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CONCEPTO 47520 DE 2002

(septiembre 20)

Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8202

Bogotá D.C.,

Señores

ALBA LUCÍA CAMPAZ

LUIS EDUARDO GUERRERO

Sindicato de Servidores Públicos

Hospital Universitario del Valle

“Evaristo García” E.S.E.

“Sinspublic H.U.V.”

Calle 5 No. 36-08 Piso 2°.

Santiago de Cali – Valle

Referencia: 2002047520-0

115 Consultas.

39 Respuesta Final

Sin anexos

Apreciados señores:

De manera atenta me refiero a su comunicación radicada con el número de la referencia, mediante la cual formula algunas inquietudes relacionadas con la modificación del sistema de amortización en los créditos para adquisición de vivienda otorgados por el Fondo Nacional de Ahorro.

Sobre el particular, conviene precisar en primer lugar que a partir de la expedición de la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999 se dictaron las normas generales, para regular de manera integral el sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo; en tal sentido, el parágrafo del artículo primero de la citada ley dispuso “...el Fondo Nacional del Ahorro y cualesquiera otra entidad diferente de los establecimientos de crédito podrán otorgar créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana o en Unidades de Valor Real, UVR, con las características y condiciones que aprueben sus respectivos órganos de dirección, siempre que los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses, ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales” (se subraya).

A su turno, el parágrafo del artículo 17 de la misma normativa reiteró que entidades distintas a los establecimientos de crédito pueden conceder “(...) créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana, siempre que tales operaciones de crédito se otorguen con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y se acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación en cualquier momento sin penalidad alguna” (subrayado extratextual).

Bajo el contexto normativo expuesto podemos concluir que la Ley de Vivienda autorizó a entidades distintas a los establecimientos de créditos para otorgar los mencionados créditos -Fondo Nacional de Ahorro, entre otros-, evento en el cual las condiciones y características de los mismos deberían autorizarse previamente por el órgano de dirección de la entidad, sujetándose en todo caso a los requisitos señalados en la Ley. Además, es claro que uno de los propósitos principales de la nueva ley fue el de crear un sistema de financiación de vivienda a largo plazo ligado al Índice de Precios al Consumidor [1, concepto bajo el cual se creó la UVR y se buscó que por regla general dichos créditos debieran denominarse en Unidades de Valor Real y sólo de manera excepcional en pesos, en cuyo caso deberían tener una tasa de interés fija durante el todo plazo del préstamo.

Precisado lo anterior y respecto a las inquietudes planteadas en su consulta se pronunció la Superintendencia Bancaria mediante comunicación No. 2002039589-0 del 9 de agosto del presente año en los siguientes términos:


“A partir de la expedición de la Ley 546 de 1999, la cual empezó a regir desde el 23 de diciembre de 1999, el Fondo ha debido empezar a ajustar su sistema de amortización a los lineamientos y parámetros generales establecidos en la misma.
“Es preciso advertir (...) que la modalidad de financiación de créditos de vivienda utilizada por el Fondo, antes de la entrada en vigencia de la ley 546 de 1999 y utilizada hasta hace un mes atrás, estaba expresada en moneda legal colombiana atada a una tasa de interés equivalente al IPC más un interés remuneratorio. Así mismo, el sistema de amortización implementado por el Fondo correspondía a una metodología con gradiente geométrico denominado “escalera en pesos” dentro del cual el incremento en la generalidad de los casos estaba representado en cuotas crecientes al inicio de cada año calendario, calculadas de acuerdo con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE (en adelante IPC) 12 meses -noviembre a noviembre- del año inmediatamente anterior.

“En otras palabras, el FONDO otorgaba créditos en moneda legal colombiana pactados a tasa variable (IPC + margen).

“De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia evidenció que el Fondo estaba incumpliendo la Ley 546 de 1999 como quiera que el sistema de amortización aplicado a la mayoría de sus créditos de vivienda no se ajustaba a uno de los lineamientos generales trazados por el legislador de vivienda relacionado con la no capitalización de intereses y porque adicionalmente la modalidad de financiación de créditos de vivienda utilizada por el Fondo no se adecuaba a alguna de las denominaciones permitidas en la mencionada ley, v.gr., moneda legal colombiana a tasa fija o en unidades de valor real UVR.

 
“El Fondo tenía una modalidad de financiación denominada en moneda legal colombiana a una tasa variable (IPC + margen), situación que infringía abiertamente la Ley 546 de 1999 por cuanto los créditos denominados en moneda legal colombiana sólo es posible pactarlos con una tasa fija durante toda la vigencia del mutuo.

“El parágrafo del artículo 1° de la Ley 546 dispuso de manera particular que el Fondo Nacional de Ahorro podía y puede aún otorgar créditos de vivienda '(...) denominados en moneda legal colombiana o en unidades de valor real -UVR- con las características y condiciones que aprueben sus respectivos órganos de dirección, siempre que los sistemas de amortización no contemplen la capitalización de intereses ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales. (...)'.

“Por otro lado, el parágrafo del artículo 17 de la mencionada ley, dispuso que '(...) los establecimientos de crédito y todas las demás entidades a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, podrán otorgar créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana, siempre que tales operaciones de crédito se otorguen con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y se acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación en cualquier momento sin penalidad alguna. Se aplicarán a estas operaciones todas las demás disposiciones previstas en esta ley para los créditos destinados a la financiación de vivienda individual. (...)'.

 “En concordancia con lo inmediatamente anterior, la Circular Externa No. 007 de 2000 expedida por esta Superintendencia hace más de dos años, señaló:

“'(...) En cuanto a los créditos pactados en moneda legal colombiana, por ministerio de la ley, éstos se entenderán por su equivalencia en UVR. Sin embargo, si así lo convienen las partes, estos créditos se podrán mantener, excepcionalmente, en la denominación inicial. En este caso, si tuvieren condiciones distintas a las previstas por la Ley, deberán adecuarse para darle cumplimiento. La nueva ley sólo autoriza créditos en pesos con tasa fija, sistemas de amortización que no capitalicen intereses y posibilidad de prepago sin penalidad alguna. - Tasa fija quiere decir que no está referida a ningún indicador, sino que se conozca desde su inicio y no puede tener cambios. Tasa fija es por ejemplo. a 10%, a 15%, a 20%, etc., no el DTF, a IPC, etc.

“'Dado que la ley no distingue entre qué parte de la tasa de interés está destinada al mantenimiento del valor del préstamo y cuál remunera el capital, ninguna parte de la tasa puede capitalizarse. Esta decisión implica desde luego, que las primeras cuotas de los créditos denominados en pesos puedan resultar altas y fue esta la razón para que la ley sólo autorizara, excepcionalmente, créditos en moneda legal (...)'.

“La circular externa emitida por la Superintendencia Bancaria así como la sentencia de la Corte Constitucional C-955 de 2000 (numeral V, B4, incisos 1 y 2) reiteraron las condiciones fijadas por la Ley 546 de 1999 para el caso de los créditos de vivienda pactados en moneda legal colombiana, esto es, que los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y que la tasa de interés otorgada debe ser fija durante todo el plazo del préstamo, entre otros.

“En razón a lo anterior, las órdenes emitidas por este Organismo de Control en relación con el tema de la referencia siempre se enfocaron a lograr que tanto la modalidad de financiación de créditos de vivienda del Fondo Nacional de Ahorro así como el sistema de amortización del mismo se adecuara a los lineamientos previstos en la ley 546 de 1999, es decir, suspensión de la capitalización de intereses y adopción de alguna de las modalidades de financiación previstos en la ley, v.gr., moneda legal colombiana a tasa fija o en unidades de valor real UVR, sin que en ningún momento, advertimos, esta Superintendencia le hubiera ordenado al Fondo, de manera imperativa, la imposición de adoptar una cualquiera de las redenominaciones anteriormente señaladas.

 “Lo anterior se ratifica a través de las siguientes comunicaciones:

“a) Mediante oficio 20000454 12-6 del 14 de julio de 2000 esta Superintendencia, después de analizar la información enviada por el Fondo respecto de sus sistemas de amortización, señaló que '(...) esta Superintendencia requiere que el Fondo ajuste los sistemas de amortización utilizados en los créditos de vivienda, de modo que los mismos se adapten en todo a los lineamientos de la Ley 546 de 1999. (...)'.

“b) Mediante oficio 2000045412-15 del 4 de octubre de 2000 esta Superintendencia, después de analizar los argumentos expuestos por el Fondo, reiteró su orden de '(...) efectuar los ajustes pertinentes con el fin de que el sistema de amortización se ajuste en un todo a la normatividad vigente. (...)'

“c) Mediante oficio 2000087949-3 del 12 de enero de 2001 esta Superintendencia, después de analizar nuevamente el tema en particular junto con un ejercicio de amortización de un crédito y un concepto elaborado por el doctor Humberto Mora Osejo, le advirtió al Fondo que debía '(...) cumplir estrictamente con la no capitalización de intereses. En consecuencia, se reitera el requerimiento de esta Superintendencia en el sentido de que el FNA debe adecuar sus sistemas de amortización (...). Tal adecuación deberá realizarse considerando la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, es decir, a partir del 23 de diciembre y efectuarse de manera inmediata. (...)'.

“d) Mediante oficio 2001031694-7 del 20 de junio de 2001 esta Superintendencia, después de analizar algunos planteamientos adicionales sobre el sistema de amortización que el Fondo venía utilizando para sus créditos de vivienda, ratificó '(...) lo ordenando en nuestras comunicaciones radicadas con los números 2000045412-6 y 2000045412-15 del 14 de julio y 4 de octubre de 2000 y 2000087949-3 del 12 de enero de 2001, en el entendido que el Fondo Nacional del Ahorro debe adecuar en forma inmediata, sus sistemas de amortización de tal forma que los mismos no contemplen la capitalización de intereses. (...)'.

“(…)

 
“Finalmente es necesario resaltar que la Superintendencia Bancaria no ha dado instrucción alguna de la que se pueda concluir que se deben cambiar unilateralmente, por parte del Fondo, los créditos otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley 546 de 1999 a denominaciones en UVR. Lo que ha dicho esta Entidad de Supervisión, posición que se reitera, es que el Fondo Nacional de Ahorro, a partir de la vigencia de la Ley 546 de 1999 no podía capitalizar intereses, sancionar por el prepago que sus deudores hagan de los créditos otorgados y en caso de que los créditos estén denominados en moneda legal, se otorguen con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo (...)” (resaltado y subrayado es textual).

Precisado lo anterior y para fines que interesan a su consulta, le informo que la Junta Directiva del Fondo Nacional de Ahorro, mediante Acuerdo No. 996 del 29 de noviembre de 2001 determinó “que los créditos aprobados y que en adelante apruebe la Junta Directiva del Fondo Nacional de Ahorro denominados en Unidades de Valor Real -UVR- se entienden otorgados bajo el sistema de Amortización de 'Cuota decreciente mensualmente cíclica por períodos anuales' de que trata la Circular 085 de 2000 de la Superintendencia Bancaria”.

Finalmente, compete a las autoridades jurisdiccionales dirimir los conflictos que se susciten con ocasión del cumplimiento o incumplimiento de las condiciones estipuladas en un contrato; lo anterior debido a que dicha facultad escapa de la órbita de nuestra competencia, pues la Superintendencia Bancaria en su condición de autoridad administrativa solamente puede realizar aquellas funciones señaladas en la Ley (art. 121 C.P. y arts. 325 y ss del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero).

De esta forma hemos dado curso a su solicitud, con el alcance a que se refiere el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

PILAR CABRERA PORTILLA

Coordinadora Grupo de Consultas Dos

1. Exposición de motivos Ley 546 de 1999 - consideraciones generales- (Gaceta del Congreso octubre 12 de 1999).

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