CONCEPTO 33800 DE 2001
(julio 16)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8201
Bogotá D. C.,
Señor
FELIPE GUZMAN LOZANO
E-mail: feguzm@hotmail.com
REFERENCIA: 2001033800
454 Solicitud de información esp.
39 Respuesta final
Sin anexos
Apreciado señor:
Con todo gusto damos respuesta a su comunicación enviada a través de correo electrónico y radicada en esta Superintendencia bajo el número indicado en la referencia, mediante la cual solicita información “acerca del Régimen de Incompatibilidades o Conflicto de Intereses que regulan a los administradores o gerentes de la banca privada, que manejen niveles de atribuciones de crédito ya sea en forma mancomunada por estar conformando un comité de crédito interno a nivel de oficina o en los casos de atribuciones individuales”.
Consulta también “si existe alguna norma de Superbancaria o circular externa acerca de este tema, que regule o normatice la vinculación de familiares o allegados de un funcionario de oficina bancaria, para que puedan ser vinculados a productos activos de la misma y en que grados de consanguinidad, afinidad civil o colateral presentan restricción para acceder a ellos”, indicando que la razón que motiva su petición es la decisión de desvinculación laboral adoptada por el banco donde prestaba sus servicios.
En primer término, en punto a la orientación de sus inquietudes, es del caso anotar que el artículo 122 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) consagra expresamente las limitaciones a que deben sujetarse las instituciones financieras en el otorgamiento de crédito, bajo el siguiente tenor:
“1. Operaciones con socios o administradores y sus parientes. Las operaciones activas de crédito que celebren las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria con sus accionistas titulares del cinco por ciento (5%) o más del capital suscrito, con sus administradores, así como las que celebren con los cónyuges y parientes de sus socios y administradores dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad, o único civil, requerirán para su aprobación del voto unánime de los miembros de la junta directiva. En el acta de la correspondiente reunión de la junta directiva se dejará constancia, además, de haberse verificado el cumplimiento de las normas sobre límites al otorgamiento de crédito o cupos máximos de endeudamiento vigentes en la fecha de aprobación de la operación.
“En estas operaciones no podrán convenirse condiciones diferentes a las que generalmente utiliza la entidad para con el público, según el tipo de operación, salvo las que se celebren con los administradores para atender sus necesidades de salud, educación, vivienda y transporte.
“2. Sanciones institucionales por violación a las normas sobre límites de crédito. Sin perjuicio de las sanciones de carácter personal previstas en la ley, la violación por parte de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros, de lo dispuesto en las normas sobre límites a las operaciones activas de crédito podrá dar lugar, por cada infracción, a la imposición de una multa a favor del Tesoro Nacional, hasta por el doble del exceso sobre el límite señalado, que impondrá la Superintendencia Bancaria“.
Ahora bien, en cuanto hace a la definición legal del vocablo “administradores” se debe mencionar que ésta se encuentra prevista en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, disposición que señala quienes gozan de dicho carácter, así:
“Administradores. Son administradores, el representante legal, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”.
Por su parte, la Circular Externa 09 de julio 18 de 1997 de la Superintendencia de Sociedades explica los alcances de la norma en comento de la manera que se transcribe a continuación:
“1.1. Según el artículo 222 de la Ley 222 de 1995, además del representante legal, el liquidador y los miembros de las juntas o consejos directivos, son administradores el factor y quienes de acuerdo con los estatutos detenten funciones administrativas.
“De conformidad con el artículo 1332 del Código de Comercio, se da el nombre de 'factor' a la persona que en virtud de un contrato de preposición, toma a su cargo la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo. Así por ejemplo, el encargado de dirigir cualquiera de las agencias de una sociedad ostenta la condición de administrador de esa compañía dentro del ámbito del establecimiento de comercio que administra, aun cuando no sea representante legal ni miembro de su junta o consejo directivo.
Reglamentados por el Decreto 2360 de 1993, Artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23; Decreto 2653 de 1993, Artículos 1º, 2º y 3º; Decreto 1886 de 1994, Artículo 1º, y Decreto 1156 de 1995, Artículos 1º, 2º, 3º y 4º. El texto de la citada normatividad puede consultarse en la página web del Banco de la República: www.banrep.gov.coicono: juriscol.
“1.2. Fenómeno análogo se presenta con las personas que por razón de las responsabilidades propias de sus cargos, actúan en nombre de la sociedad, como sucede con los vicepresidentes, subgerentes, gerentes zonales, regionales, de mercadeo, financieros, administrativos, de producción, y de recursos humanos, entre otros, quienes pueden tener o no la representación de la sociedad en términos estatutarios o legales y serán administradores si ejercen funciones administrativas o si las detentan, de donde resulta que es administrador quien obra como tal y también lo es quien está investido de facultades administrativas.
“1.3. La ley también confiere el carácter de administrador a aquellas personas que si bien no actúan permanentemente como representantes legales de la misma, sí tienen esa posibilidad, tal como acontece con los representantes legales y con los directores suplentes, cuya actuación se encuentra supeditada a la ausencia temporal o definitiva del principal” (negrilla del texto original).
En torno a la vinculación de familiares o personas relacionadas con funcionarios de las entidades financieras a productos o servicios ofrecidos por las mismas, debe anotarse que de manera específica no existe una norma legal, reglamentaria o instructivo de este Organismo que contemple una restricción de esa índole con respecto de nuestras vigiladas. No obstante, debe advertirse que a voces del inciso primero del artículo 72 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, “Los administradores de las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria deben obrar no sólo dentro del marco de la ley sino dentro del principio de la buena fe y de servicio a los intereses sociales”, en ese sentido, la conducta que debe observar el funcionario del banco no solamente ha de dirigirse a cumplir con las normas que regulan su actividad, los estatutos de la sociedad o las disposiciones de carácter interno de la misma, sino también atender los principios antes enunciados, donde la transparencia e independencia en las relaciones establecidas con los potenciales clientes juegan un papel importante en los negocios a celebrar.
Finalmente, remitiéndonos al terreno (laboral) de donde provienen los cuestionamientos bajo examen, ajenos a nuestro ámbito de competencia, vale la pena reiterar algunos apartes del oficio No. 0.1-130 de Abril 16 de 1984 de esta Entidad, que dicen:
“Existe, entonces, policía administrativa de diversas órdenes. Concretamente la Superintendencia Bancaria es policía administrativa del orden económico y está encargada de la ejecución de las leyes que se relacionen con... todas las sociedades sometidas a su inspección y vigilancia; su actuación se limita al control de los aspectos vinculados con la constitución de la sociedad vigilada y a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes; es decir, le corresponde fiscalizar y hacer cumplir las NORMAS BANCARIAS O FINANCIERAS (administrativas) y aplicar las sanciones (administrativas) en los casos de transgresión, pero únicamente, a esas disposiciones. Todo cuanto exceda esa órbita es ajeno a las funciones de la Superintendencia Bancaria, ésta se circunscribe al control técnico-financiero de las entidades por ella vigiladas.
“(...)
“De otra parte, existe una policía administrativa en lo laboral encargada de velar por el cumplimiento de las normas laborales (administrativas) y, en caso de incumplimiento, imponer 'sanciones administrativas del trabajo'; por ésta se entiende la consecuencia dañosa que se impone como castigo a aquellos que lesionan, infringen o vulneran el marco normativo que limita la esfera de la libertad en lo laboral. A 'infracciones administrativas laborales' corresponden 'sanciones laborales' que serán de naturaleza administrativa aplicadas por un órgano administrativo (policía laboral Ministerio de Trabajo). En otros términos, el control administrativo de lo laboral no corresponde a la Superintendencia Bancaria (policía administrativa del orden económico en lo relativo a las entidades vigiladas por ella), sino a la policía administrativa en lo laboral (Ministerio de Trabajo).
“….no sobra transcribir un aparte de sentencia emitida por el Consejo de Estado en septiembre 12 de 1980, que aunque hace relación a la policía en lo laboral, es plenamente aplicable a la Superintendencia Bancaria como policía del orden económico, sostuvo el Consejo de Estado: 'Es nítida y tajante la línea que separa las competencias de la jurisdicción ordinaria del trabajo y los funcionarios administrativos. La primera tiene a su cargo el juzgamiento de los conflictos jurídicos mediante juicios de valor que califiquen el derecho de las partes; los segundos ejercen funciones de policía administrativa para la vigilancia y el cumplimiento de las normas sociales control que se refiere a situaciones objetivas y que no implica en ninguna circunstancia función jurisdiccional. Para la efectividad de sus labores estos funcionarios están autorizados para imponer multas, pero dentro de la órbita de su competencia En otras palabras, 'el poder de policía no faculta para decidir controversias jurídicas', las autoridades de policía tienen funciones preventivas, investigativas y sancionadoras cuando se presenten violaciones a normas administrativas a las que deban estar sujetas los administrados pero nunca pueden definir controversias de tipo jurídico, toda vez que estos asuntos son de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria” (subraya en el texto original, negrilla nuestra).
De esta manera dejamos atendido el objeto de su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
MAURICIO ORTIZ LORA
Coordinador Grupo de Consultas Uno (E)