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CONCEPTO 41070 DE 2000

(julio 25)

Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

Doctor

PABLO CARDENAS PEREZ

Calle 99 No. 10-20

Santafé de Bogotá D. C.

Referencia: 2000041070-0

454 Solicitud de información esp.

39 Respuesta Final

Sin anexos

Apreciado doctor Cárdenas:

De manera atenta me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número citado, mediante la cual consulta si una entidad bancaria puede cobrar dentro de la cuota mensual de un crédito una suma por concepto de “gastos” la cual, pese a no justificarse, se ha manifestado informalmente que puede corresponder a papelería.

Sobre el particular, resulta necesario hacer mención en primer término al artículo 68 de la Ley 45 de 1990, a cuyo tenor:

“Artículo 68: Sumas que se reputan intereses. Para todos los efectos legales se reputarán intereses las sumas que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aún cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. Así mismo, se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en exceso de las sumas que señale el reglamento”.

“Para los fines de esta disposición debe entenderse incluido dentro de los intereses '...tanto lo que se cobra por ceder el beneficio de hacer uso del dinero, como por asumir el riesgo que ello representa y, en general, todas las cargas de tipo accesorio que se derivan por el acreedor respectivo, con excepción de los impuestos directos que se causen, como podrían ser los estudios de crédito y los costos de su contabilización, control y cobranza normal y ordinaria, resultando así remunerada con tales créditos, y en su integridad, la operación financiera.

“...'En estos términos, …ineludiblemente tendrá que entenderse dentro del concepto de interés todas las sumas que se carguen o reciban directamente o por interpuesta persona, teniendo como causa la entrega del dinero, a título de depósito o de mutuo, así se intente disfrazar tal remuneración o parte de ella bajo denominaciones, cualquiera que ellas sean, tales como las de 'honorarios', 'comisiones', 'reembolsos de gastos', etc. Tales conceptos se integrarán al de los intereses, propiamente así denominados, para luego deducir su equivalencia en términos reales o efectivos' (Superintendencia Bancaria, Circular Externa OJ-078 de 1984). (Destacamos).

“(…)

“Ante la imposibilidad de realizar una enumeración taxativa de las sumas cobradas (...) que se reputan intereses, lo importante es tener en cuenta que dentro del concepto del artículo 68 de la Ley 45 de 1990, se deben incluir como tales todas aquellas sumas que se paguen por hacer uso del dinero, así como cualquier cobro adicional que efectúe la entidad a sus clientes como consecuencia directa o indirecta del préstamo, como por ejemplo comisiones, estudios de crédito y en general todas aquellas cuya causa no sea otra que el otorgamiento del crédito(1).

Bajo este contexto y pasando al caso objeto de su consulta, procede manifestar que no existe prohibición legal para que las entidades financieras cobren a sus usuarios sumas por concepto de gastos (por ejemplo administrativos) en que incurran con ocasión de la prestación de servicios, quedando en consecuencia este aspecto dentro del ámbito de la regulación contractual de las partes intervinientes en el respectivo acuerdo. No obstante, si dichos valores tienen como causa o son contraprestación por el uso del dinero los mismos se consideran intereses, quedando en consecuencia sujetos a los límites máximos legales.

Finalmente, cabe anotar que en cumplimiento de las obligaciones de suministro de información necesaria para lograr transparencia en las operaciones que realicen y la debida diligencia en la prestación del servicio con el fin de que el cliente reciba la atención debida, consagradas en el numeral 1º del artículo 97 y numeral 4º del artículo 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, respectivamente, las instituciones financieras deberán justificar y discriminar con claridad cada uno de los conceptos que cobran.

En los anteriores términos hemos atendido su consulta, bajo el alcance previsto para este tipo de pronunciamientos en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ROY GONZALO RIOS CHACON

Subdirector de Regulación y Consulta

1. Superintendencia Bancaria. Concepto radicación No. 91058052-2 de junio 19 de 1992. Boletín Jurídico 086.

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