CONCEPTO 26723 DE 2002
(noviembre 29)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8201
Bogotá, D.C.,
Señor
NÉSTOR DÍAZ MONCADA
Gerente
Transportes Ferricar Limitada
Calle 9 No. 32-72
Ciudad
Referencia: 2002026723-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin Anexos
Apreciado señor:
Damos respuesta a la comunicación radicada en esta Entidad con el número citado en la referencia, en la cual consulta cómo debe aplicarse lo establecido en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990 (sanción por el cobro de intereses en exceso) respecto de una operación crediticia que usted suscribió el 20 de febrero de 1997 con el entonces Banco Uconal, hoy Banco del Estado, en la que se pactó reconocer intereses corrientes liquidados a la tasa del DTF mas 8.50 por ciento anual pagaderos trimestre vencido.
Al respecto considera que el citado establecimiento bancario ha aplicado incorrectamente dicho pacto en tanto para una liquidación del crédito remitida a un Juez de la República se observa que dicha institución cobra intereses corrientes y de mora en exceso de los límites legales. En tal sentido estima que el Banco está sujeto a las consecuencias legales previstas en la norma antes mencionada, y que por lo mismo, requiere de la opinión de esta Superintendencia respecto de dicha situación para efecto de ser aportada a los distintos juzgados civiles de Bogotá.
Sobre el particular, resultan pertinentes los siguientes comentarios:
1.- Sea lo primero precisar que como quiera que la consulta pretende resolver una diferencia suscitada entre las partes intervinientes en una situación concreta, esta Superintendencia conforme a las atribuciones que le asigna la ley (Decreto 663 de 1993- en adelante EOSF-[1www.superbancaria.gov.co
y demás normas concordantes) no resulta competente para dirimir dicho conflicto propio de la competencia de los jueces, tal como acaece para el caso consultado, y especialmente cuando la controversia se origina en la interpretación que una de las partes (aquí el deudor) efectúa en punto a la determinación y alcance de una de sus obligaciones en materia de liquidación de los intereses originados de una operación crediticia concreta de carácter privado, para lo cual habrá de recurrirse a las cláusulas o mecanismos que allí se hayan contemplado para interpretarlo con la finalidad de desentrañar la verdadera intención de los intervinientes del mismo en punto al tema debatido.
Así mismo, si a pesar de lo anterior persisten las diferencias de interpretación será menester acudir ante el Juez competente, quien en uso de sus facultades jurisdiccionales y conforme al procedimiento aplicable, resuelva las controversias surgidas entre el empresario deudor y su acreedor con ocasión de la ejecución o interpretación de la operación de crédito objeto de consulta.
De igual manera es preciso manifestar que en esta instancia no es competente para determinar si en un caso concreto se cobraron intereses en exceso, pues para emitir dicho pronunciamiento es necesario adelantar la actuación administrativa correspondiente, con el fin de evaluar el soporte probatorio, las explicaciones de la entidad vigilada y demás aspectos pertinentes. En tal sentido y si lo considera pertinente, puede formular la queja ante la Subdirección de Quejas de este Organismo.
2.- En este orden de ideas y sin que el presente pronunciamiento signifique el asumir una posición específica de esta Superintendencia para dirimir conflicto alguno, ni autorización especial en relación con la ejecución o liquidación de intereses en la operación crediticia en cuestión, se efectúan los siguientes comentarios a título meramente ilustrativo y con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo:
2.1.- Cabe recordar que en lo relacionado con los intereses, actualmente le corresponde a la Superintendencia Bancaria (Artículo 326, numeral 6° literales c y d del EOSF) certificar el interés bancario corriente tanto para los efectos previstos en el artículo 884 del Código de Comercio como para lo preceptuado en el artículo 305 del Nuevo Código Penal (Ley 599 de julio 24 de 2000), a partir del cual se determina el interés máximo legal permitido al que deben sujetarse las instituciones objeto de la vigilancia y control de este Organismo.
Para tal efecto esta Superintendencia, en los términos de la Circular Externa 051 de 2000, efectuó algunas precisiones a sus entidades vigiladas con motivo del concepto rendido el 5 de julio del mismo año por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en torno al tema de los límites a las tasas de interés, directiva cuyo texto a continuación se transcribe:
“Como es de público conocimiento, la Sala de consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado rindió con fecha julio 5 del año en curso el concepto que le fuera solicitado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a instancias de la Superintendencia Bancaria, en relación con lo cual se considera del caso efectuar las siguientes precisiones:
“1. En Colombia las tasas de interés son libres, es decir, que las partes pueden acordarlas en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, con sujeción a los límites legales.
“2. De acuerdo con lo indicado por dicha Corporación, por virtud de lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, sustituido por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, el interés moratorio no podrá sobrepasar el equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por esta Superintendencia.
“3. Las tasas máximas del interés remuneratorio que los establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar a su clientela sobre todas las operaciones activas y pasivas, únicamente puede señalarlas la Junta Directiva del Banco de la República, por ser una función exclusiva y permanente que le está asignada por el literal e) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, en el texto que quedó vigente después de la declaratoria de inexequibilidad parcial contenida en la Sentencia C-208 del 1º de marzo del 2000, proferida por la Corte Constitucional.
“4. En tanto la autoridad monetaria no señale tales tasas máximas remuneratorias, las mismas responderán a los requerimientos del mercado, teniendo en cuenta en todo caso que, como precisó el Consejo de Estado, 'No se pueden cobrar o recibir intereses que excedan la tasa constitutiva del delito de usura'.
“5. Las modificaciones que presenten las tasas de interés durante la vida de préstamos pactados con instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria deben traducirse en la correspondiente reducción de los montos convenidos al tiempo de la celebración de los contratos, cuando quiera que al momento de la causación de los réditos aquellos sobrepasen los límites establecidos en normas que, dado su carácter de disposiciones de orden público, priman sobre cualquier acuerdo de voluntades. En este sentido destacó el máximo Tribunal de lo contencioso administrativo que no puede predicarse la existencia de derechos adquiridos en relación con intereses pactados en contratos de mutuo que contravengan tales preceptos.
“6. Precisó también el Consejo de Estado que la expresión 'en el término de un año' contenida en el artículo 235 del Código Penal significa que para la tipificación del delito de usura se requiere que la conducta descrita en la norma penal se realice en un plazo de por lo menos un (1) año, por lo que no resulta procedente 'anualizar' la tasa de interés.[2
“7. El acuerdo de voluntades en el sentido de que habrá lugar a reajustar unilateralmente la tasa fija pactada cuando se autoricen tasas más altas, quebranta el principio de buena fe y equidad, así como ¡a característica de literalidad en los títulos valores.
“8. Dentro de las funciones ordinarias de vigilancia que corresponden a la Superintendencia Bancaria no se encuentra la de ordenar la reducción de la prestación debida cuando las tasas de interés cobradas por una institución financiera sobrepasen los límites legales, como sí la de velar por que se haga efectiva la entrega de las sumas que la entidad acreedora esté obligada a devolver por mandato judicial. Cabe agregar que de manera excepcional esta Superintendencia puede conocer de asuntos contenciosos suscitados entre las entidades vigiladas y sus usuarios, en los términos previstos en los artículos 146 a 148 de la Ley 446 de 1998.[3
“En consecuencia, y como quiera que el percibir intereses remuneratorios y moratorios en exceso del límite previsto en el artículo 235 del Código Penal expone a las entidades vigiladas a las sanciones contempladas por el artículo 884 del Código de Comercio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, de conformidad con lo previsto en el artículo 326, numeral 5°, letra a), del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se califica como práctica no autorizada e insegura la causación o el cobro de réditos que sobrepasen la tasa máxima prevista para el delito de usura” (subrayado fuera del texto).
Como se observa, está vedado a las entidades financieras pactar con los usuarios de sus servicios tasas de interés, remuneratorias o moratorias, que excedan los máximos establecidos por la ley para cada caso (límites establecidos en tasas de interés efectivo)[4 pues, como señaló el Consejo de Estado en sentencia de septiembre 18 de 1988, “...ha sido uniforme la jurisprudencia de las altas Corporaciones judiciales al sostener que se debe reducir el monto de los intereses que causen por cualquier naturaleza, al límite establecido por el artículo 235 del Código Penal”[5 (exp. 8531, Consejero Ponente Dr. Germán Ayala Mantilla; se resalta)
Así las cosas, deberá acudirse ante el juez penal competente para determinar si se configura el delito de usura contenido en el artículo 305 del Nuevo Código Penal,[6 tope al cual deben sujetarse tanto las entidades vigiladas como cualquier persona en tratándose del cobro de réditos durante el plazo o en la mora que surjan con ocasión de la realización de cualquier operación crediticia en el caso de las primeras, o de la celebración de mutuo o préstamo de dinero o de ventas a plazo de bienes o servicios, en caso de los segundos. En efecto, la citada disposición expresa:
“Art. 305.- Usura. El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (se resalta).
En este sentido se observa que las expresiones “equivalente a una y media veces del bancario corriente” que contiene el artículo 884 del Código de Comercio en su versión modificada[7 y “exceda en la mitad del interés bancario corriente” a que se refiere la norma transcrita del Código Penal, de manera clara significa que aquella tasa de interés remuneratoria o moratoria que exceda una y media vez o en la mitad el interés bancario corriente certificado por esta Superintendencia en tasas efectivas anuales, incurrirá en el delito de la usura y podrá ser objeto de las consecuencias contempladas tanto en el artículo 884 ibídem como en la prevista por el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.
En suma, en materia de límites en tasas de interés respecto de operaciones de mutuo bancario y a más de las consecuencias penales antes indicadas que pudieren derivarse del cobro de intereses en exceso de los legales permitidos, es preciso señalar que si el acreedor cobra tasas de interés en exceso del límite legal permitido quedará expuesto a la aplicación de las consecuencias legales previstas en el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, así como en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, esto es, a perder todos los intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto igual, para lo cual también es necesario que el afectado interponga la correspondiente acción ante la jurisdicción ordinaria.
2.2.- Ahora bien, en punto al pacto de la tasa de interés estipulada en el pagaré 401-043-00000009-0 del entonces Banco Uconal, objeto de discusión (aportado en fotocopia), se observa que la misma se estableció a partir del reconocimiento de una tasa variable adicionada con un spread fijo. En efecto, en el citado título valor se establece el reconocer la tasa “(...) DTF + 850% anual, pagaderos por TRIMESTRES VENCIDOS XXXXX y que equivalen a una tasa efectiva anual del (…) por ciento (%)“.
Al respecto, una vez consultada la opinión de la Subdirección de Actuaría de esta Entidad en la que se evalúa desde el punto de vista técnico la petición formulada así como sus correspondientes anexos, se nos informa “(...) que los cálculos indicados en la consulta presentan inconsistencias, por cuanto el consultante utilizó en los mismos la tasa DTF efectiva anual, haciendo caso omiso a la cláusula pactada en el pagaré que hace referencia a la tasa a tomar (...)“ la cual, “(...) es la DTF en su equivalente nominal anual trimestre vencido más los 8.50% puntos adicionales”. Agrega, a manera de ejemplo, que si se asume “(...) como la tasa DTF la del inicio del período trimestral, 25.42% efectiva anual y una vez efectuadas las conversiones, los intereses a cobrar bajo las condiciones señaladas y por un período de 89 días es $20.468.585,43”.
3.- Finalmente, a efectos de obtener las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Bancaria para los propósitos antes señalados podrá efectuar petición escrita o acudir personalmente ante la Oficina de Atención al Usuario ubicada en la Calle 7 No. 4-49 de esta Ciudad, primer piso, Zona A en el horario de atención al público (9 A.M. a 4 P.M. en jornada continua) siendo menester la previa cancelación de $2000 en la cuenta corriente No. 1260606248-9 del Bancolombia a nombre de la Superintendencia Bancaria. Igualmente, podrá consultar el histórico de las tasas de interés en nuestra página web, icono Cifras Económica (indicadores mensuales), en la siguiente dirección: www.superbancaria.gov.co en el cual aparecen ellas discriminadas, en términos de interés anual efectivo, a partir del 29 de octubre de 1971 hasta la fecha.
En estos términos dejamos atendida su solicitud, con el alcance antes señalado.
Cordialmente,
JEANNETTE SANTACRUZ DE LA ROSA
Coordinadora Grupo de Consultas Uno
1. El Decreto 663 de 1993 con sus normas que lo han modificado y adicionado es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en adelante abreviadamente EOSF, norma que puede consultarse en nuestra página internet: www.superbancaria.gov.co en el icono: normatividad.
2. Esta norma fue sustituida por el Artículo 305 del Nuevo Código Penal (Ley 599 de julio 24 de 2000 publicada en el DO. 44097 y que entró a regir un año después de promulgada), la cual no incluye dicho condicionamiento temporal para estructurar el delito de usura.
3. Cabe precisar que la Corte Constitucional en Sentencia C-1641 de fecha 29 de noviembre de 2000 (M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero) declaró inexequible el artículo 51 de la Ley 510 de 1999, que modificó el artículo 146 de la Ley 446 de 1998, la cual otorgaba facultades jurisdiccionales a la Superintendencia Bancaria para resolver conflictos entre las instituciones financieras y sus clientes originados exclusivamente en la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que aquéllas asuman con ocasión del ejercicio de la actividad financiera, aseguradora o previsional. En consecuencia, en la actualidad este Organismo carece de tales facultades jurisdiccionales.
4. Para el efecto esta Superintendencia en la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996), la cual puede consultarse también en nuestra página Internet, expresa (Título II, Capítulo Primero, Numeral 1°) claramente que los limites en materia de tasas de interés deben efectuarse en tasas reales efectivas “(...) ya que éstas son las indicadas para reflejar la verdadera rentabilidad obtenida. De otra manera para evadir el control en el cobro de intereses bastaría con pactar tasas de interés que, si bien nominalmente resultarían inferiores a las permitido. mediante el simple expediente de prever modalidades de pago anticipadas (cualquiera diferente a anualidades vencidas. se estarían obteniendo tasas reales por encima de los límites legales, dejando en el plano meramente teórico las disposiciones legales que los establecen” (subrayamos).
5. Hoy, artículo 305 del Nuevo Código Penal
6. Esta norma a partir de julio de 2001, sustituyó el artículo 235 del Código Penal anterior que consagraba el delito de usura, así:
“Art. 235.- Usura “El que reciba o cobre, directa o indirectamente, de una o varias personas, en el término de un (1) año a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad el interés que para el período correspondiente estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años y en multo de un mil a cincuenta mil pesos” (se resalta).
Conforme a la norma transcrita el límite de usura equivalía a una y media veces la tasa de interés certificada por esta Superintendencia para los créditos ordinarios de libre asignación, tope al cual debían sujetarse las entidades vigiladas en tratándose del cobro de réditos durante el plazo o en la mora que surgieran con ocasión de la realización de cualquier operación crediticia so pena de atenerse, la institución, sus administradores o funcionarios a las consecuencias legales correspondientes.
7. El artículo 884 antes de ser modificado por la Ley 510 de 1999, en el acápite pertinente, señalaba que el límite podía ser del doble del interés bancario corriente.