CONCEPTO 44778 DE 2003
(Octubre 2)
<Archivo: Superintendencia Bancaria>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá, D.C.,
Señor
JOSÉ AVILA
Josevavilag@hotmail.com
REFERENCIA: 2003044778-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin anexos
Apreciado señor:
De manera atenta me refiero a su comunicación radicada bajo el número citado al rubro, mediante la cual consulta acerca de las normas que regulan el cobro de honorarios y gastos de cobranza en los créditos con garantía hipotecaria.
Sobre el particular sea lo primero precisar que la Superintendencia Bancaria de Colombia de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1o del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), modificado por las Leyes 510 de 1999 y 795 de 2003 es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al que le corresponde ejercer funciones en su condición de máxima autoridad de vigilancia y control de las entidades que integran los sistemas financiero, asegurador y previsional del país.
Así mismo, conforme a las funciones contempladas en el literal e) del numeral 3o del artículo 326 del citado Estatuto,[1 le compete a este Organismo de Control “Absolver las consultas que se le formulen relativas a las instituciones bajo su vigilancia y decidir las solicitudes que presenten los particulares en ejercicio del derecho de petición de información (...)”; no obstante, al tenor del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, las consultas a las autoridades deben tener “relación con las materias a su cargo”
Con base en las consideraciones expuestas, esta Entidad absolverá su consulta dentro de la competencia legal que le ha sido atribuida, esto es, circunscribiéndonos a las entidades cuya vigilancia Le ha sido atribuida por ley a la Superintendencia Bancaria de Colombia, pues no puede perderse de vista que conforme al artículo 121 de la Constitución Política, las autoridades sólo tienen competencia en relación con las materias a su cargo y con sujeción a las funciones a ellas asignadas que, en el caso de este Organismo de Control, se refieren a aquellas señaladas en los artículos 325 y siguientes del citado Estatuto con sus modificaciones y adiciones.
Precisado lo anterior y en relación con el cobro de honorarios y gastos de cobranza en créditos de mutuo garantizados con hipoteca, resulta necesario manifestar que una de las obligaciones que se deriva del mencionado contrato entre una institución financiera y el usuario de crédito y que debe cumplir este último, es la de pagar cumplidamente la obligación. Por tanto, la mora o retardo en la atención de la misma legítima a la entidad prestamista para hacer efectivo el pago a través de los medios establecidos por la ley para el efecto, tales como el cobro prejurídico o el cobro jurídico a través de la iniciación del proceso judicial correspondiente.
En ese orden de ideas, “los honorarios profesionales que se pagan a los abogados o sociedades de cobranza tienen como causa directa el incumplimiento del crédito otorgado ya que tal circunstancia ha obligado a la entidad acreedora a trasladar dicho crédito a cobro jurídico o prejurídico. Los costos en que se incurre por la cobranza, desde luego han de estar a cargo del deudor, como quiera que su conducta ocasionó el incumplimiento de la obligación y por consiguiente, los gastos que su cobranza representa.
“Es claro además, que el incumplimiento en la obligación ocasiona la mora, situación que implica para el deudor el resarcimiento o la indemnización de perjuicios frente al acreedor, ya que su deber de acuerdo con los términos de la obligación, es reparar el daño causado por efecto del retraso en el pago.
“Las anteriores consideraciones han llevado a este Despacho a concluir que los honorarios procesales y extra procesales, así como las costas y gastos del proceso pueden ser de cargo del deudor. No obstante, debe advertirse que frente a la disposición que sobre intereses establece la Ley 45 de 1990 los mismos no deben tenerse en cuenta y computarse a efectos de liquidar la tasa de interés que se cobra a éste por concepto de la mora, si se considera que estas sumas no suponen una retribución para las entidades otorgantes del crédito, sino que, por el contrario, han significado una carga producto del comportamiento irregular del deudor”[2
En tal sentido, el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 45 de 1990 establece que “Toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación”.
Bajo el anterior contexto, con el propósito de determinar si las sumas que por concepto de “honorarios profesionales de abogado” debe pagar el deudor incumplido de un crédito adquirido con una institución financiera constituyen o no intereses, resulta pertinente hacer referencia al pronunciamiento[3 que sobre el particular ha efectuado esta Superintendencia en varias oportunidades, diferenciándose dos situaciones:
”a. Si el profesional del derecho a quien se le encomienda la gestión de recaudo del valor de la obligación incumplida se halla subordinado laboralmente a la respectiva institución financiera, en caso de arreglo directo o pago en la etapa prejudicial, (...) las sumas de dinero que se cobren y pague el deudor por concepto de 'honorarios profesionales' se reputarán como intereses, pues al ostentar la institución la calidad de patrono está obligada a pagar a su dependiente -abogado- un salario como retribución por sus servicios, siendo evidente que en este caso tales honorarios no tendrían contraprestación distinta al crédito otorgado.
“b. Si por el contrario, no existe subordinación laboral entre el profesional del derecho y la institución financiera, los honorarios que debe pagar el deudor no se incluirán dentro del concepto de intereses, como quiera que las sumas por tal concepto no las recibe el acreedor, amén de que se causan por razones distintas al otorgamiento del crédito, como lo es el incumplimiento de la obligación”.
Así mismo, “(...) consideramos de importancia precisar que el cobro de honorarios debidos como consecuencia de haberse tenido que acudir a una o ambas instancias en precedencia para el cobro de una suma dinero adeudada, a juicio de esta Superintendencia debe obedecer al real despliegue de una actividad por parte del acreedor o su apoderado encaminada a tales fines.
“En efecto, en concepto de este Despacho la causación y exigibilidad de una suma de dinero a título de honorarios profesionales como consecuencia de un cobro prejurídico derivado de la morosidad, no debe obedecer a su sola y objetiva previsión contractual, ni al hecho de encontrarse per se en tal situación de anormalidad, sino que es necesario que el acreedor haya desplegado alguna actividad orientada a su cobro”[4 (subrayado textual).
Con fundamento en lo expuesto, es claro que el cobro de honorarios profesionales debe corresponder a una labor efectivamente desplegada que sirva de causa a esa erogación; así mismo, lo cobrado por este concepto cuando la gestión ha sido desarrollada por personas vinculadas laboralmente a la entidad financiera se considera como interés de mora en los términos del artículo 65 de la Ley 45 de 1990.
De otra parte, entratándose de créditos hipotecarios de vivienda individual a largo plazo los gastos prejurídicos debe asumirlos la correspondiente entidad financiera acreedora, conforme al numeral 9, Capítulo Cuarto, Título Tercero de la Circular Externa 007 de 1996 expedida por esta Superintendencia -Circular Básica Jurídica- el cual señala:
“Los gastos en que incurran las entidades financieras por concepto de la cobranza de cartera de créditos hipotecarios individuales para vivienda, correrán por cuenta de la respectiva institución vigilada hasta el momento en que se presente demanda judicial, es decir, el gasto denominado prejurídico de ninguna manera puede ser transferido al deudor” (se subraya).
De acuerdo con lo anterior, corresponde a las entidades financieras asumir los gastos en que incurran como consecuencia del cobro jurídico de créditos hipotecarios de vivienda (honorarios de abogado, entre otros) hasta la presentación de la demanda judicial; a partir de tal circunstancia la asunción de dichos gastos deberá asumirla el deudor respectivo.
En los anteriores términos dejamos atendida su consulta, con el alcance establecido para esta clase de pronunciamientos por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinadora Grupo de Consultas Dos
1 Dicho literal fue adicionado por la Ley 795 de 2003.
2 Superintendencia Bancaria. Concepto No. 91012688-2 del 14 de agosto de 1991.
3 Superintendencia Bancaria. Concepto No. 91016043 del 10 de septiembre de 1991.
4 Superintendencia Bancaria, concepto No. 96026142 del 9 de agosto de 1996.