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CONCEPTO 48142 DE 2002

(noviembre 14)

Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8202

Bogotá D.C.

Señora

MARÍA EMILIA BAEZA LARIOS

Departamento de Estudios

Superintendencia de Bancos de Guatemala

E-Mail: mbaeza@sib.gob.gt

Referencia: 2002048142-0

454 Solicitud de Información

39 Respuesta final

Sin anexos

Apreciada señora:

Me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia con el número citado al rubro, mediante la cual formula algunas consultas sobre supervisión consolidada y formación de grupos.

Sobre el particular, sea lo primero precisar que la Superintendencia Bancaria de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), modificado por la Ley 510 de 1999, es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al que corresponde ejercer las funciones expresamente determinadas en la ley, en su condición de máxima autoridad de vigilancia y control sobre las entidades que integran los sistemas financiero, asegurador y previsional del país.

Así mismo, de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política las autoridades sólo tienen competencia en relación con las materias a su cargo y con sujeción a las funciones a ellas asignadas que, en el caso de la Superintendencia Bancaria se encuentran referidas únicamente a las entidades bajo su vigilancia, instituciones que son las determinadas en el numeral 2 del artículo 325[1 del citado Estatuto.

Las anteriores precisiones resultan necesarias a propósito de su solicitud, toda vez que la órbita de competencia de esta autoridad se circunscribe a las entidades enunciadas, que no constituye la totalidad de los sectores objeto de la reglamentación sobre el tema, existiendo normatividad adicional, para otro tipo de instituciones, como las sociedades mercantiles, que correspondería indicarías a otros entes estatales.

Puntualizado lo anterior, conviene señalar que los antecedentes normativos de la consolidación en Colombia tienen su origen en el Código de Comercio expedido mediante Decreto 410 de 1971, que incluyó en el Capitulo XI del Titulo I del Libro Segundo, los artículos 260 a 265 en los cuales se reglamentaba el régimen colombiano de sociedades matrices y subordinadas. Estas últimas se dividían en filiales o subsidiarias, según que el control económico, financiero o administrativo fuera ejercido directamente por la matriz o indirectamente a través de una o varias filiales respectivamente.

Como principio general se entendía que existía vinculación de dos o más entidades cuando hubieren intereses comunes entre ellas o cualquier situación de control o dependencia. La norma prohibía a las subordinadas tener acciones de su matriz y facultaba al gobierno para comprobar mediante los respectivos organismos de control la realidad de las transacciones sobre bienes que se negociaran entre entidades vinculadas.[2

Con la Ley 222 de 1995, que empezó a regir el 20 de junio de 1996, se definió el concepto de subordinación como el poder de decisión de una matriz o controlante sobre otras entidades, en forma directa o indirecta por intermedio de las subordinadas, se introdujeron conceptos como el Grupo Empresarial, se ratificó la prohibición de la imbricación y se aumentaron los poderes de las entidades de control para imponer multas y ordenar la suspensión de algunas operaciones reciprocas.

Así pues, el artículo 27 relaciona los casos en que se presume existe subordinación:

“Artículo 27. PRESUNCIONES DE SUBORDINACIÓN

“1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.

“2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el numero de votos necesarios para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva;

“3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante, en las decisiones de los órganos de administración.

“Parágrafo 1°. Igualmente habrá subordinación para todos los efectos legales, cuando el control conforme a los presupuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales éstas posean más del cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad.

“Parágrafo 2°. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control sea ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas en el parágrafo anterior”.

Ahora bien, cuando en cualquiera de las situaciones anteriores, exista una unidad de propósito y dirección, por medio de la cual todas las entidades y sus actividades persigan la consecución de un objetivo determinado por la controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social de cada una de ellas, se configura un “Grupo Económico”. En caso de presentarse discrepancia sobre los supuestos que originan la existencia de un Grupo Empresarial, le corresponde a las Superintendencias Bancaria, de Sociedades o de Valores dirimir las diferencias (Artículo 28 ibídem).

Lo anterior supone que si se configura una situación de control es obligatorio inscribir esta circunstancia en el registro mercantil, tal como lo prevé el artículo 30:

“Artículo 30 OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL.

“Cuando de conformidad con lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, se configure una situación de control, la sociedad controlante lo hará constar en documento privado que deberá contener el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el presupuesto que da lugar a la situación de control. Dicho documento deberá presentarse para su inscripción en el registro mercantil correspondiente a la circunscripción de cada uno de los vinculados, dentro de los treinta días siguientes a la configuración de la situación de control.

“Si vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, no se hubiere efectuado la inscripción a que alude este artículo, la Superintendencia de Sociedades, o en su caso la de Valores o Bancaria, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, declarará la situación de vinculación y ordenará la inscripción en el Registro Mercantil, sin perjuicio de la imposición de las multas a que haya lugar por dicha omisión.

“En los casos en que se den los supuestos para que exista grupo empresarial se aplicará la presente disposición. No obstante, cumplido el requisito de inscripción del grupo empresarial en el registro mercantil, no será necesaria la inscripción de la situación de control entre las sociedades que lo conforman.

“Parágrafo 1°. Las Cámaras de Comercio estarán obligadas a hacer constar en el certificado de existencia y representación legal la calidad de matriz o subordinada que tenga a sociedad así como su vinculación a un grupo empresarial, de acuerdo con los criterios previstos en la presente ley.

“Parágrafo 2°. Toda modificación de la situación de control o del grupo, se inscribirá en el Registro Mercantil. Cuando dicho requisito se omita, la entidad estatal que ejerza la inspección, vigilancia o control de cualquiera de las vinculadas podrá en los términos señalados en este artículo, ordenar la inscripción correspondiente”.

Téngase en cuenta que desde la entrada en vigencia de esta Ley, las entidades estuvieron obligadas a inscribir la situación de control en la Cámara de Comercio del domicilio de cada uno de los vinculados. Así pues, es esa entidad quien cuenta con la información relativa al tiempo que transcurrió desde la expedición de la ley hasta que se hicieron las primeras declaraciones de control y por ende es la autorizada para suministrarla.

Adicionalmente los tres organismos de inspección y vigilancia - Superintendencia Bancaria, de Valores y Sociedades- tienen la autoridad para comprobar la realidad de las operaciones que se celebran entre una sociedad y sus vinculados, imponer multas u ordenar la suspensión de las mismas en caso de detectarse su irrealidad o su celebración en condiciones considerablemente diferentes a las normales del mercado (Artículo 31 ibídem).[3

La ley también dispuso que al cierre de cada ejercicio social o por lo menos al final de cada año, las sociedades controlantes difundieran estados financieros consolidados, debidamente certificados, permitiendo a los organismos de inspección y vigilancia exigir publicaciones para periodos intermedios. Se precisa que en estos balances, las inversiones en subordinadas deben contabilizarse por el método de participación patrimonial (Artículo 34 ibídem).

 
Quedó asimismo establecido que en caso de configurarse una situación de control, los dividendos pueden pagarse en acciones o cuotas liberadas de la misma sociedad sólo a los socios que así lo acepten (Artículo 33 ibídem).[4

Las anteriores disposiciones del Código de Comercio fueron sucesivamente plasmadas en las normas específicas que regulan las empresas involucradas.

A su turno, el Decreto 2160 de 1986, mediante el cual se establecieron normas generales y procedimientos de contabilidad en Colombia, dispuso en su artículo 85 la necesidad de presentar estados financieros consolidados, cuando una compañía posea el 50% o más de las acciones en circulación o del capital de las subordinadas “utilizando métodos de reconocido valor técnico”. También se especificó que las transacciones con vinculados económicos, como son la compañía matriz, subordinadas, asociadas, socios o accionistas y directores se debían revelar indicando la vinculación, la naturaleza y monto de las transacciones (literal f del artículo 91).

Cuando se modificó el Decreto 2160 de 1986, mediante el Decreto 2649 de 1993, se conservaron los mismos principios, aunque se exigió la presentación de estados financieros consolidados no solamente en el caso de la matriz con sus subordinadas sino también entre “un ente dominante y los dominados” (artículo 23) y la revelación de las transacciones con partes relacionadas, es decir las realizadas con vinculados económicos, propietarios y administradores (numeral 10 del artículo 115).

Si bien la exigencia de presentar estados financieros consolidados y de revelar información fue un paso importante para obtener una mayor información acerca de los grupos económicos, en el sector financiero se tomó la decisión de exigir tanto el cumplimiento de la relación de solvencia en forma individual[5 por cada establecimiento de crédito, como en forma consolidada, según lo previsto en el artículo 30 del Decreto 673 de 1994, a cuyo tenor:

'Artículo 3° Cumplimiento de la Relación de Solvencia. El cumplimiento de la relación de solvencia vigente se realizará en forma individual por cada establecimiento de crédito. Igualmente la relación de solvencia deberá cumplirse y supervisarse en forma consolidada. Para estos efectos, los establecimientos de crédito se sujetarán a las normas que, conforme a sus facultades legales, expida la Superintendencia Bancaria en relación con la obligación de presentar estados financieros consolidados, en particular, las entidades con las cuales debe efectuarse la consolidación”.

De esta manera, se tiene en cuenta que la solvencia de un banco se determina no sólo por la capacidad de repago de sus propias obligaciones, sino considerando igualmente el conjunto de las entidades que debe soportar con su propio capital y cuya solvencia compromete su propia estabilidad.

Este principio se mantuvo en las modificaciones del Decreto 673, incluyendo la última efectuada mediante la expedición del Decreto 1720 de agosto de 2001, en el cual se ratifica que la verificación de la solvencia en forma consolidada debe realizarse en forma semestral.

A este respecto, cabe manifestar que las Superintendencias de Sociedades y Valores expidieron normas conjuntas ceñidas totalmente a la Ley 222 de 1995, mientras que la Superintendencia Bancaria siguió una normatividad diferente.

Así las cosas, en tratándose de las normas aplicables a las entidades vigiladas por este Organismo sea del caso señalar que en nuestro régimen jurídico se introdujo el concepto de supervisión sobre base consolidada a partir de la expedición de la Ley 510 de 1999, artículo 45, que adicionó el numeral 8 del artículo 326 del Estatuto Orgánico Financiero, a cuyo tenor:

“Artículo 326 Funciones y facultades de la Superintendencia Bancaria.

“(…)

“8. Adicionado. L. 510/99, Art. 45. Con el fin de asegurar que la precisar que la supervisión pueda desarrollarse de manera consolidada, la Superintendencia Bancaria promoverá mecanismos de intercambio de información con organismos de supervisión de otros países en los cuales entidades financieras colombianas desarrollen operaciones o tengan filiales, o en los cuales estén domiciliadas entidades financieras matrices de entidades financieras colombianas. Cuando la información que se suministre tenga carácter confidencial, la Superintendencia Bancaria podrá entregarla con el compromiso de que la misma sea conservada por la autoridad de supervisión con tal carácter. Igualmente, la Superintendencia Bancaria podrá permitir que en las visitas o inspecciones que realice a sus vigiladas participen agentes de organismos de supervisión de otros países en los cuales tengan su sede entidades vinculadas a entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, siempre y cuando se reconozca a esta entidad esa misma posibilidad”.

En concordancia con el artículo 325, numeral 1°, literal f) que en cuanto a los objetivos de la Superintendencia Bancaria señala:

“Supervisar en forma comprensiva y consolidada el cumplimiento de los mecanismos de regulación prudencial que deban operar sobre tales bases, en particular respecto de las filiales en el exterior de los establecimientos de crédito”.

Claro está, que desde 1989, esta Entidad ya había reglamentado la obligación de presentar estados financieros consolidados cada fin de año, con todas aquellas subordinadas en las que una vigilada poseyera más del 50% de participación, definiendo así mismo las pautas para la consolidación (Circular Externa 110 de 1989). En junio de 1994, esta norma fue modificada por medio de la Circular Externa 055, que limita la consolidación a las entidades vigiladas por esa entidad de control. En la actualidad, la Circular Externa 100 de 1995 (Circular Externa Básica Contable y Financiera) en su Capítulo X, consagra lo atinente a los estados financieros consolidados.

En cuanto a los límites individuales de crédito y de concentración de riesgos, debe verificarse tanto en el ámbito individual como consolidado. En este último caso, se deben sumar todas las exposiciones al nivel de cada entidad para un mismo deudor y comparar el resultado con el patrimonio consolidado.

A este respecto, el artículo 2° del Decreto 2360 de 1993, mediante la cual se dictaron las normas sobre límites de crédito, establece que ningún deudor, en forma individual o agregada con sus vinculados, puede ser beneficiario de operaciones activas de crédito (OAC) por un monto superior al 10% del patrimonio técnico de la entidad financiera quien efectúa los préstamos si el único respaldo es el patrimonio del deudor o del 25% si ofrece una garantía calificada como admisible.

Adicionalmente, el riesgo total con una misma persona, definido como la suma de las OAC y las otras operaciones de las cuales es beneficiario como inversiones y leasing entre otras, no debe superar el 30% del patrimonio técnico del establecimiento de crédito.

Ahora bien, las normas contemplan una serie de límites especiales y excepciones, dependiendo del tipo de deudores, la naturaleza de las OAC, y de las garantías ofrecidas, las cuales se encuentran contenidas en la parte tercera del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), así como en el referido Decreto 2360.

En torno a la obligación de las entidades de implementar sistemas de administración de riesgos, cabe manifestar que éstos se encuentran consagrados en la Circular Básica Financiera y Contable (Circular Externa 100 de 1996). En el capítulo II el relativo a la Gestión del Riesgo de Crédito, donde se impone la obligación a las entidades vigiladas de contar con sistema de administración del riesgo crediticio (SARC), puesto que es fundamental que evalúen permanentemente el riesgo de los activos implícitos en la cartera de crédito de conformidad con los principios y criterios generales que la misma establece, pero que corresponde a cada entidad establecer sus propios métodos y criterios para llevar a cabo dichas evaluaciones. Igualmente, en el Capítulo XXI, de la misma Circular, se establecen los criterios y procedimientos para medición de riesgos de mercado.

Bajo este contexto normativo, se observa que la supervisión consolidada involucra varios aspectos, especialmente, información contable consolidada, determinación del capital adecuado por consolidación, dispersión de riesgos por consolidación. Hasta el momento no existe un manual contable consolidado para grupos.

Finalmente, cabe manifestar que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993)[6 y la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995) pueden ser consultados en nuestra página web cuya dirección es www.superbancaria.gov.co icono normatividad. Igualmente, y en atención a que toda solicitud debe ser radicada en la oficina de correspondencia, para próximas consultas puede dirigirse a super@superbancaria.qov.co

 
En los anteriores términos dejamos atendida su solicitud, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código contencioso Administrativo.

Cordialmente,

PILAR CABRERA PORTILLA

Coordinadora Grupo de Consultas Dos

1. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria son los establecimientos de crédito (bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras), las sociedades de servicios financieros (sociedades fiduciarias, almacenes generales de deposito, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías y otras instituciones de seguridad social en la parte de pensiones), las sociedades de capitalización, las otras instituciones financieras (organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero y cooperativas financieras), las entidades aseguradoras (compañías y cooperativas de seguros y las compañías y cooperativas de reaseguros), los intermediarios de seguros y reaseguros (corredores de seguros, agencias y agentes de seguros y corredores de reaseguros), los fondos ganaderos inscritos y algunas entidades especiales como los fondos de garantías del sector financiero y cooperativo (Fogafin y Fogacoop), el Banco de la República, los bancos de segundo piso (Bancoldex, Fen, Findeter y Finagro) y otras instituciones (Fondo Nacional del Ahorro, Fonade e Icetex). Los asesores en seguros fueron vigilados hasta el 29 de diciembre de 2000 (Circular Externa 87 de 2000).

2. Superintendencia de Sociedades: “Descripción y Análisis de Sociedades Matrices y Subordinadas Inscritas en el Registro Mercantil de Colombia a 31 de diciembre de 1997”. Septiembre de 1998.

3. “Los respectivos organismos de inspección y vigilancia o control podrán comprobar la realidad de las operaciones que se celebren entre una sociedad y sus vinculados. En caso de verificar la irrealidad de tales operaciones o su celebración en condiciones considerablemente diferentes a las normales del mercado, en perjuicio del Estado, de los socios o de terceros, impondrán multas y si lo considera necesario, ordenarán la suspensión de tales operaciones. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de socios y terceros a que haya lugar para la obtención de las indemnizaciones correspondientes”.

4. “En todo caso cuando, se configure una situación de control en los términos previstos en la ley, sólo podrá pagarse el dividendo en acciones o cuotas liberadas de la misma sociedad, a los socios que así lo acepten”.

5. Al sustituir la relación entre pasivos y capital por la relación de solvencia, la Junta Monetaria solo requirió que los establecimientos de crédito presentaran un nivel mínimo a nivel individual (resoluciones 80 de 1989 y 45 de 1991 para bancos, 81 de 1989 y 46 de 1991 para corporaciones financieras, 83 de 1989 y 47 de 1991 para corporaciones de ahorro y vivienda y 82 de 1989 y 48 de 1991 para compañías de financiamiento comercial).

6. El Estatuto Orgánico del sistema Financiero que se puede consultar vía Internet incluye las normas del Decreto 2360 de 1993 relativas a límites de crédito.

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