CONCEPTO 49303 DE 2003
(Octubre 10)
<Archivo: Superintendencia Bancaria>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8203
Bogotá D. C.,
Señor
JORGE IVÁN AGUDELO GONZÁLEZ
Carrera 6 No. 18–46 oficina 403
Pereira
Referencia: 2003049303-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin Anexos
Apreciado señor:
De manera atenta damos respuesta a su petición radicada en esta Superintendencia con el número indicado en la referencia, mediante el cual solicita concepto acerca del alcance de la cobertura de una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Sobre el particular, se estima pertinente efectuar los siguientes comentarios:
En primer término debe advertirse que esta Superintendencia, por su carácter de autoridad administrativa, no posee competencia para dirimir conflictos surgidos entre los particulares y las compañías de seguros sometidas a su inspección y vigilancia, con ocasión de los litigios que se presenten en la ejecución de los contratos de seguros, correspondiéndole esa misión, por la naturaleza de su actividad, a la rama jurisdiccional,[1 la cual, en orden a decidir sobre las particularidades del caso reseñado en su comunicación, tendría que evaluar el alcance específico de las disposiciones que regulan el contrato de seguro aplicables al mismo.
No obstante, en atención a los términos de su petición resulta procedente efectuar, a título ilustrativo, las siguientes precisiones con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo:
En la definición de la naturaleza jurídica del seguro de responsabilidad el artículo 1127 del Código de Comercio, modificado por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990, señala que este seguro “... impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado” (resaltado ajeno al texto).
El análisis de la expresión “perjuicios patrimoniales” a la luz del criterio de interpretación normativa consignado en el artículo 28 del Código Civil permite concluir que la determinación de su alcance no atiende un significado legal sino que, por el contrario, se debe obtener a partir del sentido que le han dado la doctrina con apoyo en la jurisprudencia nacional, teniendo en cuenta que el concepto de daños o perjuicios se encuentra directamente relacionado con las reglas de la responsabilidad civil.
En este aspecto el tratadista Valencia Zea [2 sostiene que “... existe perjuicio cuando se destruye o menoscaba alguno de los derechos subjetivos de las personas”, los cuales igualmente clasifica en: patrimoniales y extramatrimoniales. Los primeros se encuentran en el comercio y son avaluables en dinero; los segundos no se encuentran en el comercio y en sí mismos no son avaluables en dinero; sin embargo, es posible que la lesión de un derecho extramatrimonial tenga consecuencias de orden patrimonial...”[3
En este orden de ideas, los derechos precitados pueden afectarse por diferentes clases de daño, el mismo autor distingue, para tal efecto, entre el daño material o patrimonial y el daño inmaterial o moral subjetivo, aspecto en que han coincidido la doctrina y la jurisprudencia nacional: Veamos:
a) El daño moral o patrimonial implica la destrucción o menoscabo de algunos derechos patrimoniales de una persona ya en forma directa, ya en forma indirecta. Se denomina daño material o patrimonial directo aquel que tan solo es necesario avaluar el derecho suprimido o el menor valor en razón el daño, en tanto que el daño material o patrimonial indirecto se traduce en que a consecuencia del desconocimiento o lesión de un derecho extramatrimonial, se merman derechos patrimoniales presentes o futuros.
b) El daño inmaterial o moral subjetivo comienza a configurarse por una nota negativa: no es material o patrimonial directo o indirecto, pues no rozan con los derechos patrimoniales de ahí que se les denomine daños inmateriales y más frecuentemente daños morales subjetivos.
Por su parte, en relación con los perjuicios morales la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 13 de diciembre de 1943, expresa “Hay en torno al daño moral dos géneros de perjuicios: los que emanan de él en forma concreta, determinada o determinable, que pudieran llamarse perjuicios morales objetivados; y otros que son indeterminados e indeterminables, inasibles y abstractos, perjuicios morales no susceptibles de objetivación”.
(...)
“El daño moral objetivado puede fácilmente repararse. Tal cosa ocurre con el perjuicio inferido a una persona en su patrimonio por la pérdida de su crédito, causada por la difamación; dicho daño es tangible, estimable con relativa facilidad, concretable en cifras numéricas. Pero no puede decirse lo propio del daño moral objetivado”.[4
Con la misma orientación el tratadista Darío Preciado precisa “Se dice que son daños materiales los que pueden cuantificarse económicamente, y morales aquellos que escapan, por su misma naturaleza, a la posibilidad de una valoración en dinero.”
“La doctrina ha distinguido entre los segundos una doble especie, la de los que trascienden la órbita de la intimidad de la persona, y la de aquellos que desbordan ese mundo de la subjetividad para producir externamente efectos y consecuencias que afectan la capacidad productiva o laboral de la persona. A los primeros los denomina “daño moral subjetivo” y a los segundos “daño moral objetivable”.
“Esta segunda categoría, al ser susceptible de valoración económica penetra en la esfera del daño material o de índole patrimonial, diferenciándose de éste solamente por la naturaleza de la fuente de donde dimanan”.[5
Del contexto conceptual expuesto se deduce que la descripción del amparo básico del seguro de responsabilidad, efectuada por el artículo 1127 del Código de Comercio con el empleo de la expresión “perjuicios patrimoniales”, hace referencia al daño patrimonial, vale decir, los perjuicios materiales que afecten directa o indirectamente el conjunto de los valores económicos de la víctima con ocasión de determinada responsabilidad en que incurre el asegurado de acuerdo con la ley. Por consiguiente, los daños morales determinables y susceptibles de valoración económica, esto es, los patrimoniales indirectos o morales objetivados, hacen parte de los daños materiales y se enmarcan dentro de la cobertura del seguro de responsabilidad civil descrita en la norma.
En el mismo sentido se pronuncia del Dr. Juan Manuel Díaz-Granados Ortíz, cuando al revisar el alcance de la expresión “perjuicio patrimonial” contenida en el artículo 1127 del Estatuto Mercantil, manifiesta que “... con, base en la distinción jurisprudencial [6 entre el daño moral subjetivo o 'pretium doloris' y el daño moral objetivado, este último tiene sus manifestaciones adversas en la esfera patrimonial de la víctima, por lo cual no se consideraría excluido”.[7
No sucede lo mismo con los daños morales subjetivos, los cuales no son susceptibles de valoración pecuniaria y, por ende, no se enmarcan dentro de la cobertura del seguro de responsabilidad civil descrita en la norma en estudio. Sin embargo, teniendo en cuenta que el artículo 1056 del Código de Comercio reconoce la facultad del asegurador de asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o el patrimonio del asegurado, las partes previo acuerdo, podrán pactar la cobertura de esta modalidad de daño o, por el contrario, incluirlo como riesgo excluido.
Con referencia en los anteriores lineamientos y atendiendo las reglas de interpretación de los contratos previstos en el artículo 1018 y siguientes del Código Civil, debe examinarse la aplicación de las cláusulas de la póliza a que alude su comunicación.
En los anteriores términos se ha dado curso a su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR QUINTERO RODRÍGUEZ
Coordinadora Grupo de Consultas Tres
1 El auto de octubre 9 de 1974 del Consejo de Estado definió en este sentido el alcance de las funciones de la Superintendencia Bancaria cuando manifestó que respecto de la legalidad o puntualidad o regularidad como una institución vigilada “... cumpla con los negocios celebrados con su clientela, el Superintendente solo puede dar órdenes para evitar lo que contraríe la ley, pero no para revocar los actos de ejecución contractual….Si ...causa perjuicio a alguno de sus clientes el Superintendente no puede ordenar ni directa ni indirectamente que tal perjuicio sea reparado, ni siquiera puede estimar si hubo o no perjuicio o si cumplió bien o mal la obligación del contrato, porque tal extensiva interpretación de sus facultades de vigilancia transformaría su función de administrativa a jurisdiccional ...decidir sobre la regularidad o legalidad del cumplimiento de las obligaciones contractual es...es lo que por definición, la ley reserva al juez”.. (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Sustanciador Dr. Miguel Lleras Pizarro. Actor: Banco Central Hipotecario. Acción de plena jurisdicción contra el oficio 9700 de 1974 de la resolución 2295 del mismo año, proferidas por el Superintendente Bancario. Exp. 2495. Anales 1974, Tomo 87, Segundo Semestre, Nos. 443-444, pág. 308).
2 VALENCIA ZEA, Arturo Derecho Civil, Tomo III, De las Obligaciones. Editorial Temis 1978, págs. 218 y ss.
3 En este sentido advierte el autor que “... es preciso no reducir el empobrecimiento a la disminución de los derechos patrimoniales, ya que también se empobrece quien sufre una merma o disminución de cualquiera de los derechos no patrimoniales, es decir, los extramatrimoniales”.
4 Citado por Tamayo Jaramillo, Javier en su obra De la Responsabilidad Civil, De los Perjuicios y su Indemnización, Tomo II, Editorial Temis S.A., Bogotá, 1996.
5 PRECIADO AGUDELO, Darío. Indemnización de Perjuicios. Ediciones Librería del Profesional. pág. 420.
6 El autor cita sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, de 13 de diciembre de 1943 y del 5 de noviembre del mismo año.
7 Ver Informativo Jurídico No. 87 (FASECOLDA), página 7.