CONCEPTO 35603 DE 2003
(Septiembre 9)
<Archivo: Superintendencia Bancaria>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá, D. C.
Señora
MELBA NELLY LABRADOR MORALES
Carrera 53 A No. 4 A -40 Int. 1 Apto 402
Calleja de las Américas
Ciudad
Referencia: 2003035603-0
115 – Consultas
39– Respuesta Final
Con anexos
En atención a su comunicación radicada en esta Superintendencia el 8 de julio del año en curso con el número indicado al rubro, mediante la cual plantea unas inquietudes relacionadas con la negación de un crédito por parte de unas entidades financieras en razón a que se encuentra reportada en una central de riesgos y solicita sea revisada la reliquidación de los créditos relacionados en su petición, me permito efectuar los siguientes comentarios:
Es del caso precisar que la Superintendencia Bancaria de Colombia es un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las entidades que realicen la actividad financiera, previsional y aseguradora, expresamente consagradas en numeral 2o del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Dentro de las facultades legales de este organismo de control están las de ejercer directamente la inspección y vigilancia sobre las entidades que conforman el sector financiero en aras de velar porque adecuen su formación, estructuración y funcionamiento a las prescripciones legales que reglamentan la materia y porque en ejercicio de las actividades constitutivas de su objeto social, cumplan igualmente con las disposiciones legales reguladoras de la política monetaria, crediticia y financiera adoptada por el Gobierno Nacional.
Con fundamento en lo anterior y frente a la primera inquietud, es de anotar que las operaciones llevadas a cabo y las obligaciones que surgen para las partes contratantes intervinientes constituyen aspectos sobre los cuales esta Superintendencia no tiene competencia.
Así, las entidades financieras en virtud de la actividad profesional que adelantan, gozan de autonomía para fijar dentro de sus políticas internas y en sus manuales correspondientes los requisitos que consideren viables a fin de evaluar el riesgo y aceptar o negar un crédito de acuerdo con el estudio que efectúe de los documentos que se alleguen para tal fin.
En efecto, después del estudio del crédito la entidad financiera respectiva podrá decidir si aprueba o por el contrario niega el otorgamiento del mismo, condicionando así la concesión de operaciones activas de crédito, por cuanto el riesgo que conlleva la colocación de los recursos es responsabilidad directa del intermediario financiero.
Dado lo anterior, si considera que la entidad financiera mencionada ha incurrido en alguna irregularidad le sugiero dirigirse a la defensoría del cliente de la misma para que, de acuerdo con los parámetros previstos en el artículo 24 de la Ley 795, el Decreto 690, las Circulares Externas Nos. 007, 016 y 026, todos del 2003 y demás normas concordantes, aclare la situación presentada.
No obstante lo anterior y por tener alguna relación con las inquietudes planteadas en su escrito, es de observar que la Corte Constitucional ha sostenido que la permanencia del reporte en los bancos de datos no puede ser indefinida y que los registros negativos no tienen vocación de perennidad por lo cual, después de ponerse el ciudadano al día en sus obligaciones, merece que se borren las anotaciones negativas de los archivos de las centrales de riesgo, por no corresponder a la realidad o no ser actuales. En ese sentido, afirma la Corte que los datos caducan y una vez producida la caducidad deben ser eliminados del correspondiente sistema de modo definitivo.[1
Para el efecto, a falta de norma legal exactamente aplicable, la Corte ha indicado que el término prudencial de caducidad “se establece en dos años para los pagos voluntarios y en cinco años para los pagos forzados” y, para el caso en que la mora haya sido inferior a un año “el término de caducidad será igual al doble de la misma mora”[2
Opina la Corte Constitucional que los plazos señalados en esa materia en la Sentencia SU-082 de 1995 operan a falta de expresa disposición normativa y “si bien es cierto, no pueden tomarse como obligatorios y erga omnes, son pautas jurisprudenciales aplicables para resolver casos semejantes, por lo menos hasta que el legislador subsane el vacío existente en el ordenamiento jurídico”[3
En cuanto a su segunda pregunta, me permito manifestarle que con el propósito de lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de lo dispuesto en el No. 5 [4]
de la Circular Externa No. 007 del 2000 expedida por esta Superintendencia y para cumplir con las funciones asignadas por el Gobierno Nacional de verificar Las cuentas de cobro que presentaron las entidades vigiladas a la Nación por concepto de Títulos de Tesorería-TES-Ley 546, este Despacho expidió la Circular Externa No. 048 de ese mismo año, mediante la cual imparte instrucciones a los establecimientos de crédito acerca de la información que deben remitir en la proforma F. 0000-50 creando para el efecto el formato 254, que contiene la información individual referente a los créditos de vivienda reliquidados de las entidades vigiladas.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o del Decreto 249 del 2000 modificado en parte por el artículo 2o del Decreto 2221 del 2000, “La Superintendencia verificará que la información allegada por las entidades acreedoras coincidan con los registros contables de las cuentas por cobrar a cargo de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y remitirá a la Dirección General de Crédito Público la información allegada por la entidad”.
Así pues, con fundamento en las funciones encomendadas, esta Entidad puede revisar las reliquidaciones enviadas por las entidades financieras en aras de verificar que las cuentas de cobro mencionadas se ajusten a los parámetros previstos al efecto.
Ahora bien, con base en la información suministrada por la Subdirección de Actuaría de esta Superintendencia me permito señalar que la señora Melba Nelly Labrador Morales, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.497.666 tenía un crédito de vivienda otorgado por Colmena, con un saldo a 31 de diciembre de 1999 de $8.544.446 y obtuvo un alivio de $442.062; igualmente obtuvo un beneficio por valor de 28.498 aplicado sobre el crédito concedido por Fogafin, según consta en los formatos 254 remitidos por La institución financiera citada, los cuales se adjuntan.
Frente a la existencia de dos créditos, me permito manifestarle de conformidad con el parágrafo 1o del artículo 40 de la Ley 546 de 1999 “Los abonos a que se refiere el presente artículo solamente se harán para un crédito por persona. Cuando quiera que una persona tenga crédito individual a largo plazo para más de una vivienda, deberá elegir aquel sobre el cual se hará el abono e informarlo al o a los respectivos establecimientos de crédito de los cuales sea deudor. Si existiera más de un crédito para la financiación de la misma vivienda, el abono podrá efectuarse sobre todos ellos. En caso de que el crédito haya sido reestructurado en una misma entidad, la reliquidación se efectuará teniendo en cuenta la fecha del crédito originalmente pactado.” (resaltado).
De acuerdo con lo anterior, se tiene que la persona que tuviera varios créditos para la adquisición de viviendas diferentes debió elegir sobre cuál se haría el abono; en caso contrario, es decir, si los créditos se destinan para una misma vivienda el alivio se aplicaría a todos ellos.
En ese orden de ideas es claro que le correspondía al deudor que tuviera créditos para la adquisición de más de una vivienda informar directamente a los respectivos establecimientos financieros sobre cuál de ellos deseaba recibir el abono, toda vez que de aceptar más de uno sin hacer la restitución correspondiente en un término de 30 días conlleva las sanciones penales establecidas para la desviación de recursos públicos.
Por último, debe precisarse que no corresponde a esta Superintendencia la revisión de las liquidaciones efectuadas por los establecimientos de crédito en virtud de la Ley 546 de 1999, tal como lo señala la Corte Constitucional en su fallo C-955 del 2000 y de conformidad con la respuesta que sobre este tema emitió el Consejo de Estado en concepto del 1o de diciembre de 1999 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, Magistrado Ponente Dr. César Hoyos Salazar, Rad. No. 1.245, frente a una consulta elevada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los siguientes términos:
“Ahora bien, en cuanto se refiere a los contratos particulares, esto es, a los contratos de mutuo para vivienda, con garantía hipotecaria y bajo la modalidad del sistema UPAC, celebrados entre los particulares y las corporaciones de ahorro y vivienda y el BCH, corresponde la revisión de los mismos, la reliquidación de los créditos y la devolución de lo que los deudores hayan cancelado en exceso, a los jueces de la República, ante demanda judicial presentada por cada persona interesada, ya que tales declaraciones y condenas sobre contratos de derecho privado constituyen el ejercicio de una función jurisdiccional -la decisión sobre una controversia jurídica particular- asignada a la competencia de la rama jurisdiccional, no a una autoridad administrativa como la Superintendencia Bancaria” (negrilla fuera de texto).
En términos dejamos atendida su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ROBERTO HIGUERA RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo de Consultas Dos (E)
1 Sentencia T-527 de mayo 8 del 2000, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. Veanse también SU-082 y SU-089 de 1995, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.
2 lbidem.
3 Sentencia T-521/00.