CONCEPTO 39627 DE 2001
(agosto 22)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogota, D. C.,
Señor
LUIS HERNANDO BURBANO Z.
Calle 42 No. 81-31
Medellín-Antioquia
Referencia: 2001039627-0
454 – Solicitud de Información Esp.
39 – Respuesta Final
Sin anexos
Apreciado señor:
En atención a su comunicación radicada en esta Superintendencia con el número citado al rubro, mediante la cual plantea unos interrogantes relacionados con la empresa CONHABITAT S.A. y la aplicación de la Ley 546 de 1999 a la actividad que realiza, de manera atenta me permito responder sus inquietudes en el mismo orden en que fueron planteados, a saber:
En primer término es del caso precisar que la Superintendencia Bancaria es un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las entidades que realicen la actividad financiera, previsional y aseguradora, expresamente señaladas en el artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Ahora bien, conforme al artículo 121 de la Constitución Política, ningún organismo del Estado podrá desarrollar actividades distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley que, en el caso de esta agencia gubernamental, se circunscriben a las instituciones sometidas a su supervisión. En ese sentido, el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo señala que los conceptos que se soliciten a las autoridades deben tener “...relación con las materias a su cargo”, y entre las funciones conferidas a la Superintendencia Bancaria -literal e) del numeral 3º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero-, se encuentra la de “Absolver las consultas que se formulen relativas a las instituciones bajo su vigilancia”.
En consecuencia, esta Superintendencia no está facultada para absolver es asunto materia de su consulta, toda vez que no se refiere a una operación efectuada por una entidad sometida a su control y vigilancia.
Sin embargo, a título ilustrativo cabe indicar que la actividad de captación, manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público está catalogada como de interés público por la Constitución Política. Con el fin de proteger esos recursos, las personas interesadas en el ejercicio de las actividades financiera, bursátil y aseguradora de acuerdo con la Constitución y las leyes deberán presentar una solicitud de constitución en los términos del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ante esta Superintendencia y obtener la certificación de autorización correspondiente.
En esa línea, la actividad de captación de recursos del público está restringida en tratándose de entidades vigiladas por esta Superintendencia a los establecimientos de crédito, y respecto de las organizaciones de carácter solidario a los entes expresamente autorizados de conformidad con el Título IV de la Ley 454 de 1988. Cualquier operación de recaudo de dinero del público sin una contraprestación determinada constituye el ejercicio de una actividad ilegal que además de conllevar consecuencias administrativas como la suspensión inmediata de la misma, la disolución de la persona jurídica y la liquidación de las operaciones señaladas, constituye un delito dentro del régimen penal colombiano.
No obstante, en relación con la operación de colocación, es decir de otorgamiento de crédito, esta Superintendencia se ha pronunciado en diversas oportunidades en los siguientes términos:
“No es, pues, ilícito colocar dineros propios (no del público) sin autorización de la Superintendencia Bancaria...
“(...) para efectuar únicamente colocación de recursos así se haga en forma masiva y profesional, no es necesaria la autorización de esta Superintendencia si no están disponiendo de dineros provenientes del público o ahorro privado
“Puede, entonces, una compañía que tenga como objeto social principal efectuar operaciones de mutuo en forma habitual, desarrollar dicha actividad sin obtener el permiso de esta Superintendencia, siempre y cuando que en la ejecución de su objeto social no realice operaciones de captación...(1).
“Así las cosas, es totalmente procedente la realización de operaciones consistentes en el otorgamiento de créditos, siempre que los préstamos se realicen con recursos propios del acreedor o prestamista. De no procederse de esta manera se podría incurrir en el delito de captación masiva y habitual de dineros del público, conducta predicable tanto de personas jurídicas como naturales, sancionada por el artículo 208, numeral 3o. del Decreto 663 de 1993 con pena de prisión de dos (2) a seis (6) años y tipificada por el artículo 1º del Decreto 1981 de 1998...(2).
En este orden de ideas, frente a su consulta, se tiene que la sociedad CONHABITAT S.A. si puede financiar directamente la adquisición de la vivienda como quiera que constituye una operación permitida a cualquier persona o entidad, sin que por ello asuma la calidad de establecimiento de crédito, según se examinó anteriormente.
Efectuadas las anteriores precisiones, a continuación se procede a responder sus inquietudes en el mismo orden en que fueron consultadas, a saber:
“Está obligado, todo aquel que financie vivienda, ya sea persona natural o jurídica, a cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional y la ley 546/99?”
El artículo 1º de la disposición mencionada define el ámbito de aplicación de la misma reglamentación, al señalar: “Esta ley establece las normas generales y señala los criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo, ligado al índice de precios al consumidor...“ y aclara en su parágrafo que: “Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, las entidades del sector solidario, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras, los fondos de empleados, el Fondo Nacional del Ahorro y cualquiera otra entidad diferente de los establecimientos de crédito, podrán otorgar créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana o en Unidades de Valor Real, UVR, con las características y condiciones que aprueben sus respectivos órganos de dirección, siempre que los sistemas de amortización adoptados no contemplen capitalización de intereses, ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales” (se resalta).
En igual sentido, el parágrafo del artículo 17 del mismo precepto legal prescribe que los créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana que otorguen “las demás entidades a que se refiere el artículo 1º de la presente ley...” se deben pactar “...con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo... “.
Del contexto de las normas transcritas y su interpretación armónica con las demás disposiciones de la misma ley, se infiere que ésta constituye un cuerpo normativo orientado a regular de manera general un sistema especializado de financiación de vivienda, definiendo criterios generales y consagrando normas especiales para unas u otras entidades. Es así como, si bien es cierto se dictan normas especiales en relación con los préstamos de vivienda otorgados por los establecimientos de crédito, en criterio de esta Superintendencia, igualmente se fijan reglas aplicables a entidades diferentes que otorguen créditos para financiación de vivienda, aún cuando escapen al ámbito de competencia de este ente de control, puesto que no existe una reglamentación que le asigne expresamente tal función.
“Está obligado todo aquel que capte o coloque dinero, a entregarle la debida información a sus clientes o usuarios?”
“Si en el caso que nos ocupa, CONHABITAT S.A. si puede negarse a entregar información a sus usuarios de créditos de vivienda, cual sería el fundamento legal para ello. Caso de que si esté obligado ha hacerlo, ante que (sic) autoridad se debe acudir para que haga cumplir tal disposición?
Con la aclaración efectuada al inicio acerca de las entidades facultadas para colocar y para captar dinero, respecto de la información que debe otorgar la entidad que financia vivienda es del caso señalar que el artículo 20 de la Ley 546 de 1999 prevé sobre el tema lo siguiente:
“La Superintendencia Bancaria establecerá condiciones uniformes para los documentos contentivos de las condiciones del crédito y sus garantías, mediante los cuales se formalicen las operaciones activas de financiación de vivienda individual a largo plazo.
Durante el primer mes de cada año calendario, los establecimientos de crédito enviarán a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda una información clara y comprensible, que incluya como mínimo una proyección de lo que serían los intereses a pagar en el próximo año y los que se cobrarán con las cuotas mensuales en el mismo período, todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia Bancaria. Dicha proyección se acompañará de los supuestos que se tuvieron en cuenta para efectuarla y en ella se indicará de manera expresa, que los cambios en tales supuestos, implicarán necesariamente modificaciones en los montos proyectados. Con base en dicha información los deudores podrán solicitar a los establecimientos de crédito acreedores, durante los dos primeros meses de cada año calendario, la reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de amortización a su real capacidad de pago, pudiéndose, de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelación total”.
Por su parte, el artículo 21 de la misma normatividad prevé que “Los establecimientos de crédito deberán suministrar información cierta, suficiente, oportuna y de fácil comprensión para el público y para los deudores respecto de las condiciones de sus créditos, en los términos que determine la Superintendencia Bancaria”.
“Durante el primer mes de cada año calendario, los establecimientos de crédito enviarán a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda una información en las condiciones del presente artículo”.
Debe precisarse que si bien estas disposiciones se refieren a la obligación de los establecimientos de crédito de brindar información a sus clientes, éstas resultan aplicables también a cualquier otra entidad que financie vivienda, tal como lo establece el artículo 17, parte final del parágrafo al prever que “Se aplicarán a estas operaciones todas las demás disposiciones previstas en esta ley para los créditos destinados a la financiación de vivienda individual”.
Por último, en cuanto a la autoridad a la cual debe dirigirse para exigir el cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, dado que en la actualidad el Gobierno Nacional no ha determinado el procedimiento ni la autoridad a la cual acudir en el caso en que se presenten situaciones como las descritas por usted, sin perjuicio de las acciones que proceda adelantar ante la justicia ordinaria en caso de considerarse pertinentes, puede dirigirse al Consejo Superior de Vivienda, que a voces del numeral 4 del artículo 7º de la Ley 546 de 1999 tiene a su cargo, entre otras, las funciones de “Velar por el cumplimiento de los objetivos y criterios del sistema especializado de financiación de vivienda de largo plazo” y “Velar por el cumplimiento de las condiciones de transferencia e información en las actividades de las diferentes entidades involucradas en el sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo”.
“El contrato es ley para las partes, pero puede esta ley imponerse sobre aquella de rango constitucional o congresional?
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” (se resalta).
En consecuencia, las partes que intervienen en un contrato pueden acordar las condiciones y términos en que regirá el mismo, siempre que no sean contrarias a las disposiciones contenidas en la ley.
Así pues, las condiciones de financiación de vivienda deberán ser acordadas entre las partes, sin perjuicio del acatamiento de los principios y fines del nuevo sistema de financiación de vivienda a largo plazo consagrado en la Ley 546 de 1999, cuyas disposiciones son de obligatoria observancia.
“Es legal, que quien esté obligado a entregar información, cobre por entregarla?”
Bajo esta perspectiva y teniendo en cuenta que suministrar información sobre los créditos de vivienda constituye una obligación legal -tal como se señaló anteriormente-, se considera que las entidades que financian esta modalidad de préstamos deben entregarla sin exigir costo alguno.
En estos términos dejamos atendida su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinador Grupo de Consultas Dos.
1. Concepto radicado bajo el número 91061961-1 del 19 de diciembre de 1991.
2. Concepto radicado bajo el número 97O37138- del 22 de octubre de 1997.