CONCEPTO 36898 DE 2002
(abril 19)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8203
Bogota, D. C.,
Doctora
SUSANA GÓMEZ RODRÍGUEZ
Coordinadora
Comité de Trabajo de Usuarios- Nuevo Mercado de Renta Fija
Bolsa de Valores de Colombia
Carrera 8 No. 13-82, Piso 4
Ciudad
REFERENCIA: 2001036898-0
115 Consultas
39 Respuesta final
Sin anexos
Apreciada doctora:
Damos respuesta a su comunicación radicada bajo el número de la referencia, mediante la cual consulta si para los efectos previstos en el Decreto 648 de 2001, las entidades aseguradoras con capital público “…deben considerarse como entidades financieras”. Sobre el particular resulta procedente formular las siguientes consideraciones:
1. En primer término debe indicarse que no existe en nuestro ordenamiento legal vigente una definición de lo que se entiende por entidad o institución financiera; los desarrollos legislativos sobre el particular se limitan a señalar las entidades consideradas como tales sin adentrarse en conceptos que permitan distinguir su objeto específico.
En efecto, la Ley 45 del 990 en su artículo 90 señala que para efectos de la misma “...se entiende por instituciones financieras las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros”. Entre tanto, el anterior Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 1730 de 1991, en la Parte Primera, Título I, Capítulo I, consideraba como instituciones financieras a los establecimientos de crédito, los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, las sociedades de capitalización y las sociedades de servicios financieros.
En el mismo sentido el Decreto 663 de 1993, mediante el cual se actualizó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se refiere en el artículo 1º a la estructura general del sistema financiero y asegurador, señalando las entidades que lo integran.
Así las cosas, si acudimos a la doctrina encontramos que las instituciones financieras de definen como “...las personas jurídicas que, con autorización del Estado, hacen de la captación, manejo, aprovechamiento, e inversión de dineros provenientes del ahorro del público, y de la prestación de servicios complementarios al crédito y a la actividad financiera, su profesión habitual. Su función económica es la de movilizar el ahorro de la sociedad, asignar crédito de acuerdo con el mercado, transformar los riesgos propios de la actividad financiera, efectuar una actividad de transformación de plazos y mantener un fluido sistema de pagos dentro de la economía
.
2. Por lo que hace referencia las compañías de seguros, indistintamente de su naturaleza jurídica, la normativa subraya que su actividad es aseguradora. En efecto, el constituyente de 1991, en el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia consideró que la actividad aseguradora es de interés público y dispuso, en consecuencia, que ésta sólo puede desarrollarse previa autorización estatal.
El requisito antes señalado se encuentra desarrollado en el artículo 35 de la Ley 45 de 1990, incorporado en el numeral 3 del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, según el cual “Solo las personas previamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria se encuentran debidamente facultadas para ocuparse de negocios de seguros en Colombia. En consecuencia se prohíbe a toda persona natural o jurídica distinta de ellas el ejercicio de la actividad aseguradora” (negrillas ajenas al texto).
En el numeral 2 del artículo 38 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se indica que la actividad aseguradora es la realizada por las empresas o cooperativas de seguros. Es así como en el numeral mencionado se señala: “Se encuentran sometidas a las disposiciones de este Estatuto, las empresas que se organicen y funcionen como compañías o cooperativas de seguros. Cada vez que se aluda en este estatuto a la actividad aseguradora, a operaciones o a negocios de seguros, se entenderán por tales las realizadas por este tipo de entidades...” (negrillas no son del texto).
En el numeral 3 del mismo artículo se señala: “El objeto social de las compañías y cooperativas de seguros será la realización de operaciones de seguros...“.
La anterior cita normativa sirve para distinguir que la actividad que desarrollan las entidades aseguradoras es especial en tanto comporta operaciones de seguros, a diferencia de la desarrollada por las instituciones financieras cuya característica fundamental es la captación, manejo, aprovechamiento y colocación de dineros provenientes del ahorro del público.
Así las cosas, merced a las anteriores consideraciones no se pueden considerar como instituciones financieras a las aseguradoras, toda vez que su actividad no es la propia de esta clase de entidades.
3. De otra parte, en cuanto hace alusión a la aplicación del Decreto 648 de 2001 a las entidades con capital público, se debe precisar que el artículo primero del mismo determina su ámbito de aplicación en los siguientes términos:
“El presente decreto se aplica a los actos y contratos que en relación con los excedentes, impliquen de cualquier manera el depósito, la disposición, adquisición, manejo, custodia, administración de dinero, de títulos y en general de valores, por parte de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras”.
A su turno el artículo 4 del citado decreto estableció la obligación a cargo de las precitadas entidades de realizar sus operaciones de valores directamente a través de sistemas transaccionales autorizados por la Superintendencia de Valores, condicionada, de conformidad con lo previsto en parágrafo del mismo artículo “…a que las entidades sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Valores que administren recursos de terceros o que actúen por cuenta de estos, estén obligadas a utilizar sistemas transaccionales, igualmente cuando las Sociedades Fiduciarias respecto de la administración colectiva de Fondos Comunes, las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías y las Compañías de Seguros sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, también se encuentren obligadas a utilizar los mencionados sistemas”.
En este orden, respecto de la obligación precitada debe señalarse que mediante el Decreto 2341 de 2001 se dictaron “...normas tendientes a garantizar que las operaciones de compraventa de valores, realizadas en el país por los inversionistas institucionales, se realicen a través de un sistema electrónico transaccional”; disposición que fue modificada a su vez por el Decreto 2865 de 2001, el cual en su artículo 1º se refiere a operaciones realizadas, entre otras entidades, por las aseguradoras en general y en sus parágrafos 1º y 2º limita la obligación de utilizar los sistemas en comento a determinadas operaciones. En efecto, el citado artículo establece:
“Operaciones a través de sistemas electrónicos transaccionales. Las operaciones que se relacionan a continuación, realizadas por entidades aseguradoras y fondos comunes de inversión administrados por sociedades fiduciarias, deberán efectuarse a través del mercado transaccional bursátil u otro sistema electrónico transaccional autorizado por la Superintendencia de Valores:
1. Operaciones con títulos de renta fija y renta variable.
2. Operaciones con títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización y,
3. Operaciones repo activas.
PARÁGRAFO 1o. Para el caso de las entidades aseguradoras, las operaciones a las que se refiere el presente artículo serán aquellas efectuadas con recursos provenientes del Sistema General de Riesgos Profesionales, de los patrimonios autónomos previstos en el decreto 94 de 2.000 y de las reservas de los demás ramos de la seguridad social, como son entre otros los seguros de pensiones definidos en la Ley 100 de 1993, los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, los seguros de enfermedades de alto costo y el seguro obligatorio de accidentes de tránsito.
PARÁGRAFO 2o. Las operaciones que con recursos de los fondos voluntarios de pensiones efectúen la entidades aseguradoras, las sociedades fiduciarias y las sociedades administradoras de fondos de pensiones, deberán realizarse a través del mercado transaccional bursátil u otro sistema electrónico transaccional autorizado por la Superintendencia de Valores.
Con base en las consideraciones realizadas se concluye que una aseguradora con capital estatal se encontraría obligada a utilizar los sistemas transaccionales a que alude el numeral 1 del artículo 648 de 2001, por razón de su actividad no financiera y en tanto se cumpla la condición prevista en el parágrafo del artículo 4 del mismo decreto. Lo anterior, sin perjuicio de la observancia a las disposiciones que regulen la utilización de estos sistemas por entidades aseguradoras.
En los anteriores términos hemos dado respuesta a su consulta, con el alcance previsto por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Atentamente,
PILAR QUINTERO RODRIGUEZ
Coordinadora Grupo de Consultas Tres
1. Néstor Humberto Martínez Neira. Sistemas Financieros. Biblioteca Felabán. Santafé de Bogotá. 1994, pág. 221.