CONCEPTO 37731 DE 2003
(Octubre 2)
<Archivo: Superintendencia Bancaria>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá D. C.,
Señor
REINALDO FIGUEROA MALAMBO
Carrera 2 No. 14-38 Piso 2
Dorada-Caldas
Referencia: 2003037731-0
115 – Consultas
39 – Respuesta final
Sin anexos
Apreciado señor:
Me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia con el número citado al rubro, mediante la cual plantea unas inquietudes relacionadas con créditos de vivienda, a continuación se procede a dar respuesta a las mismas en el orden en que fueron formuladas:
“1.- En relación a los auxilios otorgados por el gobierno o el estado para las viviendas compradas a crédito con el extinto Banco Central Hipotecario ese auxilio se lo cobran al deudor o no lo paga el deudor”.
Bajo el entendido de que su interrogante alude a la reliquidación de los créditos de vivienda individual, conviene recordar que la Ley 546 de 1999 y en especial el régimen de transición previsto en el Capítulo VIII de la misma, la consagró como un alivio en beneficio de los deudores de obligaciones individuales a largo plazo para vivienda que se encontraran vigentes al 31 de diciembre de 1999, independientemente de que estuvieren al día o en mora y que hubieran sido otorgados por un establecimiento de crédito.
En este mismo sentido es preciso tener en cuenta que el artículo 40 de la citada reglamentación, al referirse a los abonos que resultaran como consecuencia de la reliquidación de dichos créditos, estableció: “Con el fin de contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda, el Estado invertirá las sumas previstas en los artículos siguientes para abonar a las obligaciones vigentes que hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la financiación de vivienda individual a largo plazo (...)” (se subraya y resalta).
Por su parte, el parágrafo 2o de la disposición en comento prevé que “Quien acepte más de un abono en violación de lo dispuesto en este numeral, deberá restituir en un término de treinta (30) días los abonos que hubiera recibido en desarrollo de lo dispuesto en esta ley y los decretos que la desarrollen; si no lo hiciere incurrirá en las sanciones penales establecidas para la desviación de recursos públicos. La restitución de las sumas abonadas por fuera del plazo antes señalado deberá efectuarse con intereses de mora, calculados a la máxima tasa moratoria permitida por la ley”.
A este respecto expresó la Corte Constitucional en Sentencia C-955 del 2000, expedientes D-2823 y D-2828, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, -providencia en la cual se resolvieron algunas demandas de inconstitucionalidad incoadas contra la Ley 546 de 1999, lo siguiente:
“El legislador encontró, entonces, una situación creada, de excepcional gravedad, de cuya solución dependía no solamente la buscada reactivación económica sino la atención inmediata de la crisis individual y familiar causada por los aludidos factores, con inmenso perjuicio para miles de personas.
“El Estado, a través de la Ley, se anticipó a reconocer su eventual responsabilidad, al menos parcial, en los motivos que llevaron al colapso, y asumió voluntariamente los costos inherentes al resarcimiento de los deudores perjudicados, quienes durante años efectuaron pagos por conceptos que esta Corte halló después inconstitucionales, y tanto él como las instituciones financieras se vieron enfrentados a la inminencia de un sinnúmero de demandas legítimamente instauradas ante los jueces por los afectados, con miras a la reliquidación de sus créditos y a la devolución o abonos de las cifras ya canceladas en exceso.
“(…)
“Anota la Corte que, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, la que deberá establecerse judicialmente en cada caso, se justifica que el mismo Estado, motu proprio, con miras a la prevalencia del bien común, aporte, sin que sea requisito un previo fallo judicial, algunos de los recursos necesarios para contener la perturbación del orden social” (se subraya).
Así mismo, la sentencia mencionada expuso las siguientes consideraciones, frente al artículo 40 antes referido:
“Se concretan en esta norma los postulados que ya fueron objeto del análisis genérico efectuado por la Corte en la presente providencia, relativos a la efectiva vigencia del estado Social de Derecho y concernientes también a la asunción anticipada por parte del Estado de las responsabilidades inherentes a los acontecimientos que precipitaron la crisis del sector inmobiliario y de crédito financiero de vivienda en los años inmediatamente anteriores.
“En la disposición cuestionada el ente estatal busca realizar el mandato superior del artículo 51, varias veces citado en este proceso, y se obliga a invertir sumas integrantes del patrimonio colectivo en el abono a obligaciones vigentes contraídas por personas con establecimientos de crédito.
“Ello no puede catalogarse como subsidio, pues no corresponde tal concepto a los antecedentes verídicos del establecimiento de la normatividad en tela de juicio, ni tampoco es posible que se lo catalogue como auxilio, de aquellos prohibidos por la Constitución en favor de particulares (art. 355 C.P.), sino que debe encasillarse en la función de respuesta del ente estatal frente a una circunstancia grave y crítica que amenazaba con descomponer, de manera inminente e incontrolable, el orden económico y social de la República.
“(…)
“Es claro según lo expuesto, que se trata de dineros públicos, entregados por el Estado para solucionar en forma anticipada una crisis social de grandes proporciones, y en esa medida podía el legislador fijar las condiciones de su asignación a particulares, y contemplar las sanciones penales por su eventual desviación” (se subraya).
En esa dirección, el artículo 1o del Decreto 2221 del 30 de octubre del 2000, que modificó el artículo 7o del Decreto 249 del 18 de febrero del mismo año -antes citado-, y que fue modificado posteriormente por el artículo 1 del Decreto 712 del 2001, previó dentro de las causales de devolución a la Nación de Títulos de Tesorería, TES, Ley 546:
“Por renuncia a un abono. Cuando el deudor hipotecario hubiere elegido el crédito sobre el cual quiere que se aplique el abono de que trata el artículo 40 de la Ley 546 de 1999, deberá comunicar por escrito su renuncia al abono sobre otros créditos, silos hubiere. Si el abono al cual se está renunciando se hubiere efectuado con anterioridad a la renuncie del deudor, la entidad correspondiente deberá reversar el abono aplicado al crédito y devolver de inmediato a la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Títulos de Tesorería, TES, Ley 546 junto con los intereses pagados, de acuerdo con el procedimiento que se establezca para tal efecto.
“El pago del abono sobre el crédito elegido se efectuará mediante la expedición de Títulos de Tesorería, TES, Ley 546 en los términos y de conformidad con los procedimientos previstos, una vez se haya efectuado la correspondiente devolución del abono al cual se renunció”.
De todo lo expuesto se observa que los abonos por concepto de reliquidación de créditos previstos en la Ley 546 de 1999 corresponde a sumas invertidas por el Estado como un alivio para los deudores de crédito de vivienda, dada la situación de inestabilidad económico-social vivida.
”2.. El deudor debe pagar intereses sobre los intereses de las cuotas atrasadas y no pagadas oportunamente, es decir si una cuota mensual no se paga y esta produce un interés a la vez se debe pagar interés de dicho interés.
“3.. El interés moratoria se calcula dividiendo el interés corriente en doce meses y sumándole 0.5% o sumándole 1.5%, o como (sic) es la forma correcta de liquidarlo”.
Inicialmente es del caso precisar lo que se entiende por interés de plazo o remuneratorio e interés de mora, respecto de lo cual la Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación civil de febrero 24 de 1975, señaló: “Los intereses remuneratorios son los causados por un crédito de capital durante el plazo que se ha otorgado al deudor para pagarlo, y los moratorios, los que corresponden a la indemnización de perjuicios que debe satisfacer el deudor cuando ha incurrido en mora de pagar la cantidad debida (...)” (resaltado es del texto).
Como se observa, el interés remuneratorio es el que se causa en el período de tiempo en el cual el deudor se ha obligado a cancelar la acreencia respectiva, mientras que el moratorio es el que se debe en el evento en que haya pasado el término para el pago de la obligación y se liquida con base en la cuota vencida, en las obligaciones cuya cancelación se ha pactado por instalamentos -como en el caso expuesto en su consulta-, salvo pacto en contrario.
Ahora bien, debe señalarse que corresponde a esta Superintendencia (artículo 326, numeral 6o. literales c) y d) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 83 de la Ley 795 del 2003) certificar la tasa de interés bancario corriente, para los efectos previstos en el artículo 884 del Código de Comercio y en el artículo 305 del Código Penal, con base en la cual se calcula el tope de usura al que deben sujetarse las entidades vigiladas en tratándose del cobro de réditos durante el plazo o en caso de mora.
No obstante, es preciso recordar que bajo el esquema del mercado existente en Colombia, las tasas de interés son libres, es decir, tanto en operaciones activas como pasivas, el interés responde a un acuerdo entre las partes quienes con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad fijan las condiciones que han de regir los convenios que celebren, con sujeción a los límites legales.
En torno al tema de los límites a las tasas de interés, este organismo impartió instrucciones a sus vigiladas mediante Circular Externa No. 051 del 2000, respecto de la cual proceden tas siguientes conclusiones:
- El interés remuneratorio que se pacte en las operaciones celebradas por las instituciones vigiladas es libre y responde a los requerimientos del mercado mientras la Junta Directiva del Banco de la República no establezca límites.
- El límite del interés moratorio que pueden cobrar tas entidades financieras en sus operaciones no puede sobrepasar a una y media veces el interés bancario corriente certificado por esta Superintendencia.
- De conformidad con el artículo 305 del Código Penal, el delito de usura se tipifica cuando se cobran intereses superiores a una y media veces el interés bancario corriente que certifica la Superintendencia Bancaria de Colombia.
- Tanto la tasa de interés remuneratorio como moratorio deben respetar los límites legales.
En consecuencia, para calcular del tope más alto de intereses moratorios así como de la tasa de usura, se debe tener en cuenta el interés que para el período correspondiente, se encuentre determinado como el interés bancario corriente según certificación de la Superintendencia Bancaria de Colombia.
Así, para establecer si la tasa cobrada excedió o no el tope durante el período correspondiente debe tomarse la tasa de interés bancario corriente vigente para el lapso de tiempo respectivo y sumarie la mitad de la misma, mes a mes.
Para los efectos pertinentes, en la página de Internet de esta Superintendencia, cuya dirección es www.superbancaria.qov.coencontrará el histórico del interés bancario corriente, discriminado en términos efectivo anual, información con la que podrá realizar la liquidación a que haya lugar.
Vale la pena resaltar, una vez consultada la Subdirección de Actuaría que no es correcto dividir tasas de interés en términos efectivo anual para encontrar su equivalente mensual sino que es preciso acudir a las fórmulas que para esa finalidad han elaborado los expertos en esa materia.
Ahora bien, el artículo 19 de la Ley 546 de 1999 prevé: “En los préstamos de vivienda a largo plazo de que trata la presente ley no se presumen los intereses de mora. Sin embargo, cuando se pacten, se entenderá que no podrán exceder una y media veces el interés remuneratorio pactado y solamente podrán cobrarse sobre las cuotas vencidas. En consecuencia los créditos de vivienda no podrán contener cláusulas aceleratorias que consideren de plazo vencido la totalidad de la obligación hasta tanto no se presente la correspondiente demanda judicial o se someta el incumplimiento a la justicia arbitral en los términos establecidos en la correspondiente cláusula compromisoria. El interés moratorio incluye el remuneratorio”.
En desarrollo de lo anterior, el numeral 3.4 del Capítulo Cuarto del Título Tercero de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 007 de 1996 de esta Entidad) señala que “En caso de presentarse mora en el pago de cuotas periódicas y de haber sido pactado el pago de intereses por mora, éstos se liquidarán en forma simple sobre las cuotas vencidas, por el tiempo de la mora, a la tasa pactada que, en todo caso, no podrá exceder de una y media veces el interés remuneratorio pactado”.
No sobra señalar que para efectos del interés remuneratorio se estableció una tasa máxima para los créditos destinados a la financiación de vivienda individual a largo plazo, las cuales están previstas en las Resoluciones Externas Nos. 14 y 20 del 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República.
“4.- Ante la entidad CENTRAL DE INVERSIONES CISA que adquirió los créditos del B.C.H, ustedes pueden hacer algún control, e igualmente en ellas existe el defensor del cliente, y en que dirección queda ubicado”
La Superintendencia Bancaria de Colombia es un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las entidades que realicen la actividad financiera, previsional y aseguradora, expresamente consagradas en el numeral 2o del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por los artículos 71 a 74 de la Ley 795 del 2003, dentro de las cuales no está comprendida la Central de Inversiones CISA.
Sin embargo, debe observarse que cuando los hechos que originan la inconformidad ocurren con anterioridad a la cesión de los créditos a Cisa, conocerá esta Superintendencia por tratarse de una entidad sometida a su control y vigilancia. Por el contrario, si la situación se presenta con posterioridad a la aludida cesión deberá ser solucionada inicialmente por las partes contratantes y de no haber acuerdo, corresponderá a la autoridad judicial, definir las posibles diferencias o controversias que en un caso concreto se deriven con relación al tema consultado, para lo cual habrá de tenerse en cuenta las condiciones particulares en que se hubiere realizado la operación crediticia.
Dado lo anterior y teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 795 del 2003 y demás normas concordantes, solamente las entidades vigiladas por esta Superintendencia deben contar con un defensor del cliente, la entidad citada no está obligada a tener esta institución, por cuanto no está sometida al control y vigilancia de esta Entidad.
De esta forma hemos dado curso a su solicitud, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinador Grupo de Consultas Dos