CONCEPTO 49769 DE 2002
(septiembre 20)
Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8203
Bogota, D.C.,
Doctora
LUISA MARINA CORREA GONZÁLEZ
Directora Contratos
Secretaría Jurídica
Departamento de Risaralda
Calle 19 No. 13–17
Pereira
Referencia: 2002049769-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin Anexos
Apreciada doctora:
De manera atenta me refiero a su oficio 435 radicado en esta Entidad con el número indicado al rubro, mediante el cual solicita concepto acerca del alcance de la cobertura de una póliza de responsabilidad civil expedida como anexa a una garantía única. Sobre el particular, se estima pertinente efectuar los siguientes comentarios:
1. En la definición de la naturaleza jurídica del seguro de responsabilidad el artículo 1127 del Código de Comercio, modificado por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990, señala que este seguro “...impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado” (resaltado ajeno al texto).
El análisis de la expresión “perjuicios patrimoniales” a la luz del criterio de interpretación normativa consignado en el artículo 28 del Código Civil permite concluir que la determinación de su alcance no atiende a un significado legal sino que, por el contrario, se debe obtener a partir del sentido que le han dado la doctrina con apoyo en la jurisprudencia nacional, teniendo en cuenta que el concepto de daños o perjuicios se encuentra directamente relacionado con las reglas de la responsabilidad civil.
En este aspecto el tratadista Valencia Zea[1 sostiene que “...existe perjuicio cuando se destruye o menoscaba alguno de los derechos subjetivos de las personas”, los cuales igualmente clasifica en: patrimoniales y extrapatrimoniales. Los primeros se encuentran en el comercio y son avaluables en dinero; los segundos no se encuentran en el comercio y en sí mismos no son avaluables en dinero; sin embargo, es posible que la lesión de un derecho extrapatrimonial tenga consecuencias de orden patrimonial…”[2
En este orden de ideas, los derechos precitados pueden afectarse por diferentes clases de daño, el mismo autor distingue, para tal efecto, entre el daño material o patrimonial y el daño inmaterial o moral subjetivo, aspecto en que han coincidido la doctrina y la jurisprudencia nacional: Veamos:
a) El daño material o patrimonial implica la destrucción o menoscabo de algunos de los derechos patrimoniales de una persona ya en forma directa, ya en forma indirecta. Se denomina daño material o patrimonial directo aquel en que tan solo es necesario avaluar el derecho suprimido o el menor valor en razón el daño, en tanto que el daño material o patrimonial indirecto se traduce en que a consecuencia del desconocimiento o lesión de un derecho extrapatrimonial, se merman derechos patrimoniales presentes o futuros.
b) El daño inmaterial o moral subjetivo comienza a configurarse por una nota negativa: no es material o patrimonial directo o indirecto, pues no rozan con los derechos patrimoniales de ahí que se les denomine daños inmateriales y más frecuentemente daños morales subjetivos.
Por su parte, en relación con los perjuicios morales la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 13 diciembre de 1943, expresa “Hay en torno al daño moral dos géneros de perjuicios: los que emanan de él en forma concreta, determinada o determinable, que pudieran llamarse perjuicios morales objetivados; y otros que son indeterminados e indeterminables, inasibles y abstractos, perjuicios morales no susceptibles de objetivación“.
(...)
“El daño moral objetivado puede fácilmente repararse. Tal cosa ocurre con el perjuicio inferido a una persona en su patrimonio por la pérdida de su crédito, causada por la difamación; dicho daño es tangible, estimable con relativa facilidad, concretable en cifras numéricas. Pero no puede decirse lo propio del daño moral no objetivado”[3.
Con la misma orientación el tratadista Darío Preciado precisa “Se dice que son daños materiales los que pueden cuantificarse económicamente, y morales aquellos que escapan, por su misma naturaleza, a la posibilidad de una valoración en dinero.
“La doctrina ha distinguido entre los segundos una doble especie, la de los que trascienden la órbita de la intimidad de la persona, y la de aquellos que desbordan ese mundo de la subjetividad para producir externamente efectos y consecuencias que afectan la capacidad productiva o laboral de la persona. A los primeros los denomina 'daño moral subjetivo' y a los segundos 'daño moral objetivable'.
“Esta segunda categoría, al ser susceptible de valoración económica penetra en la esfera del daño material o de índole patrimonial, diferenciándose de éste solamente por la naturaleza de la fuente de donde dimanan”[4
Del contexto conceptual expuesto se deduce que la descripción del amparo básico del seguro de responsabilidad, efectuada por el artículo 1127 de Código de Comercio con el empleo de la expresión “perjuicios patrimoniales”, hace referencia al daño patrimonial, vale decir, los perjuicios materiales que afecten directa o indirectamente el conjunto de los valores económicos de la víctima con ocasión de determinada responsabilidad en que incurre el asegurado de acuerdo con la ley. Por consiguiente, los daños morales determinables y susceptibles de valoración económica, esto es, los patrimoniales indirectos o morales objetivados, hacen parte de los daños materiales y se enmarcan dentro de la cobertura del seguro de responsabilidad civil descrita en la norma.
En el mismo sentido se pronuncia del Dr. Juan Manuel Díaz-Granados Ortiz, cuando al revisar el alcance de la expresión “perjuicio patrimonial” contenida en el artículo, 1127 del Estatuto Mercantil, manifiesta que “...con base en la distinción jurisprudencial[5 entre el daño moral subjetivo o 'pretium doloris' y el daño moral objetivado, este último tiene sus manifestaciones adversas en la esfera patrimonial de la víctima, por lo cual no se consideraría excluido”.[6
No sucede lo mismo con los daños morales subjetivos, los cuales no son susceptibles de valoración pecuniaria y, por ende, no se enmarcan dentro de la cobertura del seguro de responsabilidad civil descrita en la norma en estudio. Sin embargo, teniendo en cuenta que el artículo 1056 del Código de Comercio reconoce la facultad del asegurador de asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o el patrimonio del asegurado, las partes previo acuerdo, podrán pactar la cobertura de esta modalidad de daño o, por el contrario, incluirlo como riesgo excluido.
Atendiendo las anteriores consideraciones convendría que en la contratación de un seguro de responsabilidad civil se delimite el riesgo, pactando expresamente la cobertura del daño moral subjetivo o, en caso contrario, su exclusión.
2.- Ahora bien, en relación con la exigencia de una aseguradora en el sentido ”…de que para expedir la póliza de responsabilidad civil debe haber adquirido en la misma compañía la garantía única” se debe precisar que las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y su decreto reglamentario[7 que regulan la garantía única en la contratación estatal imponen el deber del contratista de prestar garantía única de cumplimiento, así como el otorgamiento de la cobertura de responsabilidad civil cuando la entidad contratante lo exigiere, pero no consagra obligación a cargo de las entidades aseguradoras en su expedición, por lo tanto no se instituye como un seguro obligatorio.[8
Se concluye entonces que con la previsión contenida en la norma mencionada no se establece una excepción a la mencionada facultad dispositiva otorgada por la ley a las compañías de seguros y, teniendo en cuenta, que no existe un régimen legal que las conmine a expedir tal seguro u otorgar la garantía con dicho objeto, dichas entidades gozan de plena autonomía para el efecto.
Así las cosas y en virtud del principio de la autonomía de la voluntad privada consagrado en el artículo 1056 del Código de Comercio, la aseguradora tiene la facultad de decidir, previo estudio y evaluación de los riesgos, sobre el negocio que se le propone y, en forma consecuente, definir las condiciones en que expediría el seguro, de tal forma que ante una situación como la descrita podría imponer un condicionamiento de esa naturaleza para la expedición del seguro.
3. Por último, a continuación se relacionan las compañías de seguros autorizadas para la explotación del ramo de responsabilidad civil en todo el territorio nacional, con el detalle de aquellas que tienen establecidas oficinas en el Departamento de Risaralda:
| Compañía Agrícola de Seguros S.A. | Si |
| Seguros Alfa S.A. | Si |
| Seguros Comerciales Bolívar SA. | Si |
| Seguros Colpatria S.A. | Si |
| Aseguradora Colseguros S.A. | Si |
| Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales | Si |
| Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza | Si |
| Seguros del Estado S.A. | Si |
| Generali Colombia Seguros Generales S.A. | Si |
| A.l.G. Colombia Seguros Generales S.A. | Si |
| La Previsora S.A. Compañía de Seguros | Si |
| Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. | Si |
| Liberty Seguros S.A. | Si |
| Compañía Suramericana de Seguros S.A. | Si |
| Compañía Central de Seguros S.A. | No |
| Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. | No |
| Ace Seguros S.A. | No |
| Royal | Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. |
| No | |
| Seguros Equidad Organismo Cooperativo Ltda. | No |
| Compañía Mundial de Seguros S.A. | No |
| Real Seguros S.A. | No |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | No |
En los anteriores términos se ha dado curso a su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR QUINTERO RODRÍGUEZ
Coordinadora Grupo de Consultas Tres
1. VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil, Tomo III, De las Obligaciones. Editorial Temis 1978, págs. 218 y ss.
2. En este sentido advierte el autor que “...es preciso no reducir el empobrecimiento a la disminución de los derechos patrimoniales, ya que también se empobrece quien sufre una merma o disminución de cualquiera de los derechos no patrimoniales, es decir, los extra patrimoniales”.
3. Citado por Tamayo Jaramillo, Javier en su obra De la Responsabilidad Civil, De los Perjuicios y su Indemnización, Tomo II, Editorial Temis S.A., Bogotá, 1996.
4. PRECIADO AGUDELO, Darío. Indemnización de Perjuicios. Ediciones Librería del Profesional. pág. 420.
5. El autor cita sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, del 13 de diciembre de 1943 y del 5 de noviembre del mismo año.
6. Ver Informativo Jurídico No. 87 (FASECOLDA), página 7.
7. Ver numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y artículo 17 del Decreto 679 de 1994.
8. El artículo 191 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero dispone que “Solamente por ley podrán crearse seguros obligatorios”.