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CONCEPTO 42074 DE 2003

(Octubre 15)

<Archivo: Superintendencia Bancaria>

 SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8202


Bogotá D. C.


Señor

MANUEL ARTURO CASTAÑEDA GARCÍA

Carrera 13B No. 25A -76 Apto 303

Ciudad


Referencia: 2003042074-0

115 Consultas

39 Respuesta Final

Sin anexos


Apreciado señor:

De manera atenta me refiero a su comunicación radicada bajo el número indicado al rubro, mediante la cual consulta si los créditos para financiación de vivienda que fueron otorgados a las personas jurídicas, tenían derecho a la reliquidación y alivios consagrados en la Ley 546 de 1999, teniendo en cuenta que fueron otorgados en UPAC. Así mismo, se refiere a lo señalado en ese sentido por la Sentencia C-747 de 1999 proferida por la Corte Constitucional.


Sobre el particular, conviene recordar en primer lugar que en torno a los objetivos y criterios de la Ley 546 de 1999 dispone el artículo 20 lo siguiente:


“El Gobierno Nacional regulará el sistema especializado de financiación de vivienda de largo plazo para fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda digna, de conformidad con los siguientes objetivos y criterios:

“1. Proteger el patrimonio de las familias representado en vivienda (...)“ (subrayado extratextual).


A su turno, esta Superintendencia mediante Circular Externa 085 de 2000 (modificada por la Circular Externa 002 de 2001) señaló:


“La Ley 546 de 2000 o Ley de Vivienda creó un sistema especializado para la financiación de vivienda individual a largo plazo” (se resalta).


De acuerdo con la disposición mencionada se define como crédito de vivienda individual a largo plazo el otorgado a personas naturales orientado a financiar la compra de vivienda nueva o usada o la construcción de una unidad habitacional (se resalta).


En este mismo sentido, es preciso tener en cuenta que el artículo 40 de la citada reglamentación al referirse a los abonos que resultaran como consecuencia de la reliquidación de dichos créditos, estableció que “Con el fin de contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda el Estado invertirá las sumas previstas en los artículos siguientes para abonar a las obligaciones vigentes que hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la financiación de vivienda individual a largo plazo (...)“(se subraya).


Como expresamente lo señalan las disposiciones en comento, la finalidad de la reliquidación y los abonos previstos en la ley, consistió en contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda. Por tanto, el derecho constitucional protegido por la ley es el que tiene todo ciudadano a una vivienda digna, lo cual en este caso se concreta en la reliquidación de los créditos de manera que se refleje en los saldos el descuento de una corrección monetaria atada al DTF y no al IPC, como lo preveía en sus inicios el sistema UPAC. Dicha reliquidación por consiguiente, debe beneficiar a los deudores que sean personas naturales cuyo fin principal era la adquisición de vivienda, y no a aquellos motivados por propósitos de lucro o inversión.

Al respecto destacó el Procurador General de la Nación en concepto rendido a la Corte Constitucional sobre el Sistema U.V.R. lo siguiente: “Teniendo en cuenta que el objeto de la Ley es garantizar el derecho a la vivienda dentro del marco del principio de igualdad que rige nuestra Carta Política, es necesario distinguir entre la vivienda de interés social, la vivienda de las clases medias, la vivienda para estratos altos y la compra y venta de vivienda como negocio inmobiliario, la cual no gozaría de la protección especial a que hace referencia el artículo 51 de la Constitución.


“Debe advertirse también que el derecho a la vivienda digna, cobija únicamente a las personas naturales y por lo tanto no pueden beneficiarse de los abonos, subsidios y alivios estatales
las personas jurídicas''(resaltamos).


En consecuencia y de acuerdo con las consideraciones señaladas, no resulta jurídica ni constitucionalmente viable aplicar las religuidaciones, ni reconocer los alivios previstos en la citada ley a los créditos de vivienda otorgados a las personas jurídicas.


No obstante lo anterior, esta Superintendencia considera que la persona afectada en sus derechos por no recibir los beneficios consagrados en la Ley 546 de 1999 goza de las acciones judiciales pertinentes para obtener la revisión de su contrato y la devolución de lo que considere haber cancelado en exceso, de conformidad con la respuesta que sobre el particular emitió el Consejo de Estado frente a una consulta elevada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, en los siguientes términos:


“Ahora bien, en cuanto se refiere a los contratos particulares, esto es, a los contratos de mutuo para vivienda, con garantía hipotecaria y bajo la modalidad de sistema UPAC, celebrados entre los particulares y las corporaciones de ahorro y vivienda y el BCH, corresponde la revisión de los mismos, la reliquidación de los créditos y la devolución de lo que los deudores hayan cancelado en exceso, a los jueces de la República, ante demanda judicial presentada por cada persona interesada, ya que tales declaraciones y condenas sobre contratos de derecho privado constituyen el ejercicio de una función jurisdiccional -la decisión sobre una controversia jurídica particular- asignada a la competencia de la rama jurisdiccional, no a una autoridad administrativa como la Superintendencia Bancaria” (Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 10 de diciembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. César Hoyos Salazar, Rad. No. 1.245; negrilla fuera del texto).


En igual sentido, le informo que en Sentencia SU-046 de 2000 proferida por la Corte Constitucional y con ocasión de lo dispuesto por la misma Corte en Sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999, se reconoció a los deudores afectados por el sistema UPAC la posibilidad de solicitar ante las autoridades judiciales que se ordene la reliquidación de los créditos con el fin de que en ella se excluyan los factores que se tuvieron en cuenta en el mencionado sistema y que fueron declarados inconstitucionales por la Corte, esto es, la capitalización de intereses y el cálculo de la UPAC. Para tal efecto, “corresponderá a los jueces ordinarios establecer la aplicación de la doctrina constitucional contenida en las sentencias…”.

Conforme a lo anterior, en el caso expuesto en su consulta, deberá usted o los interesados adelantar las acciones judiciales respectivas con el fin de el juez competente ordene la reliquidación de su crédito y la devolución de las sumas pagadas en exceso, si a ello hay lugar.


En los anteriores términos dejamos atendida su solicitud, pronunciamiento que se efectúa con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.


Cordialmente,


PILAR CABRERA PORTILLA

Coordinadora Grupo de Consultas Dos

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