CONCEPTO 48401 DE 2001
(marzo 22)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8201
Bogotá, D. C.,
Señor
JOSE NELSON ANGARITA PASACHOA
Fax: 0987 879040
Referencia: 2000048401-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin Anexos
Apreciado señor:
Con gusto damos respuesta a su comunicación radicada con el número indicado al rubro, mediante la cual solicita se le informe “si es o no legal el hecho de que la Junta de Vivienda Comunitaria El Porvenir (...), me esté cobrando intereses al 10% sobre una deuda que tengo con la Asociación”.
En primer lugar, se debe precisar que la Superintendencia Bancaria es un ente de policía administrativa al cual le corresponde, en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia conferidas por el artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, de una parte, velar por que las instituciones sometidas a su control se adecuen en su formación, estructura y funcionamiento a las normas legales que regulan la actividad financiera, aseguradora y previsional en el País y, de otra, dentro de la órbita de sus facultades, adelantar actuaciones para que en el desarrollo de sus operaciones tales entidades cumplan con las disposiciones que las rigen.
Según dispone el artículo 121 de la Carta Política, ningún organismo del Estado podrá desarrollar actividades distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley que, en el caso de esta agencia gubernamental, se circunscriben a las instituciones sometidas a su supervisión. En ese sentido, el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo señala que los conceptos que se soliciten a las autoridades deben tener “relación con las materias a su cargo”, y entre las funciones conferidas a la Superintendencia Bancaria -literal e) del numeral 3º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero-, se encuentra la de “Absolver las consultas que se formulen relativas a las instituciones bajo su vigilancia”, dentro de las cuales no se cuentan las mencionadas en su escrito.
No obstante lo anterior y a título simplemente ilustrativo, se considera oportuno efectuar los siguientes comentarios:
En torno al tema de los límites a las tasas de interés y con ocasión del concepto rendido el 5 de julio de 2000 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, esta Entidad instruyó a las vigiladas en los términos de la Circular Externa 051 del mismo año, cuyos apartes pertinentes se transcriben a continuación:
“1. En Colombia las tasas de interés son libres, es decir, que las partes pueden acordarlas en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, con sujeción a los límites legales.
“2. De acuerdo con lo indicado por dicha Corporación, por virtud de lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, sustituido por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, el interés moratorio no podrá sobrepasar el equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por esta Superintendencia.
“3. Las tasas máximas del interés remuneratorio que los establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar a su clientela sobre todas las operaciones activas y pasivas, únicamente puede señalarlas la Junta Directiva del Banco de la República, por ser una función exclusiva y permanente que le está asignada por el literal e) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, en el texto que quedó vigente después de la declaratoria de inexequibilidad parcial contenida en la Sentencia C-208 del 1º de marzo del 2000, proferida por la Corte Constitucional.
“4. En tanto la autoridad monetaria no señale tales tasas máximas remuneratorias, las mismas responderán a los requerimientos del mercado, teniendo en cuenta en todo caso que, como precisó el Consejo de Estado, 'No se pueden cobrar o recibir intereses que excedan la tasa constitutiva del delito de usura'.
“(…)
“8. Dentro de las funciones ordinarias de vigilancia que corresponden a la Superintendencia Bancaria no se encuentra la de ordenar la reducción de la prestación debida cuando las tasas de interés cobradas por una institución financiera sobrepasen los límites legales, como sí la de velar por que se haga efectiva la entrega de las sumas que la entidad acreedora esté obligada a devolver por mandato judicial. Cabe agregar que de manera excepcional esta Superintendencia puede conocer de asuntos contenciosos suscitados entre las entidades vigiladas y sus usuarios, en los términos previstos en los artículos 146 a 148 de la Ley 446 de 1998(1).
“En consecuencia, y como quiera que el percibir Intereses remuneratorios y moratorios en exceso del límite previsto en el artículo 235 del Código Penal expone a las entidades vigiladas a las sanciones contempladas por el artículo 884 del Código de Comercio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, de conformidad con lo previsto en el artículo 326, numeral 5º, letra a), del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se califica como práctica no autorizada e insegura la causación o el cobro de réditos que sobrepasen la tasa máxima prevista para el delito de usura” (se resalta).
Como se observa, está vedado a los establecimientos de crédito pactar con los usuarios de sus servicios tasas de interés, remuneratorias o moratorias, que excedan los máximos establecidos por la ley para cada caso, prohibición que se hace extensiva tanto a particulares como a cualquier otro tipo de entidades pues, como expresó el Consejo de Estado en sentencia de septiembre 18 de 1988, “...ha sido uniforme la jurisprudencia de las altas Corporaciones judiciales al sostener que se debe reducir el monto de los intereses que se causen por cualquier naturaleza, al límite establecido por el artículo 235 del Código Penal(2), el cual reza:
“El que reciba o cobre, directa o indirectamente, de una o varias personas, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad el interés que para el período correspondiente estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión (...).
“El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los términos y condiciones previstos en este artículo, incurrirá en prisión (…)”.
Las condiciones para que se configure el tipo descrito son que se cobre o reciba utilidad o ventaja, por concepto de operaciones de mutuo o venta de bienes o servicios, que sobrepase en la mitad el interés que estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, o que se compre cheque, sueldo, salario o prestación bajo tales términos. De ahí que la percepción o el cobro de réditos superiores a los fijados para la usura no implica responsabilidad penal cuando se origina en prácticas diferentes a las contempladas en la norma.
En adición a los preceptos del estatuto punitivo ya anotados, cabe recordar que cuando en obligaciones de carácter civil se pacten rendimientos que superen en una mitad a la frontera fijada en el artículo 2231 del Código de la materia -el interés convencional que exceda de una mitad al que se probare haber sido el interés corriente al tiempo de la convención- serán reducidos “por el juez a dicho interés corriente, si lo solicitare el deudor”, debiendo ventilarse entonces ante dicho funcionario las diferencias que se susciten en virtud de tales estipulaciones, conforme a los procedimientos establecidos en la ley. Y en lo tocante a los contratos sujetos al régimen de los comerciantes, el acreedor quedará expuesto a lo previsto en el artículo 884 del mismo, modificado por el artículo 111 de la ley 510 de 1999:
“Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.
“Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria”.
Por su parte, establece el artículo 72 de la Ley 45 de 1990:
Sanción por el cobro de intereses en exceso. Cuando se cobren intereses que sobrepasen los límites fijados en la ley o por la autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto igual. En tales casos, el deudor podrá solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, más una suma, al exceso, a título de sanción“.
Finalmente, si desea obtener la certificación de tasas de interés expedida por este organismo en uso de las facultades conferidas por el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y para efectos de lo previsto por los artículos 191 del Código de Procedimiento Civil, 884 del Código de Comercio y 235 del Código Penal, puede solicitarla personalmente en la Oficina de Atención al Usuario ubicada en la Calle 7 No. 4-49 de esta ciudad, en el horario de atención al público -9 a.m. a 4 p.m. jornada continua-, previa cancelación de $2.000 en la Pagaduría de esta Entidad, así mismo, el histórico de dichas cifras se encuentra disponible sin costo alguno en nuestra página web: www.superbancaria.gov.coicono Indicadores Económicos.
En estos términos dejamos atendida su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
JEANNETTE SANTACRUZ DE LA ROSA
Coordinadora Grupo de Consultas Uno
1. Cabe precisar que la Corte Constitucional en Sentencia C-1641 de fecha 29 de noviembre de 2000 (M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero) declaró inexequible el artículo 51 de la Ley 510 de 1999, que modificó el artículo 146 de la Ley 446 de 1998, la cual otorgaba facultades jurisdiccionales a la Superintendencia Bancaria para resolver conflictos entre las instituciones financieras y sus clientes originados exclusivamente en la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que aquéllas asuman con ocasión del ejercicio de la actividad financiera, aseguradora o previsional. En consecuencia, en la actualidad este organismo carece de tales facultades jurisdiccionales.
2. Exp. 8531, Consejero Ponente Dr. Germán Ayala Mantilla; se resalta.