CONCEPTO 44884 DE 2002
(septiembre 20)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá D.C.,
Señores
RUBEN DARÍO DAZA ALVARADO
Presidente
LUZ MARINA MAYA SERNA
Secretaria General
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL FONDO NACIONAL DE AHORRO
Calle 18 No. 7-59
Ciudad
Referencia: 2002044884-0
115 Consultas.
39 Respuesta Final
Sin anexos
Apreciados señores:
De manera atenta me refiero a su comunicación radicada con el número de la referencia, mediante la cual formula algunas inquietudes relacionadas con la modificación de los contratos de mutuo celebrados entre el Fondo Nacional de Ahorro y sus afiliados.
Sobre el particular, debemos en primera instancia remitirnos al pronunciamiento efectuado por esta Superintendencia mediante comunicación No. 2002039589-0 del 9 de agosto del presente año, con la cual se contestaron algunos de los interrogantes a que se refiere su solicitud.
Sin embargo, conviene reiterar que con la expedición de la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999, por la cual se dictaron las normas generales para regular de manera integral el sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo, fundamentalmente se buscaba que todos los créditos de vivienda otorgados no solo por establecimientos de crédito sino por cualquier entidad de las que trata el parágrafo del artículo 1° de la citada normativa, se denominarán en unidades de valor real -UVR- y excepcionalmente en pesos, bajo determinadas condiciones. En tal sentido la citada ley dispuso “...el Fondo Nacional del Ahorro y cualesquiera otra entidad diferente de los establecimientos de crédito podrán otorgar créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana o en Unidades de Valor Real, UVR, con las características y condiciones que aprueben sus respectivos órganos de dirección, siempre que los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses, ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales” (se subraya).
A su turno, el parágrafo del artículo 17 de la misma normativa reiteró que entidades distintas a los establecimientos de crédito pueden conceder “(...) créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana, siempre que tales operaciones de crédito se otorguen con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y se acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación en cualquier momento sin penalidad alguna” (subrayado extratextual).
Ahora, frente a los interrogantes relacionados con la posibilidad de que el FNA ampliara los plazos inicialmente pactados en los contratos resulta necesario recordar lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia C955 de 2000, la cual otorgó la posibilidad de ampliar el plazo en los créditos de vivienda en aquellos casos en que como consecuencia de la adecuación a los parámetros señalados por la Ley 546 de 1999 se afectara el monto de las cuotas periódicas que venían cancelando los deudores. Así, señaló la citada sentencia que: “No encuentra la Corte reparo alguno en lo relativo a la exequibilidad del numeral 3 del artículo 17, que señala como característica de los créditos objeto de su regulación la de tener un plazo de amortización comprendido entre cinco años como mínimo y treinta como máximo. Está dentro de la competencia del legislador, al dictar los principios, objetivos y criterios a que se refiere el artículo 150, numeral 19, literal d), de la Constitución, señalar los límites aplicables a los plazos de los créditos en este renglón de la actividad financiera.
“Obviamente, esos plazos pueden ser modificados por las partes, tal como lo expresa esta Sentencia, en los casos de reestructuración de los créditos (art. 20 de la Ley 546 de 1999) y en los eventos en que, al cumplir lo aquí fallado, sin aumentar las cuotas que se vienen pagando, se vaya amortizando a capital desde la primera.
“(…)
“Así, la Corte entiende que se vulneraría el artículo 51 de la Constitución, en el que se exige al Estado prever sistemas adecuados de financiación a largo plazo, si se permite en tales planes que los deudores paguen en sus cuotas solamente intereses, ya que al no amortizar nada a capital no disminuye la base sobre la cual se liquidan los réditos.
“Por tanto, el numeral en cuestión solamente es constitucional si se condiciona en el sentido de que ningún plan de amortización en materia de financiación de vivienda puede permitir que en las cuotas mensuales sólo se paguen intereses. Desde la primera cuota ellos deberán contemplar la amortización a capital para que el saldo vaya disminuyendo, y será sobre los saldos insolutos, actualizados según evolucione la inflación, que se cobren los intereses remuneratorios en los términos de esta Sentencia.
“Desde luego, para no causar perjuicio a los usuarios, esta amortización al capital desde la primera cuota no se podrá traducir bajo ninguna circunstancia en aumento de las cuotas que vienen pagando, para lo cual, si es del caso, podrá ampliarse el plazo inicialmente pactado” (subraya textual - negrilla extratextual).
Con base en el anterior aparte jurisprudencial, se ha considerado viable la ampliación unilateral del plazo en los créditos individuales para adquisición de vivienda bajo el entendido de que dicha ampliación sea consecuencia de un incremento en las cuotas originado en la adecuación del sistema de amortización a la Ley 546 de 1999, puesto que con ello se busca, como lo señala la Corte, no causar un perjuicio a los deudores que en un momento dado verían incrementadas las cuotas periódicas causando un desequilibrio imprevisto en su presupuesto familiar.
En otro escenario, esto es en el evento en que la ampliación del plazo no tenga como causa la anterior circunstancia, para esta Superintendencia es claro que habiéndose celebrado legalmente un contrato entre las partes, las estipulaciones del mismo, dentro de las cuales se encuentra el plazo de la obligación, solamente podrían modificarse mediante acuerdo previo entre ellas.
De esta forma, se considera que existiendo un acuerdo contractual vigente entre acreedor y deudor, los términos del mismo son ley para las partes, excepto en aquellos aspectos que una norma de orden público -como la L546/99- exija una modificación. Sin embargo, valga aclarar que existe una excepción legal a dicho principio denominada “Teoría de la imprevisión” consagrada en el artículo 868 del Código Comercio, de acuerdo con la cual cuando se den circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles posteriores a la celebración de un contrato que alteren o agraven la prestación de una de las partes podrá solicitarse su revisión ante el Juez competente quien deberá examinarlas a fin de ordenar, si a ello hubiere lugar, los reajustes pertinentes.
Como se deduce lo antes indicado, en últimas, compete a la autoridad jurisdiccional establecer cuando una circunstancia le permite a una de las partes revisar las condiciones de un contrato y determinar en caso dado la legalidad de la modificaciones efectuadas al mismo, pues escapa a la órbita de nuestra competencia pronunciarnos sobre dichos aspectos, en la medida que las autoridades administrativas solamente pueden realizar aquellas funciones señaladas en la Ley (art. 121 C.P. y arts. 325 y ss del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero).
De esta forma hemos dado curso a su solicitud, con el alcance a que se refiere el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinadora Grupo de Consultas Dos