CONCEPTO 32353 DE 2001
(mayo 11)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8200
Bogotá, D. C.,
Señor
DAVID DIAZ
daviddiaz6@Iatinmail.com
Referencia: 2001032353-0
454 Solicitud de información esp.
39 Respuesta Final
Sin anexos
Apreciado señor:
Con todo gusto damos respuesta a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número citado al rubro, mediante la cual formula una consulta relacionada con los reportes en bases de datos.
Al respecto, sea lo primero precisar que la calidad de deudor que adquiere una persona con respecto a una institución financiera constituye un hecho definido plenamente por la ley comercial y civil, fruto de la realización de algún acto jurídico o contrato que se regula por el acuerdo entre las partes, acto que normalmente se relaciona con una operación crediticia; así mismo, esa condición desaparece por el acaecimiento de alguna de las formas de extinción de las obligaciones tales como el pago efectivo, la novación, la confusión, la prescripción o el evento de la condición resolutoria, entre otras.
Por otra parte, constituye práctica reiterada de los establecimientos crediticios el adoptar una serie de medidas tendientes a dar seguridad y evitar riesgos en el desarrollo de sus operaciones activas; por ello, a través de sus entidades gremiales o centrales de riesgo intercambian información sobre el nombre de los deudores morosos, su documento de identidad y número de obligaciones vencidas a fin de que exista un reporte histórico de la misma. Sin embargo, cabe advertir que dicha información deberá ser manejada por las bases de datos con sujeción a lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, del siguiente tenor:
“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
“En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución (...)”.
El tema del riesgo crediticio está vinculado también a la obligatoriedad que tienen las entidades financieras de evaluar y calificar permanentemente la cartera de créditos, a cuyo efecto deben observar los instructivos proferidos por este organismo(1). En ese sentido, es preciso indicar que la aplicación de los criterios de evaluación y calificación de la misma es responsabilidad directa y exclusiva del respectivo establecimiento pues, como titular del crédito, debe efectuar un examen concienzudo del riesgo y de la real capacidad de pago de su deudor y por ende, si es del caso, constituir provisiones conforme a la normatividad vigente so pena de quedar sujeto a las medidas administrativas reseñadas.
Valga aclarar que el artículo 110 de la Ley 510 de 1999, que establecía las diferentes reglas que debían observar las entidades sobre la conservación, el uso y la divulgación de la información de los usuarios del sistema financiero fue declarado inexequible por la H. Corte Constitucional mediante Sentencia C-729 de junio 21 del 2000, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
Adicionalmente, es pertinente señalar que si la deuda por la cual se efectuó el reporte corresponde a un crédito de vivienda individual a largo plazo y en tanto haya sido objeto de reestructuración en los términos del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, el interesado tendrá derecho a exigir que su nombre se retire como deudor moroso de cualquier central de riesgo una vez haya cumplido puntualmente con el pago de las tres primeras cuotas de la obligación reestructurada, tal como lo indica el artículo 52 ibídem en los siguientes términos:
“Los deudores de los créditos de vivienda individual a largo plazo que reestructuren sus créditos hipotecarios en los términos previstos en el artículo 42 de la presente ley, tendrán derecho a exigir que sus nombres se retiren como deudores morosos de las centrales de riesgo, una vez hayan cumplido puntualmente con el pago de las tres primeras cuotas de la obligación reestructurada. Los deudores hipotecarios de viviendas entregadas en dación en pago con posterioridad al 10 de enero de 1997, tendrán derecho a que las entidades financieras los declaren a paz y en salvo por el crédito respectivo y retiren sus nombres de las centrales de riesgo. Igualmente, podrán beneficiarse de la opción de readquisición de vivienda establecida en el artículo 46 de la presente ley”.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha sostenido en su doctrina que la permanencia del reporte en los bancos de datos no puede ser indefinida y que los registros negativos no tienen vocación de perennidad por lo cual, después de ponerse el ciudadano al día en sus obligaciones, debe merecer que se borren las anotaciones negativas de los archivos de las centrales de riesgo, por no corresponder a la realidad o no ser actuales. En ese sentido, afirma la Corte que los datos caducan y una vez producida la caducidad deben ser eliminados del correspondiente sistema de modo definitivo(2).
No obstante, aclara dicha Corporación que sí es factible que en el ejercicio del derecho que tiene el sector financiero a estar informado oportunamente sobre los antecedentes más cercanos de sus actuales y potenciales clientes en orden a garantizar la calidad del crédito, cuando se haya presentado mora en a atención de las obligaciones de ese tipo se mantenga registrado el antecedente por un tiempo razonable, aún con posterioridad al pago efectivamente realizado. Para el efecto, a falta de norma legal exactamente aplicable, la Corte ha indicado que el término prudencial de caducidad “se establece en dos años para los pagos voluntarios y en cinco años para los pagos forzados” y, para el caso en que la mora haya sido inferior a un año “el término de caducidad será igual al doble de la misma mora(3).
Opina la Corte Constitucional que los plazos señalados en esa materia en la Sentencia SU- 082 de 1995 operan a falta de expresa disposición normativa y “si bien es cierto, no pueden tomarse como obligatorios y erga omnes, son pautas jurisprudenciales aplicables para resolver casos semejantes, por lo menos hasta que el legislador subsane el vacío existente en el ordenamiento jurídico(4).
En los anteriores términos hemos dado curso a su solicitud, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ROY GONZALO RIOS CHACON
Subdirector de Regulación y Consulta
1. Es así como en esta materia la Superintendencia Bancaria ha señalado en la Circular Externa No. 100 de 1995, Capítulo segundo, los criterios, factores y procedimientos que imperativamente deben observar las vigiladas para la evaluación y calificación de la cartera de créditos, los cuales de no aplicarse estrictamente conllevarán las consecuencias administrativas correspondientes tales como la recalificación de la cartera, la constitución de provisiones e incluso la imposición de sanciones de carácter pecuniario de orden institucional y/o personal para los funcionarios, administradores y representantes legales responsables.
2. Sentencia T-527 de mayo 8 del 2000, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. Véanse también SU-082 y SU-089 de 1995, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.
3. Ibídem.
4. Sentencia T-527/00.