CONCEPTO 34193 DE 2003
(Agosto 22)
<Archivo: Superintendencia Bancaria>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Doctor
HÉCTOR A. NIVIA MOLINA
Crédito Hipotecario
Banco Andino Colombia S. A. en Liquidación
Carrera 7 No. 71-52 Torre 8 Local 101
Ciudad
Referencia: 2003034193-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin anexos
De manera atenta me refiero a su comunicación del 25 de junio del año en curso, radicada en esta Entidad el día 27 del mismo mes y año bajo el número citado al rubro, mediante la cual efectúa una consulta acerca de la entrega del excedente resultante entre el valor de la reliquidación de créditos a que alude la Ley 546 de 1999 y el valor aplicado al crédito de vivienda.
Sobre el particular, es preciso reiterar lo expuesto en concepto No, 2003027182-1 del 25 de junio del año en curso, en el cual esta Superintendencia se pronunció en los siguientes términos:
“... conviene recordar que el procedimiento de reliquidación y la aplicación de alivios previsto en el régimen de transición de la Ley 546 de 1999 tuvo como finalidad la reducción del saldo de los créditos individuales de vivienda a largo plazo en un monto equivalente a la diferencia obtenida entre la corrección monetaria que hubiese resultado de aplicar la UVR y la corrección monetaria efectivamente pagada, mediante la entrega de títulos de tesorería TES por parte del Gobierno Nacional a favor de las entidades financieras acreedoras para lograr una reducción efectiva de las cuotas [1 a cargo de los deudores de las mencionadas obligaciones.
“Refiriéndose a las sumas resultantes del anterior proceso, el artículo 40 de la citada ley señaló “Con el fin de contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda, el Estado invertirá las sumas previstas en los artículos siguientes para abonar a las obligaciones vigentes que hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la financiación de vivienda a largo plazo (...)“ (se subraya). A su turno, el artículo 41 reiteró que los alivios en estudio se abonarían a los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999 de las obligaciones destinadas a la financiación de vivienda a largo plazo que hubiesen sido contratadas con establecimientos de crédito, para lo cual correspondía a las entidades financieras tomar el saldo de la obligación a la fecha antes indicada y adelantar el procedimiento de reliquidación de acuerdo con los parámetros legales señalados en los artículos 41 y 42 e instructivos emitidos por esta Entidad.[2
“.. se observa que tal como fue previsto por el legislador la aplicación de los alivios resultantes del proceso de reliquidación concurrían hasta el monto del crédito vigente a 31 de diciembre de 1999,[3 advirtiendo, en todo caso, que esta carga asumida por el Estado es independiente de las demás sumas pagadas en exceso por los deudores quienes quedan en libertad de acudir ante los jueces de la República para demandar a las entidades financieras su devolución, conforme lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia C-1140 de 2000.[4''
En conclusión, no se considera jurídicamente viable la devolución efectiva de dinero a los deudores en aquellos casos en los cuales, como consecuencia del proceso de reliquidación efectuado de acuerdo con los parámetros legales, el monto del alivio a aplicar era superior al saldo de la obligación a la fecha indicada en la ley, pues, se reitera, la aplicación de los abonos iba hasta concurrencia del monto del crédito a 31 de diciembre de 1999 y no más allá. Lo anterior en el entendido de que tal devolución tenga como causa exclusiva un saldo a favor del deudor como resultado del proceso de reliquidación y no una causa diferente a esta.
De otra parte, es claro que la correcta y oportuna aplicación del procedimiento en comento era responsabilidad exclusiva de las entidades financieras, debiendo traer en beneficio del deudor el ajuste del saldo de la obligación a 31 de diciembre de 1999 mediante la aplicación del correspondiente alivio o la cancelación total de la obligación. En el primer evento el beneficio debía reflejarse en la generación de un nuevo capital, con el consecuente ajuste en el cálculo y cobro de las cuotas a cargo del deudor” (se subraya).
En los anteriores términos dejamos atendida su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ROBERTO HIGUERA RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo de Consultas Dos
1 Sobre el tema señaló la exposición de motivos de la Ley 546 de 1999 lo siguiente: “2. Ajuste de los saldos de los créditos. Se busca fundamentalmente moderar el crecimiento de los saldos de las deudas para hacerlos compatibles con la evolución de la capacidad de pago de los deudores y concentrar esta ayuda en los deudores de menores ingresos. Para los deudores al día el último día hábil bancario de 1999 y para un solo crédito de vivienda, los saldos de la deuda se reducirán en un monto igual a la resultante de la diferencia entre la corrección monetaria que hubiere resultado de aplicar la UVR y la corrección monetaria efectivamente pagada. Esta reliquidación se hará hasta por un monto de $100 millones. Cuando el monto liquidado fuere inferior al existente, el Gobierno abonará la diferencia al saldo de la deuda. Es importante recalcar que este abono que hace el gobierno a las entidades del crédito en beneficio del deudor implica necesariamente una reducción en las cuotas, lo cual hará más llevadero el servicio de la deuda y de esta manera protegerá la propiedad de la vivienda (Subrayado extratextual - Publicado en Gaceta del Congreso No. 371 del 12 de octubre de 1999, pág. 12).
2 Mediante la Circular Externa 007 de 2000 en el numeral 4) esta Superintendencia instruyó a los establecimientos de crédito sobre el proceso de reliquidación que debían adelantar para dar cumplimiento a la Ley 546 de 1999.
3 Sobre este punto recordemos lo expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-955 de 2000 en la cual, al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 40 de la Ley 546 de 1999, señaló: “Se concretan en esta norma los postulados (…) relativos a la efectiva vigencia del Estado Social de Derecho y concernientes también a la asunción anticipada por parte del Estado de las responsabilidades inherentes a los acontecimientos que precipitaron la crisis del sector inmobiliario y de crédito financiero de vivienda en los años inmediatamente anteriores. En la disposición cuestionada el ente estatal busca realizar el mandato superior del artículo 51, varias veces citado en este proceso, y se obliga a invertir sumas integrantes del patrimonio colectivo en el abono a obligaciones vigentes contraídas por las personas con establecimientos de crédito”.
4 En punto a lo anterior señaló la Corte en la citada providencia: “Pero -claro está- de las reliquidaciones resulta la obligación de las entidades financieras de devolver o abonar a sus deudores las sumas que habían recibido en exceso, y sus intereses a la misma tasa que ellas vienen aplicando, y no hay motivo válido alguno para que sea el Estado -con el dinero de los contribuyentes- el que de manera absoluta y exclusiva asuma la obligación de restituir en su totalidad los enunciados recursos, pues tal carga, asumida por el Estado, se plasme en la Ley sin perjuicio de fa responsabilidad que pueda caber a sus organismos y a sus antiguos servidores por la adopción de medidas y por la expedición de las normas que propiciaron el injusto traslado de fondos de los deudores hipotecarios a las instituciones crediticias, y también sin detrimento de los recursos que, previa sentencia judicial, corresponda restituir a las propias instituciones crediticias. Estas, en efecto, los recibieron, los usufructuaron y los invirtieron. Es de su cargo su devolución, con los réditos respectivos. (...) Así, pues, la responsabilidad voluntariamente asumida por el Estado se entiende sin perjuicio de lo que los jueces dispongan en cosos particulares, a la luz de las sentencias dictadas por esta Corporación”.