CONCEPTO 48651 DE 2003
(Noviembre 26)
<Archivo: Superintendencia Bancaria>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogota, D. C.,
Doctora
ANGÉLICA URIBE GAVIRIA
Secretaria General
Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras – FOGAFIN
Carrera 7 No. 35-40
Ciudad
Referencia: 2003048651-0 y 2003051285-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin anexos
Apreciada doctora:
De manera atenta me refiero a sus comunicaciones DJU-06822 y DJU-07085 radicadas en esta Entidad bajo los números citados al rubro, mediante las cuales, luego de comentar la situación presentada con el convenio de compra de cartera con pacto de retroventa celebrado con el Banco Granahorrar, en relación con la aplicación de la opción de readquisición de vivienda prevista en el artículo 46 de la Ley 546 de 1999 a los deudores de los créditos que componen dicha cartera actualmente propiedad del FOGAFIN y exponer la posición jurídica del fondo, realiza la siguiente consulta:
“1. Pese a no ser un establecimiento de crédito, resulta legalmente válido para Fogafín comprometerse con la persona interesada para la readquisición de un bien dado en dación en pago, en los términos previstos en el artículo 46 de la Ley 546 de 1999?”.
“2. En caso de que la anterior respuesta fuese negativa: ¿Puede válidamente Fogafín negar a los (sic) personas que en su oportunidad suscribieron el correspondiente contrato de arrendamiento con opción de compra, y que cumplieron con los requisitos previstos en el mencionado artículo, la posibilidad de readquirir su vivienda, bajo la consideración que esta entidad no es un establecimiento de crédito?”
“3. En caso de que la primera respuesta fuese positiva: ¿Se encuentra Fogafín facultado para tramitar el subsidio previsto en el numeral 7 del artículo 46 de la Ley 546 de 1999, con el procedimiento previsto en el Decreto 612 de 2001?”.
Para absolver sus interrogantes, se estima necesario remitirnos a las consideraciones que en su momento expuso el legislador con ocasión de la expedición de la Ley 546 de 1999 y, en especial, a aquellas que fundamentaron el denominado “Régimen de Transición” ubicado en el Capítulo VIII de la citada ley cuyo propósito, tal como su nombre lo indica, fue la implementación de algunas medidas temporales que facilitaran la transición al nuevo sistema de financiación de vivienda.
A este respecto, la exposición de motivos de la Ley 546 de 1999 citada señaló:
“VII. Régimen de Transición:
“Las causas que llevan a la actual crisis del sistema de financiación de vivienda han sido ampliamente estudiadas; dentro de ellas se destacan la caída de los precios de la vivienda, deudas que exceden la capacidad de pago de los deudores, vulnerabilidad de los establecimientos de crédito a captaciones inestables y una ausencia de marco jurídico.
“Como resultado, los actores del sistema de vivienda: deudores, intermediarios, ahorradores y el Estado enfrentan una situación de evidente y acelerado deterioro en los más importantes indicadores de la salud del sistema: la cartera morosa ha alcanzado índices superiores al 14%, el valor de las viviendas entregadas en dación en pago excede los $500.000 millones y la credibilidad de los esquemas hipotecarios ha alcanzado su punto más bajo. De no adoptarse medidas de corrección estructural del modelo de financiación de vivienda se pondría en peligro no sólo la vivienda de los colombianos, sino también sus depósitos en el sector financiero, y por ende, la estabilidad de la economía.
“En este orden de ideas, el Gobierno Nacional presenta a consideración del honorable Congreso un conjunto de medidas para hacer la transición a un nuevo esquema de financiación de vivienda que no adolezca de las debilidades anotadas” (se subraya) (Publicada en Gaceta del Congreso No. 371 del 12 de octubre de 1999 págs. 9 a 13).
De lo anteriormente expuesto, se observa que las disposiciones que componen el comentado régimen de transición, dentro de ellas la figura de la opción de readquisición consagrada en el artículo 46 de la citada normativa, tuvieron como propósito fundamental remediar la situación de crisis del sistema de financiación cuyos principales afectados fueron los deudores que se habían visto obligados a entregar en pago de las deudas sus viviendas. Corrobora lo anterior el aparte de la exposición de motivos referente a la mencionada figura que se transcribe a continuación:
“3. Opción para recuperar los bienes entregados en dación en pago. Se autoriza a los establecimientos de crédito a realizar transitoriamente las operaciones y los contratos necesarios para entregarlos en arriendo con opción de compra. Para ello se crea un procedimiento especial y transitorio - arrendamiento con opción de compra- que permite a los afectados, en los términos que reglamente la Superintendencia Bancaria, habitar el inmueble mientras recuperan su capacidad de pago a cambio de una remuneración similar a un arriendo”[1
(se resalta).
Con base en las consideraciones expuestas, es claro que “...mediante el contrato en estudio el legislador buscó subsanar de alguna manera la situación de los deudores de créditos individuales de vivienda que debido a la crisis del sistema de financiación de vivienda se habían visto o se podrían ver obligados a entregar sus inmuebles en dación en pago de sus deudas, consagrando a favor de los mismos la posibilidad de readquirir el inmueble entregado en dación en pago ante la misma entidad financiera bajo un régimen especial de obligaciones, beneficios e incentivos otorgados por el Gobierno Nacional a los potenciales titulares de la opción.
“Para lograr el anterior propósito, la ley permitió el ejercicio de la opción de compra del inmueble mediante la implementación de un contrato de readquisición -previo el cumplimiento de un programa de ahorro durante el término que dura la oferta: máximo tres años- a cuyo vencimiento puede el deudor optar por readquirir su vivienda, caso en el cual se hace acreedor al subsidio otorgado por el Estado y a los beneficios tributarios consagrados para el programa de ahorro para el fomento de la construcción” (apartes del Memorando Interno del 18 de marzo de 2003 dirigido por la Dirección Jurídica a la Subdirección de Análisis Financiero y Estadística de esta Superintendencia).
Sin perder de vista lo expuesto y frente a su primera inquietud, esta Entidad considera que los deudores de créditos que en este momento se encuentran en cabeza del Fondo en virtud del contrato de compraventa de cartera celebrado entre el Banco Granahorrar y el FOGAFIN, tienen derecho a la figura contractual en mención con el régimen de beneficios legales establecido tanto en la norma como en sus decretos reglamentarios (Decretos 2336 de 2000 y 612 de 2001) y a llevar a cabo la opción de readquisición, pues como ya se expresó, la filosofía de la norma fue la protección de los deudores que se encontraban en la situación que hemos comentado.
Así, más allá de las disposiciones que se refieren únicamente al “establecimiento de crédito” como destinatario del ejercicio del contrato, para interpretar tanto el artículo 46 como sus decretos reglamentarios, debe tenerse en cuenta las motivaciones del legislador en la consagración de la figura, así como la finalidad de la misma norma. En tal virtud, no resulta jurídicamente admisible una interpretación literal de la norma, puesto que ello afectaría principios constitucionales básicos como el de la igualdad y el derecho a una vivienda digna por una situación particular que no debería afectar a los deudores del Banco Granahorrar, cuyos créditos por decisiones ajenas a su voluntad se encuentran ahora en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras “Fogafín”.
Lo anterior es corroborado por el parágrafo 1° del artículo 46 en estudio, el cual señaló expresamente que en el evento en que el bien inmueble respecto del cual se pretende ejercer el contrato de readquisición se haya transferido a cualquier título a un patrimonio autónomo, sociedad matriz o subsidiaria del establecimiento de crédito respectivo, las obligaciones impuestas por la norma citada a este último se trasladarán a la persona o entidad a quien se haya transferido el bien. En tal sentido, señala el artículo 7 del Decreto 2336 de 2000 lo siguiente: “Cuando en el presente decreto se determinen obligaciones a cargo de un establecimiento de crédito, debe entenderse que tales obligaciones quedan radicadas en el patrimonio autónomo, persona jurídica o establecimiento de crédito al que se le haya transferido o se le transfiera el respectivo bien y que obre como propietaria del mismo (…)“.
Es así como la ley buscó amparar al deudor afectado por la dación en pago de su vivienda y que estuviera interesado en readquirirla en todas las situaciones posibles, incluso aquellos casos en los que a cualquier título el establecimiento de crédito hubiese enajenado el inmueble. En tal evento, dispuso el legislador que las obligaciones legales se radicarían en el propietario del bien.
En tal virtud y para dar respuesta a su tercera inquietud, en el evento que se consulta, corresponde al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras como titular de las obligaciones derivadas del contrato de readquisición de vivienda consagrado en la Ley 546 de 1999 presentar la cuenta de cobro respectiva ante esta Entidad, con el fin de que se adelante el trámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el pago de los subsidios de acuerdo con el procedimiento dispuesto por el Decreto 612 de 2001.
Además de las consideraciones expuestas en torno al alcance de la normativa en estudio, es pertinente recordar que el Fondo de Garantías de instituciones Financieras “Fogafín” adquirió la cartera objeto de la operación repo celebrada entre el Banco Granahorrar y el citado Fondo en el marco de unos apoyos de liquidez otorgados por este último a la mencionada institución bancaria. La operación repo conlleva la transferencia en propiedad de los títulos negociados “(...) a fin de que el tenedor quede legitimado para ejercer los derechos que conceda cada título” (lit. d., subnumeral 3.4 del Capítulo XIII de la Circular Básica Financiera y Contable de la Superintendencia Bancaria).
En consecuencia, la transferencia de los títulos que instrumentan las operaciones de crédito legitiman al nuevo tenedor en el ejercicio de los derechos incorporados en cada título, radicando en igual medida los deberes, derechos y obligaciones de los créditos en cabeza del mismo. En tal sentido, se advierte que la operación repo a que nos venimos refiriendo, en virtud de la cual el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras “Fogafín” se convirtió en propietario de algunos créditos de vivienda que componían la cartera objeto de la citada operación, radicó en cabeza del citado Fondo, entre otras, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del ejercicio de la opción de readquisición consagrado a favor de los deudores en el artículo 46 de la Ley 546 de 1999, tantas veces citado.
En los anteriores términos dejamos atendida su consulta, con el alcance establecido para esta clase de pronunciamientos por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
SEGISMUNDO MÉNDEZ MÉNDEZ
Director Jurídico
1 Gaceta del Congreso No. 371 del 12 de octubre de 1999, pág 12.