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CONCEPTO 38579 DE 2000

(julio 28)

Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8200

Doctora

MARTHA BECERRA DE SIGSBY

Coordinadora Nacional de Bienestar Social

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Avenida 15 No. 100-43

Ciudad

Referencia: 2000038579-0

115 Consultas

39 Respuesta final

Sin anexos

Apreciada doctora:

Damos respuesta a su oficio 8232-007645, radicado bajo el número de la referencia, en relación con el cual resultan procedentes los siguientes comentarios:

Dentro del ámbito de la competencia dispositiva que asiste a los particulares para ejecutar actos de autorregulación de sus intereses, las compañías de seguros son autónomas para celebrar contratos de seguros si legal, técnica y económicamente resulta una operación factible o, por el contrario, para no celebrar el respectivo contrato según su libre albedrío, considerando que no existe un régimen legal que las conmine a asumir amparos no aceptados voluntariamente, salvo claro está, los denominados seguros obligatorios creados por la ley, al tenor de lo señalado en el artículo 94 de la ley 45 de 1990, incorporado en el articulo 191 del estatuto orgánico del sistema financiero(1).

A su vez el artículo 1056 del Código de Comercio establece que “Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado” (el resaltado no es del texto), disposición que reconoce la posibilidad que aquél tiene para seleccionar los riesgos de acuerdo con la experiencia obtenida en el desarrollo de su actividad.

Es así como el asegurador mediante la suscripción de la póliza de seguro decide otorgar determinados amparos supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, de tal manera que solo en el evento en que se presenten estos deberá cumplir con su obligación de indemnizar.

De igual forma, adicionalmente puede incorporar en la póliza determinadas estipulaciones, contentivas de circunstancias que aún siendo origen del evento dañoso o efecto del mismo, no obliguen al asegurador a la prestación señalada en el contrato de seguro, las cuales se conocen generalmente con el nombre de exclusiones.

Establecida tal delimitación causal, en caracteres destacados en la primera página de la póliza de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el asegurador responderá sólo dentro de los límites convenidos contractualmente en virtud del principio consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, a cuyo tenor el contrato es ley para las partes.

Tratándose de seguros de vida, en los cuales generalmente las exclusiones únicamente hacen referencia al suicidio del asegurado ocurrido dentro del año o los dos años a partir de la iniciación de la vigencia del seguro, las enfermedades y dolencias del asegurado padecidas antes de la celebración del contrato, conocidas como “preexistencias”, por lo común determinan que el asegurador en atención a la gravedad de las mismas decida en ejercicio de la autonomía precitada y con base en lo establecido por el artículo 1056 del estatuto mercantil no asumir el riesgo o, en el mejor de los casos, asumirlo condicionado a la cancelación de una prima mayor.

En este sentido debe resaltarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1058 del Código de Comercio, previamente a la celebración del contrato de seguro el tomador está en la obligación de declarar sinceramente todos los hechos y circunstancias que rodean el estado del riesgo que el asegurador va a asumir, con el fin de que éste pueda conocer su extensión y otorgar un consentimiento que no se encuentre errado.

La declaración puede darse de dos maneras: mediante la absolución de un cuestionario que la aseguradora le suministre en el cual se formulan preguntas específicas, o bien a través de una declaración espontánea en la cual el tomador informa, según su criterio, los hechos o circunstancias que rodean el riesgo. En todo caso, para cualquiera de las dos opciones la declaración debe ser sincera y exacta atendiendo el principio de la buena fe que informa este contrato, pues de lo contrario el tomador debe atenerse a las consecuencias de la norma precitada.

Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia en fallo de octubre 18 de 1995 señaló:

“En efecto, en lo tocante al contrato de seguro el concepto de buena fe adquiere mayor severidad porque, a diferencia de muchos otros contratos en que la astucia o habilidad de las partes pueden llevarlas a obtener ciertas ventajas amparadas por la ley, en el contrato de seguro esta noción ostenta especial importancia, porque tanto en su formación como en su ejecución él se supedita a una serie de informaciones de las partes que muchas veces no implican verificación previa. Generalmente estas manifestaciones en lo que respecta al tomador o asegurado las hace al solicitar el seguro, las que exige la ley deben hacerse con pulcritud, que sean verídicas y que no haya callado ni ocultado circunstancias que de conocer el asegurador, no habría consentido en el contrato, o habría consentido en él bajo otras condiciones.

“Las exigencias legales sobre la obligación de declarar sinceramente todas las circunstancias necesarias para apreciar exactamente el riesgo que se va a cubrir, además de ser requisito del objeto, constituyen la motivación para contratar. De allí que el estatuto de Comercio contenga en los dos primeros incisos del artículo 1058 severos parámetros de conducta al tomador del seguro (...).

Se trata como ya se anotó, de exigencias legales para la contratación, tendiente a que el consentimiento del asegurador se halle libre de todo vicio, especialmente del error, para que pueda conocer en toda su extensión el riesgo que va a asumir, exigencias que deben cumplirse cualquiera que sean las circunstancias en que se produzcan tales declaraciones(...).

(...)

“No obstante, el mismo artículo 1058 en cita, establece las circunstancias que conducen a que la reticencia o la inexactitud no operen. Ellas son: a) Cuando la aseguradora ha conocido o debido conocer antes de celebrarse el contrato los hechos o circunstancias que versan sobre los vicios de la declaración, caso en el cual no puede alegar la nulidad relativa del contrato como tampoco pretender la reducción de su obligación, porque si la aseguradora ha conocido la realidad y acepta asumir el riesgo, no ha sufrido engaño. Y si por la naturaleza del riesgo solicitado para que sea asegurado y por la información conocida y dada por el tomador, la compañía aseguradora, de acuerdo con su experiencia e iniciativa diligente, pudo y debió conocer la situación real de los riesgos y vicios de la declaración, mas sin embargo no alcanza a conocer por su culpa, lógico es que dicha entidad corra con las consecuencias derivadas de su falta de previsión, de su negligencia para salir de la ignorancia o del error inicia/mente padecido; y b) Cuando después de celebrado el contrato, la aseguradora tiene conocimiento de la reticencia o la inexactitud en que incurrió el tomador y guarda silencio, se entiende que lo allana, lo acepta, evento en el que tampoco puede alegar la nulidad del negocio jurídico, pues lo lógico es que tan pronto conozca las circunstancias que la indujeron al error no esté dispuesta a mantener el contrato y tome las medidas del caso, pero no que nada diga y se espere a que se dé el siniestro para alegar la reticencia o inexactitud, porque, como quedó dicho, con su silencio allanó el vicio” (Sala de Casación Civil, Expediente No. 4640, Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta).

En los anteriores términos hemos dado respuesta a su consulta, con el alcance a que hace referencia el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Atentamente,

ROY GONZALO RIOS CHACON

Subdirector de Regulación y Consulta

1. El artículo citado señala: “Solamente por ley podrán crearse seguros obligatorios”.

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