al referirse a los Seguros de Invalidez y Sobrevivencia, se dispone:
“Para los efectos de este seguro se entiende que un afiliado se encuentra cotizando al sistema, cuando ha efectuado el pago de las cotizaciones pensionales correspondientes (...)“.
En tal sentido, para la correcta aplicación del artículo 46 de la Ley 100 antes citado, se entiende que una persona está cotizando cuando ha efectuado el pago efectivo de las cotizaciones pensionales correspondientes; a contrario sensu, no se estará cotizando, cuando a pesar de encontrarse afiliado al Sistema General de Pensiones, no se han realizado las cotizaciones, aun cuando al trabajador se le realicen los descuentos correspondientes.
Según lo manifestado en la consulta, se trata de un caso en que la mora del empleador en el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones incidió en el cómputo de las semanas cotizadas para efectos del reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, pues al no realizarse los aportes se tomó como si el trabajador no hubiera cotizado, generando como consecuencia que este último no alcanzara a reunir los requisitos señalados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 (especialmente la exigencia de encontrarse cotizando o haber cotizado al momento de la muerte 26 semanas) para consolidar el derecho a la respectiva prestación.
En efecto, según se indica en la relación de novedades anexa a la consulta, se encuentra que en el caso del señor Arroyo Castillo las cotizaciones correspondientes a los meses de junio de 1999 a junio de 2000 fueron realizadas el 11 de julio de 2000, en razón de lo cual resulta evidente que al momento del fallecimiento y durante casi un año el empleador se encontraba en mora de trasladar tales aportes al Instituto de Seguros Sociales.
De otra parte, en el artículo 39 del Decreto 1406 de 1999, por el cual, entre otros aspectos se establece el régimen de recaudación de aportes que financian el Sistema de Seguridad Social Integral, se señala:
“Artículo 39. Deberes especiales del empleador. Las consecuencias derivadas de la no presentación de las declaraciones de autoliquidación de aportes o de errores u omisiones en ésta, que afecten el cubrimiento y operatividad del sistema de seguridad integral o la prestación de los servicios que él contempla con respecto a uno o más de los afiliados, serán responsabilidad exclusiva del aportante”[1
Así las cosas, el hecho de que el empleador consigne los aportes, no implica que se sanee la extemporaneidad o la desprotección del trabajador frente al Sistema, surgiendo en consecuencia su responsabilidad por tal circunstancia.
De otra parte, debe resaltarse que según se indicaba en el numeral 4 del artículo 53 del Decreto 1406 de 1999, modificado posteriormente por el artículo 9 del Decreto 510 de 2003, el pago de las cotizaciones en mora podía realizarse “siempre y cuando no hubiere tenido lugar el siniestro que daría lugar al pago de prestaciones de invalidez o sobrevivencia”, el cual ya se había presentado en este caso.
En este orden de ideas, para el caso objeto de consulta resulta ajustado a derecho que, al no haberse cumplido con los requisitos establecidos para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, se haya reconocido y pagado la correspondiente indemnización sustitutiva tal como lo señala el artículo 49 de la Ley 100 de 1993.
No obstante lo anterior, en caso de haberse cumplido los requisitos legales para generar una pensión de sobrevivientes, esta Superintendencia considera que la entidad Administradora, en desarrollo de su obligación de efectuar el cobro de las cotizaciones en mora, puede iniciar contra el empleador las acciones necesarias para obtener el pago del valor de las mismas, de los intereses de mora y, para el caso de los afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (administrado, entre otros, por el Instituto de Seguros Sociales), la suma que resulte del cálculo actuarial que determine la cantidad requerida para atender dicha pensión menos las cotizaciones efectivamente realizadas a la administradora.
Esta última opción se plantea en la medida en que las consecuencias del incumplimiento del pago de las cotizaciones atañen al empleador en su condición de aportante, según lo menciona el Decreto 1406 de 1999, resultando jurídicamente viable el cobro del mencionado cálculo actuarial o suma adicional a fin de integrar el valor requerido para atender las prestaciones a que haya lugar y se hayan visto afectadas con ocasión de la mora en el pago de los aportes.
Con los comentarios anteriores hemos atendido su solicitud, debiendo advertir que el concepto emitido tiene el alcance que le otorga el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
LIGIA HELENA BORRERO RESTREPO
Superintendente Delegado para la Seguridad Social y Otros Servicios Financieros