CONCEPTO 30799 DE 2003
(Agosto 5)
<Archivo: Superintendencia Bancaria>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá, D. C.,
Doctor
DIEGO FERNANDO TRUJILLO MARÍN
Calle 100 No. 11 A – 07 Oficina 103
Ciudad
Referencia: 2003030799-0-1
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39 – Respuesta Final
Sin anexos
Apreciado doctor:
Me refiero a su comunicación del 5 de junio del año en curso, radicada en esta Superintendencia los días 9 y 12 del mismo mes y año con los números indicados al rubro, la segunda trasladada por la Superintendencia de Valores, mediante las cuales solicita se le respondan algunos interrogantes relacionados con un crédito otorgado por una entidad financiera.
En primer término, es del caso precisar que la Superintendencia Bancaria de Colombia es un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las entidades que realicen la actividad financiera, previsional y aseguradora, expresamente consagradas en numeral 2° del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Dentro de las facultades legales de este organismo de control están las de ejercer directamente la inspección y vigilancia sobre las entidades que conforman el sector financiero en aras de velar porque adecuen su formación, estructuración y funcionamiento a las prescripciones legales que reglamentan la materia y porque en ejercicio de las actividades constitutivas de su objeto social, cumplan igualmente con las disposiciones legales reguladoras de la política monetaria, crediticia y financiera adoptada por el Gobierno Nacional.
Con fundamento en lo anterior, es de anotar que las operaciones llevadas a cabo y las obligaciones que surgen para las partes contratantes intervinientes, constituyen aspectos sobre los cuales esta Superintendencia no tiene competencia.
En efecto, debe anotarse que no corresponde a esta Superintendencia pronunciarse sobre aspectos propios del ámbito de la autonomía contractual de las partes intervinientes en una operación concreta o hipotética cuya solución es del resorte de las mismas o que en caso de controversia deberán ser ventiladas ante los jueces de la República en ejercicio de sus competencias, conforme al procedimiento y los términos que haya señalado la ley.
Así mismo, es del caso precisar que conforme a las facultades atribuidas a este ente de control, previstas en el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993 y demás normas concordantes), en su condición de policía administrativa del sector financiero, tampoco le corresponde la de definir el alcance de los derechos, deberes, responsabilidades y efectos, ni lo atinente a la de establecer el cumplimiento o no de las obligaciones contractuales, que surjan de la relación negocial en que sea parte una de sus vigiladas, pues esas son funciones de competencia exclusiva de la justicia ordinaria ante quien deben ventilarse las controversias que se susciten entre los particulares, en la forma establecida en la Constitución y la Ley.
Al respecto, ha manifestado la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de junio 12 de 1975, Expediente 2945, Consejero Ponente Dr. Miguel Lleras Pizarro, lo siguiente:
“Respecto de la legalidad o puntualidad o regularidad como el banco cumpla con los negocios celebrados con su clientela el Superintendente sólo puede dar órdenes para evitar lo que contraríe la Ley pero no para revocar los actos de ejecución contractual (...).
“(...) el Superintendente no puede ordenar ni directa ni indirectamente que tal perjuicio sea reparado, ni siquiera puede estimar si hubo o no perjuicio o si se cumplió bien o mal la obligación del contrato porque tal extensiva Interpretación de sus facultades de vigilancia transformaría su función de administrativa en jurisdiccional.
'Importa puntualizar que la nota característica de la competencia que para vigilar los bancos tiene el Superintendente, consiste en su capacidad para impedir que se ejecuten actos o hechos peligrosos y no la de ordenar que se cumplan determinados actos o hechos, en especial aquellos íntimamente vinculados con los contratos celebrados con la clientela o los que regulan las relaciones con los accionistas” (negrilla fuera de texto).
Sin embargo a título ilustrativo, se procede a dar respuesta a los mismos, en el orden en que fueron formulados:
1.2. Sobre el particular, es de observar que las entidades financieras en virtud de la actividad profesional que adelantan, gozan de autonomía para fijar dentro de sus políticas internas y en sus manuales correspondientes los requisitos que consideren viables a fin de evaluar el riesgo y aceptar o negar un crédito de acuerdo con el estudio que efectúe de los documentos que se alleguen para tal fin.
Después del estudio del crédito -que se realizará de acuerdo con las pautas señaladas por la misma entidad- podrá decidir si aprueba o por el contrario niega el otorgamiento del mismo, condicionando así la concesión de operaciones activas de crédito, por cuanto el riesgo que conlleva la colocación de los recursos es responsabilidad directa del intermediario financiero.
3. En cuanto a su interrogante, en el sentido que si la ley obliga a las entidades financieras a liberar los inmuebles gravados con hipoteca cuando estos han sido pagados en su totalidad, es del caso precisar en primer término que “... la hipoteca es un derecho real que recae en inmuebles singularizados, los que continúan en poder del deudor o constituyente, garantía del cumplimiento de una obligación, quedando facultado el acreedor para realizar el valor del inmueble y pagarse preferentemente.
“De esta definición resultan las siguientes características esenciales de la hipoteca, conforme la reglamenta el Código Civil: 1ª) es un derecho real accesorio e indivisible; 2) Recae en inmuebles individualizados, que continúan en poder del constituyente; 3) tiene su fuente en un contrato, el cual es solemne y está sometido a la publicidad; 4 genera para el acreedor hipotecario el derecho de realizar el valor del inmueble, para pagarse con preferencia a los demás acreedores.
“(…)
“Que la hipoteca sea accesoria a un crédito, indica que se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación, y que no puede constituirse en forma autónoma. La hipoteca solo nace cuando nace el derecho asegurado; su validez se condiciona a la del crédito; y se extingue con la extinción de la obligación” (se subraya).[1
Así mismo, el artículo 2457 del Código Civil prevé que “La hipoteca se extingue junto con la obligación principal.
“Se extingue, asimismo, por la resolución del derecho del que la constituyó, o por el evento de la condición resolutoria, según las reglas legales. Se extingue, además, por la llegada del día hasta el cual fue constituida.
”Y por la cancelación que el acreedor acordare por escritura pública, de que se tome razón al margen de la inscripción respectiva”.
De todo lo anterior se deduce que las entidades financieras deben proceder a liberar los inmuebles gravados con hipoteca cuando la obligación principal se haya extinguido, de acuerdo con lo pactado por las partes en el documento que instrumentó el contrato accesorio.
En consecuencia, respecto de la cobertura, límites, créditos amparados, condiciones en que se levanta el gravamen y demás términos de las garantías que se constituyan para asegurar el pago de las obligaciones deberá estarse a lo que se haya pactado en el respectivo contrato de hipoteca.
Por lo demás, es de observar que el artículo 55 de la Ley 546 de 1999 contempló medidas de protección especial para los adquirentes de vivienda individual, al establecer que “El Gobierno Nacional, mediante normas de carácter general, determinará los mecanismos que aseguren que los dineros recibidos por las personas dedicadas a la actividad de la construcción, por concepto de ventas de contado y pago de cuotas iniciales, se canalicen a través de instrumentos que tiendan a asegurar la adecuada inversión y destinación de los recursos del proyecto de construcción al inmueble vendido o prometido en venta.
“Para los fines aquí previstos, el Gobierno establecerá para los constructores la obligación de informar a los promitentes compradores sobre la existencia de gravámenes en mayor extensión y exigirá que en las escrituras públicas que perfeccionen dichas promesas de compra ventas se protocolice una carta del establecimiento de crédito titular de la garantía en mayor extensión mediante la cual autorice el otorgamiento de la escritura de compraventa por haber recibido el pago de la prorrata correspondiente” (se subraya).
En desarrollo de la anterior disposición, esta Superintendencia impartió instrucciones sobre el tema, en el numeral 11 de la Circular Externa No. 085 del 2000, el cual fue recogido en el Título Tercero, Capítulo Cuarto, numeral 11 de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 007 de 1996 de esta Superintendencia), en los siguientes términos:
“11. CRÉDITO A CONSTRUCTORES -Subrogación de obligaciones
El crédito otorgado al constructor de vivienda para financiar la fase de construcción debe ser subrogado al adquirente de la unidad, de tal manera que en una sola operación formalice el mutuo debidamente aprobado al subrogatario, cuando sea del caso, la hipoteca sobre el bien financiado en forma individual y el levantamiento de la hipoteca de mayor extensión a favor de la entidad vigilada.
Adicionalmente, el contrato de crédito suscrito entre la entidad financiera y el constructor deberá contener una cláusula especial en la cual se precise que la hipoteca en mayor extensión que afecta el inmueble se cancelará proporcionalmente a medida que se vayan enajenando las unidades de vivienda y se haya recibido el pago de la prorrata correspondiente” (se subraya).
Así las cosas, se tiene que en la actualidad -solo a partir del 23 de diciembre de 1999- las constructoras están obligadas a informar a los promitentes compradores acerca de las hipotecas de mayor extensión que soportan los inmuebles que venden para que en la escritura de compraventa se protocolice una carta de la entidad financiera, a favor de la cual se constituyó la garantía, en la que manifieste que le han cancelado la prorrata correspondiente y por lo tanto autoriza el otorgamiento de la escritura de compraventa, pues antes no existía ninguna disposición que se refiriera a la materia en comento.
En consecuencia, si considera que ha ocurrido alguna irregularidad, podrá dirigirse a la Defensoría del Cliente de la entidad financiera respectiva, para efectos de que le aclare la situación presentada, conforme los parámetros señalados en el artículo 24 de la Ley 795, el Decreto 690, las Circulares Externas Nos 07, 16 y 26 de esta superintendencia, todas del 2003.
En caso contrario, esto es, de no encontrase usted dentro del supuesto descrito deberá acudir ante la justicia ordinaria, toda vez que estamos en presencia de una controversia de carácter judicial, frente a la cual como se expresa al inicio de este escrito- esta Entidad carece de facultades legales para pronunciarse.
4. Cabe señalar que el artículo 96 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), consagraba de manera perentoria el término de seis años periodo durante el cual las instituciones vigiladas por este Organismo debían conservar los archivos y documentos. En efecto, la citada disposición preceptuaba:
“Artículo 96.- Conservación de archivos y documentos.
”Los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial y las sociedades de servicios financieros deben conservar las constancias de sus asientos definitivos y sus tiquetes de depósito por un período no menor de seis (6) años, desde la fecha del último asiento” (subrayamos).
Por su parte, la Superintendencia Bancaria de Colombia mediante la expedición de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996) profirió perentorias instrucciones de obligatorio acatamiento para sus vigiladas en torno a la conservación de documentos y microfilmación de los archivos. En efecto, en el Título Primero, Capítulo Noveno, Numeral 2° del citado instructivo se indica:
“2. CONSERVACION DE DOCUMENTOS Y MICROFILMACION DE ARCHIVOS
“2.1 Conservación
“De acuerdo con el artículo 96 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial y las sociedades de servicios financieros deben conservar las constancias de sus asientos definitivos y sus tiquetes de depósito por un período no menor de seis años desde la fecha del último asiento. En tal sentido proceden las siguientes aclaraciones acerca de /os libros y papeles que deben conservarse, y su destino una vez transcurridos los seis años a que alude la norma.
“a. Constancias de Asientos Definitivos y Tiquetes de depósito
Los libros y papeles del comerciante, conforme se infiere de los artículos 49 y 51 del Código de Comercio y 123 a 131 del Decreto 2649 de 1993 comprenden los siguientes documentos:
“1) Los libros que determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquellos:
“2) Todos los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros;
“3) La correspondencia directamente relacionada con los negocios;
“4) Los libros de actas, y
“5) Los libros de registro de socios y de accionistas.
“Ahora, si bien una interpretación gramatical podría sugerir diferencias entre la noción de libros y papeles del comerciante y la expresión 'asientos definitivos y tiquetes de depósito' una interpretación sistemática y teleológica conduce a concluir que esta última expresión es asimilable a la primera ('libros y papeles del comerciante'), toda vez que carecería de sentido jurídico y practico la destrucción de los comprobantes de contabilidad y sus soportes y de los recibos expedidos por virtud de los depósitos que efectúen los clientes de las entidades financieras, en un periodo distinto de los libros de contabilidad y del resto de la correspondencia relacionada con los negocios, dada la inescindibilidad de la relación que, desde el punto de vista contable, existe entre los documentos que representan el hecho económico, los soportes y comprobantes de contabilidad y los asientos que registran el hecho económico en los libros auxiliares y principales.
“Así las cosas, el conjunto de libros y papeles del comerciante de las entidades a que alude el artículo 96 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero, puede destruirse a los seis años, desde la fecha del último asiento, documento o comprobante, observando eso sí la regla del artículo 60 del Código de Comercio en cuanto hace a la obligación de asegurar su reproducción por un medio técnico adecuado.
“2.2 Microfilmación
“Esta Superintendencia conceptúa que se encuentran vigentes las disposiciones de los decretos números 2527 de 1950 y 3354 de 1954, aunque la materia es tema de las regulaciones posteriores del Código de Comercio contenidas en sus artículos 48 y 60, el primero de dichos artículos declara expresamente que los comerciantes conformarán sus libros, cuentas, etc., a las disposiciones del Código y 'demás normas sobre la materia entre las cuales se encuentran precisamente las de los decretos citados que autorizan el procedimiento de la micro filmación. Lo propio afirma el mismo artículo 48 cuando establece: 'dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia'.
“Además, estando incorporadas las normas de los mencionados decretos en comento a las que regulan el funcionamiento de 'las instituciones de crédito y demás entidades sometidas a la supervigilancia del Estado', según la preceptiva del artículo único del Decreto número 3354, su vigencia y aplicación las confirma el mandato del artículo 2033 del Código de Comercio.
“Está pues autorizado el uso de la microfilmación de los archivos de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de esta Superintendencia en los términos y condiciones que señalan los mencionados decretos números 2527 y 3354, a más de los demás mecanismos previstos en el Decreto 2620 de 1993.
“Pueden, en consecuencia, microfilmarse 'los documentos y expedientes que han sido sometidos al trámite normal y los que encontrándose en trámite, por su importancia merezcan un especial cuidado en la conservación y autenticidad pero no podrán ser destruidos sus originales hasta cuando haya transcurrido el tiempo que la prudencia y la costumbre aconsejen en cada caso, de acuerdo con su naturaleza' (Artículo único del Decreto número 3354).
“El procedimiento de microfilmación deberá utilizarse siguiendo estrictamente las previsiones contenidas en los Decretos 2527 y 3354, así como el procedimiento dispuesto en el Decreto 2620 de 1993 pues, de lo contrario, de la correspondiente copia no se predice el valor probatorio que la ley otorgue al original microfilmado” (se subraya).
Es claro entonces que si bien los documentos a que aludía el artículo 96 del Estatuto mencionado podían destruirse después de los seis años, contados desde la fecha del último asiento, la institución vigilada está en la obligación de asegurar su reproducción por un medio técnico adecuado en los términos señalados por el artículo 60 del Código de Comercio, entre ellos, el de la microfilmación o alguno otro de igual o mejor valor técnico (ej., disco óptico o medios magnéticos, informáticos o electrónicos).
Sin embargo, el artículo 96 del Estatuto Orgánico atrás citado fue modificado por el artículo 22 de la Ley 795 del 2003 que a la letra dice:
“Los libros y papeles de las instituciones vigiladas por le Superintendencia Bancaria deberán conservarse por un período no menor de cinco (5) años, desde la fecha del respectivo asiento, sin perjuicio de los términos establecidos en normas especiales. Vencido este lapso, podrán ser destruidos siempre que, por cualquier medio técnico adecuado, se garantice su reproducción exacta”.
En consecuencia, con la expedición de esta disposición quedó derogado el subnumeral 2.1 de la Circular Básica Jurídica antes transcrito. Sin embargo, el aparte relacionado con la microfilmación de documentos mantiene su vigencia.
5. De lo antes expuesto es viable deducir que la entidad bancaria debe contar con los todos los libros y papeles, producto de las operaciones desarrolladas en virtud de su objeto, razón por la cual será el juez de conocimiento, quien tiene la facultad de decretar otros medios de prueba, tal como, por ejemplo, una inspección judicial a efectos de obtener a información que requiera.
En estos términos dejamos atendida su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ROBERTO HIGUERA RODRIGUEZ
Coordinador Grupo de Consultas Dos
1 Tomado del libro de Arturo Valencia Zea denominado Derecho civil, Tomo II, Derechos Reales, páginas 391 y 392.