CONCEPTO 33601 DE 2004
(septiembre 21)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogota, D.C.,
Señor
MAURICIO SERRATO CAMPOS
mserrato@famisanar.com.co
Carrera 13a No. 77a -63 Piso 6o,
Ciudad
Referencia. 2004033601-0
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39 Respuesta Final
Sin Anexos
Apreciado señor:
Me refiero a su comunicación remitida por correo electrónico y radicada en esta Superintendencia bajo el número indicado al rubro, mediante la cual formula una consulta relacionada con “... la normatividad en que (sic) ley, decreto o circular se estipula el manejo que se le debe dar por parte de las entidades Financieras, Cooperativas o Cajas de Compensación Familiar a los abonos expresamente de capital que se pueden hacer a los créditos ordinarios o de fomento para disminuir el valor del capital de la deuda.
”Que (sic) diferencia hay en cuanto al manejo de los créditos ordinarios otorgados por las entidades Financieras a los créditos de fomento otorgados por las Cajas de Compensación Familiar y normativamente en que (sic) se sustentan”.
Sea lo primero precisar que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1º, artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993, modificado por las Leyes 510 de 1999 y 705 del 2003), la Superintendencia Bancaria de Colombia es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al que le corresponde ejercer las funciones expresamente determinadas en la ley, en su condición de máxima autoridad de vigilancia y control sobre las entidades que integran los sistemas financiero, asegurador y previsional del país, instituciones que son las determinadas en el numeral 2° del artículo 325 del citado estatuto y dentro de las cuales no se encuentran las cooperativas ni las cajas de compensación.
Efectuadas las anteriores precisiones y en lo que corresponde al resorte de las instituciones vigiladas por esta entidad, proceden los siguientes comentarios.
La calidad de deudor que adquiere una persona -natural o jurídica- con respecto a una institución financiera constituye un hecho definido plenamente por la ley, fruto de la realización de algún acto jurídico o contrato que se regula por el acuerdo entre las partes, acto que normalmente se relaciona con una operación crediticia, cuyas estipulaciones son de obligatorio cumplimiento de acuerdo con lo indicado en el artículo 1602 del Código Civil, dentro de las que se encuentran, entre otras, las condiciones para el pago, plazo, monto, etc. - de las obligaciones pecuniarias.
Bajo este contexto, se aclara que una vez adquirida dicha condición, en los términos debidamente pactados contenidos en el documento que lo instrumenta, la actividad primaria del obligado se debe dirigir a la total satisfacción del crédito mediante el pago efectivo, en la forma acordada, constituyéndose ésta en la manera natural y directa por la cual se extingue una obligación pecuniaria.
En tal sentido, se reitera, que la obligación principal del deudor es efectuar la cancelación total del crédito que se le otorgara de la manera pactada, no obstante lo cual a pesar de que inicialmente el plazo se convenga a favor de las dos partes contratantes, por acuerdo mutuo, es decir, con aceptación tanto del acreedor como del deudor, una obligación puede ser cancelada total o parcialmente en forma anticipada y tener plenos efectos jurídicos.
En todo caso, conviene tener presente que para todos los contratos de mutuo resultan aplicables las normas del Código Civil, entre ellas el artículo 2229 el cual señala que “Podrá el mutuario pagar toda la suma prestada, aún antes del término estipulado, salvo que se hayan pactado intereses”.
Dicha disposición debe concordarse con el artículo 1554 del mismo código que regula lo atinente a la extinción del plazo, concretamente la renuncia del plazo, aspecto acerca del cual se ha pronunciado la doctrina nacional más autorizada, así: “CAUSALES.- El plazo de extingue de tres maneras: 1ª por vencimiento; 2ª) por renuncia, y 3ª) por caducidad.
“(…) 2ª) renuncia.- El Art. 1554 del Código Civil faculta al deudor para renunciar el plazo, al menos que el testador haya dispuesto o las partes estipulado lo contrario. O que la anticipación del plazo acarree al acreedor un perjuicio que mediante el plazo se ha propuesto manifiestamente evitar. Este artículo implica la presunción legal de que el plazo se establece, por regla general, a favor del deudor y que únicamente por excepción, se establece a favor de ambas partes o del solo acreedor.
“De suerte que por regla general, el deudor puede renunciar al plazo, ya que este se entiende establecido en su favor y es lícito renunciar un derecho siempre que este intereses solo (sic) al renunciante (art. 15). Excepcionalmente, la renuncia le está prohibida al deudor; cuando en el acto constitutivo de la obligación se prohíba la renuncia o cuando se siga un perjuicio para el acreedor que este manifiestamente haya querido evitar mediante el plazo, pues entonces aparece que el plazo no se ha concedido en forma exclusiva en beneficio del deudor y su renuncia por este no es lícita. Tal ocurre en el caso del mutuo con interés: la renuncia del plazo perjudica el derecho del acreedor a devengar dicho interés” (Guillermo Ospina Fernández, Régimen General de las Obligaciones, Editorial Temis, Bogotá. 1994, págs. 219 y 220).
Como corolario de lo expuesto, se puede concluir, que resulta evidente que las instituciones acreedoras pueden negarse válidamente a recibir el pago anticipado de las obligaciones, con fundamento en las disposiciones últimamente citadas, a menos que el deudor tenga derecho a renunciar el plazo que existe exclusivamente a su favor, o cuando por medio de acto constitutivo de la obligación se le faculta para hacerlo, como si se dice: “A” deberá pagar $ 1.000 a “B” el 31 de diciembre, o antes si este último así lo decide.
Ahora bien, desde el pronunciamiento de la Corte Constitucional contenido en la Sentencia C-252 del 26 de mayo de 1998, Magistrada Ponente Dra. Carmenza Isaza Mejía y. posteriormente, con la expedición del nuevo régimen de vivienda, la Ley 546 de 1999 en el numeral 8 del artículo 17, al referirse a los créditos para vivienda a largo plazo, expresamente dispuso que: “Los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación”.
Con fundamento en esta normativa, el usuario de un crédito de vivienda que quiera prepagar su obligación puede acudir a la entidad acreedora con el propósito de llevar a cabo el mencionado pago bajo las condiciones a que hace referencia el precepto citado, sin perder de vista que para el caso concreto no puede haber lugar a aplicar por parte de la entidad acreedora ninguna penalidad.
En otro escenario y en relación con la diferencia en cuanto al manejo de créditos ordinarios y los de fomento, de manera general se considera que las diferentes líneas o modalidades de crédito, sus especificaciones y condiciones pueden ser establecidas por la entidad financiera dentro de sus manuales e instructivos internos, de tal suerte que una operación crediticia determinada deberá enmarcarse en principio dentro de lo establecido previamente en tales disposiciones.
Ahora bien, aunque no existe una definición legal de crédito ordinario, debe entenderse como tal aquel que no tiene ningún tipo de destinación específica, como en el caso de los créditos de fomento, de vivienda o los créditos documentarios, sino que el beneficiario del crédito puede hacer uso de los recursos de acuerdo con sus necesidades para adquirir bienes y servicios y aumentar su patrimonio.
Igualmente, para mayor ilustración tenemos que se denomina cartera ordinaria al conjunto de préstamos otorgados por las instituciones financieras con recursos captados del público y/o con su propio capital, de acuerdo con los plazos autorizados para cada tipo de entidad, mediante la suscripción de contratos de mutuo.
También los préstamos descontables en el Banco de la Republica o en otras Entidades se consideran como cartera ordinaria hasta tanto se efectúe el respectivo descuento. Una vez descontados, el valor total de la obligación contablemente se traslada a las subcuentas que registran Préstamos o Cartera con recursos del Banco de la Republica o Prestamos con recursos de Otras Entidades, según el caso, conforme el Plan Único de Cuentas para el Sistema Financiero (Resolución 3600 de 1988 de la superintendencia Bancaria de Colombia).[1
En relación con los créditos de fomento podemos puntualizar que estos son entendidos como: “(…) un instrumento de política monetaria, a través del cual el Estado estimula el desarrollo del sector productivo, orientando y dirigiendo los recursos de la economía hacia aquellas áreas a las cuales el dinero no llega en condiciones de mercado. Financieramente subsidiado con condiciones crediticias blandas, tasas de interés bajas y periodos de gracia acordes con las necesidades del proyecto”.[2
En igual sentido, por regla general son otorgados a través de sistema de redescuento, tal como sucede por ejemplo, con FINAGRO (fomento del sector agropecuario), FINDETER (sector territorial), BANCOLDEX (promoción a las exportaciones), IFI (Fomento a la industria y a la actividad empresarial), FEN (créditos al sector energético), entre otros, cuya reglamentación, funcionamiento y líneas crediticias se regulan de manera general en los artículos 216 a 289 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Así pues, son créditos que tienen por finalidad promocionar, esencialmente mediante la irrigación de recursos colocados a través del crédito, distintos sectores de la economía que el legislador ha considerado prioritarios o esenciales apoyar.
En los anteriores términos dejamos atendida su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinador Grupo de Consultas Dos
1. Superintendencia Bancaria. Ibidem.
2. Guía del Sector Financiero. Edición Especial 15 años, editores Medios y Medios. 1987, 1888, pag. 425.