CONCEPTO 34915 DE 2003
(Agosto 8)
<Archivo: Superintendencia Bancaria>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá, D. C.,
Señora
GLORIA MARÍA YEPES VARGAS
Ingeniería de Sistemas S. de H. INGESISTEMAS
Calle 54 No. 43-12
Medellín –Antioquia
Referencia: 2003034915-0
115– Consultas
39 – Respuesta Final
Sin anexos
Me refiero a su comunicación del 13 de junio del año en curso, dirigida a la Vjceministra de Justicia y del Derecho, trasladada a esta Superintendencia y radicada el 3 de julio del mismo año con el número indicado al rubro, mediante la cual reitera unas inquietudes relacionadas con la aplicación de la Ley 546 de 1999 y su desarrollo a través de las circulares expedidas por esta Entidad.
Sobre el particular y dentro del ámbito de los asuntos de competencia de este ente de control, me permito efectuar los siguientes comentarios:
El Congreso Nacional expidió el nuevo régimen de vivienda mediante la Ley 546 de 1999, cuyo cambio fundamental lo constituye la sustitución de la unidad de cuenta determinante en los costos de los créditos individuales otorgados para la financiación de vivienda, esto es de UPAC a UVR, que opera en forma obligatoria para los que se encontraban denominados en UPAC y que como alternativa, a solicitud del deudor, pueden redenominarse en moneda legal colombiana siempre que cumplan las condiciones definidas en la ley para este tipo de obligaciones, es decir, que se pacten a una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, que los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y que se acepte expresamente el prepago total o parcial de la obligación en cualquier momento sin penalidad alguna, tal como lo dispone & parágrafo del artículo 17 de la mencionada ley.
Como se observa, el cambio de unidad de cuenta persigue depurar el sistema de vivienda subsanando los errores y vicios que tenía la unidad de valor constante UPAC modificándola a la unidad de valor real UVR, cuyo cálculo se efectúa con base en el índice de precios al consumidor.
Ahora bien, el Capítulo VIII de la Ley 546 citada determina el régimen de transición en el que se consagraron beneficios a los deudores de los créditos de vivienda individual, entre los cuales se previó la reliquidación de créditos, los cuales eran de carácter temporal y una vez aplicados perdían vigencia.
En cuanto a las reliquidaciones de los créditos que se encontraban en mora, el artículo 42 de la mencionada ley señaló que “... Los deudores hipotecarios que se encuentren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40”.
“...la entidad financiera procederá a condonar los intereses de mora y a reestructurar el crédito sí fuere necesario.
”A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41 anterior,[1 mediante la entrega al respectivo establecimiento de crédito de los títulos a que se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41“.(...)
PARÁGRAFO 3o. A las reliquidaciones contempladas en este artículo les serán igualmente aplicables el numeral 1 del artículo 41 anterior, así como lo previsto en los parágrafos primero y segundo del mismo artículo”.[2
En desarrollo de una de las funciones de control y vigilancia de esta Superintendencia, consistente en “... Instruir a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalarlos procedimientos para su cabal aplicación” (literal a., numeral 3 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), - directrices que son de obligatoria observancia para las entidades sometidas a la inspección de esta Entidad- expidió la Circular Externa No. 007 de 2000, que señala:
“Reliquidación de créditos
“Las reliquidaciones y en consecuencia los abonos, deberán efectuarse para todos los créditos de vivienda otorgados por un establecimiento de crédito y que estuvieren vigentes, con cualquier saldo y al día o en mora, el 31 de diciembre de 1999. Tendrán derecho a beneficiarse con el abono todos los créditos otorgados para una vivienda, pero solamente una vivienda por deudor.
“También tendrán derecho a la reliquidación los créditos, que además de cumplir las anteriores condiciones, se subroguen de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 39, siempre que la persona o personas que se subroguen en el crédito demuestren tener la capacidad de pago adecuada.“(…)[3
“4) Proceso de reliquidación
“Se toma el saldo del crédito a 31 de diciembre de 1992, o el monto desembolsado si el crédito fuere posterior a dicha fecha, así:
“a) Para créditos denominados en UPAC:
”i) Si el crédito fue desembolsado con anterioridad al 1 de enero de 1993, se toma el saldo en UPAC a 31 de diciembre de 1992 y se convierte a pesos con base en la cotización de la UPAC en esa fecha. El resultado se divide por el valor en pesos de la UVR correspondiente al 1 de enero de 1993.
“ii) Si el crédito fue desembolsado con posterioridad al 1 de enero de 1993, se toma el saldo en UPAC a la fecha del desembolso y se convierte a pesos utilizando la cotización de la UPAC en esa misma fecha. El resultado se divide por el valor en pesos de la UVR de ese día.
”b) Para créditos denominados en moneda legal colombiana:
”i) Si el crédito fue desembolsado con anterioridad al 1 de enero de 1993, se divide el saldo en pesos a 31 de diciembre de 1992, por el valor en pesos de la UVR el 1 de enero de 1993.
“ii) Si el crédito se desembolsó con posterioridad al 1 de enero de 1993, se divide el monto del mismo, en la fecha del desembolso, por el valor en pesos de la UVR de ese día.
”El número de UVR resultantes de aplicar lo indicado en los literales a) y b), según sea el caso, constituye el monto o saldo inicial del crédito para efectos de la reliquidación.
“La reliquidación se hará a partir de dicho monto o saldo inicial, y de ahí en adelante se tomarán uno a uno los pagos realizados por el deudor en cada una de las fechas en que se hicieron, tal como si el crédito efectivamente desde su inicio se hubiera denominado en unidades de valor real. Los pagos se aplicarán teniendo en cuenta lo siguiente:
“a) Movimientos registrados durante la vida del crédito: Del valor de cada amortización ordinaria o extraordinaria en pesos se descontarán los cobros por concepto de primas de seguros y la porción de intereses moratorias, si fuere el caso. Hecho los descuentos anteriores, el monto en pesos resultante se divide por el valor de la UVR correspondiente a la fecha de cada pago y esa cantidad de UVR serán las que se abonarán al saldo del crédito. Esto se hará sucesivamente para cada uno de los movimientos que aparezcan registrados durante la vida del crédito hasta el 31 de diciembre de 1999. Por ejemplo, si se hiciere un abono extraordinario, en la fecha de ese registro se hará la operación descrita para conocer exactamente cuál fue el monto del pago y en cuánto se redujo la obligación por efecto del mismo. Igualmente, si la entidad financiera hubiere ampliado el crédito mediante nuevos desembolsos, en las fechas de tales desembolsos se hará la conversión a UVA para determinar el nuevo saldo.
“b) Tasa de interés: Si el crédito estuviere en UPAC, se reliquidará utilizando los mismos puntos adicionales que se tuvieren convenidos en la fecha de cada pago sobre la UVR. Por ejemplo, si un crédito se pactó a corrección monetaria más 18 y posteriormente se modificó a corrección monetaria más 16, estos puntos adicionales, 18 y 16 respectivamente, se tendrán en cuenta para efectos de la reliquidación, según el que estuviere vigente el día de cada pago.[4
”Para los créditos en pesos, se aplicará la fórmula contenida en el Decreto 2702 de 1999.
“Efectuada la reliquidación en la forma descrita, incluido el crédito otorgado por Fogafin, cuando fuere el caso, se establecerá la diferencia en moneda legal colombiana entre el saldo registrado por la entidad a 31 de diciembre de 1999 y el que para esa misma fecha se haya obtenido con el proceso de reliquidación. La diferencia entre uno y otro es el valor del abono que le corresponde a cada crédito y que se aplicará a la deuda contraída con el establecimiento de crédito.
“La reliquidación correspondiente al crédito de Fogafin se abonará al saldo del préstamo con el establecimiento del crédito.
“Créditos en mora a 31 de diciembre de 1999
”Para la reliquidación de los créditos que se encontraban en mora a 31 de diciembre de 1999, se utilizará el procedimiento antes descrito, asumiendo para cada fecha de amortización de las cuotas que se encuentren atrasadas a 31 de diciembre de 1999, que el pago efectivamente se hizo, como si el deudor no hubiere incurrido en estas moras. Este mismo cálculo se hará por el sistema inicialmente contratado, de manera que a 31 de diciembre de 1999, se obtenga el saldo que el crédito hubiere tenido en UPAC o en pesos de haberse atendido oportunamente su amortización. Los dos saldos se compararán y la diferencia entre uno y otro será el alivio a que el deudor moroso tiene derecho.
“Aplicación del alivio a los créditos en mora
“El valor del alivio se destinará a cancelar las cuotas pendientes de pago en orden de antigüedad y por el valor exacto que aparezcan en la facturación excluidos los intereses moratorios, dado que tales intereses deben ser condonados y por tanto, se entenderá que las cuotas nunca estuvieron en mora, lo cual significa adicionalmente, que los intereses corrientes no pagados no podrán capitalizarse. Canceladas dichas cuotas, el remanente se abonará al capital.
“En caso de que el valor del abono no alcanzare para cubrir la totalidad de las cuotas pendientes la entidad acreedora podrá convenir con el deudor una reestructuración del crédito en los términos y condiciones que la capacidad de pago del deudor aconseje.
“Desde luego, el deudor debe acreditar la capacidad de pago para atender su obligación reestructurada, tal como lo indica la ley, dado que de no ser este el caso, el deudor estaría abocado a un proceso judicial o a entregar el bien en pago y en ambos casos, la entidad deberá reintegrar al Estado el valor del alivio”.
Del texto antes transcrito, resulta evidente deducir que los instructivos impartidos por esta Superintendencia para la aplicación de la Ley 546 de 1999 no contradicen lo previsto en la ley, como lo señala en su comunicación.
Las disposiciones en comento, contemplan la finalidad de los alivios en cuestión, que consistió en contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda procurando solucionar los problemas por los que ha atravesado tan importante derecho constitucional, que generaron los pronunciamientos de la Corte Constitucional a que se refiere en su petición.
Ahora bien, en punto a su interrogante, en el sentido que “…en el caso muy particular del BCH es reiterativo el hecho de no brindar el detalle de la información con el cual se liquida el saldo a deber”, el artículo 20 de la Ley 546 de 1999 señaló: “Durante el primer mes de cada año calendario, los establecimientos de crédito enviarán a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda una información clara y comprensible, que incluya como mínimo una proyección de lo que serían los intereses a pagar en el próximo año y los que se cobrarán con las cuotas mensuales en el mismo período, todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia Bancaria. Dicha proyección se acompañará de los supuestos que se tuvieron en cuenta para efectuaría y en ella se indicará de manera expresa, que los cambios en tales supuestos, implicará necesariamente modificaciones en los montos proyectados...”
(se subraya).
Así mismo, el artículo 21 de la misma normatividad prevé que “Los establecimientos de crédito deberán suministrar información cierta, suficiente, oportuna y de fácil comprensión para el público y para los deudores respecto de las condiciones de sus créditos, en los términos que determine la Superintendencia Bancaria.
Durante el primer mes de cada año calendario, los establecimientos de crédito enviarán a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda una información en las condiciones del presente artículo”.
En desarrollo de lo anterior, el numeral 6 de la Circular Básica Jurídica expedida por esta Superintendencia (Circular Externa No. 007 de 1996) establece:
”En cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999, las entidades destinatarias de este instructivo deberán remitir a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda vigentes y para los nuevos que se otorguen, una información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de sus créditos, de manera tal que el usuario conozca suficientemente la operación del sistema, la composición de las cuotas, el comportamiento del crédito durante su vigencia y las consecuencias de su incumplimiento.
Dicha información será suministrada al público y a los deudores al momento de ofrecer el producto y, a partir del otorgamiento del préstamo, será remitida a los mismos durante el primer mes de cada año calendario, en los términos del artículo 20 citado, sin perjuicio de que pueda ser solicitada por el deudor en cualquier momento durante la vida del crédito.“(…)
6.2 Extractos
Los extractos suministrados a los clientes por parte de los establecimientos de crédito deberán detallar de manera precisa el nombre del titular, número de crédito, sistema de amortización, tasa de interés pactada y cobrada en el correspondiente período expresada en términos efectivos anuales aún cuando se haya pactado en términos nominales, cotización de la UVR, fecha de corte de la obligación y fecha límite de pago, número de la cuota que se cancela, número de cuotas pendientes para el pago total del crédito, plazo inicial del mismo, saldo de la obligación y la discriminación del pago anterior indicando el monto amortizado a capital, intereses comentes y de mora, si es del caso, así como los pagos efectuados por concepto de seguros. Las cifras que se incluyan en el extracto deberán reflejarse en UVRs y en pesos, si la obligación se encuentra denominada en UVRs.
6.3 Anualmente
Con el objeto de que los deudores de créditos de vivienda cuenten con los elementos de juicio necesarios a que se refiere el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, los establecimientos de crédito deberán remitir dentro del primer mes de cada año la siguiente información:
a. El comportamiento histórico del crédito indicando para el año inmediatamente anterior cómo se aplicaron los abonos a capital (en UVR y en pesos), los valores por concepto de seguros (incendio, terremoto, vida, etc.), los correspondientes a intereses y el saldo de la obligación (en UVR y en pesos).
b. Una proyección del crédito para el año en curso, con las indicaciones señaladas en el subnumeral 6.1.2 de este capítulo.
c. En los casos en que la proyección del año anterior no coincida con el comportamiento real del crédito durante ese período, el establecimiento de crédito podrá acompañar una explicación de las causas que dieron origen a tal situación” (se subraya).
Frente a todo lo anterior, debe concluirse que las entidades vigiladas por este organismo de control deberán suministrar a sus clientes información con la cual se liquide el saldo a deber, según los parámetros antes señalados y en los términos y condiciones aquí previstos y en todo caso, cuando el deudor lo solicite.
Sin embargo, debe observarse que mediante Decreto 20 de enero 12 de 2001, se ordenó la disolución y liquidación del Banco Central Hipotecario. En consecuencia, si considera que la entidad financiera no ha acogido los supuestos de hecho de las disposiciones antes referidas, con anterioridad a la expedición del mencionado decreto podrá presentar la queja formal ante la Subdirección de Quejas de esta Entidad, para efectos de establecer la procedencia de las medidas administrativas a que haya lugar.
En este sentido se ha pronunciado esta Superintendencia, en oficio No. 2000006319-1 de febrero 22 de 2000, en los siguientes términos:
“(...) las instituciones financieras y aseguradoras en liquidación, a partir de dicha medida, dejan de estar sometidas al control y la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, no sólo por cuanto suspenden todas sus actividades, sino también porque la dirección y responsabilidad del proceso liquidatorio se encuentra radicada, de manera exclusiva, en cabeza del liquidador quien está sujeto al seguimiento del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras tal como lo dispone el artículo 296 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”.
Ahora bien, en cuanto a las inquietudes sobre las tarifas de los servicios prestados por una entidad financiera “... La Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 2 de mayo de 1968 con ponencia del magistrado Guillermo Ospina Fernández, declaró inexequible el Decreto 1988 de 1966 que autorizaba a la Asociación Bancaria de Colombia para unificar las tarifas de cobro de comisiones por la prestación de los servicios bancarios y, a su vez, facultaba a la Superintendencia Bancaria a efectos de que aprobara dichas tarifas y vigilara el cumplimiento que las entidades les daban, so pena de imponer las sanciones legalmente previstas. Esta sentencia en uno de sus apartes afirma '(...) es así que no existe ley alguna que autorice al Gobierno o a la Superintendencia Bancaria para fijar las tarifas de los bancos para los servicios que prestan (...)'.
“En este orden de ideas, las entidades financieras tienen plena autonomía para fijar las tarifas que cobran por concepto de los servicios que prestan a sus clientes, siempre que éstas les hayan sido previamente informadas, y de la misma manera, estos últimos tienen libertad para decidir si aceptan las condiciones -por tratarse de contratos de adhesión- o desistir de convenir con la institución que les ofrece el servicio para acudir a otra de las alternativas que existen en el sector financiero'”[5
Bajo el contexto de lo expuesto, los establecimientos de crédito tienen la atribución de cobrar por los servicios que presten una cantidad de dinero que la misma fije.
En los anteriores términos dejamos atendida su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ROBERTO HIGUERA RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo de Consultas Dos
1 El mencionado numeral 2 establece que “El establecimiento de crédito reliquidará el saldo total de cada uno de los créditos, para cuyo efecto, utilizará la UVR que para cada uno de los días comprendidos entre el 1o de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999, publique el Ministerio de Hacienda y Crédito Público…”.
2 Este artículo se refiere a los abonos por concepto de reliquidación a los créditos de vivienda que se encuentren al día.
3 Los numerales 1 y 2 del aparte denominado “Reliquidación de Créditos” de la Circular en mención fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en Sentencia del 27 de febrero del año en curso, Consejera Ponente: Dra. María Inés Ortiz Barbosa, Radicación No. 11001-03-27-000-2001-0325-01-12712.
4 Respecto de este inciso, la Sentencia del Consejo de Estado atrás citada señala: “ESTÉSE a lo decidido en la sentencia de noviembre 27 de 2002 Exp. 11354 Actor: María Consuelo Romero Millán y otros, MP. Dra. Ligia López Díaz“, providencia que sobre el particular precisa: “Observa la Sala que en primer lugar, se trata de una instrucción para efectos de la reliquidación de los créditos ordenada en la ley. Allí la Superintendencia no ha sustituido a la autoridad competente para determinar las tasas de interés. Se limitó a presentar unos ejemplos relacionados con el factor de la remuneración del crédito, indicando que los puntos adicionales a la corrección monetaria pactados entre la entidad crediticia y el usuario, deben mantenerse. (…) La instrucción se limita a ejemplarizar la forma de respetar lo pactado entre la entidad financiera y el usuario en relación con la tasa remuneratoria y en ningún momento modifica la tasa de corrección monetaria UVR, cuya determinación es de privativa competencia del Banco de la República”
5 Superintendencia Bancaria. Concepto radicación No. 98014285-2 del 6 de abril de 1998.