Buscar search
Índice developer_guide

CONCEPTO 37714 DE 2002

(noviembre 14)

Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8202

Bogotá, D.C.,

Señora

SONIA ESPERANZA MONROY VARELA

Carrera 50 Bis No. 128 B-41

Ciudad

REFERENCIA: 2002037714-0

115 Consultas

39 Respuesta Final

Con Anexos

Apreciada señora:

Me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número indicado al rubro, mediante la cual luego de transcribir las normas de la Ley 546 de 1999, solicita información y planeta algunas inquietudes, las cuales se proceden a resolver a continuación.

“Se me envíe la forma de cálculo para la equivalencia entre la UVR y la UPAC”.

Al respecto, es pertinente aclarar que para los efectos relativos a la reliquidación de los créditos para vivienda que se otorgaron con base en la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento del numeral 2 del artículo 41 de la Ley 546 de 1999 expidió la Resolución 2896 del 29 de diciembre del mismo año, por la cual se publica el valor de la Unidad de Valor Real -UVR- para cada uno de los días comprendidos entre eh0 de enero de 1.993 y el 31 de diciembre de 1.999, la cual se anexa en fotocopia para mayor ilustración.

“Les agradezco se me informe los sistemas de amortización que tiene el Fondo Nacional de Ahorro que trata el numeral 7 del artículo citado”.

En primer lugar, es pertinente aclarar que cuanto a los sistemas de amortización aprobados por esta Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 17 de la Ley 546 de 1999, desde la creación de la Unidad de Valor Real -UVR-, los mismos se encuentran en la Circular Externa No. 085 del 29 de diciembre de 2000 e incorporados en el numeral 5, Capítulo Cuarto del Título III, de la Circular Básica Jurídica (No. 007 de 1996), la cual puede consultar en nuestra página web www.superbancaria.gov.co

No obstante, es de aclarar que para el otorgamiento de créditos para vivienda y de acuerdo con lo señalado en el nuevo régimen de la materia, el Fondo Nacional del Ahorro dentro de los sistemas de amortización que aprobó esta Superintendencia decidió utilizar y aplicar el denominado “Cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por períodos anuales”, la cual se determina de la siguiente manera:

Las cuotas mensuales durante cada anualidad (aniversario) del crédito son decrecientes en UVR. Para cada período anual del crédito se repite la serie de doce cuotas decrecientes. El decremento anual equivalente debe ser igual a la inflación proyectada y no podrá modificarse durante el plazo.

C = D/ Rä Ni

donde:


C = Cuota del primer mes de cada año del crédito en UVR


Ct = C(1-g)t - 1 para t= 2,3,4,...11,12


g = decremento mensual equivalente a la inflación proyectada g = (1+Inf)1/12-1

äNi

 
= El valor presente de N pagos anuales unitarios anticipados a la tasa efectiva anual i

D = Monto de la Deuda en UVR


N = Plazo en años


l = tasa efectiva anual remuneratoria sobre UVR


R = Valor presente de 12 pagos mensuales decrecientes a una tasa mensual equivalente a la inflación proyectada que no podrá modificarse durante el plazo con primer pago igual a una unidad.

“De acuerdo con el numeral anterior (8 del artículo 17 de la Ley 546 de 1999) se me aplicaron las cesantías a capital pero las cuotas mensuales me las aplicaron a intereses deseo saber si en la próxima aplicación las puedo abonar a capital e intereses” (El texto entre paréntesis es nuestro).


En relación con este asunto, en primer lugar entendemos que se hace referencia a la aplicación de las próximas cesantías que se causen, caso para el cual se deben tener en cuenta las parámetros contenidos en el reglamento de crédito vigente para el momento en que se otorgó el mismo y, evidentemente, lo pactado en el respectivo contrato celebrado con el Fondo Nacional del Ahorro a efecto de determinar las condiciones bajo las cuales pudo pactarse la destinación y aplicación de las cesantías correspondientes, lo cual necesariamente conlleva a que usted proceda a efectuar la revisión de dichos documentos para establecer en forma concreta la aplicabilidad prevista en ellos.

No obstante, valga recordar que a partir de la Ley 546 de 1999, los pagos mensuales -cuotas- que se hagan a un crédito para vivienda, deben aplicarse a intereses y capital, pues la cuotas pertinentes deben liquidarse teniendo en cuenta estos dos ítems.

Además, a título informativo conviene precisar que el numeral 4, Capítulo Cuarto, Título III de la Circular Básica Jurídica, señala la aplicación de los pagos efectuados en los créditos de vivienda, en los siguientes términos:

“Cada pago se aplicará en el siguiente orden: primas de seguros, intereses de mora si fueron pactados y se han causado y cuota o cuotas predeterminadas vencidas o causadas en orden de antigüedad, es decir, cubriendo todos los componentes de las cuotas mas atrasadas. Salvo manifestación expresa en contrario del deudor, si después de cancelar la última cuota causada hasta la fecha de pago queda un excedente inferior a la cuota subsiguiente, éste se abonará como pago parcial de la misma, si el excedente es mayor o igual al valor de una cuota, se aplicará como abono a capital.

“Teniendo en cuenta que los créditos pueden prepagarse total o parcialmente sin castigo, y que en caso de prepago parcial el deudor tiene derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación, después de cada prepago y de conformidad con la voluntad del deudor, la entidad crediticia deberá actualizar la proyección de las cuotas y su correspondiente distribución.

 “Todas las primas de seguros deben liquidarse en pesos. Para el caso del seguro de vida deudores la entidad deberá informar periódicamente al deudor la tasa con la cual se liquida la prima. Para los demás seguros deberá informar adicionalmente el valor asegurado” (se resalta).

Así mismo, el numeral 8 del Manual ABC de los créditos de vivienda reitera lo dispuesto en la circular mencionada al precisar:

“Cualquier pago hecho al crédito se debe aplicar en el siguiente orden:

“Primas de seguros.

“Intereses de mora su fueron pactados y causados.

“Cuotas predeterminadas vencidas o causadas en orden de antigüedad”.

En consecuencia, si al realizarse un pago por un valor mayor a la cuota, se presentan dos situaciones:

Si el excedente es inferior a la cuota subsiguiente, se abonará como pago parcial de la misma, según el orden de aplicación antes señalado.

Si el excedente es igual o mayor al valor de la cuota se abonará a capital. Lo anterior, en concordancia con los prepagos, los cuales de conformidad con el numeral 8 del artículo 17 de la Ley 546 de 1999, deben aceptarse en cualquier momento durante la vida del crédito sin penalidad alguna y abonarse a capital, con el objeto de disminuir el valor de la cuota o el plazo del crédito a elección del deudor.

En tal sentido, si las aplicaciones de cesantías a que se refiere en la primera parte se entiende como un prepago, debe aplicarse a capital, tal como lo indica la disposición citada, pues no es posible que se haga a intereses futuros.

“De otra parte, cual de las entidades vigiladas por ustedes tiene la tasa de interés efectiva mas baja o si el FNA tiene la tasa de interés por debajo de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda”.

La tasa de interés más baja del mercado fue un concepto que manejó por primera vez la Honorable Corte Constitucional en Sentencia 955 de 2000 (mediante la cual se pronunció acerca de las demandas de inconstitucionalidad incoadas contra la Ley 546 de 199), al señalar que “... la Junta, en su condición de autoridad monetaria y crediticia, mediante acto motivado en que se justifique su decisión, deberá fijar la tasa máxima de interés remuneratorio que se puede cobrar por las entidades financieras en este tipo de créditos. Ella, a su turno, será siempre inferior a la menor de todas las tasas reales que se estén cobrando en el sistema financiero, según certificación de la Superintendencia Bancaria, sin consultar factores distintos de los puntos de dichas tasas, e independientemente del objeto de cada crédito, y a la tasa menor se le deberá descontar la inflación para que no se cobre doblemente”.

Así las cosas, si bien es cierto la Junta Directiva del Banco de la República consideró dicho referente para establecer los límites máximos a las tasas de interés de los créditos de vivienda consagrados en la Resolución 14 del 2000, y para tal fin esta Entidad se pronunció en comunicación del 1 de septiembre del 2000 dirigida al Doctor Miguel Urrutia como Gerente General de la Junta Directiva del Banco de la República, constituye un indicador que no ha sido tenido en cuenta en otro contexto ni mucho menos con anterioridad a la fecha de la sentencia.

Por lo tanto, la “tasa más baja del mercado” se calculó para tales efectos y a una fecha específica como lo fue el 30 de junio de 2000, razón por la cual, en lo demás, es preciso considerar los límites contemplados en las disposiciones generales, de acuerdo con la certificación que al efecto expide esta Entidad, la cual podrá también podrá consultar en la página web de esta Superintendencia.

De ahí en adelante, cualquier tasa es válida siempre y cuando se respeten los topes máximos legales, y para establecer si la tasa que ofrece el F.N.A. es la más baja del mercado el usuario del crédito goza del acceso a la información que suministran directamente las entidades financieras, pues las publicadas en nuestra página de Internet no hacen referencia a los créditos de vivienda y, además, como se anotó líneas atrás no es de nuestra competencia establecer las citadas tasas de interés.

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 deseo se me informen las modalidades de crédito que tiene el Fondo Nacional del Ahorro para ver si puedo cambiar la modalidad del crédito que tengo con ellos”.

El artículo 20 de la citada normativa estableció la alternativa de reestructuración del crédito, como una forma de ayudar a los deudores para que de manera anticipada y de conformidad con la información anual que le remita el establecimiento de crédito acreedor del comportamiento de su obligación, pueda solicitar ajustes al plan de amortización pactado, atendiendo las condiciones particulares de cada uno.

En desarrollo de esta disposición, la Superintendencia Bancaria en el Capítulo IV del Título III de la Circular Básica Jurídica, numeral 12 instruyó respecto de unas condiciones que deberán ser objeto de verificación por parte de la institución financiera al momento de estudiar la solicitud de reestructuración antes comentada, las cuales se relacionan a continuación, para su mayor información:

“a) Que la primera cuota del crédito una vez reestructurado, que esté dispuesto a pagar el deudor, en ningún caso represente más del treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares, de conformidad con el Decreto 145 de 2000.

“b) Que el saldo de la obligación a la fecha de solicitud de la reestructuración no exceda el setenta por ciento (70%) del valor del inmueble o el ochenta por ciento (80%) tratándose de vivienda de interés social.

El valor del inmueble se establecerá mediante avalúo técnico realizado por profesionales, personas naturales o jurídicas, inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores con formado por la lista de las entidades autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con Decreto 422 de 2000.

“c) Que el plazo contemplado para reestructurar la obligación no supere treinta (30) años, contados a partir de la fecha del desembolso del crédito.

“d) Que el reporte de endeudamiento con el sector financiero permita concluir que el deudor está en capacidad de cumplir con la obligación hipotecaria de vivienda.

“e) Que la entidad no haya presentado demanda ejecutiva en contra del deudor por la obligación respecto de la cual se solicita la reestructuración.

“f) Que no existan embargos sobre la garantía a la fecha de solicitud de la reestructuración.

“g) Que el deudor no se encuentre tramitando un proceso concursal.

“h) Que la solicitud de reestructuración del crédito sea presentada dentro de los dos primeros meses de cada año calendario y sea suscrita por todos los obligados, así como los documentos a través de los cuales se instrumente la obligación.

“Lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad acreedora de acordar con sus deudores reestructuraciones de un crédito en cualquier momento, de acuerdo con la percepción de riesgo que en cada caso se tenga” (se resalta).

En consecuencia, tratándose de esta posibilidad y solo respecto de créditos de vivienda, es la entidad financiera quien debe analizar las condiciones individuales de cada deudor (disminución de la capacidad de pago, divorcio, retiro de trabajo, etc.), bajo las instrucciones señaladas en el mencionado instructivo, y sólo en caso de presentarse controversia entre el deudor y el acreedor, esta Superintendencia se encuentra facultada para establecer si se presentan condiciones objetivas que hagan necesaria la reestructuración del crédito, según el fallo de la Honorable Corte Constitucional C-955 del 2000, que se pronunció en los siguientes términos:

“Es justamente ese último propósito el que aparece claramente complementado por la posibilidad, destacada en el artículo, de que, debidamente informados, los deudores puedan solicitar y obtener la reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de amortización a su real capacidad de pago.

Eso significa, por una parte, que los planes de amortización no son inmodificables durante la vida del crédito, y, por la otra, que la oportunidad de reestructuración, llamada a hacer posible y efectivo el pago de la obligación, se tendrá periódicamente -dentro de los dos primeros meses de cada año calendario-, evitando situaciones insalvables e irreversibles desde el punto de vista financiero, que conduzcan a las circunstancias de incumplimiento forzado, que constituyeron una de las causas primordiales de la crisis que mediante la Ley 546 de 1999 se ha pretendido conjurar.

La Corte encuentra también exequible el aludido aparte del artículo, aunque considera necesario condicionar su exequibilidad a que, conocidas por la institución financiera las condiciones objetivas, acepte y efectúe la reestructuración solicitada. Desde luego -como ya se dijo-, la controversia en tomo a si existen o no esas situaciones objetivas debe ser solucionada por la Superintendencia Bancaria, en ejercicio de sus funciones”.

En conclusión, la figura de la reestructuración puede solicitarse y acordarse en cualquier momento durante la vida del crédito, pero puede ser obligatoria para la entidad acreedora si se solicita en virtud del artículo 20 de la Ley 546 de 1999, siempre y cuando se verifiquen los parámetros contenidos en el Capítulo IV, Título III de la Circular Básica Jurídica y se solicite con el propósito de ajustar el sistema de amortización acordado a la actual capacidad de pago del deudor pudiendo para el efecto ampliar el plazo de la obligación, el cual en todo caso no será mayor de 30 años.

Bajo este escenario, conviene precisar que para los efectos pertinentes a la reestructuración de su crédito deberá dirigirse directamente a la entidad y acordar con la misma todos aquellos aspectos tendientes a la aplicación de dicha figura, teniendo en cuenta que el F.N.A. a través de sus órganos de administración y de acuerdo con las disposiciones que rigen su actividad, tan solo ha utilizado el sistema de amortización a que se hizo referencia inicialmente.

En los anteriores términos dejamos atendida su solicitud, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

PILAR CABRERA PORTILLA

Coordinador Grupo de Consultas Dos

×
Volver arriba