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CONCEPTO 28521 DE 2001

(mayo 24)

Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8202

Bogotá, D. C.,

Señor

JAIME JAVIER MIRANDA VELA

www.@ijmvuniweb.net.co

Referencia: 2001028521-0

115 – Consultas

39 – Respuesta Final

Sin anexos

Apreciado señor:

Me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia con el número citado al rubro y remitida por la Presidencia de la República, mediante la cual comenta que entregó su casa en dación en pago ante la imposibilidad de cumplir con la obligación, y consulta “...si es posible hacer algo al respecto...”

Sobre el particular, me permito señalar que la Ley 546 de 1999, en virtud de la cual se señalaron los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional para regular un sistema especializado para la financiación de vivienda, en su artículo 46 de la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999 contemplaba la opción de readquisición de vivienda como una posibilidad para que quienes durante el año siguiente a la entrada en vigencia de la misma -esto es a partir del 23 de diciembre de 1999 y hasta el 23 de diciembre del 2000- entregaran o hubieren entregado en dación en pago su vivienda, optaren por readquirirla siempre que no hubiere sido enajenada por la entidad financiera, o uno de similares condiciones cuando el primero se hubiere vendido y siempre que sobre él no se hubiera ejercido la misma opción por parte del anterior propietario.

En desarrollo de la anterior disposición se expidió el Decreto 2336 del 2000, mediante el cual se establecieron los términos y condiciones en los cuales se ejercería la opción de readquisición de vivienda.

Sin embargo, y como quiera que esta alternativa perdió vigencia el pasado 23 de diciembre del 2000, los potenciales titulares que hasta dicha fecha no hubieren presentado solicitud en tal sentido ni ejercido su derecho, podrán recurrir al mecanismo previsto en el reciente Decreto 332 del 2001 de conformidad con el cual se autoriza a los establecimientos de crédito para celebrar contratos de ahorro programado para la compra de vivienda con derecho real de habitación, cuyo objeto es que los clientes acumulen un ahorro que les permita al finalizar el contrato lograr el pago de la cuota inicial de una vivienda y durante el plazo del mismo ocupar una vivienda, según los términos y condiciones previstos en la misma disposición.

Es de aclarar que si bien es cierto la figura consagrada en el citado reglamento en su esencia es igual a la opción de readquisición del artículo 46 de la Ley 546 de 1999, contiene algunas diferencias dentro de las cuales vale la pena resaltar:

1. No necesariamente es una figura consagrada sólo para quienes hubieren entregado un bien en dación en pago y por lo tanto podrá ser otorgado a una persona diferente al propietario inicial.

2. No es obligatoria esta operación para las entidades acreedoras.

3. No debe solicitarse necesariamente ante la misma entidad a la que se entregó un bien en dación en pago.

4. No conlleva el subsidio otorgado por el Estado a favor del titular de la opción.

5. No tiene vigencia.

En consecuencia, podrá hacer uso de la última alternativa mencionada, según los términos y condiciones señalados en el Decreto 332 de 2001, sobre el mismo bien entregado en dación en pago o sobre otro distinto, dependiendo de sus intereses y capacidad.

Ahora bien, respecto de lo cancelado con ocasión del crédito original, esta Superintendencia en concordancia con la Honorable Corte Constitucional y de conformidad con la respuesta que sobre el particular emitió el Consejo de Estado, frente a una consulta elevada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público ha manifestado que la persona que se sienta afectada en sus derechos (...) goza de las acciones judiciales pertinentes para obtener la revisión de su contrato y la devolución de lo que considere haber cancelado en exceso. Así lo indicó el Concepto del 1º de diciembre de 1999 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, Magistrado Ponente Dr. César Hoyos Salazar, Rad. No. 1.245:

“Ahora bien, en cuanto se refiere a los contratos particulares, esto es, a los contratos de mutuo para vivienda, con garantía hipotecaria y bajo la modalidad del sistema UPAC, celebrados entre los particulares y las corporaciones de ahorro y vivienda y el BCH, corresponde la revisión de los mismos, la reliquidación de los créditos y la devolución de lo que los deudores hayan cancelado en exceso, a los jueces de la República, ante demanda judicial presentada por cada persona interesada, ya que tales declaraciones y condenas sobre contratos de derecho privado constituyen el ejercicio de una función jurisdiccional -la decisión sobre una controversia jurídica particular- asignada a la competencia de la rama jurisdiccional, no a una autoridad administrativa como la Superintendencia Bancaria” (negrilla fuera de texto).

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Ley 546 de 1999 reconoció a aquellos créditos de vivienda que a 31 de diciembre de 1999 estaban vigentes, un alivio consistente en la reliquidación de la deuda con fundamento en el comportamiento del IPC y no de las variaciones de tasa del mercado que contemplaba la UPAC o de las tasas de referencia de los créditos contratados en moneda legal vr.gr. el DTF.

Ahora bien, las disposiciones contenidas en los decretos mencionados podrán ser consultadas en la página de Internet del Banco de la República, en la siguiente dirección: www.banrep.gov.co o en la página del Ministerio de Justicia, en la siguiente dirección: www.minjusticia.gov.co, Icono Diario Oficial.

En estos términos queda atendida su consulta, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

PILAR CABRERA PORTILLA

Coordinador Grupo de Consultas Dos

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