CONCEPTO 37367 DE 2004
(julio 22)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8201
Bogotá D. C.,
Señor
JORGE MARTÍNEZ RINCÓN
Calle 78 No. 8 - 02 apto 103
Ciudad
Referencia: 2004037367-0
115 Consultas
39 Respuesta final
Sin anexos
Apreciado señor:
Me refiero a su comunicación radicada con el número citado en la referencia, mediante la cual solicita se le informe de una parte, si esta Superintendencia absuelve consultas telefónicas o por escrito relativas a la solidez financiera de los establecimientos bancarios, y de otra, si es posible a través de la Superintendencia Bancaria acceder a información, tales como las notas a los estados financieros, cartera castigada, solidez respecto al capital y capitalizaciones o gozan de reserva bancaria.
Sobre el particular, me permito efectuar los siguientes comentarios.
1. Calificación de solidez financiera de los establecimientos de crédito.
Al respecto, cabe manifestar que dentro de las funciones asignadas por la ley a esta Superintendencia no le corresponde efectuar juicios de valor sobre la solidez financiera de una u otra entidad vigilada, ya que dicha valoración le corresponde a cada uno de los interesados con base en las diferentes publicaciones que efectúa este Órgano de control.
Sobre el particular, valga traer a colación lo expuesto por este Despacho en su oficio número 1999045133-2 del 9 de agosto da 1999, dirigido a la Secretaria de Hacienda de Santafé de Bogotá, en el siguiente sentido: “(...) corresponde directamente a los tomadores de riesgos y en particular a aquellos agentes encargados de la evaluación de inversiones y de sus riesgos implícitos, tales como corredores de bolsa, agencias evaluadoras, analistas financieros y, por supuesto, a los directores financieros, vicepresidentes, profesionales en áreas y departamentos afines tanto de empresas privadas como públicas, de los órdenes central y descentralizado tanto de nivel nacional como departamental y municipal, evaluar la bondad de determinada inversión de portafolio efectuando el seguimiento permanente de los diferentes emisores de los títulos que la incorporan”.
Ahora bien, para dicho análisis la Superintendencia Bancaria publica mensualmente varios informes que pueden ser consultados en Internet en la página www.superbancaria.gov.co En ella encontrará una reseña básica que muestra la situación de una entidad, cuál es el indicador del patrimonio técnico (que corresponde a un control de ley mensual que muestra la solidez o respaldo patrimonial de la entidad a sus operaciones activas, cuyo nivel mínimo establecido es del 9%), la evolución de la cartera de créditos (que muestra el riesgo crediticio) y principales variables de las cuentas del balance y el estado de pérdidas y ganancias.
Adicionalmente, existen otros indicadores financieros que se calculan trimestralmente como lo son los de rentabilidad, eficiencia financiera, eficiencia administrativa y riesgo de crédito, análisis que se publica en el Informe de Coyuntura Trimestral, disponible igualmente en Internet. Esta información le permite a los diferentes funcionarios dentro del giro propio de sus obligaciones, adoptar y responder por sus decisiones.
Sobre este tema resta indicar que en el icono “información periódica” de dicha página se encuentran los datos relacionados con el patrimonio técnico, cartera de crédito, principales variables del sector vigilado y las hojas financieras, en el icono de “estados financieros”, el balance y estado de pérdidas y ganancias, y en el icono de “informes de coyuntura”, los informes de coyuntura de los establecimientos de crédito.
2. Reserva Bancaria.
Tratándose de las notas de los estados financieros es de señalar que de acuerdo con lo señalado por el artículo 114 del Decreto 2649 de 1993 en concordancia con el artículo 41 de la Ley 222 de 1995, éstas hacen parte de los estados financieros, objeto de publicación. En consecuencia, no son reservadas.
De otra parte, en relación con la cartera castigada cabe destacar que, de conformidad con lo señalado en el Capítulo V de la Circular Externa 100 de 1995 de esta Superintendencia, las entidades deben presentar una relación de los castigos de activos de los cuales sean titulares, que han sido debidamente aprobados por la Junta Directiva. Dicha relación, suscrita por el Representante Legal, debe ser remitida con los estados financieros en los cuales se efectúa el registro contable correspondiente.
En tal sentido, la información relacionada con la cartera castigada aparece en dichos estados financieros los cuates pueden ser consultados, tal como quedó señalado.
De todas formas, conforme a lo prescrito por el numeral 1º del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 23 de la Ley 795 de 2003, es deber de las entidades vigiladas “(...) suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decís/rifles informadas”.
Precisa igualmente, que la información correspondiente a los activos -cartera- y patrimonio -capital- de las entidades vigiladas no está sujeta a reserva “(…) sin perjuicio del deber de sigilo que estas tienen sobre la información recibida de sus clientes y usuarios”.
En ese orden de ideas, la información sobre capital tampoco se encuentra sujeta a reserva, no obstante los juicios sobre la solidez debe efectuarlo el interesado conforme quedó expuesto.
En el caso de las órdenes de recapitalización, las cuales tal y como lo ha expresado esta Superintendencia en concepto 2000047456-2 del 25 de septiembre de 2000, hacen parte de aquellos institutos de salvamento previstos en la Ley, en orden a proteger la confianza pública en el sistema financiero, y de que trata el artículo 113 numeral 2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los siguientes términos:
La recapitalización es una medida cautelar para evitar que las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria incurran en la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios, o para subsanarla. En el evento en que se establezca dicha medida, corresponderá a la Superintendencia Bancaria ordenar las recapitalizaciones correspondientes, de acuerdo con las disposiciones legales (se resalta).
Entre las varias razones que se esbozan como fundamento de la existencia de esta clase de medida cautelar se cuenta la de preservar la estabilidad del sistema de pagos, aspecto que la doctrina más autorizada en nuestro medio ha puesto de relieve así:
”(…) cuando se debilita la confianza en los operadores o estos interrumpen abruptamente el flujo de recursos dentro del sistema por suspensión en el pago corriente de sus obligaciones, la sociedad reacciona volviendo a mecanismos primarios de transacción y pago, de análogo funcionamiento a los utilizados en economías de trueque, restándole eficiencia a las operaciones mercantiles e imponiéndoles mayores costos. De esta suerte, frente al inminente riesgo de cesación de una institución financiera la puesta en marcha de instrumentos que propenden por su regularización puede tener la virtud de evitar los traumatismos que sobrevienen en tales casos para el normal funcionamiento del sistema de pagos”.[1
A juicio del mismo tratadista, una medida de tal naturaleza debe adoptarse con sujeción a una serie de principios básicos “que concilien adecuadamente la equidad, la eficacia, el menor costo y un positivo impacto en las actuaciones estatales”, entre los que se cuenta el apenas obvio de la discreción:
”Las operaciones de salvamento deben desarrollarse en un ambiente de discreta intervención para evitar la generación de un pánico colectivo. Si así ocurre y se actúa con sentido de la oportunidad se evitarán nuevos colapsos”.[2
Ciertamente, por tratarse de un mecanismo esencialmente preventivo su aplicación procede de ordinario en escenarios de normal funcionamiento de la entidad, lo que per se explica la necesidad de desplegarlo con la mayor prudencia, so pena de inducir eventuales distorsiones en el mercado con efectos generalmente sistémicos.
De acuerdo con lo anterior, tales órdenes son de carácter reservado como quiera que dan cuenta de una información puntual obtenida por esta Superintendencia en desarrollo de funciones de inspección y vigilancia, la cual está precedida de un detenido análisis de la situación financiera de la entidad y un estudio detallado de sus libros y papeles, que dado su carácter de reservado,[3 no puede ser divulgada por a entidad de control como o ordena el artículo 20 de la Ley 57 de 1985 al disponer que “El carácter de reservado de un documento no será oponible a las autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo prescrito en este articulo”.
En los anteriores términos dejamos atendida su consulta, con el alcance establecido para esta clase de pronunciamientos por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
YACKELIN ARTEAGA GÓEZ
Coordinadora Grupo de Consultas Uno (E)
1. Néstor Humberto Martínez Neira. Sistemas Financieros. Fundamentos Jurídicos y económicos para la iniciación de su estudio en América Latina. Biblioteca Felabán. Bogotá, 1994, pag. 435.
2. Op. Cit. Pag. 443
3. Los libros y papeles del comerciante, salvo los balances de publicación, están sujetos a la reserva comercial de que trata el artículo 61 del Código de Comercio y a la prevista para los informes de visita por el artículo 337 numeral 3 del Decreto 663 de 1993 a cuyas voces “Todo inspector debidamente nombrado y posesionado bajo juramento, cuando haya recibido para ello comisión del superintendente, deberá sin demora revisar la entidad designada en dicha comisión y rendir al Superintendente un informe jurado sobre el resultado de su examen. Todos los informes de los inspectores y agentes especiales serán comunicados confidencialmente y no podrán hacerse públicos”.