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CONCEPTO 31034 DE 2000

(julio 17)

Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8200

Santa Fe de Bogota, D. C.,

Doctora

LUCINA SOFIA POLO CUETO

Carrera 7ª No. 13-52 Oficinas 702 y 703

Ciudad

Referencia: 2000031034-0

115 Consultas

39  Respuesta Final

Sin anexos

Apreciada doctora:

De manera atenta me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número citado al rubro, mediante la cual consulta si una vez acreditados los requisitos exigidos en la ley para efectuar la subrogación de que trata el parágrafo 2º del artículo 39 de la Ley 546 de 1999, las entidades financieras pueden manejar ese proceso como un nuevo crédito, modificar las condiciones originales de los créditos y obligar a constituir nuevamente hipoteca.

En primera instancia debe precisarse que el parágrafo citado se incluyó como una disposición especial y transitoria que daba la posibilidad de subrogar aquellos créditos que no obstante haberse otorgado a una persona jurídica o natural en realidad han sido atendidos por otra persona natural, titular o no de la obligación hipotecaria. Para tal efecto, la norma consagró que el solicitante, entendido como la persona natural que atiende efectivamente el crédito, en un término de tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley que venció el 23 de marzo pasado, podía solicitar la sustitución de deudor de la obligación original al establecimiento de crédito, siempre y cuando demostrara tener la capacidad de pago adecuada, de conformidad con los requerimientos de la entidad financiera. Así mismo indicó que una vez cumplidos estos requerimientos el crédito hipotecario podía ser objeto de los abonos previstos en la ley.

A este respecto conviene recordar que la sustitución de la obligación por el lado pasivo, es decir del deudor, implica que por virtud de la ley y sin más requerimientos de la parte acreedora que la exigencia de capacidad de pago, la totalidad de las relaciones derivadas del contrato original celebrado con una persona se transmiten a otra, sin que se extinga el vínculo inicial.

En este orden de ideas, la posibilidad contemplada en la Ley de Vivienda no puede conllevar más cambios en las condiciones de la obligación que la sustitución de la persona del deudor, y por tanto, en ningún momento la subrogación puede entenderse como una novación de la obligación.

De otro lado, en cuanto a los requisitos que pueden exigir las entidades financieras es claro que se requiere en primera instancia acreditar la atención de la obligación por parte del solicitante a través de los medios pertinentes y la capacidad de pago necesaria para definir en cabeza de una sola persona la titularidad del crédito, para lo cual los establecimientos de crédito pueden hacer los requerimientos que consideren adecuados de conformidad con las políticas internas de la institución y, si es el caso, la modificación del gravamen hipotecario.

Así las cosas, si como parte de la subrogación consagrada en el parágrafo del artículo 39 de la Ley 546 de 1999 y para efectos de valorar la garantía de una obligación hipotecaria las instituciones financieras acreedoras consideran se requiere modificar la garantía, deben adelantarse los trámites correspondientes a protocolización de la escritura, inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, etc.

Finalmente, en cuanto a la tasa pactada si el crédito estaba denominado en pesos, es decir referido al DTF más unos puntos, vencido el plazo para efectuar la redenominación de las obligaciones hipotecarias es probable que la misma pudiera sufrir algunos cambios. Sobre el particular, la Circular Externa 007 del 7 de enero de 2000 de esta Superintendencia señaló:

“En cuanto a los créditos pactados en moneda legal colombiana, por ministerio de la ley, éstos se entenderán por su equivalencia en UVR. Sin embargo, si así lo convienen las partes, estos créditos se podrán mantener; excepcionalmente, en la denominación inicial. En este caso, si tuvieren condiciones distintas a las previstas por la Ley, deberán adecuarse para darle cumplimiento. La nueva ley sólo autoriza créditos en pesos con tasa fija, sistemas de amortización que no capitalicen intereses y posibilidad de prepago sin penalidad alguna. Tasa fija quiere decir que no está referida a ningún indicador; sino que se conozca desde su inicio y no pueda tener cambios. Tasa fija es por ejemplo, a 10 %, a 15%, a 20%, etc., no el DTF, a IPC, etc.

“Dado que la ley no distingue entre qué parte de la tasa de interés está destinada al mantenimiento del valor del préstamo y cuál remunera el capital, ninguna parte de la tasa puede capitalizarse. Esta decisión implica desde luego, que las primeras cuotas de los créditos denominados en pesos puedan resultar altas y fue esta la razón para que la ley sólo autorizara, excepcionalmente, créditos en moneda legal. De lo contrario, deberán pasarse, por su equivalencia, a UVR.

“Lo anteriormente expresado se aplica tanto a los créditos de las entidades financieras, como a los otorgados a los deudores individuales de vivienda por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -FOGAFIN-, en desarrollo de los decretos de emergencia económica expedidos en el año de 1998” (se subraya).

Ello significa que independientemente del trámite de subrogación mencionado, en virtud de la redenominación de las obligaciones pueden presentarse cambios en la tasa, para adecuar las condiciones de los contratos a las disposiciones legales vigentes.

De esta forma hemos dado curso a su solicitud, en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ROY GONZALO RIOS CHACON

Subdirector de Regulación y Consulta

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