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CONCEPTO 51137 DE 2000

(diciembre 9)

Fuente: Archivo interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8200

Señor

JULIO CESAR ORTIZ M.

Carrera 41 No. 49-92 Apto. 310

Edificio Villa Colombia

Medellín – Antioquia

REFERENCIA: 2000051137-0

115 Consultas

39 Respuesta Final

Sin Anexos

Apreciado señor:

Damos respuesta a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número indicado en la referencia, mediante la cual formula una consulta relacionada con la responsabilidad de los administradores de una Cooperativa de Ahorro y Crédito vigilada por esta Entidad, en los siguientes términos:

En primer lugar, conviene recordar que a partir de la expedición de la Ley 454 de 1998 la inspección y vigilancia de las cooperativas de ahorro y crédito está a cargo de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de dicha ley, las cooperativas que se encontraban sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancari

 podían optar por la transformación en cooperativas de ahorro crédito de acuerdo con la nueva concepción normativa, presentando un plan de ajuste bajo el control de esta Entidad.

En este orden de ideas, si el organismo a que hace alusión se encuentra en el, segundo de los supuestos planteados y, por ende, sujeto al control de esta Superintendencia, puede usted formalizar ante la misma la correspondiente queja para que se determine, una vez adelantada la investigación pertinente y con los elementos de juicio suficientes para evaluar el comportamiento de los miembros del Consejo de Administrador y el Gerente en el caso en particular, tomar las medidas a que hubiere lugar.

Con respecto a las responsabilidades y sanciones que fija la legislación cooperativa a sus infractores, los artículos 148 y 149 de la Ley 79 de 1988 rezan:

Artículo 148. Las Cooperativas, los titulares de sus órganos de administración y vigilancia y los liquidadores, serán responsables por los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de las normas legales y estatutarias y se harán acreedores a las sanciones que más adelante se determinan, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones.

“Artículo 149. Los miembros del Consejo de Administración y el Gerente serán responsables por violación de la ley, los estatutos o los reglamentos. Los miembros del Consejo serán eximidos de responsabilidad mediante la prueba de no haber participado en la reunión o de haber salvado expresamente su voto”.

En cuanto a las reglas de conducta que deben observar los administradores de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dispone el artículo 72 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que éstos “deben obrar no sólo dentro del marco de la ley sino dentro del principio de la buena fe y de servicio a los intereses sociales”.

Ahora bien, en ejercicio de las funciones que cumple esta autoridad en su carácter de policía administrativa en relación con sus vigiladas cuenta con diversos mecanismos de naturaleza sancionatoria entre los cuales se encuentran los previstos por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los siguientes artículos:

“Artículo 209. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

“Cuando cualquier director, gerente, revisor fiscal u otro funcionario o empleado de una entidad sujeta a la vigilancia del Superintendente Bancario, autorice o ejecute actos violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o reglamento, o de cualquier norma legal a que el establecimiento deba sujetarse, el Superintendente Bancario podrá sancionarlo, por cada vez, con una multa hasta de un millón de pesos ($1.000.000) a favor del Tesoro Nacional. El Superintendente Bancario podrá, además, exigir la remoción inmediata del infractor y comunicará esta determinación a todas las entidades vigiladas. Esta suma se ajustará anualmente, a partir de la vigencia del Decreto 2920 de 1982, en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor que suministre el DANE.

“Las multas previstas en este artículo, podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo di en los numerales 1o, 2o y 3o del artículo 208 del presente estatuto (...)“.

“Artículo 210. RESPONSABILIDAD CIVIL

“Todo director, gerente o funcionario de una institución financiera o entidad aseguradora que viole a sabiendas o permita que se violen las disposiciones legales será personalmente responsable de las pérdidas que cualquier individuo o corporación sufra por razón de tales infracciones, sin perjuicio de las demás sanciones civiles o penales que señala la ley y de las medidas que conforme a sus atribuciones pueda imponer la Superintendencia Bancaria”.

Con fundamento en lo expuesto por tales normas se puede concluir que los administradores de las instituciones financieras deben ser en extremo cuidadosos en el cumplimiento de los deberes que les impone el ejercicio de su cargo, puesto que en el desarrollo de su cometido están obligados no sólo a observar sino a velar por que se cumplan las directrices señaladas por la ley y disposiciones especiales que rigen la actividad de la entidad a su cargo, así como los estatutos y reglamentos propios de la misma, bajo los postulados de la buena fe y protección a los intereses sociales.

De ahí que decisiones o conductas omisivas del Gerente o el Consejo de Administración que vayan en detrimento del patrimonio de la cooperativa, que atenten contra sus fines sociales o perjudiquen los derechos de terceros, puedan traerles como consecuencia el resarcimiento del daño ocasionado si prospera una demanda en su contra ante la jurisdicción ordinaria, sin perjuicio de las sanciones a aplicar por parte del organismo de control competente.

En los anteriores términos hemos atendido su petición, aclarando que el presente pronunciamiento se efectúa con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ROY GONZALO RIOS CHACON

Subdirector de Regulación y Consulta

1. En efecto, a través del Decreto 1688 del 27 de junio de 1997 se determinó que la Superintendencia Bancaria asumiera la vigilancia y el control de los entes cooperativos que adelantaran actividad financiera en forma especializada, en un plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de publicación del citado decreto. Teniendo en cuenta lo anterior el Ejecutivo expidió el Decreto 619 del 29 de marzo de 1998, radicando a partir del 27 de junio de ese año en esta Superintendencia la competencia para ejercer el control y vigilancia de las cooperativas que adelantan actividad financiera en forma especializada y el 1º de enero de 1999 el de las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito y cooperativas de ahorro y crédito que a junio 30 de 1998 reunieran las condiciones específicas previstas en el mismo decreto.

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