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CONCEPTO 25930 DE 2002

(mayo 21)

Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8201

Bogotá, D. C.,

Doctoras

NUBIA COLI MAFIA Y AURA CECILIA RENZA ROJAS

Profesional Especializada y Profesional Universitaria

Secretaria Jurídica

Gobernación

Departamento del Valle del Cauca

Carrera 6 Calle 9 y 10.

Santiago de Cali, Valle

Referencia: 2002025930-0

454 - Solicitud de Información Esp.

39 - Respuesta Final

Sin anexos

Apreciadas doctoras:

De manera atenta damos respuesta a su oficio No. PJ 690 del 26 de abril del año en curso, radicado en esta Superintendencia bajo el número citado en la referencia el 7 de mayo, mediante el cual consultan a qué entidad le compete ejercer la inspección y vigilancia de la entidad sin ánimo de lucro Fundación W W B Colombia, en atención al objeto social crediticio que presenta, pues dicha institución está ejerciendo las actividades sin control de sus actuaciones.

En primer término es oportuno señalar que las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público, según preceptos constitucionales, son de interés público y sólo pueden ser realizadas previa autorización del Estado. De tal forma, le compete a la Superintendencia Bancaria como organismo técnico de carácter administrativo evitar que personas no autorizadas conforme a la ley ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas y supervisar de manera integral las operaciones de las instituciones sometidas a su control con el fin de velar por el cumplimiento de las normas que las regulen, asegurando la confianza en el sistema.

Bajo este contexto se precisa que la intermediación financiera es una actividad propia de las entidades vigiladas por este Organismo y se entiende como la captación profesional de recursos del público mediante operaciones pasivas (recepción de dineros), y a su vez la transferencia de dichos recursos mediante la realización de operaciones activas (otorgamiento de créditos), gestión que por su naturaleza requiere previa autorización administrativa.

Sobre el tema de la intermediación financiera esta Superintendencia en reiteradas ocasiones, se ha pronunciado de la siguiente manera:

“…es una industria objeto de estricta regulación en nuestro ordenamiento jurídico, a tal punto que no hay plena liberación para crear sociedades destinadas al ejercicio de esta actividad, como tampoco la conducción de sus negocios, por cuanto estos aspectos están sometidos al principio de la autorización administrativa, por ser la intermediación un servicio público, sujeto a concesión y a un régimen de derecho público. Por tal motivo esta actividad solo puede ser ejercida por entidades sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria, en los términos que señalan los artículos 90 y 92 de la Ley 45 de 1990.

“Con fundamento en lo anterior, la actividad de captar dinero del público y prestarlo, solo puede ser llevada a cabo por una institución financiera debidamente autorizada por la Superintendencia Bancaria, so pena de incurrir en el delito de captación masiva y habitual, conducta predicable tanto de personas naturales como jurídicas, sancionado por el artículo 208(1), numeral 3, del Decreto 663 de 1993, con pena de prisión de dos a seis años, en concordancia con el artículo 1 del Decreto 1981 de 1988(...)(2) (se resalta).

Como puede apreciarse, una de las características de la intermediación financiera es la relación íntima o nexo causal existente entre la captación de recursos del público y la colocación de los mismos a terceros, actividad que sólo puede ser desarrollada por entidades sometidas al control y vigilancia del Estado (Superintendencia Bancaria, Superintendencia de la Economía Solidaria).

Sin embargo, es factible desarrollar la sola colocación de recursos si dicha operación no lleva implícita la captación de dineros del público, toda vez que ésta se encuentra enmarcada como actividad irregular cuando se configuran los elementos señalados en el artículo 1º del Decreto 1981 de 1988, el cual es del siguiente tenor:

“Artículo 1º. Para los efectos del Decreto 2920 de 1982, se entiende que una persona natural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y habitual en cualquiera de los siguientes casos:

“1. Cuando su pasivo para con el público esté compuesto por obligaciones con más de veinte (20) personas o por más de cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona.

“Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios.

“2. Cuando, conjunta o separadamente, haya celebrado en un período de tres (3) meses consecutivos mas de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario, o haya vendido títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma especie, a la vista o en un plazo convenido, y contra reembolso de un precio.

“Para determinar el período de los tres (3) meses a que se refiere el inciso anterior, podrá tenerse como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de los contratos de mandato o de las operaciones de venta.” (Resaltado es nuestro).

Como requisito para la adecuación del comportamiento al evento descrito es necesario que en cualquiera de los casos señalados concurra una de las siguientes condiciones:

“a. Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones indicadas sobrepase el 50% del patrimonio líquido de aquella persona, o

“b. Que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas, o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares.

“Parágrafo 2: No quedarán comprendidos dentro de los cómputos a que se refiere el presente artículo las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y único civil, o con los socios o asociados que, teniendo previamente esta calidad en la respectiva sociedad o asociación durante un período de seis (6) meses consecutivos, posean individualmente una participación en el capital de la misma sociedad o asociación superior al cinco por ciento (5%) de dicho capital.

“Tampoco se computarán las operaciones realizadas con las instituciones financieras definidas por el artículo 24 del Decreto 2920 de 1982.”

Ahora bien, en el caso bajo estudio se observa que una de las operaciones del objeto social de la fundación, según la reforma aprobada mediante la Resolución 0273 del 30 de abril de 1993 de la Gobernación del Valle, es la de “facilitar el acceso al crédito a los sectores menos favorecidos. Para lo cual orientará principalmente sus actividades hacia el otorgamiento de créditos al sector de la micro y pequeña empresa...”. En tal sentido, si la colocación de dineros se realiza con recursos propios no requeriría autorización de esta Superintendencia ni estaría sometida a su vigilancia, pero si la misma se desarrolla con dineros provenientes del público podría incurrir en la captación irregular cuyas consecuencias serían las consagradas en el artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero(3)'

, debiendo entonces tenerse especial cuidado en que la fundación no esté incurriendo en tal actividad, caso en el cual será necesario que se informe a esta Agencia Gubernamental a fin de tomar las medidas pertinentes.

De otra parte, es importante manifestar que, como quiera que en su oficio se señala que para la fecha en que se le reconoció personería jurídica a dicha fundación, en el artículo 5º de los estatutos sobre el objeto social se señaló que “Para lograr este objetivo, la fundación operará como una institución financiera independiente que proporcione préstamos y garantías sobre préstamos y otro tipo de seguridades a los bancos y entidades financieras...” también es menester que se comunique a este Ente si a la fecha tal expresión se encuentra vigente, pues la Fundación en comento no es de aquellas que tienen como objeto el manejo y aprovechamiento de los fondos provenientes del ahorro privado y, por ende, no pertenece a las vigiladas por este Ente de Control señaladas en el artículos 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero(4), pudiendo inducir a error al público en general, lo cual hace necesario tomar las medidas pertinentes.

Por último, dada la finalidad del crédito otorgado por la fundación se sugiere acudir a la Superintendencia de la Economía Solidaria, ubicada en la Calle 69 No. 5-05 de Bogotá, a fin de determinar que la actividad a ejercer no se enmarque dentro de las propias de sus vigiladas.

De esta manera hemos dado curso a su petición, con el alcance que a este tipo de pronunciamientos se atribuye en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

JEANNETTE SANTACRUZ DE LA ROSA

Coordinadora Grupo de Consultas Uno

1. En la actualidad el delito de captación de dineros del público se encuentra consagrado en el articulo 316 del código Penal que establece Quien capte dineros del público, en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

2. Superintendencia Bancaria, Concepto número 97051936-2 del 27 de enero de 1998.

3. 108.- PRINCIPIOS GENERALES

“1. Medidas cautelares. Corresponde a la Superintendencia Bancaria imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de las instituciones vigiladas sin contar con la debida autorización:

“a) La suspensión inmediata de tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por un millón de pesos ($1'000.000) cada una;

“b) La disolución de la persona jurídica, y

“c) La liquidación rápida y progresiva de las operaciones realizadas ilegalmente, para lo cual se seguirán en lo pertinente los procedimientos administrativos que señala el presente Estatuto para los casos de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de las instituciones financieras.

“Parágrafo 1º. La Superintendencia Bancaria entablará, en estos casos, las acciones cautelares para asegurar eficazmente los derechos de terceros de buena fe y, bajo su responsabilidad, procederá de inmediato a tomar las medidas necesarias para informar al público.

“Parágrafo 2º.- La Superintendencia Bancaria podrá imponer las sanciones previstas en los artículos 209 y 211 a cualquier persona que obstruya o impida el desarrollo de las actuaciones administrativas que se adelanten para establecer la existencia de un eventual ejercicio ilegal de actividades exclusivas de las entidades vigiladas, así como a aquellas personas que le suministren información falsa o inexacta”.

4. De acuerdo con lo señalado en el numeral 2º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero corresponde a la Superintendencia Bancaria la vigilancia e inspección de las siguientes instituciones:

“a) Modificado por el Decreto 1284 de 1994, Artículo 2o.- Establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósito, organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, sociedades administradoras de fondos de pensiones, cajas, fondos o entidades de seguridad social administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida, entidades descentralizadas de los entes territoriales cuyo objeto sea la financiación de las actividades previstas en el numeral 2o. del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero autorizadas específicamente por la Financiera de Desarrollo Territorial SA., -Findeter-, compañías de seguros, cooperativas de seguros, sociedades de reaseguro, sociedades de capitalización, sociedades sin ánimo de lucro que puedan asumir los riesgos derivados de la enfermedad profesional y del accidente de trabajo, corredores de seguro y de reaseguros y agencias colocadoras de seguro cuando a ello hubiere lugar.

“b) Oficinas de representación de organismos financieros y de reaseguradores del exterior; “c) El Banco de la República,

“d) El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras;

“e) El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE; “f) Las casas de cambio, y

“g) Las demás personas naturales y jurídicas respecto de las cuales la ley le atribuye funciones de inspección y vigilancia permanente”.

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