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CONCEPTO 25952 DE 2000

(junio 12)

Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8306

Ingeniero

SERAFIN SALAZAR

serafo@Iatinmail.com

serafito@yupimail.com

Referencia: 2000025952-0

454 - Solicitud de información esporádica

39 - Respuesta final

Con anexos

Apreciado Ingeniero:

De manera atenta damos respuesta a su comunicación radicada bajo el número de la referencia, mediante la cual solicita información sobre el sector asegurador en Colombia. Al respecto, nos permitimos mostrarle un panorama general de la situación del sector asegurador a través del Informe de Coyuntura Trimestral que publica esta Superintendencia, así como también indicarle las normas jurídicas y contables que sobre la actividad aseguradora existen en la legislación colombiana:

1. Principales cifras del sector asegurador.

En relación con el número de compañías del sector asegurador, los ramos que explotan, su situación y evolución nos permitimos anexar al presente oficio, por medio magnético en versión Word 6.0 y Excel, el Informe de Coyuntura Trimestral del Sector Asegurador a Septiembre de 1999 y sus respectivos anexos.

Adicionalmente, le informamos que existe una guía rápida de consulta del Sector Asegurador de Colombia, en donde puede encontrar datos sobre el patrimonio técnico y margen de solvencia de las compañías de seguros generales y de vida y los informes de coyuntura de este sector, entre otros, disponibles en la página de Internet de la Superintendencia Bancaria cuya dirección es: http//: www.superbancaria.gov.co

Así mismo, la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, cuenta con un estudio bastante completo sobre el tema de consulta, para lo cual puede visitar su página de Internet: www.fasecolda.como dirigir su correspondencia a su E-mail: fasecolda@fasecolda.com

II. Normas que rigen la actividad aseguradora en Colombia.

Con el propósito de atender su petición, a continuación enunciamos los marcos normativos que rigen la actividad aseguradora en Colombia:

1. Actividad Aseguradora.

1.1. Ley 45 de 1990.

Esta Ley, aún cuando es conocida como la Ley de Reforma Financiera, constituye ante todo una reforma de la actividad aseguradora y del Código de Comercio en lo que tiene que ver directamente con el contrato de seguro como veremos más adelante.

A. Principios orientadores para la actividad aseguradora.

De acuerdo con la citada ley, son básicamente tres los principios que orientan la actividad aseguradora en Colombia:

a) Se encuentra sujeta a supervisión estatal ejercida por la Superintendencia Bancaria;

b) Busca tutelar los derechos de los tomadores y asegurados y crear condiciones apropiadas para el desarrollo del mercado, y

c) Procura crear una competencia sana de las instituciones que participan en dicho mercado.

B. Constitución de entidades aseguradoras.

Se fijan de manera objetiva las condiciones necesarias para acceder a la autorización de la Superintendencia Bancaria para el ejercicio de la actividad y una vez cumplidas, conllevan a la expedición del certificado de autorización.

Así mismo, se señalan las causales para que esta entidad suspenda o revoque el mencionado certificado, las cuales son taxativas y demandan siempre una providencia debidamente motivada.

C. Libertad para la utilización de pólizas y tarifas.

Cada asegurador puede elaborar sus productos y utilizarlos sin necesidad de previa aprobación; sin embargo, para efectos del control posterior deben mantenerlos a disposición de la Superintendencia Bancaria en la forma y con la antelación que ella determine.

No obstante lo anterior, la aprobación previa de la Superintendencia Bancaria es necesaria cuando se trate de la autorización inicial a una entidad aseguradora o de la correspondiente para la explotación de un nuevo ramo.

D. Reservas técnicas.

Se faculta al Gobierno Nacional para determinar la forma como se deben constituir las Reservas Técnicas. Para tal efecto, se expide el Decreto 839 de 1991 en el cual se define cada una de las reservas (de riesgos en curso, matemática, para siniestros pendientes y de desviación de siniestralidad) y se señala el régimen para su cálculo.

E. Régimen de inversiones.

Sobre el punto de las inversiones de las reservas, se establece un criterio de diversificación para lo cual se encuentran aptas las inversiones en títulos emitidos o garantizados por la Nación o el Banco de la República o en títulos que respondan a principios de seguridad, liquidez y rentabilidad, según la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional, la cual, en todo caso, no puede señalar títulos específicos en los cuales se deba invertir.

Actualmente el Régimen de Inversiones de entidades aseguradoras y sociedades de capitalización se encuentra previsto en el Decreto 094 de 2000, del cual anexamos copia.

F. El margen de solvencia.

Otra innovación de la precitada Ley lo constituye el establecimiento de la figura del margen de solvencia y patrimonio técnico que deben acreditar las aseguradoras, cuyo mecanismo complementario lo configura el fondo de garantías constituido por la tercera parte de la cuantía mínima de dicho margen, monto que no puede ser inferior al del patrimonio técnico mínimo requerido de acuerdo con los ramos que explote cada compañía.

En este orden, en el evento en que las entidades mencionadas no cumplan el mínimo requerido como patrimonio técnico, se faculta al Superintendente Bancario no sólo para ordenar las ampliaciones de capital indispensables para enervar la insuficiencia, sino también para disponer la restricción de abrir nuevas oficinas y ampliar las actividades de la compañía mediante la extensión de ramos, el ofrecimiento de nuevos productos, la contratación de nuevos intermediarios de seguros, hasta tanto no se acredite a su satisfacción el importe exigido.

Así mismo, se consagra como causal de disolución de una compañía aseguradora no alcanzar el mínimo del fondo de garantías requerido.

G. Aseguramiento de bienes oficiales.

La mencionada ley prevé que el aseguramiento de estos bienes podrá contratarse con cualquiera de las aseguradoras legalmente autorizadas para funcionar en el país, para cuyo efecto se establece el mecanismo de la licitación pública, con lo cual se dio por terminado el monopolio que existía en este aspecto en cabeza de una sola aseguradora de naturaleza jurídica estatal.

H. Reglas sobre competencia e información.

En aras de mantener una sana competencia y de garantizar la transparencia del mercado, se adoptaron con la Ley 45 de 1990 una serie de reglas en virtud de las cuales se prohíben los acuerdos entre empresarios, las decisiones empresariales y las prácticas orientadas que tiendan a impedir, restringir o falsear el libre juego de la competencia dentro del sistema financiero y asegurador y se faculta a la Superintendencia Bancaria para ordenar la suspensión de dichas conductas.

Así mismo, se asignó a la Superintendencia Bancaria la obligación de publicar periódicamente los estados e indicadores financieros de las entidades aseguradoras consideradas individualmente y del sector en conjunto.

1. Protección administrativa de tomadores, asegurados y beneficiarios.

En esta materia, la Superintendencia Bancaria debe velar porque las condiciones de pólizas y tarifas se ajusten a los criterios que señala la ley, proteger la libertad de tomadores y asegurados para decidir la contratación de seguros, así como para escoger la aseguradora y el intermediario de seguros.

J. Seguros obligatorios.

A partir de lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 45 de 1990, los seguros obligatorios sólo podrán ser creados por ley.

En este sentido, las compañías aseguradoras tienen el deber de celebrar el contrato y consecuentemente, brindar la cobertura del caso, si se trata de un seguro de naturaleza obligatoria, de conformidad con lo estipulado en el artículo 191 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Tal es el caso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, en el cual de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 192 del mismo Estatuto, en concordancia con el numeral 1 del artículo 196 ibídem, se impone a las entidades aseguradoras que cuentan con autorización para operar el SOAT la obligación de otorgarlo, sin excepción ni distinción en relación con el tipo de vehículo.

K. Régimen de reaseguro.

Otro aspecto determinante de la Ley 45 de 1990 está constituido por algunas precisiones en relación con el contrato de reaseguro, tales como la determinación de la responsabilidad generada del contrato de reaseguro para el reasegurador, la cual tiene igual término de prescripción que el contrato de seguro y es idéntica a la que el asegurador directo ha contraído con el tomador o asegurado, salvo que se compruebe la mala fe del asegurador, caso en que el contrato de seguro no surtirá efecto.

Igualmente, con el objeto de poder evaluar la solvencia, experiencia y profesionalismo de las entidades que conforman el sector reasegurador se faculta a la Superintendencia Bancaria para organizar y autorizar el registro de reaseguradores y corredores de reaseguros del exterior que actúen o pretendan actuar en el mercado colombiano, el cual se concreta a través de la Circular 088 de 1998 incorporada en el Capítulo Quinto, Título Primero de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996.

N. Inversión extranjera.

Finalmente, la citada Ley incorpora la viabilidad de la inversión extranjera en las entidades aseguradoras nacionales en un 100% del capital.

1.1.1. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - Decreto 1730 de 1991.

Con la citada Ley 45 de 1990, “Por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora y se dictan otras disposiciones” se culminó el proceso iniciado en el año 1982 orientado a la reestructuración de la legislación reguladora de los establecimientos de crédito, compañías de seguros y demás instituciones sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

Como el número de normas expedidas desde el año de 1923 requería de una sistematización completa para facilitar que, en un sólo cuerpo legislativo, se recogiese todo lo relativo a las instituciones en mención, el artículo 25 de la Ley en comento revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir un estatuto que debía compilar todas las normas que las regulaban desde 1923.

En virtud de tal disposición se dictó, con el título de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 1730 de 1991 que dispuso, en forma orgánica, todo lo relativo a la regulación de las instituciones financieras y a la supervisión que sobre ellas ejerce el Presidente de la República, a través de la Superintendencia Bancaria.

1.2. Ley 35 de 1993.

En desarrollo del literal d, numeral 19 del articulo 150 de la Constitución Política, se expidió la Ley 35 de 1993, mediante la cual se dictan las normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora; específicamente estableció entre otras disposiciones, las normas en relación con la intervención, inspección, vigilancia y control de tales actividades y el procedimiento de venta de acciones del Estado en instituciones financieras y entidades aseguradoras.

1.2.1. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - Decreto 663 de 1993.

El artículo 36 de la precitada Ley facultó al Gobierno Nacional para incorporar al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero las modificaciones dispuestas en su texto y con base en esta facultad, el Presidente de la República a través del Decreto número 663 de 1993 actualizó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y modificó su titulación y numeración.

1.3. Ley 80 de 1993.

El nuevo Estatuto de Contratación Pública (Ley 80 de 1993) y sus reglamentaciones, contemplan disposiciones en torno a los seguros tomados por las entidades estatales para la protección de sus bienes e intereses y los seguros otorgados como garantías de cumplimiento y respaldo de contratos en favor de dichas entidades.

1.4. Ley 510 de 1999.

Mediante la Ley 510 de 1999 se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores y las Superintendencias Bancaria y de Valores.

Respecto de las medidas cautelares y toma de posesión de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, de acuerdo con la Exposición de Motivos de esta Ley “el proyecto se inspira en la filosofía de impulsar el desarrollo de mecanismos que permitan a las entidades oportunamente superar las dificultades que se les presentan, utilizando para el efecto primordialmente instrumentos de mercado que son más eficientes que la participación directa del estado...”.

Así mismo, en relación con la toma de posesión señala lo siguiente: “El proyecto modifica el actual sistema de toma de posesión desde varios puntos de vista, con el fin de desarrollar el principio en virtud del cual la misma debe desarrollarse de manera ágil, teniendo en cuenta la situación real de la entidad, y permitiendo soluciones de mercado, o en el evento de una liquidación, la rápida realización de los activos...”.

2. Contrato de Seguro.

2.1. Código de Comercio.

Nuestro estatuto mercantil contempla el régimen relativo al contrato de seguro en el Capítulo I del Título V, artículos 1036 y siguientes, el seguro de transporte en los artículos 1117 a 1125, el seguro de responsabilidad civil en los artículos 1127 a 1133, el seguro marítimo en los artículos 1703 a 1772 y los seguros de personas en el Capítulo III del mismo título en los artículos 1137 y siguientes, que en medio magnético también anexamos al presente oficio. Esta normatividad ha sido objeto de modificaciones por las siguientes leyes:

2.1.1. Ley 45 de 1990.

Las modificaciones introducidas por la mencionada Ley al respecto se pueden sintetizar en los siguientes aspectos:

a) El término para el pago de la indemnización por parte de la compañía de seguros se reduce a un mes contado a partir del día en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador, vale decir, presenta la reclamación acompañada de los comprobantes que demuestren la ocurrencia del siniestro y su cuantía, si fuere el caso. (Modificó el artículo 1080 del Código de Comercio).

b) Se establecen los presupuestos para la objeción de la reclamación, la cual tiene que ser seria y fundada, situación que proscribe la práctica de las entidades aseguradoras de efectuar objeción sin fundamentos, que no surtirán efectos. (Modificó el artículo 1053 del Código de Comercio).

c) Igualmente se establece el término supletivo para el pago de la prima por parte del tomador, esto es “a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de a fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella”, estableciéndose así mismo como sanción por la mora en el pago de la prima la terminación automática del contrato de seguro. (Modificó los artículos 1066 y 1068 del Código de Comercio).

d) De otra parte, el régimen del seguro de responsabilidad civil sufrió modificaciones en el sentido de otorgar a la víctima acción directa contra el asegurado. Igualmente, se consagra la posibilidad de asegurar la culpa grave del asegurado.

En relación con la prescripción en este tipo de seguro, esta correrá frente al asegurado desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial, pero respecto de la víctima correrá a partir de la fecha en que ocurra el siniestro. (Modificó los artículos 1127, 1128, 1131 y 1133 del Código de Comercio).

2.1.2. Ley 389 de 1998.

Modifica el Código de Comercio en punto del contrato de seguros, norma que entró en vigencia el 24 de enero de 1998 y reformó los artículos 1036 y 1046 del mencionado código y de la cual acompañamos copia.

Al respecto, la Ley introduce reformas sustanciales al contrato de seguro, siguiendo las tendencias doctrinarias y legislativas modernas, en el sentido de que el contrato de seguros sea consensual, con el propósito fundamental de dar más agilidad a las negociaciones. Igualmente, se modernizan las normas sobre seguros de manejo y riesgos financieros, así como el de responsabilidad civil, circunscribiéndose la cobertura al descubrimiento de pérdidas durante la vigencia en el primero y a las reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o a la aseguradora durante la vigencia, en el segundo, siguiendo las tendencias internacionales de reaseguro y con la finalidad de obtener los precios favorables que el mercado externo ofrece en el campo de los reaseguros.

Por otra parte, la citada ley también introduce reformas de gran trascendencia en la parte relativa a bancaseguros, toda vez que permite el uso de la red de los establecimientos de crédito por parte de las entidades aseguradoras, las sociedades de capitalización y los intermediarios de seguros para la promoción y gestión de las operaciones a ellos autorizadas.

Tales reformas adoptan las medidas necesarias para que el público identifique al usuario como una persona jurídica distinta y autónoma del establecimiento de crédito cuya red utiliza.

Este sistema está orientado hacia productos de seguros que por sus características sean susceptibles de comercialización masiva, respecto de las cuales el Gobierno Nacional expidió el Decreto número 1367 de Julio 21 de 1998, cuya copia también anexamos al presente oficio.

Por último, se extiende la autorización para promover y renovar títulos de capitalización a los Corredores de Seguros, con el propósito de masificar el ahorro contractual.

2.1.3. Ley 510 de 1999.

Con ocasión de la expedición de la Ley 510 de 1999 se introdujo un cambio legislativo en la sanción a cargo del asegurador derivada de la mora en el pago de la indemnización, contemplada en el artículo 1080 del Código de Comercio tal como aparece en el siguiente comparativo:

Inciso primero del artículo 1080 del Código de Comercio modificado por el artículo 83 Ley 45 de 1990.
Inciso primero del artículo 1080 del Código de Comercio modificado por el parágrafo del artículo 111 de la Ley 510 de 1999.

“El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que efectúe el pago (negrilla fuera de texto).

“El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad...” (negrilla fuera de texto).

3. Ley 222 de 1995.

La citada Ley modifica el Libro II del Código de Comercio al expedir normas relacionadas con el régimen de sociedades, lo cual incide directamente en el sector asegurador toda vez que el mismo está integrado por aseguradoras constituidas bajo la forma de sociedades anónimas y cooperativas, éstas últimas bajo el régimen de la Ley 79 de 1988.

4. Ley 446 de 1998.

La Ley 446 de 1998 le otorgó funciones jurisdiccionales a la Superintendencia Bancaria en su Título V, Capítulo I, y el procedimiento para acceder a la competencia de la misma fue establecido por la Resolución 0187 del 3 de febrero de 2000, anexa al presente oficio para su mayor ilustración y según la cual “De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 446 de 1998, modificado por el artículo 51 de la Ley 510 de 1999, la Superintendencia Bancaria conocerá, por el procedimiento que mediante la presente resolución se establece, de las controversias que surjan entre los clientes y las entidades vigiladas, relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión del ejercicio de la actividad financiera, aseguradora o previsional, para ser falladas en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un Juez... “.

4.- Circular Básica Jurídica 007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria.

Mediante la Circular 007, expedida por la Superintendencia Bancaria el 19 de enero de 1996, se reúnen las diferentes instrucciones en materia jurídica emitidas por esta entidad y que a la fecha se encuentran vigentes.

La parte relativa a la actividad aseguradora básicamente se encuentra en los Títulos Primero y Sexto de la citada circular, cuyo contenido adjuntamos al presente oficio por medio magnético.

La Circular Básica Jurídica está dividida en Títulos, Capítulos y literales para facilitar su consulta temática, de acuerdo con la naturaleza de las entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia Bancaria. Por lo anterior, las instrucciones incorporadas deben observarse de manera complementaria con las establecidas en la Circular Básica Contable y Financiera No. 100 de 1995 y el Plan Único de Cuentas para el Sector Asegurador, cuyos contenidos también adicionamos al presente oficio por medio magnético.

6. Normas de carácter contable y financiero.

Dentro de estas normas podemos citar en primer término el Decreto número 2649 de 1993, mediante el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. En segundo lugar, tenemos la Circular Básica Contable y Financiera número 100 de la Superintendencia Bancaria que reúne los instructivos vigentes en esta materia y el Plan Único de Cuentas del Sector Asegurador, el cual establece los procedimientos contables que deben tener en cuenta los aseguradores en la elaboración de sus estados financieros.

Atentamente,

ROY GONZALO RIOS CHACON

Subdirector de Regulación y Consulta (E)

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