CONCEPTO 34198 DE 2001
(julio 24)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá, D. C.,
Señor
DIEGO DAVID CATAÑO R
Cr. 82 A No. 2 1-159 Casa 068
Medellín- Antioquia
Referencia: 2001034198-0
115 Consultas.
39 Respuesta Final
Sin anexos
Apreciado señor:
Me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia con el número citado al rubro, mediante la cual formula algunas inquietudes relacionadas con la calificación de los créditos de vivienda individual a largo plazo.
1. ¿La calificación de un crédito como de vivienda individual a largo plazo, esta dado por el rotulo que le de la entidad financiera o por la destinación real que haga el deudor?
3. ¿Qué parámetros se establecen para determinar que un crédito otorgado por una Entidad Financiera para LIBRE INVERSIÓN, califique como Crédito para adquisición o mejora de Vivienda?
4. ¿Los créditos otorgados por las entidades financieras a los constructores, garantizados con hipoteca sobre apartamentos que aún no han podido vender y cuya destinación es para cancelar a esas mismas entidades financieras los créditos otorgados para la construcción del conjunto de apartamentos, calificarían como créditos de vivienda?
Sea lo primero, precisar que la Superintendencia Bancaria, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), modificado por la Ley 510 de 1999, es un organismo de carácter técnico adscrito al ministerio de Hacienda y Crédito Público, al cual dentro de sus funciones, como máxima autoridad de vigilancia y control de las entidades que integran los sistemas financiero, asegurador y previsional del país, le corresponde, “instruir a las instituciones sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de las normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación” (Artículo 326, numeral 3, literal a) ibídem).
De otra parte, cabe mencionar que mediante la Ley 546 de 1999 se adoptó un nuevo sistema para la financiación de vivienda individual a largo plazo que consagró los criterios generales a los que tienen que sujetarse los créditos que se otorguen para estos efectos.
Así las cosas, con fundamento en las mencionadas facultades, y de conformidad con la Ley, esta Entidad expidió la Circular Externa 0085 de 2000 (modificada por la Circular Externa 002 de 2001), incorporadas en la Circular Externa 007 de 1996 (Circular Básica Jurídica), que actualizó el régimen aplicable a los créditos de vivienda individual a largo plazo y, entre otras, señaló:
“La Ley 546 de 2000 o Ley de Vivienda creó un sistema especializado para la financiación de vivienda individual a largo plazo.
“De acuerdo con la disposición mencionada se define como crédito de vivienda individual a largo plazo como el otorgado a personas naturales orientado a financiar la compra de vivienda nueva o usada o la construcción de una unidad habitacional.
“La financiación de vivienda individual a largo plazo podrá darse a través de líneas de crédito denominadas en UVR ligada exclusivamente al IPC o también, a través de líneas denominadas en moneda legal, siempre y cuando se otorguen a una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y se acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación en cualquier momento sin penalidad alguna”.
Igualmente, y en la medida en que las entidades vigiladas por este Organismo están obligadas a evaluar permanentemente su cartera según sus créditos obedezcan a comerciales, consumo o vivienda, profirió la Circular Externa 070 de 2000 que actualizó lo relacionado con la Clasificación de la Cartera de Créditos y de los Contratos de Leasing de la Circular Externa 100 de 1995 (Circular Básica Contable) que en el numeral 2.3 establece lo siguiente:
“Son créditos de vivienda, independientemente de la cuantía, aquéllos que cumplan con las siguientes características, en los términos de la Ley 546 de 1999:
1) Estar destinados a la adquisición y construcción de vivienda nueva o usada o para reparación, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia o para la adquisición de lotes con servicios.
2) Estar denominados en UVR o en moneda legal.
3) Estar amparados con garantía hipotecaria en primer grado, constituida sobre las viviendas financiadas.
4) El plazo de amortización debe estar comprendido entre cinco (5) años como mínimo y treinta (30) años como máximo.
5) Tener una tasa de interés remuneratoria, calculada sobre UVR, en caso de que el crédito esté denominado en UVR, y en tasa fija, en caso de que el crédito esté denominado en moneda legal. En todo caso, los intereses se deben cobrar en forma vencida y no pueden capitalizarse. La tasa de interés será fija durante toda la vigencia del crédito, a menos que las partes acuerden una reducción de la misma y deberá expresarse únicamente en términos de tasa anual efectiva.
6) El monto del crédito deberá ser hasta del setenta por ciento (70%) del valor del inmueble. Dicho valor será el precio de compra o el de un avalúo técnicamente practicado dentro de los seis (6) meses anteriores al otorgamiento del crédito. En los créditos destinados a financiar vivienda de interés social, el monto del préstamo podrá ser hasta del ochenta por ciento (80%) del valor del inmueble.
7) La primera cuota del crédito no podrá representar más del treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares, los cuales están constituidos por los recursos que puedan acreditar los solicitantes del crédito, siempre que exista entre ellos relación de parentesco o se trate de cónyuges o compañeros permanentes. Tratándose de parientes deberán serlo hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil.
8) Los sistemas de amortización deberán ser expresamente aprobados por esta Superintendencia.
9) Los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación.
10) Los inmuebles financiados deben estar asegurados contra los riesgos de incendio y terremoto.
Se consideran también créditos para vivienda los adquiridos a otras instituciones financieras que hubieren sido otorgados para los fines antes señalados.
Bajo este contexto, la clasificación y calificación de cartera obedece a criterios técnicos y jurídicos consagrados en un instructivo proferido por esta Entidad en ejercicio de las funciones de control y vigilancia que le competen, y por ende, de imperativo cumplimiento, el cual los organiza como créditos comerciales, de consumo y de vivienda.
No obstante, las entidades pueden determinar libremente el nombre que reciben sus productos, pero no por ello, estos créditos se sustraen de una de las categorías mencionadas, así es el caso de los denominados créditos de “libre inversión” que según las condiciones bajo las cuales hayan sido otorgados se clasificarán y calificarán de conformidad con éstas(1)www.superbancaria.gov.co.
Ahora bien, procede recordar que el artículo 2 de la Ley 546 de 1999 señala los objetivos y criterios de la Ley, el primero de los cuales, bajo cuya directriz, dado su origen superior, deben interpretarse y aplicarse todos los demás, consiste en “hacer efectivo el derecho a la vivienda digna” (Artículo 51 de la Constitución Nacional), derecho que se predica de las personas naturales y no de las personas jurídicas, entonces son ellas las únicas legitimadas para acceder al sistema especial de financiación de vivienda consagrado en la misma.
En consecuencia, el crédito otorgado a la persona jurídica constructor para financiar la construcción de vivienda no se clasifica como tal, así como tampoco lo es el crédito en el que se subrogue, aún cuando se pacte en las mismas condiciones de éstos, y es que los créditos otorgados a los constructores, si bien son destinados para la construcción de vivienda, no obedecen al mismo fundamento de los créditos individuales de vivienda, por cuanto tienen un propósito meramente especulativo, en el que factores como el buen uso de los fondos, la viabilidad del proyecto, la estimación de los riesgos es evaluada con especial cuidado por parte de la institución otorgante del crédito, el plazo es sustancialmente menor y los montos desembolsados son muy elevados, por lo cual no es dable aplicarles a éstos las mismas condiciones de aquellos.
2. ¿La posibilidad de demandar en un proceso ordinario los Contratos de Mutuo, es potestativo solo de las Personas Naturales o también de las Jurídicas, en lo que respecta a créditos de vivienda?.
Al respecto, se considera que en la medida en que el artículo 229 de la Constitución Nacional “garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia….“ se debe analizar, para cada caso en particular de acuerdo con las disposiciones legales o las condiciones del contrato correspondiente, si es la persona natural o jurídica, la legitimada para instaurar las acciones judiciales pertinentes, asunto que escapa de la competencia de esta agencia estatal.
En estos términos queda atendida su consulta, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinadora Grupo de Consulta Dos
1. Para mayor ilustración en relación con las condiciones que debe cumplir un crédito para ser calificado como de consumo o comercial, puede consultar el Capitulo II de esta Circular en la página web de esta Entidad, cuya dirección es www.superbancaria.gov.co icono Normatividad.