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CONCEPTO 35970 DE 2003

(Octubre 3)

<Archivo: Superintendencia Bancaria>

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8202

Bogotá, D. C.,

Señor

JUAN CARLOS VARGAS

jcvarsar@cable.net.co

Referencia: 2003035970-0

115 Consultas

39 Respuesta Final

Sin anexos

Apreciado señor:

Me refiero a su comunicación remitida por correo electrónico y radicada en esta Superintendencia con el número citado al rubro, mediante la cual consulta “…cuales (sic) son las leyes normas y decretos que regulan a las entidades bancarias para el otorgamiento de créditos hipotecarios”.

Sobre el particular entendemos que se hace referencia al otorgamiento de créditos para vivienda a largo plazo, aspecto respecto del cual debe observarse que la Ley 546 de 1999 constituye un cuerpo normativo orientado a regular de manera general un nuevo sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo, que definió criterios generales y creó instrumentos de ahorro destinados a dicha financiación, procurando proteger el derecho a la vivienda digna.

Bajo tal contexto, el artículo 17 de la mencionada Ley establece los criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para fijar las condiciones que deben regir los créditos de vivienda individual a largo plazo, en los siguientes términos:

“1. Estar destinados a la compra de vivienda nueva o usada o a la construcción de vivienda individual.

“2. Tener una tasa de interés remuneratoria, calculada sobre la UVR, que se cobrará en forma vencida y no podrá capitalizarse. Dicha tasa de interés será fija durante toda la vigencia del crédito, a menos que las partes acuerden una reducción de la misma y deberán expresarse única y exclusivamente en términos de tasa anual efectiva.[1


“3. Tener un plazo para su amortización comprendido entre cinco
(5) años como mínimo y treinta (30) años como máximo.


“4. Estar garantizados con hipotecas de primer grado constituidas sobre las viviendas financiadas.


“5. Tener un monto máximo que no exceda el porcentaje, que de manera general establezca el Gobierno Nacional, sobre el valor de la respectiva unidad habitacional, sin perjuicio de las normas previstas para la financiación de vivienda de interés social subsidiable.


“6. La primera cuota del préstamo no podrá representar un porcentaje de los ingresos familiares superior al que establezca, por reglamento, el Gobierno Nacional.
[2'

 
“7. Los sistemas de amortización tendrán que ser expresamente aprobados por la Superintendencia Bancaria.
[3

 
“8. Los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación.


“9. Para su otorgamiento, el establecimiento de crédito deberá obtener y analizar la información referente al respectivo deudor y a la garantía, con base en una metodología técnicamente idónea que permita proyectar la evolución previsible tanto del precio del inmueble, como de los ingresos del deudor, de manera que razonablemente pueda concluirse que el crédito durante toda su vida, podría ser puntualmente atendido y estaría suficientemente garantizado.


“10. Estar asegurados contra los riesgos que determine el Gobierno Nacional”.

 
Así mismo, en desarrollo de la citada disposición el Gobierno Nacional expidió el Decreto 145 del 2000, por medio del cual se establecen las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, en los siguientes términos:


“a. Monto del Crédito: Podrá financiarse hasta el setenta por ciento (70%) del valor del inmueble. Dicho valor será el precio de compra o el de un avalúo practicado dentro de los seis (6) meses anteriores al otorgamiento del crédito.


“En los créditos destinados a la financiación de vivienda de interés social podrá financiarse hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del inmueble.


“b. Límite para la primera cuota: La primera cuota del crédito no podrá representar más del treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares.


“Los ingresos familiares están constituidos por los recursos que puedan acreditar los solicitantes del crédito, siempre que exista entre ellos relación de parentesco o se trate de cónyuges o compañeros permanentes. Tratándose de parientes deberán serlo hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil.


“c. Seguros: Los inmuebles financiados deberán estar asegurados contra los riesgos de incendio y terremoto”.

 
Así mismo, sobre la materia esta Superintendencia expidió instrucciones a sus entidades vigiladas a través del Capitulo Cuarto, Título Tercero de la Circular Básica Jurídica (No. 007 de 1996) y de los numerales 2 y 3 del Capítulo II de la Circular Básica Financiera y Contable (No. 100 de 1995), la cuales puede consultar en nuestra página web, en la dirección: www.superbancaria.qov.co icono “Normativa”.


Ahora bien, con base en lo anteriormente expuesto y respetando los presupuestos transcritos, las entidades financieras -dentro de las cuales se encuentran los establecimientos bancarios, clasificación que incluye a las anteriormente denominadas corporaciones de ahorro y vivienda, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5o de la Ley 546 de 1999, a partir de la vigencia de la misma éstas instituciones tienen la naturaleza de bancos comerciales- señalan las condiciones exigidas para la aprobación de un préstamo, las cuales se encuentran comprendidas en las políticas internas de las mismas.


En todo caso, después del estudio del crédito la entidad financiera respectiva podrá decidir si aprueba o por el contrario niega el otorgamiento del mismo, condicionando así la concesión de operaciones activas de crédito, por cuanto el riesgo que conlleva la colocación de los recursos es responsabilidad directa del intermediario financiero.


Así las cosas, se infiere con claridad que las instituciones financieras en virtud de la actividad profesional que adelantan, gozan de autonomía para fijar dentro de sus políticas internas y en sus manuales correspondientes los requisitos que consideren viables a efecto de evaluar el riesgo.


En los anteriores términos dejamos atendida su solicitud, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.


Cordialmente,


PILAR CABRERA PORTILLA

Coordinador Grupo de Consultas Dos

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