CONCEPTO 33950 DE 2004
(julio 19)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá, D. C.,
Señor
JORGE LUIS DIAZ MEJÏA
miIeidicorpusg@hotmail.com
Referencia: 2004033950-0
115 Consultas.
39 Respuesta Final
Sin anexos
Apreciada señora:
Me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia con el número citado al rubro, mediante la cual consulta si las entidades bancarias pueden cambiar la modalidad de un crédito otorgado para libre inversión, el cual afirma lo han estado cobrando como crédito hipotecario.
Sea lo primero, precisar que la Superintendencia Bancaria de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), modificado por la Ley 510 de 1999, es un organismo de carácter técnico adscrito al ministerio de Hacienda y Crédito Público, al cual dentro de sus funciones, como máxima autoridad de vigilancia y control de las entidades que integran los sistemas financiero, asegurador y provisional del país, le corresponde, “instruir a las instituciones sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de las normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación”. (Artículo 326 numeral 3, literal a) ibidem).
De conformidad con tal función, este Organismo ha instruido a las vigiladas sobre la forma en que deben evaluar su cartera de créditos y contratos de leasing a través del Capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995 (Circular Básica Contable de la Superintendencia Bancaria) en el cual y para los efectos señalados ha clasificado los créditos en las siguientes modalidades:
“3. MODALIDADES DE CRÉDITO
“Para propósitos de información, evaluación del riesgo crediticio, aplicación de normas contables y constitución de provisiones, entre otras, la cartera de créditos se clasifica en las siguientes cuatro modalidades: Vivienda, Consumo, Microcrédito y Comercial (que comprende los créditos ordinario, preferencial y de tesorería). Esto sin perjuicio que dentro de las metodologías internas las anteriores modalidades se puedan subdividir.
“3.1 Créditos de vivienda
“Son créditos de vivienda, independientemente del monto, aquellos otorgados a personas naturales destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, o a la construcción de vivienda individual.
“De acuerdo con la Ley 546 de 1999, estos créditos deben tener las siguientes características:
“3.1.1 Estar denominados en UVR o en moneda legal.
·3.1.2 Estar amparados con garantía hipotecaria en primer grado, constituida sobre la vivienda financiada.
·3.1.3 El plazo de amortización debe estar comprendido entre cinco (5) años como mínimo y treinta (30) años como máximo.
“3.1.4 Tener una tasa de interés remuneratoria, la cual se aplica sobre el saldo de la deuda denominada en UVR o en pesos, según si el crédito está denominado en UVR o en moneda legal, respectivamente. La tasa de interés remuneratoria será fija durante toda la vigencia del crédito, a menos que las partes acuerden una reducción de la misma y deberá expresarse únicamente en términos de tasa anual efectiva. Los intereses se deben cobrar en forma vencida y no pueden capitalizarse.
“3.1.5 El monto del crédito podrá ser hasta del setenta por ciento (70%) del valor del inmueble. Dicho valor será el precio de compra o el de un avalúo técnicamente practicado dentro de los seis (6) meses anteriores al otorgamiento del crédito. En los créditos destinados a financiar vivienda de interés social, el monto del préstamo podrá ser hasta del ochenta por ciento (80%) del valor del inmueble.
“2.1.6 La primera cuota del crédito no podrá representar más del treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares, los cuales están constituidos por los recursos que puedan acreditar los solicitantes del crédito, siempre que exista entre ellos relación de parentesco o se trate de cónyuges o compañeros permanentes. Tratándose de parientes deberán serlo hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil.
“3.1.7 Los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier monto sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación.
“3.1.8 Los inmuebles financiados deben estar asegurados contra los riesgos de incendio y terremoto.
“3.2 Créditos de consumo.
“Se tiende como créditos de consumo los créditos otorgados a personas naturales cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto.
“3.3 Microcrédito.
“Cada entidad vigilada deberá clasificar como microcrédito el conjunto de operaciones activas de crédito otorgadas a microempresas cuyo saldo de endeudamiento con la respectiva entidad no supere veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Por microempresa se entiende toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere diez (10) trabajadores y sus activos totales sean inferiores a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
“3.4 Créditos comerciales
“Se definen como créditos comerciales todos los créditos distintos a los de vivienda, de consumo y microcrédito definidos en los numerales 3.1 y 3.2 de este capítulo.
“Se deben clasificar en la modalidad que corresponda a cada uno de los créditos, las comisiones y cuentas por cobrar originadas en cada tipo de operación”.
Bajo este contexto, la clasificación y calificación de cartera obedece a criterios técnicos y jurídicos consagrados en un instructivo proferido por esta Entidad en ejercicio de las funciones de control y vigilancia que le competen, el cual resulta de imperativo cumplimiento para las entidades supervisadas.
De esta forma, y aunque el citado instructivo organice los créditos en consumo, comercial, microcrédito y de vivienda, ello no obsta para que dentro de la metodología interna de cada una de las entidades vigiladas se definan otras modalidades dentro de los parámetros antes señalados por cuanto ellas pueden determinar libremente el nombre que reciben sus productos, con la advertencia, de que en todo caso la contabilización de los créditos que otorguen deberán para efectos de gestión de riesgo de crédito ajustarse a una de las clases indicadas.
Así pues, un crédito distinguido como de “libre inversión”, es decir respecto del cual no se predica una destinación específica, puede a su vez hacer parte, dentro de la clasificación de riesgo señalada de un crédito de consumo, comercial o de un microcrédito, dependiendo de sus características, pero no podrá ser clasificado como de “vivienda” en razón a las condiciones y particularidades de estos últimos, los que de todas maneras deben ajustarse, a la ley 546 de 1990, el Decreto 145 de 2000 y a la instrucción ya transcrita.
Otra cosa es que a un crédito aprobado para “libre inversión” le sea exigida una garantía hipotecaria para su respaldo, en cuyo caso la designación genérica de crédito hipotecario por parte de la entidad acreedora es igualmente válida, por acción o efectos de estar amparado con una garantía de este tipo. Esa circunstancia, no obstante, no habilita a la entidad financiera para modificar el plazo; los intereses y el sistema de pago o cualquiera otra de las condiciones propias de un crédito para adquisición de vivienda a largo plazo, habida cuenta que cualquier modificación en el crédito y sus condiciones debe responder al mutuo acuerdo entre el deudor y el acreedor.
En estos términos queda atendida su consulta, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinadora Grupo de Consultas Dos