CONCEPTO 41220 DE 2002
(septiembre 23)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá, D.C.,
Señores
HUGO HERNANDEZ PANIAGUA
OLIVA OSPINA OSPINA
SALMA JEANNETH ALDANA CUELLO
LILIANA MARIA ARIAS URIBE
Carrera 50 No. 52-59 Piso 4 Oficinas 407 y 408
Bello, Antioquia
Referencia: 2002041220-0
454 Solicitud de información
39 Respuesta final
Sin anexos
Apreciados Señores:
Con la presente nos permitimos dar alcance a nuestro oficio radicado bajo el número 2002041220-4 del pasado 05 de agosto del presente año, mediante el cual se dio respuesta a las inquietudes por uds. formuladas en la comunicación de la referencia.
En tal sentido y a fin de responder al planteamiento relacionado con “…que soporte tiene el Fondo Nacional de Ahorro ante la SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA para que de una manera arbitraria y unilateral entre modificar un contrato pactado en pesos por las partes”, nos permitimos manifestarles:
En primer lugar conviene reiterar lo manifestado en otras oportunidades en el sentido de que con la expedición de la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999, por la cual se dictaron las normas generales para regular de manera integral el sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo, fundamentalmente se buscaba que todos los créditos de vivienda otorgados no solo por establecimientos de crédito sino por cualquier entidad de las que trata el parágrafo del artículo 1° de la citada normativa, se denominaran en unidades de valor real -UVR- y excepcionalmente en pesos, bajo determinadas condiciones.
En tal sentido la citada ley dispuso “...el Fondo Nacional del Ahorro y cualesquiera otra entidad diferente de los establecimientos de crédito podrán otorgar créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana o en Unidades de Valor Real, UVR, con las características y condiciones que aprueben sus respectivos órganos de dirección, siempre que los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses, ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales” (se subraya).
A su turno, el parágrafo del artículo 17 de la misma normativa reiteró que entidades distintas a los establecimientos de crédito pueden conceder “(...) créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana, siempre que tales operaciones de crédito se otorguen con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y se acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación en cualquier momento sin penalidad alguna” (subrayado extratextual).
Bajo dicho supuesto, la Junta Directiva del Fondo Nacional de Ahorro, mediante Acuerdo No. 996 del 29 de noviembre de 2001 determinó “que los créditos aprobados y que en adelante apruebe la Junta Directiva del Fondo Nacional de Ahorro denominados en Unidades de Valor Real -UVR- se entienden otorgados bajo el sistema de Amortización de 'Cuota decreciente mensualmente cíclica por períodos anuales' de que trata las Circular 085 de 2000 de la Superintendencia Bancaria”.
Como se observa, la junta directiva del Fondo en desarrollo de sus atribuciones legales (Parágrafo del artículo 1º de la Ley 546/99) adoptó el sistema de amortización “Cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por períodos anuales” cuyas características y descripción están contenidas en el subnumeral 5.1.3 del Capítulo Cuarto, Título Tercero de la Circular Básica Jurídica - Circular Externa 007 de 1996- proferida por esta Entidad, sin que como se le indicó en nuestra comunicación se le hubiera ordenado, de manera imperativa, adoptar un sistema en UVR.
De esta forma, es claro que cualquier modificación a los contratos celebrados entre el Fondo Nacional de Ahorro y sus afiliados debió efectuarse bajo el amparo de la Ley 546 de 1999, pues en caso contrario se considera que existiendo un acuerdo contractual vigente entre acreedor y deudor, los términos del mismo son ley para las partes. Lo anterior, sin perjuicio de que se de aplicación a la “Teoría de la imprevisión” consagrada en el artículo 868 del Código Comercio, de acuerdo con a cual cuando se den circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles posteriores a la celebración de un contrato que alteren o agraven la prestación de una de las partes podrá solicitarse su revisión ante el Juez competente quien deberá examinarlas a fin de ordenar, si a ello hubiere lugar, los reajustes pertinentes.
Como se deduce lo antes indicado, en últimas, compete a la autoridad jurisdiccional establecer cuando una circunstancia le permite a una de las partes revisar las condiciones de un contrato y determinar en caso dado la legalidad de la modificaciones efectuadas al mismo, pues escapa a la órbita de nuestra competencia pronunciarnos sobre dichos aspectos, en la medida que las autoridades administrativas solamente pueden realizar aquellas funciones señaladas en la Ley (art. 121 C.P. y arts. 325 y ss del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero).
De esta forma hemos dado curso a su solicitud, con el alcance a que se refiere el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinadora Grupo de Consultas Dos