CONCEPTO 33595 DE 2004
(julio 16)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá, D.C.,
Señora
NITZA CRISTINA ORTIZ MARTINEZ
nitcris@latinmail.com
Calle 4 No. 3–14
Dolores – Tolima
REFERENCIA: 2004033595-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin Anexos
Apreciado señor:
Me refiero a su comunicación recibida por e-mail y radicada en esta Superintendencia bajo el número indicado al rubro, en la cual solicita se atienda una consulta relacionada con la reliquidación de un crédito otorgado por el Fondo Nacional de Ahorro y su sistema de amortización el cual quedó expresado en UVR, con cuotas decrecientes mensualmente en UVR, cíclica por periodos anuales con un aumento del plazo originalmente pactado a 16 meses; aspectos sobre los cuales desea conocer si estas modificaciones son legales y en caso de no serlo le informemos que trámite o diligencia debe adelantar.
Sobre el particular, conviene precisar en primer lugar que a partir de la expedición de la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999 se dictaron las normas generales, para regular de manera integral el sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo; en tal sentido, el parágrafo del artículo primero de la citada ley dispuso
”…el Fondo Nacional del Ahorro y cualesquiera otra entidad diferente de los establecimientos de crédito podrán otorgar créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana o en Unidades de Valor Real, UVR, con las características y condiciones que aprueben sus respectivos órganos de dirección, siempre que los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses, ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales”.
A su turno, el parágrafo del artículo 17 de la misma normativa reiteró que entidades distintas a los establecimientos de crédito pueden conceder “(…) créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana, siempre que tales operaciones de crédito se otorguen con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y se acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación en cualquier momento sin penalidad alguna (subrayado extratextual).
Con base en las normas citadas, se observa que la Ley de Vivienda autorizó a entidades distintas a los establecimientos de créditos para otorgar los mencionados créditos -Fondo Nacional de Ahorro, entre otros-, evento en el cual las condiciones y características de los mismos deberían autorizarse previamente por el órgano de dirección de la entidad, sujetándose en todo caso a los requisitos señalados en la Ley. Además, es claro que uno de los propósitos principales de la nueva ley fue el de crear un sistema de financiación de vivienda a largo plazo ligado al índice de Precios al Consumidor,[1 concepto bajo el cual se creó la UVR y se buscó que por regla general dichos créditos debieran denominarse en Unidades de Valor Real y sólo de manera excepcional en pesos, en cuyo caso deberían tener una tasa de interés tija durante todo el plazo del préstamo.
En concordancia con lo inmediatamente anterior, la Circular Externa No. 007 de 2000 expedida por esta Superintendencia en relación con los créditos que se habían estipulado en pesos antes de la ley de vivienda, señaló:
“'(...) En cuanto a los créditos pactados en moneda legal colombiana, por ministerio de la ley, éstos se entenderán por su equivalencia en UVR. Sin embargo, si así lo convienen las partes, estos créditos se podrán mantener, excepcionalmente, en la denominación inicial. En este caso, si tuvieren condiciones distintas a las previstas por la Ley, deberán adecuarse para darle cumplimiento. La nueva ley sólo autoriza créditos en pesos con tasa fija, sistemas de amortización que no capitalicen intereses y posibilidad de prepago sin penalidad alguna. Tasa fija quiere decir que no está referida a ningún indicador, sino que se conozca desde su inicio y no puede tener cambios. Tasa fija es por ejemplo, a 10%, a 15%, a 20%, etc., no el DTF, a IPC, etc.”
Precisado lo anterior, le manifiesto que la Junta Directiva del Fondo Nacional de Ahorro atendiendo lo preceptuado en el parágrafo del artículo 1º de la tantas veces citada Ley de Vivienda, mediante Acuerdo No. 996 del 29 de noviembre de 2001 determinó “que los créditos aprobados y que en adelante apruebe la Junta Directiva del Fondo Nacional de Ahorro denominados en Unidades de Valor Real -UVR- se entienden otorgados bajo el sistema de Amortización de 'Cuota decreciente mensualmente cíclica por periodos anuales' de que trata la Circular 085 de 2000 de la Superintendencia Bancaria”.
Como se observa, el citado órgano directivo deL Fondo en desarrollo de sus atribuciones legales adoptó el sistema de amortización “Cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por períodos anuales” cuyas características y descripción están contenidas en el subnumeral 5.1.3 del Capítulo Cuarto, Título Tercero de la Circular Básica Jurídica - Circular Externa 007 de 1996 proferida por esta Entidad.
De otra parte, en punto a la ampliación del plazo en los créditos de vivienda, le informo que la Corte Constitucional en Sentencia C-955 de 2000, reconoció dicha posibilidad en aquellos casos en que como consecuencia de la adecuación a los parámetros señalados por la Ley 546 de 1999 se afectara el monto de las cuotas periódicas. Así, señaló la citada sentencia que:
“No encuentra la Corte reparo alguno en lo relativo a la exequibilidad del numeral 3 del artículo 17, que señala como característica de los créditos objeto de su regulación la de tener un plazo de amortización comprendido entre cinco años como mínimo y treinta como máximo. Está dentro de la competencia del legislador, al dictar los principios, objetivos y criterios a que se refiere el artículo 150, numeral 19, literal d), de la Constitución, señalar los límites aplicables a los plazos de los créditos en este renglón de la actividad financiera.
”Obviamente, esos plazos pueden ser modificados por las partes, tal como lo expresa esta Sentencia, en los casos de reestructuración de los créditos (art. 20 de la Ley 546 de 1999) y en los eventos en que, al cumplir lo aquí fallado, sin aumentar las cuotas que se vienen pagando, se vaya amortizando a capital desde la primera.
“(…)
'Así, la Corte entiende que se vulneraría el artículo 51 de la Constitución, en el que se exige al Estado prever sistemas adecuados de financiación a largo plazo, si se permite en tales planes que los deudores paguen en sus cuotas solamente intereses, ya que al no amortizar nada a capital no disminuye la base sobre la cual se liquidan los réditos.
“Por tanto, el numeral en cuestión solamente es constitucional si se condiciona en el sentido de que ningún plan de amortización en materia de financiación de vivienda puede permitir que en las cuotas mensuales sólo se paguen intereses. Desde la primera cuota ellos deberán contemplar la amortización a capital para que el saldo vaya disminuyendo, y será sobre los saldos insolutos, actualizados según evolucione la inflación, que se cobren los intereses remuneratorios en los términos de esta Sentencia.
“Desde luego, para no causar perjuicio a los usuarios, esta amortización al capital desde la primera cuota no se podrá traducir bajo ninguna circunstancia en aumento de las cuotas que vienen pagando, para lo cual, si es del caso, podrá ampliarse el plazo inicialmente pactado (subraya textual - negrilla extratextual).
Con base en el anterior aparte jurisprudencial, se ha considerado viable la ampliación unilateral del plazo en los créditos individuales para adquisición de vivienda bajo el entendido de que dicha ampliación sea consecuencia de un incremento en las cuotas originado en la adecuación del sistema de amortización a la Ley 546 de 1999, puesto que con ello se busca, como lo señala la Corte, no causar un perjuicio a los usuarios que en un momento dado verían incrementadas las cuotas periódicas causando un desequilibrio imprevisto en su presupuesto familiar.
No obstante, tratándose de controversias derivadas de las condiciones contractuales estipuladas voluntariamente por las partes compete a las autoridades jurisdiccionales dirimir los conflictos que se susciten con ocasión de los contratos; lo anterior debido a que dicha facultad escapa de la órbita de nuestra competencia, pues la Superintendencia Bancaria en su condición de autoridad administrativa solamente puede realizar aquellas funciones señaladas en la Ley (art. 121 C.P. y arts. 325 y ss del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero).
Por último y respecto a la situación planteada en su consulta, le manifiesto que la Corte Constitucional en Sentencia de tutela T-822 de 2003 del 18 de septiembre del año en curso, se pronunció en los siguientes términos:
”(...) el Fondo Nacional de Ahorro está en la obligación de informar a sus deudores de vivienda todos y cada uno de los pasos dentro de los procedimientos de reliquidación y redenominación de créditos, a fin de que los deudores queden amparados por el principio de publicidad que les permita, por ejemplo, formular reclamos, solicitar y presentar pruebas, alegar, interponer recursos. En fin, lo que debe hacer el Fondo Nacional de Ahorro no es dar una simple información escrita, notificándole al deudor que ha tomado unilateralmente la decisión de reliquidar y redenominar los créditos, diciendo cuánto debía y cuánto queda por deber, cuánto pagaba en el mes anterior y cuánto debe pagar en el mes siguiente y que el plazo ha ascendido a treinta años, sino que la determinación, tomada de oficio y no a petición del deudor, debe sujetarse a lo establecido por el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo y por consiguiente, al deudor hay que notificarle que se va a readecuar el crédito y el objeto de la redenominación, la forma de la reliquidación y el comportamiento hacia el futuro, señalando los cálculos hasta la finalización de la obligación, para que el deudor haga valer sus derechos (…)”.
De esta forma hemos dado curso a su solicitud, con el alcance a que se refiere el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinadora Grupo de Consultas Dos
1. Exposición de motivos Ley 546 de 1999 – Consideraciones generales (Gaceta del Congreso octubre 12 de 1999)