CONCEPTO 51471 DE 2003
(Diciembre 15)
<Archivo: Superintendencia Bancaria>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá D. C.,
Señor
JAIRO NOEL CHAVES MUÑOZ
Carrera 26 D No. 70 A – 05 Villa del Lago
Cali-Valle
Referencia 2003051471-0
115 – Consultas
39 – Respuesta final
Sin anexos
Apreciado señor:
En atención a su comunicación radicada en esta Superintendencia con el número citado al rubro, mediante la cual plantea unos interrogantes relacionados con los alivios previstos en la Ley 546 de 1999, a continuación se procede a dar respuesta a los mismos en el orden en que fueron formulados.
Bajo el entendido que su inquietud se refiere a los abonos efectuados en virtud de la reliquidación de los créditos de vivienda individual, conviene recordar que la Ley 546 de 1999 y en especial el régimen de transición previsto en el Capítulo VIII de la misma, los consagró como un alivio en beneficio de los deudores de obligaciones de vivienda que cumplieran con las siguientes condiciones:
1) Que se tratara de créditos individuales a largo plazo para vivienda, esto es los otorgados a personas naturales.
2) Que se encontraran vigentes al 31 de diciembre de 1999, independientemente de que estuvieren al día o en mora.
3) Que hubieran sido otorgados por un establecimiento de crédito, y
4) Que estuvieran destinados a la financiación de vivienda
En este mismo sentido es preciso tener en cuenta que el artículo 40 de la citada reglamentación, al referirse a los abonos que resultaran como consecuencia de la reliquidación de dichos créditos, estableció: “Con el fin de contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda, el Estado invertirá las sumas previstas en los artículos siguientes para abonar a las obligaciones vigentes que hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la financiación de vivienda individual a largo plazo (…)” (se subraya y resalta)
Ahora bien, el parágrafo 2o de la disposición en comento señala que “Quien acepte más de un abono en violación de lo dispuesto en este numeral, deberá restituir en un termino de treinta (30) días los abonos que hubiera recibido en desarrollo de lo dispuesto en esta ley y los decretos que la desarrollen; si no lo hiciere incurrirá en las sanciones penales establecidas para la desviación de recursos públicos. La restitución de las sumas abonadas por fuera del plazo antes señalado deberá efectuarse con intereses de mora, calculados a la máxima tasa moratoria permitida por la ley” (se subraya).
A este respecto expresó la Corte Constitucional en Sentencia C-955 de 2000, expedientes D-2823 y D-2828, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, lo siguiente:
“El legislador encontró, entonces, una situación creada, de excepcional gravedad, de cuya solución dependía no solamente la buscada reactivación económica sino la atención inmediata de la crisis individual y familiar causada por los aludidos factores, con inmenso perjuicio para miles de personas.
El Estado, a través de la Ley, se anticipó a reconocer su eventual responsabilidad, al menos parcial, en los motivos que llevaron al colapso, y asumió voluntariamente los costos inherentes al resarcimiento de los deudores perjudicados, quienes durante años efectuaron pagos por conceptos que esta Corte halló después inconstitucionales, y tanto él como las instituciones financieras se vieron enfrentados a la inminencia de un sinnúmero de demandas legítimamente instauradas ante los jueces por los afectados, con miras a la reliquidación de sus créditos y a la devolución o abonos de las cifras ya canceladas en exceso.
“En consecuencia, se concibió en la normatividad una figura (la UVR) que sustituyera el sistema UPAC. declarado inexequible por esta Corte mediante Sentencia C-700 de 1999, y, toda vez que seguían vigentes más de ochocientas mil deudas hipotecarias contraídas a la luz de las normas precedentes, y estaban latentes los innumerables pleitos ejecutivos o de reclamo de las sumas pagadas, el legislador encontró indispensable la adecuación de tales obligaciones al esquema creado, la conversión de la UPAC a la UVR, la reliquidación de los créditos para dar cumplimiento a las sentencias de esta Corporación y del Consejo de Estado, los abonos a los deudores por la diferencia que arrojase la comparación entre /as sumas que adeudaban y /as que efectivamente cancelaron, la opción de readquisición de vivienda para quienes la habían perdido y la suspensión de los procesos ejecutivos iniciados, entre otras medidas que juzgó propicias, aunque pudieran no plasmar un resarcimiento completo, para impedir que los efectos de la perturbación social y económica se extendieran.
“(…)
Anota la Corte que, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, la que deberá establecerse judicialmente en cada caso, se justifica que el mismo Estado motu proprio, con miras a la prevalencia del bien común, aporte, sin que sea requisito un previo fallo judicial, algunos de los recursos necesarios para contener la perturbación del orden social” (se subraya).
Ahora bien, la persona que tenía varios créditos para la adquisición de viviendas diferentes debió elegir sobre cuál se haría el abono. Así pues, le correspondía al deudor que tuviera créditos para la adquisición de más de una vivienda informar directamente a los respectivos establecimientos financieros sobre cuál de ellos deseaba recibir el abono, toda vez que de aceptar mas de uno sin hacer la restitución correspondiente en un término de 30 días se tipificaban las sanciones penales establecidas para la desviación de recursos públicos, como lo previó también el artículo 7 del Decreto 249 de 2000.
En esa dirección, el artículo 1o del Decreto 2221 del 30 de octubre del 2000, que modificó el artículo 7o del Decreto 249 del 18 de febrero del mismo año -antes citado-, y que fue modificado posteriormente por el artículo 1 del Decreto 712 del 2001, previó las causales de devolución a la Nación de Títulos de Tesorería, TES. Ley 546 y señaló que de presentarse los supuestos de hecho contemplados en esa disposición, la entidad financiera correspondiente debería reversar el abono aplicado al crédito y devolver de inmediato a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los Títulos de Tesorería, TES, Ley 546, según los términos allí previstos.
“Por renuncia a un abono Cuando el deudor hipotecario hubiere elegido el crédito sobre el cual quiere que se aplique el abono de que trata el artículo 40 de la Ley 546 de 1999, deberá comunicar por escrito su renuncia al abono sobre otros créditos, si los hubiere. Si el abono al cual se está renunciando se hubiere efectuado con anterioridad a la renuncia del deudor, la entidad correspondiente deberá reversar el abono aplicado al crédito y devolver de inmediato a la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Títulos de Tesorería, TES, Ley 546 junto con los intereses pagados, de cuerdo con el procedimiento que se establezca para tal efecto.
“El pago del abono sobre el crédito elegido se efectuará mediante la expedición de Títulos de Tesorería, TES, Ley 546 en los términos y de conformidad con los procedimientos previstos, una vez se haya efectuado la correspondiente devolución del abono al cual se renunció”.
De lo expuesto, es del caso deducir que si bien es cierto que las instituciones sometidas al control de esta Superintendencia desarrollan actividades de interés público, los abonos realizados con ocasión del beneficio de la reliquidación de créditos de vivienda se efectuaron con dineros públicos y las entidades aplicaron un procedimiento legalmente establecido, esto es, actuaron por mandato legal por lo que no corresponden a actos administrativos que deban ser objeto de notificación sino que deben ser ejecutados de conformidad con lo indicado anteriormente.
En consecuencia y para efectos de responder a sus interrogantes resulta viable concluir que el alivio mencionado debía ser aplicado automáticamente por parte de las entidades financieras acreedoras a todos los créditos individuales para vivienda vigentes a 31 de diciembre de 1999 y el pago se efectúo a través de la expedición de Títulos de Tesorería TES, Ley 546, salvo que se tratara de varios créditos para más de una vivienda, caso en el cual debió procederse según los términos ya señalados.
Respecto de la forma como se provee el Gobierno para el pago de los mencionados alivios, los artículos 44 y 45 de la Ley 546 de 1999, señalan que para tal efecto se crea una inversión obligatoria temporal en Títulos de Reducción de Deuda” – TRD, de acuerdo con los términos y condiciones allí contemplados.
De esta forma hemos dado curso a su solicitud, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinador Grupo de Consultas Dos