CONCEPTO 47687 DE 2000
(julio 10)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8200
Santa Fe de Bogotá D.C.,
Señor
LUIS JAIME TRIANA O.
Carrera 38A No.125 A -75 lnt.1 Apto. 704
Ciudad
Referencia: 2000047687-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Con anexos
Apreciado Señor:
De manera atenta me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número citado al rubro, mediante la cual presenta unas inquietudes en torno a la figura de la dación en pago y a la opción de readquisición de vivienda, consagrada en el artículo 46 de la Ley 546 de 1999.
En primera instancia y respecto al plazo para entregar un bien en dación en pago debemos aclararle que el artículo 57 transitorio de la norma en cita amplió el término consagrado en el Decreto Extraordinario 2331 de 1998 -16 de noviembre de 1999-, que a la fecha de entrada en vigencia de Ley 546 ya se encontraba vencido, hasta el 31 de enero del año en curso, para que los deudores que lo desearan y previo el cumplimiento de los requisitos legales, pudieran solicitar la recepción de un bien inmueble en pago de la totalidad de una obligación hipotecaria contraída con un establecimiento de crédito para financiación de vivienda.
De esta forma, si la oferta de dación en pago fue presentada dentro del término indicado, es decir a más tardar el 31 de enero de 2000, la entidad financiera correspondiente está obligada a aceptarla aun cuando no se haya terminado de formalizar el trámite a esa fecha, sin que pueda exigir al deudor el pago de conceptos adicionales de conformidad con el Decreto 908 y la Circular Externa 063, ambos de 1999, adjuntos para su conocimiento.
Si la oferta fue presentada fuera del término antes indicado o bajo el amparo de otras disposiciones, la oferta de dación no es obligatoria para las instituciones financieras, así como tampoco lo son las condiciones antes mencionadas, en caso de ser aceptada. Es decir, la entidad puede aceptar la dación pero en este caso la misma no constituirá pago total de la deuda y los gastos de su perfeccionamiento no son carga exclusiva de las entidades.
No obstante, el artículo 46 de la misma ley consagra una alternativa para quienes durante el año siguiente a la entrada en vigencia de la citada Ley 546 entreguen o hayan entregado en dación en pago su vivienda, es decir hasta el 23 de diciembre del año en curso, consistente en la opción de readquirir el inmueble entregado, siempre que no hubiere sido enajenado por la entidad financiera, o uno de similares condiciones cuando el primero hubiere sido vendido, dentro del marco contractual definido en la ley.
En ese orden de ideas y como puede apreciarse de la lectura de la norma, la opción para readquirir un bien es un privilegio temporal ofrecido durante un año a partir de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999 a todos los deudores que hubieren entregado sus inmuebles como pago de obligaciones hipotecarias, indistintamente de la legislación en que se hubieren amparado para ello. Así las cosas, esta Superintendencia considera que la opción de readquisición está vigente hasta el 23 de diciembre del presente año tanto para quienes hayan hecho uso del alivio contemplado en el decreto de emergencia económica y en el artículo 46 de la Ley de Vivienda, como para quienes hayan efectuado daciones en pago por fuera de ese régimen.
Frente a sus inquietudes en relación con el artículo 46 de la Ley de Vivienda, nos permitimos manifestarle:
Avalúos
Teniendo en cuenta que la dación en pago convierte al establecimiento de crédito en titular del derecho de dominio del inmueble, los gastos que ocasione la celebración del contrato especial de readquisición corren a cargo del mismo y deben efectuarse de conformidad con los parámetros establecidos en los Decretos 422 y 466 de 2000, por los cuales se reglamenta el artículo 50 de la Ley 546 de 1999.
De la misma forma, el pago por concepto de seguros, impuesto predial y valorización por beneficio general deben ser asumidos por la entidad financiera. Por el contrario, el pago de cuotas extraordinarias por concepto de administración por usted mencionadas o de instalación de gas o línea telefónica, entre otros, en la medida que se cobran y pagan con el objeto de mantener o mejorar la forma de vida de los residentes consideramos deben correr por cuenta del titular de la opción, independientemente de que al momento de hacerla efectiva no readquiera el bien.
Canon
De conformidad con el numeral 1 del artículo 46 de la ley en comento, realizado el avalúo en los términos indicados anteriormente las entidades financieras arrendadoras definirán el precio mensual a pagar por parte del titular de la opción, el cual en ningún caso puede exceder el 0.8% del valor del avalúo, lo que significa que los establecimientos de crédito unilateralmente o de común acuerdo con el titular de la opción pueden acordar el canon, siempre que se respete el límite legal señalado.
Ejercicio de la opción
Aun cuando el contrato originalmente se pacte a tres (3) años, la misma ley consagra la posibilidad de que la oferta de compra se materialice antes cuando en el numeral 5 del artículo 46 se establece: “El precio de la oferta será el valor comercial del inmueble, en la fecha de vencimiento del plazo determinado por un avalúo técnico realizado en los términos de la presente ley o en la fecha anterior en que el titular de la opción decidiere ejercerla” (subrayado fuera de texto).
Lo anterior significa que en cualquier momento antes del vencimiento del plazo originalmente acordado, el cual no será superior a tres (3) años en ningún caso, el titular de la opción de compra puede ejercerla o esperar al vencimiento para aceptarla o no hacerlo, en cuyo caso deberá restituir el inmueble al establecimiento de crédito en el mismo estado en que lo recibió y disponer del ahorro efectuado para tal efecto en cumplimiento de la Ley.
Gastos notariales y de registro
Los gastos ocasionados por concepto de derechos notariales y registro en el momento de perfeccionar la compra de que trata el artículo 46 de la Ley de Vivienda se regirán por las disposiciones generales, es decir por el artículo 23 de la misma disposición, según el cual “Los derechos notariales y gastos de registro que se causen con ocasión de la constitución o modificación de gravámenes hipotecarios, a favor de un participante en el sistema especializado de financiación de vivienda, para garantizar un crédito de vivienda individual, se liquidarán al setenta por ciento (70%) de la tarifa ordinaria aplicable...“ y la Instrucción Número 03 del 21 de febrero de 2000 de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Ahorro programado
De conformidad con el ordinal 7 del mencionado artículo 46 de la Ley 546 de 1999 “El titular de la opción deberá cumplir durante todo el plazo de la oferta, un programa de ahorro…“. Ahora bien, al respecto vale la pena distinguir dos situaciones, a saber
Si el titular de la opción quiere beneficiarse del subsidio del Estado consistente en el abono de un peso por cada peso ahorrado deberá cumplir con un programa de ahorro que deberá definirse al momento de la celebración del contrato especial y que busca que las personas acumulen en el período de la oferta el 30% del valor del bien a título de cuota inicial, correspondiente a 15% ahorrado por el titular y el otro 15% al subsidio, de tal forma que al hacer efectiva la compra el endeudamiento no supere el 70% del valor comercial del inmueble.
Si el interesado no desea beneficiarse del subsidio, puede no efectuar el ahorro y cancelar el valor del bien con sus propios recursos, al menos eh la porción exigida para no superar el límite de endeudamiento consagrado en el Decreto 145 de 2000.
Base para el cobro de los seguros
El numeral 2 del articulo 120 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con lo dispuesto por el Decreto 145 de 2000, indica que “En los seguros que se pacten sobre el bien hipotecado el valor asegurado no podrá sobrepasar el de la parte destructible del inmueble; y en los seguros de vida del deudor, el valor asegurado no excederá el del saldo insoluto del crédito”.
Así las cosas, en los casos en que sea procedente, es decir en condiciones normales, las garantías de las obligaciones hipotecarias deben estar aseguradas contra los riesgos de incendio y terremoto, lo cual no obsta para que por política interna de las entidades financieras y de común acuerdo las partes se aseguren otros riesgos como el de vida deudor, inundaciones, asonada, etc.
De esta forma hemos dado curso a su solicitud, con el alcance que para tales efectos establece el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ROY GONZALO RIOS CHACON
Subdirector de Regulación y Consulta (E)